viernes, 16 de agosto de 2013

EL MAYO BOLIVIANO

Al gobierno de Evo Morales le realizaron varias movilizaciones en todo el territorio. El poder de la Central Obrera y los reclamos por mejoras en las jubilaciones. Enemistades y negocios.  

POR POR ALFREDO GRIECO Y BAVIO 


Mayo de 2013 quedará marcado en la memoria por las explosivas movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB), que buscan la modificación de la actual Ley de Pensiones. Fueron las más espectaculares que vivió el gobierno de Evo Morales, con cinco mil mineros que ocuparon la ciudad de La Paz. Los sindicatos obreros piden la jubilación al 100%, calculado sobre el promedio de los últimos 24 sueldos. El pedido fue rechazado por el gobierno, que planteó una renta máxima de 4.000 bolivianos (574 dólares) y una renta mínima de 1.200 bolivianos (172 dólares). La huelga general con corte de rutas, en la que todos los sindicatos se unieron, provocó la destrucción de un puente en la carretera que une La Paz y Cochabamba por la explosión de una carga de dinamita activada por trabajadores de la mina Huanuni, el mayor yacimiento de estaño de Bolivia.

Suena el mar. Poco antes, sin embargo, el 24 de abril, sucedió un hecho sin precedentes y que a su modo removió uno de los sentimientos más profundos de los bolivianos: la reivindicación marítima. Ese día, en la ciudad holandesa de La Haya, una comisión especial presidida por el canciller David Choquehuanca y el agente boliviano ante el organismo, el ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, presentaron la demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). “Es necesario mencionar este hecho unificador de lo boliviano –dice a Veintitrés Iván Bustillos, editor de política del diario La Razón, el mayor del país– porque al parecer fue uno de los factores para que el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera alcanzaran en abril sus mayores índices de aprobación, el 66% el primero, el 58% el segundo (Encuesta de Ipsos Apoyo Opinión y Mercado). O sea, ambos mandatarios y el gobierno en general, en los primeros meses del año, se encuentran (o se encontraban) en el mejor de sus momentos”.

Yanquis go home. El 1º de mayo el presidente Morales anunció la expulsión de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Era un proceso largamente madurado (ya hubo anteriores amenazas en este sentido), que estalló con el desliz del secretario de Estado John Kerry, quien ante el Senado estadounidense dejó escapar que Latinoamérica seguía siendo el “patio trasero” de Estados Unidos. En la tradición, cada primero de mayo el gobierno de Evo Morales nacionalizaba. Líneas antes de oficializar la expulsión de USAID, el presidente boliviano dijo: “Ahora vamos a nacionalizar la dignidad de los bolivianos”. 

La COB declara la guerra. El 1º de mayo de la nacionalización digna también fue marcado por dos celebraciones paralelas y contrarias del Día del Trabajo. Mientras la COB y las organizaciones obreras marchaban por el centro de la ciudad de La Paz, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) organizaba un acto de festejo, con grupos de música incluidos, en el recién inaugurado coliseo cerrado de El Alto, bastión masista. El conflicto no tardó en manifestarse: “Básicamente –continúa diciendo a esta revista Bustillos–, la protesta de los mineros asalariados (que sin duda siguen siendo el eje troncal de la COB), los fabriles (especialmente de Cochabamba) y los maestros urbanos y rurales del país. La consigna era la jubilación con el cien por ciento del salario promedio de los últimos dos años de trabajo”. En lo legal, se pedía la reforma de la Ley de Pensiones aprobada en diciembre de 2010 incluso bajo el acuerdo con la COB presidida por el dirigente minero Pedro Montes.

Solidaridad y obrerismo. Si algo de novedoso tenía la Ley de Pensiones bolivianas de 2010 es la creación de un Fondo Solidario, con el que se incrementa la jubilación de sectores laborales de bajo salario; un fondo solidario que en gran medida es sostenido por una parte del salario de los trabajadores de ingresos medios y altos. “Desde antes se sabía que el gobierno del MAS en verdad no es obrero –concluye Bustillos–, por lo menos en el sentido orgánico o clásico del término: del sector laboral aglutinado en las industrias; mucho menos cercano a sus organizaciones laborales. La base social del MAS son los indígenas y campesinos, los cooperativistas mineros, los petroleros, entre los más importantes”. En mayo de 2013 el divorcio salió a plena luz del día.

La incógnita minera. “El sector estatal de la minería está en crisis por la mala administración –explica a Veintitrés Humberto Vacaflor, uno de los mayores especialistas bolivianos en recursos energéticos–. Así lo reconoció el propio gobierno esta semana cuando informó que la mina Huanuni, el yacimiento subterráneo de estaño más grande del mundo, ‘está en quiebra’, de acuerdo a las palabras del presidente Morales. La empresa tenía 700 obreros y el gobierno de Morales decidió incorporar a 4.000 adicionales. El punto de equilibrio se puso muy difícil y ahora, a pesar del alto precio del estaño, está operando a pérdida”. Según el mismo especialista, la politización de la minería pone en riesgo su explotación más ventajosa. “Las encuestas que realiza todos los años el Fraser Institute de Canadá ponen a Bolivia en el último lugar de la lista de países donde es recomendable invertir. La producción minera está en manos de ‘cooperativas’ que son precisamente las que asaltan las minas y que forman parte del sistema de alianzas políticas del gobierno de Evo Morales”.

Movimientos sociales al poder. “El proceso de cambio –dice el sociólogo Mario Murillo Aliaga, profesor de Sociología Boliviana en la universidad estatal– tiene como uno de sus principales valores constituirse en un gobierno de los movimientos sociales. Esta premisa parte de una concepción de estas organizaciones como espacios democráticos y orientados hacia el bien común. En contraposición a los preconceptos que guían el pensamiento del gobierno al respecto, muchos de los movimientos sociales en Bolivia se mueven en base a intereses propios –donde poco importa la gente que no pertenece a su bando–, que en varias ocasiones son intransigentes y absurdos. Y el problema central al respecto tiene que ver con el hecho de que, en la mayoría de las ocasiones, los reclamos de los movimientos sociales no responden a criterios que permitan llevar adelante negociaciones para arribar a acuerdos. Desde consignas cerradas, enarbolan pedidos que deben ser satisfechos sí o sí, o los mecanismos de presión se llevarán ‘hasta las últimas consecuencias’. El gobierno se esfuerza por demostrar, con datos técnicos y argumentos de peso, la imposibilidad de cumplir con el pedido de la COB”. El divorcio entre los obreros y el gobierno boliviano está más lejos de toda reconciliación amigable. Sin embargo, acaso se fortaleció la base social del MAS, en el sentido en que en verdad el proceso de cambio necesita de su permanente respaldo y movilización, y decididamente, ahora sí en vista a las elecciones de 2014, en las que Evo volverá a ser candidato: esta misma semana se proclamó la ley que así lo autoriza. 
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Las acusaciones están bien guardadas

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff no respaldará cualquier intento de abrir juicios penales contra los responsables de torturas, muertes y desapariciones durante la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, afirmó el ministro de Defensa, Celso Amorim. “El gobierno no propondrá, no impulsará y no estimulará ninguna sanción. Ni siquiera la revocación de la Ley de Amnistía”, aseveró Amorim, en declaraciones exclusivas que publicó el miércoles el diario brasileño Folha de Sao Paulo.

La iniciación de juicios penales a los responsables de violaciones de derechos humanos durante el período dictatorial había sido defendida el martes por integrantes de la Comisión Nacional de la Verdad. Los miembros de esta comisión creada por Rousseff investigan desde hace un año los crímenes de la dictadura. Al ofrecer un balance del primer año de trabajos, integrantes de la comisión anticiparon que su Informe Final, que se conocerá en diciembre de 2014, recomendará el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. A los ojos de la comisión, los responsables no pueden sentirse protegidos por la Ley de Amnistía dictada en 1979 por el último presidente de la dictadura, el general João Figueiredo. “Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Las amnistías no valen ante el derecho internacional”, afirmó la abogada Rosa Cardoso, quien asumió el martes la coordinación de las investigaciones. Amorim, sin embargo, afirmó que, pese a que “respeta”, la revisión de la Ley de Amnistía “no es la posición del gobierno”.

Fuente: Revista Veintitrés.

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