MARCHE PRESO

Azic, del psiquiátrico privado al Hospital de la cárcel  El represor, presunto apropiador de Victoria Donda, alegaba demencia pero el juez Ramos lo mandó a Ezeiza. Polémica.

POR FRANCO MIZRAHI

Una disputa silenciosa pero no por eso irrelevante se dirime en la Justicia Federal. Se trata del pase definitivo de diversos represores, que gozan de un encierro de privilegio, a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El caso del torturador de la ESMA Juan Antonio Azic, quien fue trasladado de una clínica psiquiátrica –donde estaba recluido desde el 2004– al complejo penal de Ezeiza demuestra las resistencias que pueden surgir en el proceso.

La decisión de terminar con las comodidades del genocida generó, desde el inicio, rispideces en tribunales. La historia se remonta al 30 de abril pasado, cuando el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 2, Sebastián Ramos, firmó el dictamen por el cual Azic debió ser transferido de la clínica privada San Jorge al Complejo Penitenciario Federal I, en Ezeiza. El magistrado dispuso que el prefecto retirado reciba atención en el marco del Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) que se brinda allí porque “las afecciones que padece Azic pueden ser tratadas adecuadamente en el establecimiento carcelario (…)”. El PRISMA es un programa de atención de personas privadas de libertad con padecimientos mentales severos reconocido por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Así fue que el genocida terminó compartiendo el encierro con otros internos que tienen problemas psiquiátricos.

Entonces comenzaron los conflictos judiciales…

Azic, alias “Piraña”, fue oficial de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3.2 durante la última dictadura, está acusado de cometer diversos crímenes de lesa humanidad y se ha probado que fue el apropiador Victoria Donda. Ramos lo está juzgando por el robo de Laura Ruiz Dameri durante el terrorismo de Estado. En el 2003, cuando el ex juez Baltasar Garzón solicitó su extradición para juzgarlo en España por las violaciones a los derechos humanos que cometió, se pegó un tiro en el mentón. Hacía nueve años que cumplía arresto domiciliario en la clínica San Jorge, en la localidad bonaerense de Lanús.

“Su presencia en el juicio de la ESMA y de Plan Sistemático nos había dejado claro que en realidad no tenía ningún justificativo para que se lo mantuviera en esas condiciones de detención”, afirmaron desde Abuelas de Plaza de Mayo a Veintitrés. No obstante, el Tribunal Oral Federal 5, que investiga los crímenes del prefecto retirado en el centro clandestino de la Armada, objetó la decisión de Ramos.

Ramos había fundamentado el traslado en los peritajes que le realizaron los médicos del PRISMA según los cuales Azic “no presenta clínica en agudo ni un cuadro de base de tipo psicótico ni demencial, ni otro invalidante”. Los peritos observaron que “mantiene aseo, participa con buen gusto de actividades que se le ofrecen, reclama insistentemente por el cuidado de su salud y dieta, sostiene paseos diarios para cuidar su salud física”, conserva el sueño. “A nuestro criterio, el cuadro tímico del paciente (léase estado de ánimo) se encuentra más influenciado por cuestiones situacionales teniendo que ver con lo que él denomina ‘una detención injusta o secuestro’, que con un trastorno depresivo mayor propiamente dicho”, concluyeron.

Es más, aseveraron que “el paciente no presenta un riesgo cierto o inminente en tanto no se evidencian ideas de muerte o signos de impulsividad inminente”.

Azic también fue entrevistado el 22 de mayo pasado por el prosecretario Carlos Hernán García y el presidente y funcionarios de la Comisión de Control de las Condiciones de Detención de las Personas Detenidas a disposición del Fuero Federal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Allí manifestó su descontento por el traslado. De acuerdo con el expediente, Azic dijo sobre sus compañeros de prisión: “No quiero estar con ellos ya que los combatí toda la vida, fui policía durante mucho tiempo”. Y agregó: “Este lugar no está habilitado para esta cuestión, este no es un escenario donde yo pueda convivir con otros internos con otra mentalidad diferente a la mía”.

En un primer momento, el TOF 5 se hizo eco de la solicitud del represor y consideró que debía volver al psiquiátrico privado, que tiene convenio con la obra social de la Armada. El tribunal basó su polémica decisión en un estudio que le solicitó al Cuerpo Médico Forense –fuertemente criticado por Abuelas de Plaza de Mayo–, en el que se determinó que el prefecto retirado aún corre “riesgo de suicidio”.

Consultados por el tribunal, desde la clínica San Jorge informaron que no tenían disponibilidad para recibir al genocida. Acto seguido, el TOF 5 le solicitó a la Armada que se contacte con otras clínicas ligadas a su obra social para hospedar a Azic. La respuesta fue similar: ninguna tenía la infraestructura necesaria para recibir al torturador. Finalmente, el 24 de junio pasado, el TOF 5 determinó que se traslade al represor del sistema PRISMA que funciona en un pabellón de Ezeiza al hospital que funciona en el mismo complejo penitenciario. 

El TOF 5 basó su decisión en el dictamen del Cuerpo Médico Forense que contradecía al que realizaron los médicos del PRISMA. No obstante, tras no poder encontrar otro alojamiento, mantuvo a Azic detenido dentro del Complejo Penitenciario Federal I, tal como lo había solicitado la asociación Abuelas de Plaza de Mayo: lejos de las comodidades que recibía en la clínica psiquiátrica vinculada a la obra social de la Marina.

En lo que respecta al contrapunto con el juez Ramos, la Cámara ordenó que los dos tribunales se pongan de acuerdo en el lugar de detención del genocida. Ante el nuevo traslado, la cuestión habría quedado saldada. Todo indicaría que al prefecto retirado se le terminaron, al menos en una gran parte, los beneficios de los que gozaba. 

_______________________________________________________________________________

La contracara, en Bahía

En el marco de los Juicios por la Verdad, el pasado 25 de junio comenzó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca durante la última dictadura militar. Síntoma de las dificultades que aún se afrontan en estos procesos, serán juzgados ocho militares retirados del Ejército, sobre un total de diez imputados. Uno de los ausentes es Carlos Arroyo, prófugo desde el pasado 6 de mayo. Tampoco estará el suboficial Armando Barrera ya que dos juntas médicas dictaminaron que no está apto para afrontar el suceso.

Los acusados están imputados por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios contra un total de 89 víctimas. También por la apropiación de dos criaturas nacidas en cautiverio en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”. 

Contracara del proceso de Memoria, Verdad y Justicia que vive el país, cuatro de los imputados continuaron con su carrera militar una vez concluida la dictadura. Se trata de Marjanov, Stricker, Fidalgo y Villegas, quienes se retiraron como coroneles entre 1988 y 1997.

Fuente: Revista Veintitrés