lunes, 26 de agosto de 2013

VÍA LIBRE EN PARAGUAY AL USO DEL EJERCITO PARA REPRESIÓN INTERNA

POR HUGO OLAZAR


Por los ataques de un grupo guerrillero, el Congreso modificó la ley de Defensa. El presidente ya no deberá pedir autorización al Parlamento para que las FF.AA. se involucren en conflictos internos.

El Senado de Paraguay aprobó el jueves la modificación de la ley de Defensa Nacional para habilitar al presidente Horacio Cartes a usar a los militares en el combate al grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo(EPP), que perpetró el sábado pasado cinco asesinatos y atacó dos comisarías en el norte del país. Por 29 votos contra 11 que rechazaron otorgar “poderes extraordinarios” al Ejecutivo, el Congreso aprobó la normativa, que evita la declaración de Estado de Excepción para movilizar a los militares.
La ley faculta al nuevo presidente de Paraguay a “enfrentar cualquier forma de agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país”. La anterior ley decía solamente “externa”.
El jefe de Estado de Paraguay podrá decidir el empleo transitorio de elementos de combate de las FF.AA., “exclusivamente dentro del ámbito territorial definido por decreto y por el tiempo que crea conveniente ”. Plantea además que en el plazo de 48 horas, el Presidente debe dar cuentas al Congreso de su decisión de emplear las fuerzas militares. Como forma de control, los senadores acordaron introducir un artículo que autoriza al legislativo a terminar con las operaciones militares.
El EPP es una organización clandestina que se declara marxista leninista y nacionalista. Las autoridades locales probaron su estrecha vinculación con las FARC de Colombia. Varios de sus integrantes fueron entrenados en la selva colombiana, según documentos hallados en allanamientos en el norte. El grupo clandestino no contaría con más de 50 miembros plenos, pero con una logística mimetizada en la población que llegaría a los 150 miembros. Desde que entró oficialmente en operaciones en 2007 se le atribuyen 31 asesinatos, 10 de ellos policías, a través de emboscadas, secuestros y asesinatos.
En 2010 obligó a los familiares del hacendado Fidel Zavala a faenar una docena de reses y repartirla en el barrio pobre de la Chacarita, de Asunción, antes de liberarlo previo pago de un rescate de 550.000 dólares. Ese mismo año, el gobierno del presidente Lugo declaró el estado de excepción por el término de un mes. Sin embargo, la intervención de las Fuerzas Armadas no tuvo consecuencias. El día de la elección de Cartes, el 21 de abril, el ataque a una comisaría en el norte, dejó como saldo un policía y un guerrillero muertos.
El debate tuvo un tratamiento relámpago. El miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados, por 38 votos contra 33, y ayer se introdujo el tema sobre tablas en el Senado. La ley sancionada será promulgada esta misma semana por el presidente Cartes, informaron portavoces oficiales a Clarín.
En tanto , unos 200 efectivos militares ya se instalaron en Tacuatí, la zona de operaciones de la guerrilla, a unos 400 km al noreste de Asunción, en los departamentos de San Pedro y Concepción. “El Gobierno necesitaba una herramienta legal para hacer uso de la fuerza militar sin necesidad de llegar a un estado de excepción”, explicó el ministro del Interior Francisco de Vargas.
Las modificaciones fueron rechazadas por el izquierdista Frente Guazú (Frente Grande) que encabeza el senador y ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, depuesto el 22 de junio de 2012 por un juicio político que le promovió el Congreso, acusado de “mal desempeño”. El luguista Carlos Filizzola denunció que “se pretende que las fuerzas militares actúen en forma permanente” y dijo también que “rompe el equilibrio de poderes al otorgarse amplias facultades al Ejecutivo”.
Advirtió que da lugar a “abusos de poder ”.
Adolfo Ferreiro, también del sector de Lugo, calificó de “gravísimo error político” dicha aprobación. Dijo que se envía a los militares a cumplir acciones “para las que no están preparadas” y agregó que “tampoco es su función”. Otro senador opositor, Eduardo Petta, dijo que la Policía es la institución encargada de la seguridad interna y que las Fuerzas Armadas están destinadas para las amenazas externas. Los luguistas coincidieron en que “se viola la Constitución”.
Los oficialistas, apoyados por el Partido Liberal y el partido Unace, se reafirmaron en que la modificación de la ley “es una necesidad” para combatir al grupo criminal.
La senadora Mirtha Gusinsky, del partido Colorado oficialista, madre de Cecilia Cubas, asesinada por elementos del EPP en 2005 tras cinco meses de secuestro, terció en la discusión y expuso su caso. “¿Acaso ya olvidaron las imágenes de mi hija enterrada en un túnel al estilo de las FARC?”, preguntó con vehemencia a los 11 senadores que se pronunciaron en contra de la nueva ley. Y agregó: “No pretendamos más comparar esta situación con la dictadura (de Alfredo Stroessner 1954-89). Hemos superado la dictadura. Ahora lo más urgente es eliminar al EPP”, enfatizó.

Fuente: Clarín.

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