Consignado como “secreto” en la portada, fechado el 29 de diciembre de 1971, y con la firma del jefe del Estado Mayor General del Ejército, el entonces general de división José Herrera remitió un documento de 38 páginas a oficiales superiores y jefes de áreas claves del Ejército en todo el país y los agregados militares de las embajadas consideradas más importantes.
Por Eduardo Anguita.
Hacía cinco años y seis meses que los destinos del país estaban presididos por generales: Juan Carlos Onganía, Roberto Levingston y Alejandro Lanusse, quien estaba en la Casa Rosada al momento de los lineamientos en cuestión. Las acciones de resistencia civil, armadas y no armadas, se habían extendido por todo el territorio nacional y todas las fuerzas policiales y de seguridad (incluyendo los servicios penitenciarios provinciales y el federal) estaban bajo la órbita de las Fuerzas Armadas.
Se hicieron 328 copias, los cinco primeros ejemplares fueron para las jefaturas de Personal; Inteligencia; Operaciones; Logística, y Política y Estrategia, que integran el Estado Mayor del Ejército. Los ejemplares 327 y 328 fueron para archivo mientras que el 323 fue para el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Precisamente ese fue el documento que llegó a Miradas al Sur y que permite analizar datos reveladores acerca de cómo la doctrina de seguridad nacional ya estaba en plena ejecución.
La lectura de este archivo permite entender con claridad que la convocatoria al Gran Acuerdo Nacional realizada por Lanusse en julio de ese año era una política de ceder y retirarse de la escena por un tiempo, pero de ningún modo significaba una doctrina republicana y democrática. Vale la pena la lectura de esas páginas en estos momentos en los que varios –quizá la mayoría– de los dirigentes políticos opositores se manifiestan contra “cualquier intromisión” por parte del Gobierno en la doctrina militar “republicana”. Acaso estos dirigentes deberían pensar no sólo en releer a Alain Rouquié, autor dePoder militar y sociedad política en la Argentina, publicado en 1981 y que abarca el período comprendido entre 1943 y 1973. En esa obra, que fue tomada como referencia en los primeros años de Raúl Alfonsín, el autor justificó una teoría donde había un péndulo que permitía el pasaje de los gobiernos militares “fuertes” a los gobiernos civiles “débiles” casi como una fatalidad o como una característica argentina, tal como podría hablarse de la alternancia de laboristas y conservadores en Gran Bretaña. Quizás, algunos liberales de esos dirigentes tengan que hurgar en la verdadera matriz de dictaduras cívico-militares que llevó a una estructura de poder sólo desafiado por el período peronista, cuyo origen tiene mucho que ver con el movimiento militar del 4 de junio de 1943 que puso fin a la extensa década infame (1930-1943).
La lectura de este material también interpela algunos argumentos respecto de la edad de algunos de los oficiales y suboficiales que actuaron en distintas etapas de la represión. Quienes argumentan que un joven de 20 años no tiene edad para realizar actos salvajes, deberían reparar en que las academias militares son institutos pedagógicos donde ingresan jóvenes de 17 años y que muchos de ellos provienen de liceos militares donde a los 14 años ya se entrenan en el uso de fusiles y reciben un entrenamiento físico de mucho rigor, estricta disciplina y aprendizaje en la obediencia a los mandos. Pero mucho más importante que la preparación práctica es la formación doctrinaria. Y de eso se trata precisamente la capacidad de un oficial –o incluso de un suboficial– para poner en práctica, sin miramientos, actos degradantes para su propia condición humana cuyo principal problema es que esos actos permiten despojar de la condición humana a las víctimas de sus actos.
Observaciones a las actividades del Ejército durante 1971. Este documento consta de dos partes. En la primera, el jefe de Estado Mayor hace un balance del año mientras que en la segunda propone lineamientos para 1972.
Dado que los ejemplares no debían circular más que en un círculo muy cerrado de jefes, “su difusión” debía concretarse en reuniones de oficiales “donde se procederá a su lectura”. Aclara que “el cumplimiento del documento constituye una orden expresa del comandante en jefe (Lanusse)”.
Religión e Inteligencia. Tras destacar que el Ejército tenía la responsabilidad de gobernar y derrotar a “la subversión”, en el apartado “Servicio Religioso”, expresa: “(el año anterior) dispuse la formación de equipos pastorales integrados por laicos (militares o civiles) bajo la dirección de los capellanes y la responsabilidad de los jefes militares para secundar a los sacerdotes en las tareas apostólicas de instrucción y formación religiosa y moral”. Luego consigna que “En algunos organismos no se ha cumplido esa disposición por lo que es necesario que los distintos niveles de comando verifiquen el grado de cumplimiento y eficiencia práctica”. Se trata, ni más ni menos, que de evitar, vía la participación de civiles y curas, cualquier duda por parte de los militares a la hora de cumplir con las instrucciones de reprimir, torturar o matar.
En el apartado “Inteligencia”, dice que las tareas del área “se han visto incrementadas para satisfacer las necesidades de apoyo a las operaciones desarrolladas en el cumplimiento de la Orden Especial del Comandante en Jefe del Ejército (número 520, llamada Pasaje a la Ofensiva para la lucha contra la subversión)”. Esto es de capital importancia porque indica sin dudas que todas las orientaciones y directivas se hacían de modo institucional y por escrito. Además, porque el documento aclara que “la ejecución se realiza por el Sistema de Inteligencia de la Fuerza Ejército (SIFE)”. De más está decir que esa inteligencia incluía infiltrar sindicatos y centros estudiantiles así como la incorporación voluntaria de periodistas, jueces y personas de los más diversos ámbitos.
Respecto de la “Conciencia de Inteligencia”, el general Herrera expresa: “He comprobado una evolución favorable en la actitud mental de los cuadros hacia el logro de una verdadera conciencia de Inteligencia. El permanente y activo accionar del enemigo ha constituido el mayor incentivo para este cambio de mentalidad”. Más adelante dice: “Las operaciones en desarrollo imponen una creciente necesidad de información. Pese a ello no se ha logrado una real participación de los cuadros de la fuerza en la reunión de información. Es imperioso que todo el personal contribuya a conseguir toda información que pueda contribuir a destruir al enemigo”. Luego invita a poner el acento en la Contrainteligencia: “Recalco la necesidad de incrementar las medidas de contrainteligencia en todos los organismos del Ejército. Es preciso estudiar para oponerse al cambiante accionar y a las técnicas evolutivas del enemigo”.
“El enemigo –sigue– en presencia y su particular forma de operar (¿?) impone una característica especial a la difusión de la información y/o inteligencia a los distintos niveles de comando. La jefatura II – Inteligencia, cabeza del sistema, debe disponer en forma permanente de los elementos básicos suministrados por las Grandes Unidades de Batalla para la elaboración de la Inteligencia del Comando en Jefe y de la Central Nacional de Inteligencia”.
De inmediato afirma: “En 1970 señalé el déficit de personal existente en el área. Durante 1972, el Estado Mayor realizará un estudio para proporcionar al área el cubrimiento máximo posible en personal y efectos. En la actualidad se desarrolla un curso abreviado en la Escuela de Inteligencia para personal superior con el fin de aumentar los egresos de personal con Aptitud Especial de Inteligencia (EI).
Este apartado termina con una frase muy elocuente: “Se deberán incrementar la educación, la instrucción y la acción de mando para corregir los déficits e incrementar las medidas preventivas conducentes a su eliminación total”.
Operaciones. En el capítulo 3 –“Área de Operaciones”– el primer apartado es “operaciones contra la subversión urbana” afirma que el Ejército opera “con un criterio de lucha clásica”. Y agrega: “La conciencia sobre la guerra en desarrollo y la experiencia recogida posibilitan un adecuado y cada vez mejor accionar de la Fuerza”. Sin embargo, “las falencias evidenciadas en la lucha se debieron fundamentalmente a que el personal no poseía el necesario alistamiento espiritual y material”.
Destaca luego el rol de la “acción psicológica”. Refiere que “el apoyo de acción psicológica a la acción cívica, concretado a través de diferentes campañas de difusión, consolidó la necesidad de arbitrar nuevos recursos con la finalidad de lograr una participación más activa de los medios de comunicación de masas”. El general Herrera, en este sentido, quiso transmitir a sus subordinados: “Me es grato destacar la trascendencia de la acción cívica desarrollada y, fundamentalmente, el celo y la eficacia puestos de manifiesto por todos los niveles de programación y ejecución”.
Respecto de los aspectos operativos propiamente dichos, en el apartado “Secciones contraguerrilla”, Herrera dice: “Las visitas de Estado Mayor realizadas han permitido constatar un excelente grado de instrucción de estas fracciones especiales, lo que me complazco en poner de manifiesto por el alto grado de aptitud demostrado en las distintas misiones que se les han impuesto y por el resultado positivo que las mismas han obtenido en la lucha contra la subversión”.
Próxima entrega. Tanto el estilo como los contenidos de este documento permiten ver cómo la doctrina de la seguridad nacional ya estaba sólidamente instalada en la concepción de los mandos militares cinco años antes del golpe de Estado de 1976. Además, permite ver que la centralización de las decisiones para la “lucha antisubversiva” ponía un énfasis muy especial en el área de Inteligencia. Como han revelado los sobrevivientes de los campos de concentración, el personal de inteligencia tenía como principal atributo su capacidad de torturar y matar. Es decir, el énfasis puesto por Herrera para mejorar el sistema de inteligencia militar y capacitar efectivos militares para esa tarea dio por resultado contar con una cantidad de oficiales –y algunos suboficiales– dispuestos a llamar “interrogatorios” a las prolongadas e inhumanas sesiones de tortura que luego eran continuadas con la eliminación física de los detenidos desaparecidos.
La semana próxima, Miradas al Sur entregará la segunda parte de este documento secreto y pondrá a disposición de los lectores, en la página web, el documento completo. En ella se hacen la prospectiva de 1972 y cómo tenía que operar el Ejército en ese año. Sólo un adelanto. Mientras el país vivía el momento más álgido de las luchas populares y ya cobraba fuerza el retorno de Perón a la Argentina, el general Herrera, cuadro dirigente de una dictadura cruel, escribía: “El país vive una de las etapas más críticas de los últimos cien años. Estamos abocados a una situación en la que se juega el porvenir de la Nación, el destino de nuestros hijos y la vigencia de los principios fundamentales que caracterizan a la sociedad argentina y garantizan la libertad y la dignidad de nuestros ciudadanos. Después de un siglo, podemos decir que la Nación está nuevamente en guerra y el Ejército (está) en operaciones”.
Fuente: Miradas al Sur
Fuente: Miradas al Sur
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