miércoles, 25 de septiembre de 2013

OLLANTA, OBAMA Y LA MILITARIZACION

Perú. Los dos ejes, el social y el cívico-militar, en el que se mueve la relación de dominación impuesta por los Estados Unidos en la región.

Por 
 Nicolás Rojas Scherer.


Ana Esther Ceceña, directora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, analiza las relaciones de dominación impuestas por los Estados Unidos en la región en torno de dos ejes. El primero, de orden social: la “militarización de las relaciones sociales” latinoamericanas. Puesto que el mercado ya no alcanza para controlar de forma suficiente a los pueblos de la región, la “visión militar” se sobrepone al mercado y lo complementa como eje ordenador de la totalidad. El segundo eje sería de orden cívico-militar, donde se profundizan paradigmas de militarización para América en forma de capas envolventes que van abarcando distintas relaciones de sometimiento: desde el cambio de normatividades, establecimiento de normas continentales de seguridad interna, cuidado de fronteras, ejercicios militares conjuntos en tierra, ríos y canales de internación de territorios al establecimiento de una red continental de bases militares y ejercicios navales que “permiten circundar todo el continente más allá de sus fronteras nacionales”.
Ambas estrategias de dominación se unen en su análisis geopolítico concreto. Según Ceceña, la red hegemónica construida por los Estados Unidos en la región se encuentra formada por dos grandes “círculos concéntricos”. El primero, desarrollado en torno de –y en– las islas del Caribe, el Golfo de México y Centroamérica. El segundo, creado para abarcar la Cuenca Amazónica. Los propósitos de los Estados Unidos para construir toda esta maquinaria de control y dominación serían claros y explícitos, pues buscarían “garantizar el acceso a los recursos naturales estratégicos y contener, disuadir y/o eliminar la resistencia ante las políticas hegemónicas y la insurgencia abierta”.
Es en este contexto geopolítico de profundización de las relaciones militares de dominación estadounidense en la región que el caso del Perú comienza a ser cada vez más preocupante.
El entreguismo de Alan García durante su segundo gobierno (2006–2011) quizás sólo pueda ser superado por el del colombiano Álvaro Uribe (2002–2010). Algunos datos: durante el primer año de gobierno de García se dio finalmente autorización en el Congreso para la realización de los ejercicios Nuevos Horizontes, entre el ejército de los Estados Unidos y el del Perú en la fuerza conjunta denominada Ejercicio Combinado de Entrenamiento Conjunto y de Acción Cívica Humanitaria (sic). En agosto y septiembre de ese año ingresaron tres fragatas bajo el considerando de “visita operacional” y del ejercicio Passex. Además, en octubre se dará el pase para el ingreso de 7 comandos militares USA para realizar el operativo Despliegue Contra–Narcoterrorismo” (CNT– OO6W) en conjunto con la policía nacional del Perú. Finalmente, en diciembre se desplegará el CNT con la Infantería y la Marina.
En enero de 2007, ingresó al país un comando para entrenamiento de despliegue de CNT para el ejército y la policía, además de otro comando para “apoyo informativo” con el ejército, la marina y la policía. En febrero se dieron dos autorizaciones de ingreso: 17 aviones de guerra para el ejercicio Halcón-Cóndor 2007 y el ingreso de 3 navíos de guerra para entrenamiento. En junio ingresaron nueve navíos de guerra y el resto del año una serie de operaciones de despliegue CNT y Ejercicios de Campo (FFT).
Resumiendo: En 2008 se otorgaron desde el Parlamento 17 “ingresos” para fragatas de diverso tipo de la IV Flota de Estados Unidos, además de la entrada del Destructor USS Farragant DDG-99 como parte de la operación Unitas 2008.
Y ya en 2009 (último año del excelente análisis de Guillermo Burneo, de Conades-Perú) se modificó la ley mediante la resolución N° 29.315, que permitía el ingreso para reabastecimiento, combustible y descanso de las tripulaciones de 10 fragatas y del Crucero-Misilero Ticonderoga durante ese año. La resolución incluyó además el permiso para el ingreso de personal militar para llevar a cabo el ejercicio Equipo de Entrenamiento de Campo (FFT), los entrenamientos de Ataque en Tierra y Operaciones Subsecuentes-LASO y para el Equipo de Apoyo Informativo. El mismo año, además, y previa modificación de la ley N° 27.856 que regulaba la entrada de personal militar extranjero por la más laxa ley N° 28.899 ingresaron 83 militares el 13 de mayo y 111 militares armados el 22 de mayo. En junio de 2009 ingresaron 398 militares sin armas. Ante tanta agitación, la presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento tuvo que salir a declarar que “no habría unidades de combate estadounidenses, que las armas reglamentarias que ingresaban al país –que eran de bajo calibre– serían almacenadas bajo la custodia de personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas del Perú y que de ninguna manera se trataba de la instalación de una base militar”. Sin embargo, y como recuerda Burneo, el ministerio de Defensa y el Parlamento estaban jugando “a la pared” con el tema del ingreso de armas, debido a que el primero autorizaba el ingreso de militares sin armas y el segundo el ingreso de militares con armas. Ante tanto y evidente escándalo, la población del Ayacucho manifestó su repudio con una marcha el 9 de julio.
Así, de lo que se habla en la actualidad es de un Plan Perú, en comparación al famoso Plan Colombia, como lo habría manifestado el diputado socialista Javier Díaz Canseco.
Sin embargo, este plan es de alguna forma más encubierto, debido a que las operaciones no son, en modo alguno, tan explícitas como en Colombia. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) “y por exigencia norteamericana, el Congreso autorizó el uso de varios puertos como El Callao y Salaverry para aprovisionamiento de la IV Flota”, recuerda Telma Luzzani en su libro Territorios vigilados, otorgándole un marco jurídico al intervencionismo estadounidense.
En cuanto a las bases militares instaladas en territorio peruano, hay dos consideraciones previas que es importante señalar antes de hacer cualquier recuento de la situación. Primero, el concepto mismo de base militar ha sido fuertemente cuestionado. La imagen de un enclave tipo Guantánamo (en Cuba), Palmerola (en Honduras) o Malvinas (en la Argentina), en donde los militares cuentan con amplias instalaciones, entre ellas centros de entrenamiento, aeropuertos, helipuertos y el último caso silos para lanzamiento de misiles, es una imagen desactualizada de cómo opera el entramado militar actual. Esto, debido a que la mayoría de las instalaciones son pequeños centros que pueden ir de un radar comunicado por medio de conexiones satelitales y que sirve de monitoreo, a una pequeña oficina instalada en un aeropuerto de mediana o pequeña importancia en donde se controla el tráfico aéreo y se hace seguimiento radarizado, entre otras modalidades. Un modelo de esto son los llamados Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER), de bajo costo de instalación y mantenimiento y fácilmente mimetizables con instalaciones civiles o militares locales.
En segundo lugar, y siguiendo la investigación de Rina Bertaccini, el número de COER en Perú aún no ha sido identificado con propiedad pero sí hay seguridad de que van en aumento bajo la administración Humala. Por citar un ejemplo y bajo el amparo de la “prevención de desastres naturales”, el COER de Piura incluirá “un helipuerto que servirá para contrarrestar las consecuencias” que generan estos desastres. Agrega Bertaccini que “el proyecto tiene una inversión de 600 mil dólares, que lo está financiando la cooperación americana, el Comando Sur de los Estados Unidos”. Parte de esta estrategia estadounidense fue desarticulada en la última Conferencia de ministros de Defensa de las Américas, llevada a cabo en Punta del Este, Uruguay, en 2012. Allí, el ministro de Defensa norteamericano propuso “que toda la política continental de prevención de desastres fuera coordinada por la JID” (Junta Interamericana de Defensa), institución que, como se sabe, sirvió como punta de lanza de las políticas militares panamericanistas de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra en el Hemisferio bajo el amparo de la OEA. Sin embargo, la negativa de los países del bloque progresista de la región (ALBA y Mercosur, puntualmente) fallaron a favor de separar las funciones militares y civiles en torno al tratamiento de desastres naturales, favoreciendo el procedimiento de estos para las fuerzas civiles.
Sin embargo y a pesar de esta derrota, los Estados Unidos consiguieron penetrar en el Perú no solamente de forma territorial, sino también de forma ideológica y doctrinaria. A las denuncias aún no comprobadas de que se estaría instalando una base militar (ahora sí) del tipo Palmerola en Ayacucho (zona de fuerte tráfico de cocaína), la utilización por parte de los Estados Unidos de las fuerzas armadas y policiales del Perú, además del intenso y profundo trabajo en torno a la inteligencia y monitoreo de las zonas andinas y selváticas deberían llevar a considerar con la mayor de las urgencias las estrategias de seguridad colectiva que plantearon los bloques progresistas de la región.

Fuente: Miradas al Sur.

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