En 2010 sólo se podía señalar la actuación del fiscal federal Daniel Adler contra la trata en Mar del Plata. Desde 2011, la sanción de una ordenanza afianzó la lucha. Fue creada la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Buscan refugios para las víctimas.
Por Carlos Rodríguez
Desde mediados de 2011 hasta el presente, esta ciudad ha sido epicentro de una muy fuerte campaña contra la trata de personas y la explotación sexual en prostíbulos, whiskerías, pools, departamentos privados y comercios habilitados para fines que no son los reales. En 2010, casi en solitario, la fiscalía federal a cargo de Daniel Adler comenzó una cruzada contra la explotación sexual, que hoy lleva acumuladas unas siete causas en las que ya hubo veinte condenas. Desde sus inicios, la labor judicial fue acompañada por organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad local, cuya presencia se hizo fuerte a partir de mediados de 2011, cuando el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza, la 19.789, que le permite accionar contra los que regentean negocios donde “se incita, se promueve o se explota la prostitución ajena”, explica a Página/12 el secretario de Control de la comuna, Adrián Alveolite. En 18 meses se revocaron “más de 15 habilitaciones de comercios donde se explotaba la prostitución ajena y se han clausurado 80 domicilios privados”.
Algunos de esos departamentos privados donde las personas que ejercían la prostitución les pagaban “comisiones” a los regentes (datos estadísticos de todo el país señalan que el 43 por ciento de los encargados son mujeres), tenían como hecho agravante que eran “casas usurpadas que fueron restituidas a sus dueños legítimos”, señala Alveolite. La campaña contra la explotación sexual incluyó la creación de la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas. Una de sus integrantes, la periodista Belén Cano, recalca que uno de los puntos centrales es “trabajar dos proyectos a futuro: el primero es conseguir un refugio para las víctimas, ya que no hay ninguno a nivel estatal en el país, y el otro es la expropiación de alguno de los prostíbulos clausurados en Mar del Plata, para instalar allí una Casa Museo de la Memoria, con la perspectiva de la defensa de los derechos humanos”.
Alveolite señala que las más de quince habilitaciones que fueron revocadas, correspondían a “comercios habilitados como bares o cafés concert, entre otros, pero que en realidad funcionaban como sitios donde se promovía o se explotaba directamente la prostitución ajena”. Considera importante aclarar que “en la nueva ordenanza no hay ningún tipo de sanción para la mujer que ejerza la prostitución para beneficio económico propio, porque más allá de que todos preferimos que tuviera otra actividad, no podemos coartar su libertad. Sí podemos intervenir, y lo hicimos, en los casos en que se provoque algún perjuicio a vecinos del departamento privado, por la presencia a toda hora de desconocidos que ingresan al edificio, provocando inquietud entre sus habitantes. Sólo pueden ejercer esa actividad personal en lugares habilitados, como son los albergues transitorios”.
Desde las organizaciones sociales, aunque se valora lo actuado en el último año y medio por la Justicia federal y provincial, y también por el municipio, se manifiesta la preocupación por el hecho de que cuando se cierra un nuevo local, reaparecen en él “las mismas chicas que eran explotadas en un lugar anterior, lo que está señalando que ellas siguen estando desprotegidas y a merced de las personas que las explotan”, precisa Belén Cano. Uno de los operativos más recientes fue la clausura de un inmueble ubicado en Bolívar 2163 de Mar del Plata, conocido como “Burlesque”, porque allí se violaba la ordenanza 19.789. Se comprobó que sus responsables “facilitaban el ejercicio de la prostitución ajena”, y al parecer hay serias sospechas de que podrían haber cometido el delito previsto en la ley de trata de personas.
Alveolite destaca que, como en todos los operativos que se realizan con participación de distintos estamentos oficiales, la Justicia y las organizaciones sociales, actúa “un equipo de psicólogos, médicos y abogados, entre otros profesionales, para proteger a las víctimas porque lo que intentamos es que puedan reintegrarse a sus lugares de origen (sean extranjeras o procedentes de distintas provincias argentinas), y que puedan obtener algún trabajo digno a través de la oficina municipal de empleo”. La preocupación que subsiste, en medios judiciales y de las organizaciones sociales, es que no sólo reaparecen las víctimas en nuevos lugares de explotación sexual sino que se teme que “sólo caen los ‘perejiles’, mientras que las cabezas de la organización siguen en libertad”, comenta la periodista Belén Cano.
Aunque comparte los mismos temores, Alveolite resalta que “desde la sanción de la ordenanza 19.789 podemos decir que prácticamente no existen en Mar del Plata los lugares donde haya explotación sexual. Esto es importante porque, hace dos o tres años, los avisos de los diarios y las calles de la ciudad estaban impregnados de propaganda sobre ofertas sexuales. Hoy esto ha desaparecido, aunque quedan focos en Internet y en las redes sociales. La comunidad ha colaborado con la denuncia de los lugares donde se ejerce la prostitución y eso ha sido muy importante”. Sostiene que la campaña comenzó a tener éxito “por el impulso que le dio el intendente Gustavo Pulti”.
El fiscal Adler subraya la importancia de que en los juicios realizados en Mar del Plata “no haya habido absoluciones”, como sí ocurrió en otros lugares del país. Dice que el tema es “muy importante para la sociedad, porque se trata de un problema en el que está en juego una cuestión de género y de derechos humanos. Agradece que desde la Mesa Interinstitucional “se haya entendido que no hay que perseguir a las prostitutas sino a los proxenetas”.
Fuente: Pagina/12
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