jueves, 26 de septiembre de 2013

UNIDOS Y COORDINADOS

Bolivia. Cómo funciona el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad y cuáles son los logros y complicaciones en la ardua tarea de aunar los intereses particulares de cada comunidad con el general.

Por Osvaldo Drozd

Si en el seno de una estructuración compleja se considerara que el conflicto social consiste en un hecho anómalo, puntual o circunstancial, la idea de aislarlo no implicaría algo que pudiera tildarse de descabellado. Por el contrario, hacerlo sería una forma de resolución efectiva, logrando que todo lo que es externo a él, no se salpique y quede a salvaguarda de su supuesto efecto expansivo. El conflicto social, lejos de ser una excepción, una anomalía o un efecto residual, es parte constitutiva de cualquier formación social compleja. Su sitio en la escena colectiva conduce o responde a lo estructurante de la sociedad misma. Una política que intentase subsistir al margen del conflicto (u obviándolo) rayaría en sus límites con lo apolítico mismo, ya que sería la negación misma de las demandas sociales, que validan y dan legitimidad al hecho mismo de hacer política. El conflicto es la matriz constitutiva de cualquier acción colectiva, mientras que la forma de plantear su resolución conduce inevitablemente a la toma de posición.
En Bolivia, desde la asunción del presidente Evo Morales en enero de 2006, el tratamiento de la conflictividad social implica una tarea no menor, que incluso llevó a crear una cartera específica: el Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales y la Sociedad civil. Si bien esta tarea comprende el seguimiento de los diferentes conflictos, y la búsqueda de resolución de las diferentes demandas populares, es válido señalar que este agenciamiento político no es externo a la conformación y consolidación del instrumento político a través del cual Evo llegó al gobierno, y que sirve además como herramienta de cohesión tanto social como ideológica. Es menester señalar entonces que el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia está conformado desde su presentación en las elecciones de 1997 no solamente como un nucleamiento de militantes voluntarios, sino principalmente como una coordinación de organizaciones sociales, campesinas, sindicales e indígenas, muchas de las cuales ya tienen varias décadas de conformación y desarrollo. Un movimiento que, además, fue protagónico en las principales luchas sociales que se desarrollaron en el país andino resistiendo a las recetas neoliberales impulsadas por gobernantes como Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Banzer Suárez y Carlos Mesa. Si bien el MAS fue fundado en 1987, recién diez años después adquirió el formato más conocido al fusionarse con el Instrumento de Soberanía Popular y la Confederación de Trabajadores del Trópico de Cochabamba.
El viceministerio que fuera creado tras la primera asunción de Evo Morales en enero de 2006 tiene un objetivo institucional, y también varios objetivos estratégicos. Tal como es posible leer en la página oficial de la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia (http://www.presidencia.gob.bo/), el primer objetivo es “posibilitar y facilitar las relaciones de coordinación entre el órgano Ejecutivo y la sociedad a través de una eficaz y eficiente gestión de la demanda social, del fortalecimiento de las organizaciones sociales, del seguimiento sistemático a los acuerdos y convenios establecidos entre el gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad, así como el análisis de la conflictividad sociopolítica, promoviendo una gestión pública intercultural, en base al diálogo y la concertación”. Por su parte, los objetivos estratégicos del viceministerio son los de empoderar a las organizaciones sociales y la sociedad civil en su participación política y social en el proceso de cambio. “Consolidar la participación efectiva y corresponsable de los movimientos sociales y la sociedad civil en la construcción del Estado Plurinacional. Consolidar un sistema de gestión eficiente y oportuna a la demanda social y la conflictividad sociopolítica, desde el trabajo conjunto y corresponsable entre los niveles del órgano ejecutivo y las organizaciones sociales y sociedad civil. Coadyuvar en la construcción de la cultura democrática a través de la gestión de la conflictividad sociopolítica, desde el trabajo conjunto y corresponsable de los órganos del Estado y las organizaciones sociales y sociedad civil” son los principales objetivos.
Si bien la formulación y la ejecución de todos estas tareas dan, desde un principio, la sensación de estar en el camino adecuado, no pocos especialistas y analistas bolivianos hoy son sumamente críticos con respecto a la gestión de la denominada conflictividad social, que viene llevando adelante el gobernante Movimiento al Socialismo, principalmente desde el inicio de segundo gobierno de Evo Morales que se iniciara en enero de 2010.
Es preciso realizar un poco de historia para entender el denominado “proceso de cambio” en Bolivia, que en términos relativos se extiende desde la resistencia al neoliberalismo hasta el presente, teniendo como punto sobresaliente la promulgación de la nueva Constitución Política de Estado (CPE) en 2009, tras el arduo debate popular realizado mediante la convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El inicio del nuevo siglo encontró al pueblo de Cochabamba (la tercera ciudad más poblada del país) protagonizando entre enero y abril del año 2000 una serie de protestas sociales, que fueran conocidas como La guerra del agua, y que fue la forma en que la sociedad civil resistió la privatización del agua potable, logrando que el gobierno del por entonces mandatario Hugo Banzer, tras declarar la Ley Marcial, también rescindiera el contrato firmado con la empresa multinacional de Ingeniería Bechtel. En 2003, nuevamente se agitarían las aguas, pero esta vez no por la potabilización sino por el impuestazo que intentaba sacarles la plata de los bolsillos a los trabajadores. El por entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que vérselas con una verdadera insurrección popular en febrero de ese año, en la cual se produjeron serios enfrentamientos entre manifestantes y policías en la céntrica y paceña plaza Murillo. Pero el verano caliente no quedaría ahí, y meses después, entre septiembre y octubre del mismo año se produciría. La guerra del gas, que haría que el 17 de octubre Sánchez de Lozada tuviera que abandonar prematuramente el Palacio Quemado. El mandatario saliente es considerado en el altiplano como el mayor adalid de la noche neoliberal de ese país. Por ese entonces, tanto el MAS de Evo Morales como toda la coordinación de movimientos sociales eran los principales protagonistas de las luchas que, en 2005, inclinarían la balanza electoral eligiendo el país andino por primera vez en su historia a un mandatario indígena y aymara.
Si bien el lugar de Sánchez de Lozada fue ocupado por el vicepresidente Carlos Mesa, este último tuvo que ocupar el cargo con la promesa de anticipar las elecciones presidenciales (el mandato era hasta 2007), promover el llamado a una Asamblea Constituyente y llevar adelante un referendo por el tema del gas. La idea de Mesa era hacer solamente promesas, pretendiendo mantener el cargo presidencial hasta el año en el cual debía concluir formalmente el mandato. Este plan no le fue efectivo y tuvo que anticipar entonces la agenda electoral para 2005. Las luchas sociales inclinaron la balanza, potenciando cada vez más la figura del dirigente campesino Evo Morales.
La llegada al Palacio Quemado del líder aymara en enero de 2006 convertiría en plan de gobierno no solamente el llamado a la Asamblea Constituyente, sino también la instalación y desarrollo inicial del proceso de reconducción comunitaria de la reforma agraria, alcanzando parcialmente una importante redistribución de las tierras antes concentradas en propiedades latifundistas. A su vez, cobró importancia la nacionalización de los hidrocarburos. La fuerza social que se conformaría como la base principal del MAS fueron entonces los movimientos sociales populares que, si bien conservarían relativa autonomía desde 2006, también comenzarían a incidir en la esfera estatal de una forma diferente en tanto parte orgánica del partido de gobierno. La conformación del Viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales no fue ni es ajena a una política que intenta hacer de las demandas populares un norte de transformación, enmarcadas dentro mismo del Estado plurinacional.
Tal como expresara Gabriela Montaño, presidenta del Senado de Bolivia, en julio del año pasado en una ponencia organizada por el espacio Carta Abierta y que fuera realizada en Sociales de la UBA, la confluencia de todos esos actores sociales (campesinos, indígenas, colonizadores, pueblos originarios) logró plasmar lo que ella denominó como “sujeto constituyente”, y que la terminología utilizada para escribir la nueva Constitución no fueron palabras extraídas de algún manual, sino que provenían de la lucha misma. Es preciso señalar que los diferentes movimientos populares e indígenas, en la nueva CPE tienen el atributo de autodeterminación. Decir indígenas tal vez sea una reiteración cuando se habla de popular, ya que como Montaño bien señalaba en su exposición, el Censo Nacional de 2001 vino a revelar una verdad que siempre estuvo escondida o no quiso saberse, y es que la mayor parte del pueblo boliviano es indígena. Según la senadora, en dicho censo, el 62% de la población de su país mayor de 15 años se definía como indígena. Pero, retomando la cuestión de la autodeterminación y el estatuto autonómico de los pueblos indígenas y originarios, vale subrayar que dicha cualidad muchas veces puede generar contradicciones al interior de la sociedad toda, ya que hacer coincidir los intereses particulares con el general no es un dato de partida sino principalmente de negociación y acuerdos a alcanzar. La contradicción entre intereses corporativos y el trazo grueso de una política unificada, por lo tanto, es mucho más difícil de alcanzar, cuando por principios constitucionales se intenta incluir a los diferentes actores en juego. Las políticas de exclusión no tienen ese problema, al menos desde un inicio, ya que las sucesivas crisis que sacudieron al continente demostraron que, a la larga, esas políticas son insostenibles.
En una nota escrita por Ricardo Aguilar Agramont, el pasado domingo en el paceño diario La Razón, el columnista expresaba que “la estructura heterogénea del Movimiento Al Socialismo (MAS) es una de sus fortalezas, pues es una fuente de versatilidad, aunque también ha sido frecuentemente el origen de una debilidad debido a la corporativización de ese partido”. Luego señaló que “saldar este escollo es el reto que el MAS debe enfrentar no sólo con miras a las elecciones de 2014, sino también para consolidar su institucionalidad como organización política a largo plazo”. Aguilar también afirmó que “la diversidad compleja de organizaciones que conforman el MAS ha llevado, desde la primera gestión, a la creación del viceministerio de Coordinación con los Movimientos Sociales, actualmente dirigido por Alfredo Rada, demostrando que el primer gobierno de Evo Morales identificó la necesidad de relacionamiento con los gremios sindicales”.
Presentado este esquema de coordinación y negociación, que bien podría considerarse como una gran paritaria social, valdría la pena precisar que una política correcta desde el punto de vista de los intereses populares nunca va a ser equivalente a la suma de las diferentes demandas sectoriales, aunque las mismas estén hechas por los sectores comprendidos dentro de lo que bien se puede considerar como nacional o popular.
Y es así que en los últimos dos o tres años de la gestión de Evo Morales se asistió a diferentes escenarios de conflictividad social, en los cuales determinados movimientos realizaron demandas que se irían a presentar como anatema para el gobierno central. El debate acerca de cómo utilizar los excedentes de la economía llevó a que la Central Obrera Boliviana (COB) se pronunciara por una solución muy diferente a la que proponía el gobierno. El debate sobre la construcción de la carretera transamazónica puso sobre el tapete las diferencias con organizaciones indígenas como Cidob y Conamaq.
En un trabajo de investigación que lleva el nombre de Conflictividad social y política en el segundo gobierno de Evo Morales, Alejandro Almaraz Ossio (quien fuera viceministro de Tierras del primer gobierno de Evo) expresa que hoy Bolivia asiste a un cierto parate del “proceso de cambio”, y que cuando esto sucede, los sectores otrora dominantes intentan recomponerse. Según Almaraz, “dicho viraje se produjo más por omisión que por acción, en tanto que la ausencia de acciones transformadoras de las estructuras imperantes promueve la reproducción inercial de éstas e, incluso, en algunos casos, facilita su reestructuración y fortalecimiento”.
Otros analistas precisan que la política transformadora del MAS tuvo su punto más alto en la promulgación de la nueva Constitución, y luego asistió a cierto descenso. Lo que bien valdría señalar es que en todo proceso de cambio social siempre hay puntos de ascenso y también de declive, y que el protagonismo social no siempre se expresa de forma masiva. Sostener una política de transformación sin dudas no es tarea fácil, ya que hacerlo es ir contra una inercia acumulada durante un extenso período.
Tanto analistas que apoyan la gestión del MAS, como los que se oponen críticamente, coinciden en que el alto grado de unidad existente a pesar de todo entre el gobierno y los movimientos sociales en la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo y el Estado plurinacional, es hoy el resultado del fuerte liderazgo del presidente Evo Morales. Las diferencias se plasman principalmente entre los que consideran –como lo hace la senadora Gabriela Montaño– que el MAS es el gran articulador político entre el campo y la ciudad, y los que –como la ex senadora Erika Brockmann– dicen que el partido no deja de ser una megacoalición de organizaciones corporativas.

Fuente: Miradas al Sur.

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