La escena era como de otra época. Durante la brumosa madrugada del 30 de agosto, dos patrulleros y un Volkswagen Gol sin identificación irrumpieron en un predio del barrio de Barracas, antes de frenar en abanico al costado de una canchita de fútbol. Sus puertas, entonces, se abrieron al unísono para escupir uniformados y sujetos de civil. Los primeros, armados hasta los dientes; los otros, con cámaras y binoculares. Todos ellos tomaron posiciones en torno de una vieja construcción de una sola planta. Los asistía desde el cielo el reflector de un helicóptero. Era una acción de inteligencia de la Policía Metropolitana. Su objetivo: sacar fotos y filmaciones de los trabajadores que pernoctaban en el Taller Protegido Nº 19 del Hospital Borda para así resistir su posible cierre. Ese cuadro no era la única postal macrista de aquel día.
Ese mismo jueves, el padre biológico y primer jefe de la mazorca municipal, Jorge Fino Palacios, fue procesado –junto a su segundo, Osvaldo Chamorro– por espiar a dirigentes opositores a través del sistema informático Nosis. Se trata de una causa conexa a la del affaire de las pinchaduras telefónicas. Ya se sabe que por esto último, él y otros 11 acusados –entre ellos, el mismísimo Mauricio Macri– acaban de ser puestos en los umbrales del juicio oral.
También en ese mismo jueves, el ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, debió dar explicaciones a la jueza Elena Liberatori sobre la habilitación de un 0800 para denunciar casos de “intromisión política en las escuelas”. Con gotas de sudor que le caían desde la frente y ya con un tono rayano al balbuceo, reconoció que no hay normativa ni protocolo para su funcionamiento. Y que el empeño por conjurar así la presunta contaminación ideológica de estudiantes fue únicamente fruto de un informe televisivo. Al abandonar la sede judicial, se quejaría ante los micrófonos: “Los ministros de Macri vamos por cualquier cosa a la Justicia”. ¡Pobre Bullrich! Semejante karma sólo por tener un cargo gerencial en un sistema basado en la vigilancia, el fisgoneo y la delación. Pero al estilo del PRO: una suerte de fascismo en clave de comedia.
El corazón delator. El dato surgió en medio de una conversación trivial. “Ese tipo, Ciro James, estuvo una vez en el canal”, fue la frase que, casi a boca de jarro, había soltado un ex sonidista de Ciudad Abierta, la señal televisiva del Gobierno porteño. El diálogo transcurría en un bar ubicado en la esquina de Arévalo y Cabrera. Aquel hombre prosiguió: “Vino por una cámara”. La historia sería reveladora. En resumidas cuentas –según esa fuente–, en la tercera semana de octubre de 2008, el director del canal, Juan Puigbó, atendió una llamada; del otro lado de la línea estaba el secretario de Comunicación porteño, Gregorio Centurión. Sus palabras fueron:
–Mañana va pasar por el canal un muchacho del Ministerio de Educación para pedir prestada una cámara.
–¿Qué cámara?
–No sé… una cámara. ¡Ojo, que viene de parte del Ruso!
Se refería al entonces ministro de Educación, Mariano Narodowsky.
Al día siguiente, un tipo de baja estatura y unos kilos de más llegó a la emisora, situada en la calle Azcuénaga 780. Y se anunció en la recepción. La secretaria se comunicó por una línea interna con Puigbó. Éste se hallaba ocupado, por lo que derivó el asunto a un productor, quien no tardó en ir al encuentro del visitante. Éste se mostró muy amable y dicharachero. A modo de presentación, simplemente dijo: “Ciro James”. Y extendió hacia su interlocutor una tarjeta personal con el escudo de la Ciudad en relieve. Acto seguido, puso empeño en mostrarse como un verdadero conocedor en materia de cámaras de video, sin ocultar su preferencia por una modernísima AZ1.
–¿La necesitás para grabar un programa? –preguntó el productor.
–No precisamente –respondió James, con una media sonrisa.
–Ah, es para grabar un evento...
–Algo así. Necesito la cámara para grabar el conflicto docente.
En resumidas cuentas, su brutal sinceridad terminó por jugarle en contra, ya que Puigbó –siempre de acuerdo con la misma fuente–, al enterarse del uso que James le daría al aparato, abortó el préstamo. Lo cierto es que al rato recibió una segunda llamada de Centurión: “Juancito, me hiciste quedar para la mierda con Narodowsky”, fueron sus exactas palabras. En los pasillos de Ciudad Abierta circularía luego la versión de que James había conseguido, al final, una cámara en otra dependencia de la Ciudad.
Dibido a la publicación en Miradas al Sur del asunto, Puigbó fue citado por el juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa por las escuchas. Su declaración fue crucial para demostrar que su contrato en el Ministerio de Educación no fue sólo para enmascarar y retribuir sus servicios de “inteligencia” sino que ya las ejercía por cuenta de esa cartera. Semanas después, Narodowski fue procesado.
Meses antes, también por lo de las escuchas, Oyarbide allanó las oficinas de Strategic Security Consultancy, la pyme de Palacios y Chamorro. En una de las computadoras había un archivo con informes financieros y patrimoniales del sistema Nosis, referidos a los ex legisladores (por entonces en funciones) Diana Maffía (Coalición Cívica), Silvia La Ruffa (kirchnerista) y Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro); también había reportes sobre el dirigente Patricio Datarmini, del sindicato de empleados públicos de la ciudad de Buenos Aires. Y hasta uno del jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Los datos fueron gestionados a partir de julio de 2009, fecha en que empezó a funcionar la Metropolitana. Menos el funcionario macrista, los otros investigados criticaban su designación en aquella fuerza dada su responsabilidad en las irregularidades de la pesquisa del atentado a la AMIA, en la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001 y por su relación con Jorge Sagorsky, el reducidor de autos condenado por el secuestro de Axel Blumberg.
Lo cierto es que, con James, Narodoswski y Palacios ya “desactivados” por imperio de las circunstancias judiciales, la estructura ilegal del PRO al servicio del espionaje y la vigilancia siguió en pie con renovados bríos y personajes.
Uno de los más serviciales: el joven Bullrich, cuya única experiencia en el campo de la educación fue haber impartido durante tres semanas clases de matemática en un asilo nicaragüense de huérfanos, por cuenta de la Fundación Padre Fabretto, una ONG financiada por la CIA. Sus hitos pedagógicos más memorables: ordenar, durante el conflicto por el estado edilicio de las escuelas, listas policiales de alumnos que habían participado en las tomas; pretender instalar centenares de cámaras hasta en los baños de 93 escuelas y –tal vez la más original de sus iniciativas– el ya famoso cuestionario para estudiantes secundarios sobre sus propios perfiles delictivos. En dicho contexto, lo del 0800 –ya neutralizado por una medida cautelar de la jueza Liberatori– no era un hecho menor.
Resulta inexplicable la obstinación del macrismo por este tipo de proyectos, cuyo efecto más visibles es el repudio social. Su correlato jurídico: una notable lista de causas penales y funcionario encausados. Sin soslayar la proverbial incompetencia de los hombres del PRO para concretarlos.
No obstante, ellos insisten una y otra vez.
Fuente: Miradas al Sur.
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