miércoles, 8 de diciembre de 2010

AMENAZAS CONTRA LA LEY DE GLACIARES


Los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la norma recientemente promulgada. Ponen así de manifiesto que ciertas empresas no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorías ambientales independientes.

Por Maristella Svampa Enrique Viale



A manera de confesión, y marcando un nuevo capítulo en la larga saga referida a la Ley de Protección de los Glaciares, los intereses mineros iniciaron acciones judiciales contra la ley recientemente promulgada, obteniendo con sugestiva celeridad -en sólo 20 horas- que el ex diputado provincial justicialista y actual Juez Federal con asiento en San Juan, Miguel Ángel Gálvez, suspenda la aplicación en dicha provincia de los artículos medulares de la norma. Por si fuera poco, días después, el mismo magistrado dictó dos medidas cautelares más, beneficiando a los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama, ambos propiedad de la transnacional Barrick Gold.


Con ello lograron que la Ley Nacional de Protección de Glaciares sea suspendida en San Juan , privilegiando desembozadamente los intereses económicos y corporativos de las empresas mineras por encima del derecho al agua de todos los argentinos.


De manera sugestiva, las medidas cautelares también suspenden, en dicha provincia, la confección del Inventario Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial, impidiendo así la metodología uniforme, integral y sistemática que exige este tipo de estudios: los glaciares y sus ecosistemas no reconocen fronteras provinciales.


Otra de las “curiosidades” es que los fundamentos de los fallos se apoyan en el anterior veto presidencial, de 2008, que ni el propio oficialismo pudo sostener con argumentos de interés general.


Asimismo, estas acciones judiciales vuelven a hacer alarde de un discurso fingidamente federalista , que se contrapone con la propia estrategia judicial adoptada por los mismos intereses mineros en aquellas provincias donde ya existen leyes provinciales de prohibición de minería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas; situaciones en las cuales arguyen que sólo el Código de Minería (ley dictada por el Congreso Nacional) podría regular la actividad minera y no una norma provincial.


Queda claro entonces que la estrategia prominera se acomoda a las circunstancias : así, puede apelar a las históricas banderas del federalismo y hablar del “avasallamiento de la nación a las provincias”, para frenar una ley de presupuestos mínimos como la Ley de Protección de Glaciares, pero también puede acudir al unitarismo más extremo, para impugnar que sean las provincias, a través de sus legislaturas, las que sancionen leyes de protección ambiental. En realidad, estas argucias jurídicas vuelven a poner de manifiesto el interés concreto de empresas, como la Barrick Gold, que son conscientes de haberse instalado en áreas muy frágiles, alterando un bien esencial y vulnerable como el agua, pero que no están dispuestas a aceptar controles estatales ni auditorias ambientales independientes de las empresas.


En este contexto, es el Estado nacional, demandado en las causas judiciales, quien debe apelar dichas medidas cautelares. Pero que el principal detractor de la Ley sea el gobernador José Luis Gioja -uno de los mayores aliados del gobierno nacional- sumado a los sugestivos encuentros de la Presidenta de la Nación con Peter Munk -CEO de la Barrick Gold-, más los recientes contactos entre el asesor legal de la gobernación sanjuanina con Carlos Zannini y Aníbal Fernández, arrojan serias dudas acerca de la eficacia, vigor y premura de la intervención jurídica del Poder Ejecutivo para lograr la plena vigencia en todo el territorio nacional de la norma. Empeora el panorama el hecho de que quien debiera colaborar activamente en la defensa judicial de la norma sea el Secretario de Ambiente de la Nación, Homero Bibiloni, quien fue uno de los más enérgicos opositores de la ley durante su trámite parlamentario.


Por otro lado, estos subterfugios jurídicos, que evidencian la venalidad de ciertos representantes del Poder Judicial nacional, fragilizan la confianza que diferentes actores de la sociedad civil depositaron en una salida institucional genuina, encarnada en un Parlamento nacional , que por vez primera, sinceró el núcleo del problema que vienen padeciendo tantas pequeñas y medianas poblaciones del país.


Así, en la larga sesión del Senado en la cual terminó por aprobarse esta ley, incluso los discursos de los jefes de las bancadas mayoritarias pusieron el acento tanto en el cambio cultural que supone el despertar de una conciencia ambiental , como en la imperiosa necesidad de discutir el controvertido modelo minero que hoy avanza sobre la Argentina sin consenso social y sin control del Estado.


Compete entonces responder no sólo al Estado nacional, cuya verdadera voluntad política se verá expresada en los próximos días, sino también a todas aquellas voces que desde diferentes posiciones del arco político defendieron la importancia de esta ley, ya que lo que está en juego es nada menos que la credibilidad misma de las instituciones democráticas.

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