"LA DERECHA QUIERE UNA POLICÍA AUTÓNOMA Y SIN CONTROL"

Por Laureano Barrera

Cada vez que las rutilancias de un crimen –o la sucesión de varios– abren el debate sobre la inseguridad, vuelven a florecer las marchitas recetas de la mano dura. ¿Cuál es la distancia real entre la criminalidad y la llamada sensación térmica? Alberto Binder es un eximio jurista. Intervino activamente en la reforma de la gestión de Carlos Arslanian, y fue asesor técnico de las reformas judiciales en varios países de América latina. Actualmente es el director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y Democracia y asesor del Centro de Justicia de las Américas de la OEA. En un diálogo con Miradas al Sur analizó las causas del delito, el rol de los medios, y las deficiencias de los sectores progresistas para imponer en el plano subjetivo una salida no represiva al problema de la criminalidad.

–Muchas encuestas actuales revelan que la “inseguridad” es una de las principales preocupaciones de gran parte de la sociedad. ¿Cómo se condice con las estadísticas oficiales difundidas hace poco, en las que Argentina ostenta los índices delictuales casi más bajos de todo el continente?
–Por la compleja configuración de los problemas de seguridad, sobre todo en su dimensión subjetiva. Ambas cosas pueden ser ciertas: las tasas y el tipo de criminalidad en la Argentina, en comparación con otros países de América, son mucho mejores y más controlables. Eso se puede demostrar con las estadísticas. Por otro lado, creo que la preocupación de la sociedad, que se manifiesta en esta dimensión subjetiva, tiene mucho que ver con una desconfianza del tipo de acción del Estado, que por momentos resulta errática. Es una crisis de desconfianza de la acción del Gobierno más que una crisis marcada por el aumento de la criminalidad. Eso no hace que sea inexistente, sino que en la sensación de inseguridad, el tipo de dimensión subjetiva es otra y, por lo tanto, hay que trabajar de otra manera.
–¿Por qué la batalla simbólica por ofrecer soluciones eficaces para los problemas de inseguridad fue históricamente ganada por la derecha? ¿Ve una incapacidad del progresismo en ese sentido?
–Hay dos cuestiones. En primer lugar, a los sectores de derecha les es más fácil apelar a las soluciones mágicas de la mano dura porque detrás de eso están los dispositivos represivos tradicionales, y en el fondo es un mensaje para que la policía trabaje de un modo autónomo y sin control. Por más que se demuestre que las policías ya no están en condiciones de responder a problemas complejos, sino que los agravan. Por otra parte, también hay una incapacidad notoria de los sectores progresistas de diseñar políticas de seguridad. Pareciera que una política de seguridad progresista tendría que tener como eje principal la inclusión social. Y eso no es así. Obviamente, es algo por lo que peleamos por razones de justicia social y de dignidad humana, pero no por razones de seguridad, porque incuba el doble riesgo de no identificar bien el problema y de naturalizar el prejuicio de que los problemas de criminalidad son problemas de pobreza. Y en gran medida, la criminalidad es una red de mercados ilegales controlados por gente que no tiene nada que ver con la pobreza, sino que la recluta como mano de obra barata. La policía y la Justicia se ensañan con ese segmento, pero hacen muy poco por desbaratar los mercados y la gente que los maneja. Buena parte de la criminalidad urbana está organizada, por sus estructuras de mercado apañadas por funcionarios policiales y políticos.
–Entonces no acepta una división tajante entre el crimen común y el crimen organizado…
–No, porque fijate: el robo de celulares se lo concibe normalmente como criminalidad común, pero es un tipo de criminalidad de mercado fuertemente organizado, porque hay una red de compra, distribución y clonaje, que es lo que hay que desmantelar. El robo de vehículo también se lo toma por criminalidad común, y es uno de los crímenes más organizados. Es un problema de enfoque.
–¿Qué rol juegan los medios de comunicación?
–Influyen o condicionan la selectividad de la respuesta social. Es decir, nos preocupan claramente un cierto tipo de casos, y a los otros no les damos importancia, y en eso tienen mucho que ver la cobertura de los medios. Pero no se debe sólo a un factor ideológico –que desde luego, aumenta la neurosis social y, en consecuencia, la preocupación sobre este tema–, también tiene que ver con este formato de noticias de 24 horas y una muy baja inversión en la producción de noticias. Entonces, con sólo mandar un notero al Gran Buenos Aires uno puede tener noticias de crímenes las 24 horas. En TN, en Crónica, no hay más producción de la noticia que mostrar los delitos que puede haber. Y una sociedad de 15 millones de habitantes, sin duda va a producir un delito cada media hora.
–¿Cómo ve las políticas públicas de seguridad del Gobierno Nacional?
–No es una pregunta sencilla. Sin ninguna duda, este gobierno no tiene una política de mano dura en la seguridad, eso es indudable. No ha reprimido las manifestaciones públicas, y eso no solamente por vocación, sino por el modo en que se adiestró a la policía para hacerlo, y las técnicas y protocolos que se utilizaron, que te diría que han sido ejemplares. Ahora bien: respecto de otras dimensiones de control de la criminalidad, me parece que ha sido un gobierno más bien omisivo. Se nota cierta condescendencia con la Policía Federal, que todo el mundo reclama que debe tener cambios muy profundos de estructura. En este aspecto, este gobierno no aprovechó para hacer cambios profundos en los sistemas policiales, que se están haciendo notar.
–¿Nota diferencias con las políticas llevadas adelante en la provincia de Buenos Aires?
–Sí. Las políticas de seguridad de Scioli no son erráticas, sino francamente reaccionarias. El problema es que el gran regulador de la seguridad, tanto objetiva como subjetivamente en la Argentina, es la provincia de Buenos Aires. Y allí, la gestión del gobernador Scioli ha retrocedido enormemente en muchos avances que se habían hecho.
–¿Qué medidas recomienda para el corto plazo?
–Sólo por mencionar tres: desarticular los mercados criminales, que a su vez son generadores de violencia y potencian la violencia de otras regularidades; potenciar enormemente el rol del municipio en las políticas de seguridad –coordinando con Nación y las provincias–, porque es allí donde están los problemas y donde está la información, y uno clave: profesionalizar mucho más rápidamente a las policías.