EL JUEZ DEL RIACHUELO

Quién es Luis Armella, el magistrado que exige desalojar las viviendas del Bajo Flores. Pide que la Federal y la Metropolitana saquen a los ocupantes. Su currículum combina la “cruzada” ambiental con el caso Bergara y un polémico pasado como fiscal.

Por Carlos Romero

El nombre del juez federal de Quilmes, Luis Antonio Armella, saltó a la fama que entregan las letras de molde por su apuro e inflexibilidad en desalojar las viviendas que al cierre de este artículo continuaban tomadas en el Bajo Flores.A pesar del lamentable antecedente inmediato de lo ocurrido durante el desalojo del Parque Indoamericano por parte de las policías Federal y Metropolitana, el magistrado presiona para que el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires envíen uniformados a liberar los edificios intrusados.Armella actúa invocando un mandato de la Corte Suprema de Justicia, que le delegó la ejecución del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, un plan que acumula demoras históricas y por el cual el juez, además de multar a varias empresas, ya sancionó a dos funcionarios nacionales y amenazó con quitar parte de su sueldo a Mauricio Macri.Sin embargo, mucho antes de que llegara a sus manos la delicada situación del Bajo Flores, Armella supo conformar una foja de servicios digna de ser revisitada, que combina una carrera ascendente y la fama de “cruzado” ambiental, con polémicas y escandaletes varios.Antes de que en 2004 fuera nombrado juez federal, Armella recorrió distintos cargos y funciones dentro del universo judicial. Recibido de abogado en La Plata a los 23 años, sus primeros pasos los dio en Quilmes: primero, en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 7, donde empezó como meritorio, y después en el Juzgado Nº 2 del mismo fuero, donde pasó de auxiliar letrado a secretario. En este derrotero iniciático, iría construyendo una buena relación con el entorno político-judicial del ex intendente quilmeño Sergio Villordo.En 1998, con el menemismo llegando a su fin, Armella decidió diversificar su carrera e ingresar al Ministerio Público Fiscal, donde supo abrirse camino y estrechar vínculos con la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo. A los 29 años, se consagró como uno de los fiscales más jóvenes de la provincia, donde es recordado por haber resuelto en cinco días una causa y disponer su elevación a juicio oral, así como por detener la marcha de un tren para que no se alterara la escena de un supuesto suicidio sobre las vías.Como fiscal de Quilmes, en diciembre de 2003 Armella protagonizaría un affaire judicial que incluso sería tomado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) como caso testigo para analizar el sistema de “premios y castigos” que existiría en la Justicia cuando se investiga al poder político. El episodio ocurrió entre 2003 y 2004. Armella fue el encargado de llevar adelante una denuncia contra dos fiscales de San Martín que habían encarcelado al intendente del partido de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, en una causa por presunta estafa y administración fraudulenta, a raíz del manejo de fondos para obras públicas. Entre otras perlas, estaba involucrada la cooperativa “2 de Abril”, dirigida por familiares del jefe comunal. Cariglino y su secretario de Gobierno, Miguel Harari, estuvieron presos cinco días y consiguieron la excarcelación después de pagar 850 mil pesos de fianza.El fiscal entró en acción cuando, ya en libertad, Cariglino arremetió contra los dos empresarios que lo habían denunciado. “A pesar de contar con pruebas endebles, el fiscal Armella acusó a los denunciantes”, señala el informe publicado en 2007 por el CELS, en relación a que “las pruebas consistieron en declaraciones realizadas por abogados defensores y esposas de los detenidos”.Por otra parte, Armella elevó un pedido de juicio político contra el fiscal de San Martín Edgardo Ledesma, por supuestas irregularidades en la causa que le siguió a Cariglino. También pidió que se iniciara un sumario a Fernando Domínguez, fiscal general adjunto y colaborador de Ledesma.Como respuesta, el entonces fiscal general de San Martín, Luis María Chichizola, denunció a Armella y al juez de la causa, Oscar Quintana, por mal desempeño en sus funciones y desconocimiento del derecho.“Estos funcionarios denunciados no corrieron la misma suerte –detalla el CELS–. Lejos de ser investigados y sancionados, fueron premiados con cargos más importantes. Los pedidos de juicio político se archivaron rápidamente ya que ambos magistrados renunciaron a sus cargos para asumir nuevas funciones.” Igual suerte corrió la acción penal.Armella fue nombrado juez federal el 4 de agosto de 2004, luego de sortear el concurso del Consejo de la Magistratura y obtener el acuerdo del Senado. La Magistratura no tomó en cuenta las impugnaciones de los dos empresarios en litigio con Cariglino, que acusaron al ex fiscal de “falta de idoneidad, seriedad y honestidad”, por “haber promovido una investigación paralela” para “favorecer deliberadamente” al intendente. Similar queja, pero ante el Senado, interpuso Chichizola. Ninguna de las impugnaciones tuvo éxito. En 2006, cuando asumió formalmente en su juzgado, el flamante magistrado nombró como su secretaria a Karina Lombardo, esposa de Villordo.Ya al frente de su despacho en Quilmes, Armella tuvo otro momento de ruidosa fama durante el secuestro del empresario de Ranelagh Leonardo Bergara, ocurrido en diciembre de 2008 en un episodio nunca esclarecido y donde los principales sospechosos fueron los propios uniformados bonaerenses, todos ellos de estrechos vínculos con Armella.La trama del caso Bergara y la participación de Armella es circular: un grupo de policías de la Jefatura Distrital de Berazategui, dedicados a desbaratar organizaciones narcocriminales y que acostumbraban trabajar bajo las órdenes del juez de Quilmes, acabaron siendo investigados por el propio magistrado, pero como sospechosos de haber participado en el secuestro de Bergara.Armella llegó al expediente luego de interrumpir sus vacaciones y por pedido explícito del entonces jefe de la Bonaerense, Daniel Salcedo. No quedaron dudas entonces de las buenas migas entre la Bonaerense y el magistrado, que al mismo tiempo conocía bien a varios de los uniformados puestos bajo la lupa: por caso, el capitán y jefe de brigada de Berazategui Juan Vicente Cardozo y el jefe de esa distrital, Roque Luján, que terminaron exonerados y en libertad.Entre las medidas que más se le cuestionaron a Armella en la investigación aparece que, no bien se hizo cargo, dictó la falta de mérito a Cardozo, quien en su celular había recibido un llamado desde un número que luego sería usado para extorsionar a la familia del joven empresario. Por otra parte, en su momento también se le recriminó no haber dispuesto que otra fuerza distinta de la Bonaerense realizara las pericias, a pesar de la gran cantidad de miembros de esa policía que estaban sospechados. Más tarde, el juez de Quilmes volcaría la pesquisa contra un bonaerense exonerado, José Pardini, que casualmente tenía una causa por coacción contra Armella y que al entregarse recusó al juez.Otro expediente picante en manos de este juez federal es el que investiga a José Granero, jefe de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar). Granero está imputado por facilitación de elementos y lugares para el transporte de estupefacientes, luego de que en 2008 se encontrara cocaína en un vehículo de la Sedronar.El pasado 4 de marzo, Armella indagó a Granero y a su jefe de asesores, Fabio Trossero. Cinco días después, el juez ordenaría el desalojo del complejo en el Bajo Flores y, una vez más, quedaría envuelto en otra polémica.Una que, por el momento, tiene un final tan incierto como preocupante.