Desde la noche del sábado pasado, un centenar de trabajadores de la empresa Artes Gráficas Rioplatense (AGR) del Grupo Clarín, acompañados por familiares y amigos, realizaron una protesta frente a la planta de distribución del diario e impidieron su salida a la calle el domingo. El conflicto gremial data del año 2004 y tiene su origen en despidos, falta de pago y presuntas maniobras de amenaza hacia los delegados sindicales, motivos que la empresa rechaza aludiendo en un comunicado que no existen conflictos colectivos en la empresa.A propósito de este hecho –que deberá ser resuelto en la reunión de conciliación convocada por el Ministerio de Trabajo–, nos llama profundamente la atención el inmediato comunicado de la Comisión Justicia y Paz del Episcopado Argentino dado a conocer el lunes al mediodía, expresando “su más firme repudio a todas las formas de intolerancia que atentan contra la paz social ratificando su defensa de las instituciones republicanas y la autonomía de los tres poderes que garantizan la vida en democracia”.Este hecho y la rapidez del despacho de la comisión episcopal nos generan algunas preguntas y reflexiones. Si el repudio es firme frente a todas las formas de intolerancia no entendemos la ausencia de comunicados de la Comisión Justicia y Paz o de los obispos en general frente a hechos que han alterado y alteran la justicia y la paz social como, por ejemplo, el 35° aniversario del golpe militar de 1976, una de las más sangrientas y detestables formas de intolerancia, violencia y autoritarismo que hemos sufrido en la historia reciente de nuestro país y que aún despliega sus nefastas consecuencias en la incertidumbre sobre la suerte de miles de desaparecidos, el destino de los niños apropiados ilegalmente e incansablemente buscados por sus familiares legítimos, la imposición de políticas de ajuste neoliberales que empujaron a la miseria a millones de argentinos y que enriquecieron desmedidamente a unos pocos durante décadas, la supresión del derecho a la asociación libre de los trabajadores que todavía esparce sus efectos colaterales en la proyección –por parte de muchas empresas y empresarios– de una sociedad desindicalizada, donde los trabajadores se limiten a ocupar un lugar de simple fuerza de trabajo sin participación ni en el capital, ni en las ganancias, y sin derecho a protesta. A esto podríamos añadir las aparentes formas de incumplimiento de la ley de los que la empresa Clarín está sospechada y son también signos de intolerancia, aprovechados en la impunidad que da tener una posición dominante: desde la apropiación ilegal de Papel Prensa, la adopción de hijos de desaparecidos, el incumplimiento de la Ley de Medios...Deseamos una sociedad más justa y quisiéramos que no hubiera protestas ni cortes. Pero también quisiéramos que los poderosos no tengan una justicia aparte ni que los obispos, o la Iglesia de la que formamos parte, pongan bajo sospecha a los trabajadores sin cuestionar la responsabilidad de los patrones, la inmoralidad de las riquezas infinitas y las pujas despiadadas de los grupos dominantes en este año electoral.No queremos una Iglesia que ceda a las presiones del poder, como a su vez no quisiéramos tener que sospechar de alguna relación entre laicos asesores del Episcopado y los dueños de Expoagro. Tampoco queremos una Iglesia ni un pueblo sin memoria que olvide las intolerancias del pasado y ponga la lupa sobre hechos del presente que no representan la totalidad de las intolerancias reinantes en nuestra sociedad.
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