UN MODELO QUE EXPULSA ABORÍGENES Y CAMPESINOS

Por Graciela Pérez


Una nueva Ley de Tierras permitiría frenar los desalojos de aborígenes. La dècima parte de la argentina es de los terratenientes extranjeros.

De acuerdo con los datos que maneja la Federación Agraria (FAA) en la Argentina 25 millones de hectáreas se encuentran en manos extranjeras. El equivalente al diez por ciento del territorio nacional. El ingreso de la soja transgénica, en la década de los noventa, acentuó la expulsión de campesinos y comunidades indígenas.En la apertura de sesiones ordinarias del martes pasado, el diputado radical y dirigente de la FAA Pablo Orsolini le pidió a viva voz a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “una ley que limite la venta de tierras a extranjeros”.Un día antes, un grupo de pobladores originarios qom (tobas) marchó al Congreso Nacional por la restitución de sus tierras ancestrales en la provincia de Formosa, luego de que les fueran arrebatadas por la fuerza policial el pasado 26 de noviembre, en el paraje Laguna Blanca, donde murieron dos aborígenes.Esta semana, el juez Omar Magallanes, del juzgado de Ejecución de Esquel, falló a favor del empresario italiano Luciano Benetton y ordenó el desalojo de la comunidad mapuche Santa Rosa Leleque, de las más de 500 hectáreas que ocupan por generaciones.Al respecto, Rosa Rua Nahuelquir, integrante mapuche, comentó que “el juez decidió valorar los títulos de propiedad por sobre los derechos ancestrales y la Ley 26.160 de suspensión de desalojos indígenas y relevamiento catastral de territorios".Además, Rua Nahuelquir aseguró que “la Justicia mantiene estrechos vínculos con la Sociedad Rural chubutense”.Durante el primer semestre del año pasado, en Salta se realizaron al menos ocho desalojos a comunidades indígenas, de los cuales cuatro fueron dictados por la jueza Ana María de Feudis. La misma letrada entiende en otra causa iniciada por Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, en la que demanda el desalojo de cinco familias.En la provincia de Santiago del Estero, el flagelo ocasionado por el monocultivo puede observarse en el suelo. “La extensión de la soja erosionó la tierra y es muy difícil para los campesinos frenar a los terratenientes con sus guardias armados. Esto requiere una solución concreta que otorgue escrituras a los pequeños productores, porque la lucha es muy desigual”, afirmó Nelly Veliz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, en todo el país habría más de 30 mil pequeños productores en peligro de ser desalojados. A su vez, de acuerdo con los informes de las organizaciones campesinas y aborígenes, unas 200.000 familias ya fueron expulsadas de las zonas que habitaban.Desafortunadamente, el censo agropecuario realizado en 2008 sufrió varios boicots luego de conocerse la Resolución 125 que aumentaba las retenciones a las exportaciones de soja y, como consecuencia, quedaron 25 millones de hectáreas sin censar.De esta manera, la cantidad de explotaciones y productores, la tenencia y uso de la tierra, la distribución y tamaño(imprescindible para segmentar), los cultivos, la ganadería, no pudieron medirse en ese extenso territorio. Se tratan de datos esenciales para sentar políticas públicas correctas e imprescindibles a la hora de tomar decisiones.Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (Mnci) sostuvo que “si bajan las retenciones, aumentan las hectáreas con soja, las tierras arrendadas, aumentan los desmontes, la contaminación y baja el trabajo genuino”.En el país, el 70 por ciento de las tierras trabajadas son rentadas, mientras que la media internacional se ubica en el 30.Desde el Foro Nacional de la Agricultura Familiar (Fonaf) proponen una ley que paralice los desalojos por cinco años, para poder efectuar un relevamiento territorial en el que las organizaciones tengan participación, y como una manera de sostener la soberanía alimentaria de miles de campesinos, chacareros e indígenas.En el Gobierno ya tomaron nota, por eso no sólo están analizando la situación de los contratos rurales (una nueva ley de arrendamiento), sino también la posesión de la tierra. Y en el Congreso Nacional se barajan varios proyectos de sectores vinculados a la FAA, Frente para la Victoria, Coalición Cívica, UCR, Proyecto Sur y socialismo, entre otros.“Con el anuncio de la Presidenta se abre el debate no sólo a la concentración del suelo por parte de extranjeros, sino también de terratenientes nacionales y, además, se puede poner un freno a los desalojos de campesinos y comunidades aborígenes”, concluyó Fresneda.
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