RESPONSABILIDAD MAYOR

El homicidio de Fabián Esquivel, por el que acusan a un chico de 15 años, reactivó el debate. El peligro de polarizar entre “mano dura” vs. “garantismo”.

Por Tomás Eliaschev

La discusión tiene décadas, pero volvió a ocupar el centro del debate, como cada vez que un delito violento es protagonizado por un menor de 18 años. El homicidio de Fabián Esquivel, en Tolosa, por el que está acusado un chico de 15 años, sirvió como disparador: si conviene –o no– bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Más allá del maniqueísmo “mano dura” versus “garantismo”, la polémica de fondo apunta hacia cómo reinsertar en la sociedad a los miles de niños, niñas y adolescentes a los que el delito aparece como única perspectiva posible. Los que defienden el incremento de las penas como única solución posible trinan por lo que consideran un incremento geométrico de los hechos delictivos protagonizados por menores de edad. Por caso, el fiscal platense Marcelo Romero aventuró que “ser menor es tener una licencia para matar” y criticó la consigna “ningún pibe nace chorro”. Rápido de reflejos, aprovechó para plantear que “en las altas esferas gubernamentales todo se niega, como la inflación”.Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos muestran que en 2009, en todo el país, con excepción de la provincia de Buenos Aires, 1268 personas fueron víctimas de homicidios dolosos, por los que hay 1160 imputados, de los cuales 135 son menores. Y la Procuración General bonaerense indicó que, ese mismo año y en ese territorio, ocurrieron 1183 homicidios, por los que hay 191 menores imputados en el fuero penal juvenil, creado hace dos años. Las cifras también exhiben que en el primer semestre de 2010, se registraron 564 homicidios, por los que se imputó a 87 menores. En ningún caso se indica si se trata de menores de 16 años, pero el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aclaró que, sobre el total de homicidios producidos en el país anualmente, “solamente quince pueden haber sido cometidos por chicos menores de 16 años”. El gobernador bonaerense Daniel Scioli y Cristina Fernández coincidieron en avalar la baja de la edad de imputabilidad, aunque la presidenta destacó que “no es la solución” y pidió “buenas instituciones policiales y judiciales”.El debate se reactiva, pero la problemática no es nueva, si además se tiene en cuenta que el decreto de la dictadura 22.278, de Régimen Penal de la Minoridad, estableció que los menores de 16 años son inimputables, por lo que ninguna medida coercitiva de privación de la libertad podría ser legal. Para cambiar esa realidad, el senador Emilio García Méndez, del bloque Solidaridad e Igualdad, presentó un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado y espera ser debatido en la Cámara de Diputados. La socióloga Silvia Stuchlik, de la Fundación Sur presidida por García Méndez, planteó que “hay que generar un régimen penal para personas menores de edad que sea distinto al de los adultos. Con el decreto de la dictadura, los chicos no tienen un debido proceso y, por lo tanto, no tienen garantías, pueden estar privados de libertad por tiempo indeterminado”. La investigadora explicó que las estadísticas son “escasas e insuficientes” pero recordó que, en 2008, la Universidad de Tres de Febrero estipuló que había 6294 de chicos en conflicto con la ley, de los que 1799 estaban privados de la libertad, es decir un 30 por ciento.“El proyecto propone crear un registro nacional de carácter federal y establecer la mediación penal para trabajar entre los adolescentes y las víctimas de los delitos. El Estado en su conjunto tiene que llevar adelante esta reforma”. Gimol Pinto, de UNICEF, agregó que “un nuevo sistema penal especializado para adolescentes debe generar nuevas oportunidades de inclusión social, como órganos de juzgamiento especiales, procedimientos específicos más ágiles con pleno respeto de las garantías, medidas socioeducativas y servicios especializados para adolescentes infractores. La privación de la libertad no debe ser el eje del sistema, sino una medida de último recurso y por el menor tiempo posible”. El especialista León Carlos Arslanián coincide en que “el problema pasa por otro lado. No tenemos establecimientos para mandar a los menores de 16. Y si bajamos la edad de imputabilidad a los 14, vamos a agravar la situación”. Sin embargo, elogió el proyecto de García Méndez y deploró que “la derecha ve al menor como alguien más peligroso que al mayor mientras que, actualmente, ni siquiera se respeta la prohibición de alojar menores en comisarías, como sucedió con Luciano Arruga, detenido en una dependencia policial, que permanece desaparecido”. El jefe de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, también se sumó al debate. “Desde hace más de una década se discute un régimen penal especial para los niños menores de 18 años –detalló– pero no se consiguió sancionarlo. Se incumple flagrantemente la ley de Protección Integral de la niñez del 2005 que establecía una serie de órganos que no han sido puestos en funcionamiento, como el defensor de niños”. El radical reclamó “un régimen que tutele a los menores ya que el actual les quita derechos” y cuestionó “la escasez de estadísticas”.Pero no todos coinciden con la reforma. El juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias exigió “no criminalizar a los menores” y denunció que “los pibes ingresan al delito por las adicciones y por la utilización que la policía y los punteros políticos hacen de los menores”. Sobre el caso que disparó el debate, precisó que “el pibe tenía una pistola 9 milímetros, un arma policial, y no está establecido cómo la consiguió. Además, el pibe estaba en estado de intoxicación, por lo que hay que darle un tratamiento para recuperarlo, ver sus condiciones sociales, si fue a la escuela, si tiene padres e identificar por qué cayó en el delito. No se necesita bajar la edad de imputabilidad, hay normas para tratarlo”. Florencia Arietto, abogada de la ONG Arde la Ciudad, alertó que “con la ley no cambia nada, pues interviene cuando el delito se cometió. Para evitar el delito y el daño, hay que prevenir, meter las manos en el fango, en la policía, en la justicia y en los políticos que subejecutan partidas y miran sin ver a esos pibes que antes de ser reclutados para cometer delitos piden a gritos una oportunidad”.