En su reciente visita a Alemania, la Presidenta de la Nación consideró con la Jefa de gobierno alemán, Angela Merkel, la situación argentina frente a la deuda con el Club de París. En ese Club el único deporte que se practica es la renegociación de la deuda externa oficial multilateral, lo cual suele ser poco saludable para los deudores. Se trata de reestructurar los pagos de los servicios de los préstamos otorgados o garantizados por los gobiernos o las agencias oficiales de los países acreedores. El Club se inauguró en 1955, curiosamente con una negociación con Argentina.
Ahora la Argentina tiene una deuda con 19 países desarrollados acreedores, cuyo monto asciende a cerca de 6.700 millones de dólares (que puede variar en función de los intereses a computar). Por nuestra parte, pagarle al Club de París sirve para que los organismos de los países desarrollados que otorgan seguros a las inversiones en el extranjero, garanticen las inversiones en Argentina.
Pues bien: el Gobierno argentino expresó su voluntad de pagar en cuotas, pero el Club de París exige la conformidad del Fondo Monetario Internacional (FMI), que nada tiene que ver en estos préstamos. La Argentina no acepta la injerencia del FMI y entonces la negociación está paralizada.
¿Por qué si un país quiere pagar, el Club de acreedores no recibe el pago? Para entender esta aparente contradicción, hay que ubicar el problema en su verdadero lugar: es una cuestión política, más que técnico-económica. Existe un entretejido financiero internacional que tiene como eje al FMI y que pretende –hasta ahora con bastante éxito– manejar la política económica externa e interna de los países.
El FMI continúa con su peligrosidad comparable a la del mono con navaja. ¿Por qué actúa así? Ya lo explicó el Premio Nobel Joseph Stiglitz: aplica una teoría económica equivocada y sus objetivos consisten en favorecer al sistema financiero mundial. Además tiene la corpulencia necesaria como para hacer cumplir sus dogmas (el respaldo de los países poderosos y del sistema financiero internacional) y dispone de una navaja, con la que puede cortar el financiamiento institucional externo.
Hasta ahora había actuado sobre países que habían perdido su soberanía económica. La novedad es que acaban de ingresar en esta categoría varias naciones desarrolladas. Los casos típicos son los de Grecia y España, que son obligados a aplicar drásticos planes de ajuste. En el caso de España no existe un acuerdo stand-by con el FMI; pero sin embargo el FMI aprovechó el examen de rutina del art. IV, para esgrimir la navaja e imponer un fuerte plan de ajuste, “en la perspectiva del uso de recursos del FMI”. Ojo: este examen del art. 4 es el que quieren ahora realizar en la Argentina; por suerte no usamos recursos del FMI.
¿Cómo se remedia esto? Muy simple en la expresión pero difícil en la práctica: con la recuperación de la soberanía. Los argentinos tenemos en nuestra historia varias experiencias de pérdida y recuperación de la soberanía. Sabemos que no todo es achacable al FMI, ya que varios gobiernos y las oligarquías nacionales obraron activamente en ese sentido; además usaron al FMI para legitimar sus pretensiones.
La recuperación de la soberanía equivale a sacarle la navaja al mono. Para lograrlo, el primer requisito era independizarse del FMI, que dictaba nuestra política económica. Este objetivo se logró en diciembre de 2005, cuando el Presidente Kirchner anunció el pago inmediato de toda la deuda con el FMI, que llegaba a 9.810 millones de dólares; para eso se usaron reservas internacionales. De tal modo, finalizó medio siglo de dependencia del FMI, que condicionó y degradó la política económica argentina.
Para evaluar este acontecimiento es necesario distinguir, por una parte, el objetivo perseguido y, por la otra, los instrumentos utilizados. El objetivo que se ha logrado consiste en independizarse de la tutela del FMI, que sólo puede intervenir cuando los países solicitan préstamos y reciben desembolsos.
Para desligarse del FMI podían utilizarse varios instrumentos. Algunos privilegiaban el aspecto financiero y otros el político. Veamos.
La primera alternativa era el no pago de la deuda con el FMI o la aplicación de una quita (análoga, por ejemplo, a la aplicada a los bonistas privados). La segunda alternativa consistía en pagar toda la deuda. El Gobierno eligió esta última posibilidad. Tal decisión pudo adoptarse sobre la base de la buena posición de las reservas, que bastaban para hacer frente a cualquier eventualidad, y las favorables perspectivas del comercio exterior.
Para evaluar este acto no puede confundirse el objetivo con los instrumentos, ni subordinarse lo fundamental a lo accesorio. Se ha dicho, en tono de crítica, que una decisión política ha prevalecido sobre un tema económico. Sin embargo, es lógico que haya sido así. Ya Aristóteles decía que la economía es un arte ministerial de la política. En este caso, lo fundamental era recuperar un aspecto esencial de la soberanía, que es la facultad política de decidir el manejo de la economía; y lo accesorio, la forma de instrumentarlo.
En definitiva, para evaluar la conveniencia –o no– del pago al FMI es pertinente un relato medieval. Había ciudades que estaban sojuzgadas por un enemigo poderoso y que querían recuperar su libertad. Podían hacerlo de dos maneras: o peleando, o pagando por su libertad. La elección del método dependía de la fuerza de cada uno. Si lo más probable era el triunfo por las armas, ya sea por la mayor fuerza propia o porque el enemigo estaba debilitado, lo mejor era pelear. Se asumía un riesgo razonable. Pero se sabía que si se perdía, continuaría exacerbada la ocupación enemiga y aumentaría la exacción de riquezas. Por eso, si no se estaba seguro de ganar la guerra, si el tributo era por una sola vez y podía pagarse sin mayores inconvenientes, convenía pagar. No era una cuestión de valentía, de legalidad ni de justicia, sino el resultado de una cruda relación de fuerzas. Se pagaba el precio de la libertad si militarmente se era más débil.
En nuestro caso, el Gobierno optó por el pago. Como el resultado de la pelea era incierto, era más seguro comprar soberanía. Ahora la estamos utilizando. La continuación de la dependencia del FMI hubiera hecho imposible la política económica de desarrollo económico con inclusión social que se practica. Se obtuvieron muchas conquistas que hubieran sido vetadas por el FMI, tales como el sistema cambiario administrado, la renegociación de la deuda externa, la expansión del gasto público, las estatizaciones (de las jubilaciones, de la empresa de agua potable, de Aerolíneas Argentinas), el aumento de salarios y jubilaciones, la asignación universal por hijo.
La soberanía “es la capacidad real para autodeterminarse que tiene la unidad estatal” (Arturo E. Sampay). Su recuperación y afianzamiento es el requisito indispensable para poder aplicar un plan nacional y popular. El desligamiento del FMI fue una condición esencial para lograrlo. Ahora podemos decir “no”.
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