Especialistas y víctimas revelan cómo opera el tráfico sexual. Un caso testigo: Florencia Penacchi, cinco años de misterios y sospechas.
Por Tomás Eliaschev
En el último año y medio, 700 mujeres, adolescentes y niñas fueron sometidas a esclavitud sexual en el país y se estima que, en total, hay 60 mil mujeres atrapadas en whiskerías. Según las organizaciones de la sociedad civil, los proxenetas pagan tres mil dólares por adueñarse de las víctimas que, luego, atenderán a un “cliente” cada veinte minutos. El 70 por ciento de mujeres y niñas en esa situación son argentinas (de las que el 90 por ciento proviene del noreste), mientras que el 30 por ciento restante son extranjeras, sobre todo paraguayas, peruanas, bolivianas, colombianas, dominicanas y ucranianas. En el mundo, este negocio mueve 32 mil millones de dólares anuales. La lucha contra las redes de trata fue uno de los temas principales del XXV Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó entre el 9 y el 11 de octubre en Paraná, al que asistieron más de 30 mil participantes. La problemática también preocupa al Ministerio Público Fiscal de la Nación, que firmó un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales para mejorar las capacidades de investigación y persecución de los delitos de trata y explotación sexual. El silencio apenas empieza a romperse, pero según denuncian las organizaciones no gubernamentales no hay avances significativos.
Uno de los casos emblemáticos es el de Florencia Penacchi, desaparecida hace cinco años. El 21 de septiembre cumplió 28 años y Pedro, su hermano, reclamó su aparición con vida. Dice que la investigación no avanza porque “la policía es cómplice o sus integrantes unos inútiles. En las redes está medio mundo prendido y la Justicia no funciona”. Lo dice mientras recibe un volante que promociona chicas. “Esto demuestra la impunidad con la que se manejan”, se queja.
Si bien la Procuración General de la Nación creó la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración de la Nación (UFASE) y recomendó investigar y clausurar las whiskerías, el negocio se hace a vistas de toda la sociedad.
Florencia, oriunda de Neuquén, desapareció en la madrugada del 16 de marzo de 2002. Meses más tarde se supo, por las llamadas registradas en su celular, que había ido a comprar cocaína a Confusión, un boliche ubicado en la esquina de Costa Rica y Scalabrini Ortiz del barrio de Palermo. Nunca más se supo de ella. La principal línea investigativa es que fue “chupada” por las redes de trata. Sin embargo, el dealer (proveedor) no fue llamado a declarar. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, otra víctima, asegura que “en la causa que investiga el fiscal Marcelo Retes, hay testimonios de dos jóvenes rescatadas que indican que Florencia fue vista en prostíbulos de diversas provincias del país”.
Las amigas de Florencia formaron la organización “Sin Cautivas” y señalan que “un agente de la Policía Federal que intervino desde el principio en la investigación está denunciado por su presunta participación en redes de trata y prostitución”. Se refieren al comisario inspector Jorge Cipolla, máxima autoridad de la División Trata de Personas, quien fue denunciado ante el juez federal Ariel Lijo por Nancy Miño Velázquez, auxiliar de la Policía Federal en esa división. Según Miño Velázquez, quien se infiltró encubierta en las redes de explotación sexual, Cipolla sería el responsable del cobro de coimas para dar libertad de acción a tratantes y regentes de prostíbulos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.
Las mujeres congregadas en Paraná emitieron un documento señalando que en Entre Ríos hay un solo procesado por este delito, a pesar de que la ruta 14, que atraviesa la provincia, es conocida como “la ruta de la trata”, y de que Entre Ríos es considerada zona de ablande de las mujeres que son sometidas a la esclavitud sexual. “El 90 por ciento de las víctimas de las redes de trata provienen de nuestra región –detallaron–. Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos son las provincias de donde provienen los proxenetas más importantes que envían a las mujeres a cabarets de todo el país.” En la provincia, además, “hay habilitadas 101 whiskerías, donde mujeres como Marta Rodríguez encuentran en la muerte la única salida. Hace seis años Fernanda Aguirre fue secuestrada en la ciudad de San Benito; su madre, María Inés Cabrol, murió este año sin saber qué pasó con su hija”. Marta Rodríguez era misionera, tenía 26 años y apareció “suicidada” el año pasado.
Fabiana Túñez, de la Asociación Civil “Casa del Encuentro”, una de las dos organizaciones que brindan refugio a las chicas rescatadas de la trata, explicó que “las redes operan con conexiones locales e internacionales. Hay una persona que identifica a la futura víctima y la entrega para que la secuestren, luego la llevan a un lugar de tránsito y se le practica lo que se denomina ‘ablandamiento’: las chicas son sometidas a torturas, violaciones y amenazas, además de ser drogadas. Después las trasladan y encierran en prostíbulos. Son castigadas cuando no quieren atender a un cliente. Es tal el miedo, que queda minada la capacidad de reacción, por eso muchas víctimas no se escapan”.
Doudou Diène, senegalés y ex relator de la ONU para temas de racismo (ver recuadro), , pormenorizó las “dimensiones de la esclavitud que son permanentes”: “La esclavitud ideológica, ya que se los deshumaniza y se los presenta como inferiores culturalmente, personas que aceptaron su condición; la cuestión económica, en todo sistema de esclavitud siempre hay un factor económico permanente, la explotación; y la cuestión del movimiento, de mover a la gente de un lugar a otro. El tráfico de personas toca a todas las razas, a todos los grupos étnicos. La noción de la inferioridad de la mujer, de la mujer como objeto sexual, está detrás de la moderna prostitución”.
Por otro lado, muchas veces esas mujeres llegan voluntariamente, atraídas por un ofrecimiento laboral con mejores condiciones, “siempre en otras provincias –aclara Túñez–. Pero cuando llegan a destino, se encuentran en un prostíbulo y con una deuda por el pasaje, el traslado, la ropa y la alimentación. Las amenazan permanentemente con que van matar a sus familias. Cuando intentan escaparse, se enferman o no les sirven más, las matan. Atienden un ‘prostituyente’, como llamamos a los que pagan para no normalizar la palabra cliente, cada 20 minutos y su vida laboral ‘útil’ es de 14 a 20 años”. No hay estadísticas oficiales de la cantidad de víctimas de trata, pero de acuerdo con los datos de Casa del Encuentro, en el último año y medio más de 700 mujeres y niñas fueron secuestradas por esas redes. La ley vigente, promulgada en 2008 y que ocasionó sólo ocho condenas, establece que las víctimas mayores de edad deben demostrar que no dieron su consentimiento, cláusula que fue muy cuestionada y originó que la Cámara de Diputados analice su reforma. “Pedimos que no haya diferencia entre víctimas mayores y menores; un programa nacional de asistencia a las víctimas y que la trata sea declarada delito de lesa humanidad”, dice Túñez.
A fines de 2009 las organizaciones civiles que trabajan en el tema denunciaron ante la Procuración General de la Nación la existencia de 613 prostíbulos, 178 líneas telefónicas con avisos sexuales y cerca de 20 páginas web prostibularias en la ciudad de Buenos Aires. Y aunque unos meses antes el procurador Esteban Righi había firmado una resolución para que se retiraran las habilitaciones municipales que encubren a los prostíbulos, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, declararon la inconstitucionalidad de la norma.
A dos años de la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, se rescataron 654 personas en situación de esclavitud a través de 423 allanamientos en los que fueron detenidas 428 personas, entre ellos volanteros, clientes y custodios, pero no proxenetas. Los allanamientos sean realizados por la División de Trata de Personas de la Policía Federal.
El ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y sociólogo Marcelo Saín explicó que “hay tres grandes mercados ilegales: el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilegal de autopartes. Pero poner el delito de un lado y el mundo de la sociedad legal del otro es una ilusión óptica. El grueso de los que consumen esos bienes proviene de la sociedad ‘honesta’. Sin esa demanda persistente, no hay mercado ilegal”. De acuerdo con Saín, experto en problemáticas de seguridad, “en estos mercados ilegales hay una regulación estatal o paraestatal, a través de la corrupción policial”.
Mario Ganora, abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Fundación Alameda, señaló que “la situación de trata persiste en el tiempo porque no funciona la inspección laboral. No hay mecanismos para controlar el ingreso ni la permanencia en el país de gente que proviene de otros países, y la corrupción policial es grande: estamos advirtiendo que las comisarías perciben ingresos por la protección casi mafiosa de estas conductas ilícitas”.
El mecanismo para desarmar las redes de trata de personas no es sencillo de accionar y la sola voluntad no alcanza. Falta, según los testimonios, un compromiso responsable de los sectores responsables de proteger a los ciudadanos, entre ellos las 60 mil mujeres esclavizadas en las whiskerías y prostíbulos del país.
En el último año y medio, 700 mujeres, adolescentes y niñas fueron sometidas a esclavitud sexual en el país y se estima que, en total, hay 60 mil mujeres atrapadas en whiskerías. Según las organizaciones de la sociedad civil, los proxenetas pagan tres mil dólares por adueñarse de las víctimas que, luego, atenderán a un “cliente” cada veinte minutos. El 70 por ciento de mujeres y niñas en esa situación son argentinas (de las que el 90 por ciento proviene del noreste), mientras que el 30 por ciento restante son extranjeras, sobre todo paraguayas, peruanas, bolivianas, colombianas, dominicanas y ucranianas. En el mundo, este negocio mueve 32 mil millones de dólares anuales. La lucha contra las redes de trata fue uno de los temas principales del XXV Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó entre el 9 y el 11 de octubre en Paraná, al que asistieron más de 30 mil participantes. La problemática también preocupa al Ministerio Público Fiscal de la Nación, que firmó un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales para mejorar las capacidades de investigación y persecución de los delitos de trata y explotación sexual. El silencio apenas empieza a romperse, pero según denuncian las organizaciones no gubernamentales no hay avances significativos.
Uno de los casos emblemáticos es el de Florencia Penacchi, desaparecida hace cinco años. El 21 de septiembre cumplió 28 años y Pedro, su hermano, reclamó su aparición con vida. Dice que la investigación no avanza porque “la policía es cómplice o sus integrantes unos inútiles. En las redes está medio mundo prendido y la Justicia no funciona”. Lo dice mientras recibe un volante que promociona chicas. “Esto demuestra la impunidad con la que se manejan”, se queja.
Si bien la Procuración General de la Nación creó la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas de la Procuración de la Nación (UFASE) y recomendó investigar y clausurar las whiskerías, el negocio se hace a vistas de toda la sociedad.
Florencia, oriunda de Neuquén, desapareció en la madrugada del 16 de marzo de 2002. Meses más tarde se supo, por las llamadas registradas en su celular, que había ido a comprar cocaína a Confusión, un boliche ubicado en la esquina de Costa Rica y Scalabrini Ortiz del barrio de Palermo. Nunca más se supo de ella. La principal línea investigativa es que fue “chupada” por las redes de trata. Sin embargo, el dealer (proveedor) no fue llamado a declarar. Susana Trimarco, madre de Marita Verón, otra víctima, asegura que “en la causa que investiga el fiscal Marcelo Retes, hay testimonios de dos jóvenes rescatadas que indican que Florencia fue vista en prostíbulos de diversas provincias del país”.
Las amigas de Florencia formaron la organización “Sin Cautivas” y señalan que “un agente de la Policía Federal que intervino desde el principio en la investigación está denunciado por su presunta participación en redes de trata y prostitución”. Se refieren al comisario inspector Jorge Cipolla, máxima autoridad de la División Trata de Personas, quien fue denunciado ante el juez federal Ariel Lijo por Nancy Miño Velázquez, auxiliar de la Policía Federal en esa división. Según Miño Velázquez, quien se infiltró encubierta en las redes de explotación sexual, Cipolla sería el responsable del cobro de coimas para dar libertad de acción a tratantes y regentes de prostíbulos de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires.
Las mujeres congregadas en Paraná emitieron un documento señalando que en Entre Ríos hay un solo procesado por este delito, a pesar de que la ruta 14, que atraviesa la provincia, es conocida como “la ruta de la trata”, y de que Entre Ríos es considerada zona de ablande de las mujeres que son sometidas a la esclavitud sexual. “El 90 por ciento de las víctimas de las redes de trata provienen de nuestra región –detallaron–. Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos son las provincias de donde provienen los proxenetas más importantes que envían a las mujeres a cabarets de todo el país.” En la provincia, además, “hay habilitadas 101 whiskerías, donde mujeres como Marta Rodríguez encuentran en la muerte la única salida. Hace seis años Fernanda Aguirre fue secuestrada en la ciudad de San Benito; su madre, María Inés Cabrol, murió este año sin saber qué pasó con su hija”. Marta Rodríguez era misionera, tenía 26 años y apareció “suicidada” el año pasado.
Fabiana Túñez, de la Asociación Civil “Casa del Encuentro”, una de las dos organizaciones que brindan refugio a las chicas rescatadas de la trata, explicó que “las redes operan con conexiones locales e internacionales. Hay una persona que identifica a la futura víctima y la entrega para que la secuestren, luego la llevan a un lugar de tránsito y se le practica lo que se denomina ‘ablandamiento’: las chicas son sometidas a torturas, violaciones y amenazas, además de ser drogadas. Después las trasladan y encierran en prostíbulos. Son castigadas cuando no quieren atender a un cliente. Es tal el miedo, que queda minada la capacidad de reacción, por eso muchas víctimas no se escapan”.
Doudou Diène, senegalés y ex relator de la ONU para temas de racismo (ver recuadro), , pormenorizó las “dimensiones de la esclavitud que son permanentes”: “La esclavitud ideológica, ya que se los deshumaniza y se los presenta como inferiores culturalmente, personas que aceptaron su condición; la cuestión económica, en todo sistema de esclavitud siempre hay un factor económico permanente, la explotación; y la cuestión del movimiento, de mover a la gente de un lugar a otro. El tráfico de personas toca a todas las razas, a todos los grupos étnicos. La noción de la inferioridad de la mujer, de la mujer como objeto sexual, está detrás de la moderna prostitución”.
Por otro lado, muchas veces esas mujeres llegan voluntariamente, atraídas por un ofrecimiento laboral con mejores condiciones, “siempre en otras provincias –aclara Túñez–. Pero cuando llegan a destino, se encuentran en un prostíbulo y con una deuda por el pasaje, el traslado, la ropa y la alimentación. Las amenazan permanentemente con que van matar a sus familias. Cuando intentan escaparse, se enferman o no les sirven más, las matan. Atienden un ‘prostituyente’, como llamamos a los que pagan para no normalizar la palabra cliente, cada 20 minutos y su vida laboral ‘útil’ es de 14 a 20 años”. No hay estadísticas oficiales de la cantidad de víctimas de trata, pero de acuerdo con los datos de Casa del Encuentro, en el último año y medio más de 700 mujeres y niñas fueron secuestradas por esas redes. La ley vigente, promulgada en 2008 y que ocasionó sólo ocho condenas, establece que las víctimas mayores de edad deben demostrar que no dieron su consentimiento, cláusula que fue muy cuestionada y originó que la Cámara de Diputados analice su reforma. “Pedimos que no haya diferencia entre víctimas mayores y menores; un programa nacional de asistencia a las víctimas y que la trata sea declarada delito de lesa humanidad”, dice Túñez.
A fines de 2009 las organizaciones civiles que trabajan en el tema denunciaron ante la Procuración General de la Nación la existencia de 613 prostíbulos, 178 líneas telefónicas con avisos sexuales y cerca de 20 páginas web prostibularias en la ciudad de Buenos Aires. Y aunque unos meses antes el procurador Esteban Righi había firmado una resolución para que se retiraran las habilitaciones municipales que encubren a los prostíbulos, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal, Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballesteros, declararon la inconstitucionalidad de la norma.
A dos años de la creación de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas, se rescataron 654 personas en situación de esclavitud a través de 423 allanamientos en los que fueron detenidas 428 personas, entre ellos volanteros, clientes y custodios, pero no proxenetas. Los allanamientos sean realizados por la División de Trata de Personas de la Policía Federal.
El ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y sociólogo Marcelo Saín explicó que “hay tres grandes mercados ilegales: el narcotráfico, la trata de personas y el tráfico ilegal de autopartes. Pero poner el delito de un lado y el mundo de la sociedad legal del otro es una ilusión óptica. El grueso de los que consumen esos bienes proviene de la sociedad ‘honesta’. Sin esa demanda persistente, no hay mercado ilegal”. De acuerdo con Saín, experto en problemáticas de seguridad, “en estos mercados ilegales hay una regulación estatal o paraestatal, a través de la corrupción policial”.
Mario Ganora, abogado de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Fundación Alameda, señaló que “la situación de trata persiste en el tiempo porque no funciona la inspección laboral. No hay mecanismos para controlar el ingreso ni la permanencia en el país de gente que proviene de otros países, y la corrupción policial es grande: estamos advirtiendo que las comisarías perciben ingresos por la protección casi mafiosa de estas conductas ilícitas”.
El mecanismo para desarmar las redes de trata de personas no es sencillo de accionar y la sola voluntad no alcanza. Falta, según los testimonios, un compromiso responsable de los sectores responsables de proteger a los ciudadanos, entre ellos las 60 mil mujeres esclavizadas en las whiskerías y prostíbulos del país.
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