El delito y el temor al delito es, en la Argentina de estos días, la suma de todos los miedos. Los últimos hechos de violencia visibilizaron –una vez más– las demandas de seguridad. El jueves, unas tres mil personas marcharon a Plaza de Mayo para reclamar. Hubo una sensación de déjà vu, con la imagen de Juan Carlos Blumberg poblando los canales de noticias. La movilización estuvo encabezada por los padres de Matías Berardi y Diego Rodríguez. Matías tenía 17 años y fue secuestrado y luego asesinado por sus captores. Diego era modelo y lo mataron de un tiro en la cabeza, cuando intentaron robarle su camioneta en Liniers. Dos casos con una característica en común: fueron muertes violentas. Si bien la tasa de homicidios es baja en el país, muchos analistas ya hablan de un aumento de la violencia en determinados delitos. Sin caer en la psicosis que proponen algunos medios y políticos, podría decirse que hay menos delitos, pero más violentos.
“En nuestro país, la acción del Estado frente al incremento de la violencia y el delito se ha limitado mayormente a respuestas facilistas y autoritarias que consolidaron la ineficacia policial, judicial y penitenciaria”, dice el primer punto del documento del Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD), una alianza multisectorial y multipartidaria que promueve soluciones al problema de la inseguridad y el delito. El ADS señala que las políticas de mano dura no redujeron el delito y, por el contrario, aumentaron la violencia: “La delegación de la seguridad en las policías, el incremento de las penas, el debilitamiento de las garantías y las políticas centradas en el encarcelamiento masivo basado en la prisión preventiva son los ejes recurrentes de estas políticas de mano dura.”
El Latinbarómetro es una encuesta que se realiza en 18 países de la región desde 1995. En 2008 fue la primera vez que la delincuencia se colocó como la principal preocupación para el total de encuestados. En el país, la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad dio a conocer días atrás nuevas cifras del delito. La tasa de homicidios dolosos cada cien mil habitantes fue en 2008 de 5,8. En 2002 era de 9,20 cada cien mil habitantes. El país ocupa el cuarto lugar del continente. En personas: de 3.453 homicidios dolosos (2002) se bajó a los 2.305 (2008). Los dolosos son homicidios que van desde un crimen por encargo hasta la muerte en ocasión de robo. El 64 por ciento de esos crímenes fueron por peleas entre parejas, familiares, conocidos o vecinos. Los restantes son los casos de inseguridad.
Las estadísticas no mencionan los homicidios culposos: en esa categoría entran los miles de muertos que provocan cada año los accidentes de tránsito. Los números de otros países de la región contextualizan: Honduras tiene 57,9 homicidios dolosos cada cien mil habitantes. Le siguen: Venezuela (52), Guatemala (49), El Salvador (44) y Colombia (40). Mejor les va a Chile (1,6), Canadá (1,83) y Estados Unidos (5,4).
La Universidad Di Tella creó hace unos años el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (Licip), que funciona desde 2007 dentro de la Escuela de Negocios. El Licip elabora todos los meses un índice de victimización, que se realiza en 40 ciudades de todo el país. El último, de agosto, reveló que de cada cien hogares argentinos, 23 sufrieron al menos un robo con violencia.
“El homicidio doloso no es la única modalidad delictiva. Los delitos contra la propiedad, robos, hurtos, aquellos que pueblan el paisaje cotidiano, violentos muchos, pero que no culminan con la muerte del individuo, existen y son muchísimo más frecuentes que los homicidios dolosos. Y no se denuncian en su mayoría absoluta. No es una sensación, obviamente, se trata de una circunstancia absolutamente real, aunque el análisis regional muestre a Argentina en situación de seguridad muy ventajosa respecto a Latinoamérica”, escribió en su blog Ramble Tamble el sociólogo Artemio López.
Una baja tasa de homicidios, entonces, no garantiza una baja percepción de inseguridad, ese miedo subjetivo al delito. “La articulación entre tasas de victimización altas –en su mayoría delitos menores– y tasas de homicidio bajas pero con mucha presencia mediática, y a menudo en ocasión de esos delitos menores, hace que la experiencia personal de victimización se viva no según el cálculo de probabilidades de su baja posibilidad de desenlace fatal, sino en términos de incertidumbre”, dijo en una entrevista con Página/12 Gabriel Kessler, doctor en Sociología e investigador del Conicet.
En su libro El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito, Kessler afirma: “No es sorprendente que el sentimiento de inseguridad esté emplazado sólidamente. Hasta el presente se han ido conjugando una serie de condiciones para que el tema emerja. Las tasas de delito se incrementaron dos veces y media desde mediados de los años ochenta. El sentimiento de inseguridad se conforma en gran medida en comparación con el pasado y, así las cosas, si los homicidios siguen siendo comparativamente bajos respecto a otros países de la región, han superado sus umbrales históricos”. Kessler menciona que las muertes ocasionadas por el uso indebido de medicamentos son casi diez veces mayor a las producidas en situación de robo. También son mayores las ocurridas en accidentes viales. Sin embargo –dice– se trata de temas de “mucho menor impacto público”.
Shila Vilker es docente e investigadora de la UBA. Hace años que viene investigando la percepción de la inseguridad. Cree que hoy se registra un aumento de la violencia en determinados delitos. Lo atribuye al cambio en “las formas del ejercicio de la violencia y su regulación”. Dice a Miradas al Sur. “La falta de previsibilidad de la sociedad post-salarial, drama que se hace más acuciante cuanto más bajos los sectores, introduce una nueva temporalidad que excluye el futuro. Sin largo plazo, desaparecen las autocoacciones. En ese sentido, una de las dimensiones de la nueva violencia está vinculada a la altísima irracionalidad. Por otro lado, el mayor encarnizamiento y la brutalidad garantiza una entrada en el mundo de los medios. Desde la perspectiva de muchos jóvenes que delinquen, la entrada al mundo mediático, inquietantemente, es considerado un valor.”
“Los delitos como robos, hurtos y asaltos a mano armada –con alto grado de violencia– han aumentado más que los homicidios dolosos. Por múltiples razones. Principalmente por la desconfianza y sospecha en la connivencia de las fuerzas de seguridad con las organizaciones criminales. Y mayoritariamente no se denuncian”, señaló Victoria Donda a Miradas al Sur. La diputada nacional, adherente al ASD, dice que las raíces de esta problemática están en los “regímenes autoritarios que arraigaron costumbres institucionales altamente violentas”. Y que son parte de las causas de que hayan aumentado “los índices de desigualdad y exclusión social, y consecuentemente las prácticas violentas en la comunidad”.
El delito sí será televisado. El régimen de representación del delito en los medios cambió. “La inseguridad es una sección cotidiana en los noticieros; la profusión de imágenes, la cámara en el lugar del hecho, la actualización constante del delito en los diarios on line van enhebrando una trama sin fin de situaciones, datos y noticias. La preocupación ya no parece ser de las grandes urbes. Pequeñas y medianas ciudades ya no estarían al margen de lo que es calificado como un flagelo. La inseguridad ha pasado a ser un problema público nacional”, escribió Kessler.
¿Cuánto influye en la generación de psicosis y miedo la fuerte presencia mediática de la inseguridad ligada al delito? Responde Vilker: “No existe una relación mecánica entre miedos y noticias televisivas de inseguridad. En la opinión pública aparecen con claridad, y en primer lugar, otra clase de emociones: la bronca y la tristeza y recién en tercer lugar el miedo. También las noticias muchas veces movilizan ese sentimiento egoísta que es ‘la alegría de estar vivo’, mientras otros han sufrido el destino violento. A su vez, muchos jóvenes de los sectores más acomodados de la sociedad manifiestan que las noticias de violencia, increíblemente, les ‘causan gracia’.”
La investigadora de la UBA señala que más de un 20 por ciento de la población “no sólo ha visto noticias sobre criminalidad, sino que ‘han presenciado’ situaciones delictivas”. Delitos que les pasaron a otros. “La experiencia masiva como testigo de hechos de violencia callejera –aunque sea menores– redunda en una amplificación y confirmación de la emisiones televisivas”, señaló Vilker. Y explica que muchos creen que la TV, en todo caso, no muestra todo lo que pasa. “Finalmente, muchos encuestados sostienen que los medios les ayudan a la hora de trazar recorridos, prevenirse o evitar ser víctimas de un delito.” Un uso social de la TV: “Por eso –dice Vilker– no estaría dispuesta a sostener un único rol para los medios meramente adverso”.
Artemio López considera que los medios no crean el fenómeno, y que ni siquiera lo amplifican demasiado. “Si tuviéramos un reflejo televisivo de la cantidad de delitos cometidos diariamente, debieran transmitir en cadena nacional las 24 horas. Lo que los medios masivos logran es editorializar el tema e intentar, en coyunturas de gran conflicto, direccionar el reclamo genuino, esta vez, contra el Gobierno Nacional. Editorializan recortando la problemática compleja, despojándola de toda conexión institucional, económica y social. Aparece transmitida sólo la imagen espectacular de dolor y muerte que trae como consecuencia el fenómeno.”
Para Donda, la generación de miedo en la sociedad apunta a “describir la situación actual como un estado de guerra de todos contra todos, que debería ser controlada por una autoridad eficaz”. “La instalación mediática del tema ‘inseguridad’ –agrega– debería reflejar la complejidad que tiene, y no reproducir ciertos supuestos que ya han fracasado.”
No es posible hablar de seguridad pública y dejar de lado a la policía. La institución del Estado que suele ser la gran gerenciadora del delito. “Los miembros de las instituciones policiales, y en particular sus mandos superiores, resisten con mayor o menor temple corporativo todo tipo de escudriñamiento, inspección o examen. En gran medida, dicha renuencia se orienta a ocultar un conjunto de prácticas institucionales signadas por la corrupción, la protección y la regulación de actividades delictivas cometidas cotidianamente por policías contra ciudadanos. También se busca disimular las deficiencias en el desempeño de sus funciones, en gran medida derivadas de los anacronismos doctrinarios”, escribió el doctor en Ciencias Sociales Marcelo Saín, en su libro El Leviatán Azul. Policía y política en la Argentina.
“Las instituciones que administran la fuerza pública tienen grados altísimos de deslegitimación frente a amplios sectores con quienes deberían interactuar para proteger sus derechos”, denuncia Donda. Y aporta: “Es fundamental iniciar una reforma profunda de las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, la ley orgánica de la Policía Federal es un decreto-ley del gobierno de facto de1958. Sólo fue reformada por partes, pero nunca tuvo una reforma integral que la ponga a tono con los nuevos tiempos.”
Ante la consulta de Miradas al Sur, uno de los jueces de la Corte Suprema, el penalista Raúl Eugenio Zaffaroni, dio su visión: “En la medida en que cada uno de nosotros siga dando opiniones, seguiremos sin hacer lo correcto. Sencillamente porque opinamos sin saber lo que pasa. No se invierte un peso en hacer investigación de campo, investigación criminológica dirigida a la prevención. No se puede prevenir lo que no se conoce, más que en la medida elemental de lo evidente. No se trata de opinar, sino de saber qué pasa e ir a lo concreto. ¿Hay perfiles de víctimas? ¿Hay perfiles de victimarios? ¿Hay zonificaciones? ¿Se conocen los circuitos de encubrimiento habitual de automotores y otros reducidores? ¿Se sabe cuáles son los factores específicos de riesgo? Como no se sabe nada técnicamente, cada cual puede decir cualquier cosa y la vida humana y la integridad física quedan al vaivén de las ‘opiniones’ políticas y de la búsqueda de ‘rating”.
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