domingo, 24 de octubre de 2010

PLEGARIAS ATENDIDAS


El gobierno de Mendoza adjudicó 70.000 hectáreas al Pueblo Huarpe Milcallac que habita en el desierto de Lavalle. De la sistemática indiferencia del Estado, a la recuperación efectiva de la identidad huarpe como pueblo originario.


Por María Eva Guevara

Se sabe que desde los tiempos fundacionales, un grupo de pobladores de las Lagunas de Guanacache reclamó al gobierno la posesión de sus legítimos territorios invocando su condición de indígenas. Sus demandas fueron sostenidas por lo menos durante medio siglo, siempre en un recurrente escenario de fuertes avances de los terratenientes. Eran tierras bien regadas, con abundante trigo, hasta que el agua interrumpió su curso y el paisaje se fue convirtiendo en la zona medanosa que hoy conocemos.

Como en los tiempos de la colonia existían leyes proteccionistas hacia los indígenas, en 1838 el gobierno de Mendoza tuvo que reconocer mediante decreto la legítima posesión de sus tierras ubicadas en la parte occidental y periférica andina Mendoza, San Juan y San Luis. Pero no hubo más que conflicto de parte de la gestión oficial, sobre todo, a raíz de sucesivas mensuras privadas, que en rigor eran usurpaciones prohibidas por la ley. Por otro lado los títulos que había confeccionado el gobierno español por merced real fueron llamativamente extraviados.

Es así como da comienzo una historia violenta en el territorio. Como sostiene el investigador del Conicet Mendoza, el doctor Diego Escolar, dicha historia violenta está muy bien documentada. En su libro Los dones étnicos de la Nación. Identidades huarpe y modos de producción de soberanía en Argentina, cuenta el caso de uno de los terratenientes que ostentaba una de esas mensuras. Se trataba de Luis Molina, un señor que después llegó a ser gobernador y un aliado político de Sarmiento. Según testimonios recogidos, él, que era nada menos que el blanco de las denuncias e impugnaciones de la comunidad aborigen, hizo una de esas expediciones “pacificadoras” en las que fusiló a varios hombres, les quitó a las familias los hijos de ambos sexos para ser repartidos en diferentes puntos.

“Las tropas arriaron el ganado que hallaron, parte del cual engrosó los puestos de Luis Molina, según se jactara el propio gobernador, y también ordenó que apartaran un par de caballos para su carruaje y seis chinitas para regalar”, relata Diego Escolar.

Por supuesto, en la historia de la región escrita por Sarmiento nunca se mencionan estos hechos ni las demandas indígenas. Tampoco las responsabilidades de los gobiernos provinciales, incluido Sarmiento.

Ya en los tiempos políticos recientes, tampoco puede decirse que haya habido cambios notables en la relación del Estado con este pueblo. La política de tierras se mantuvo por años sin ninguna coherencia.

Si bien la reforma de la Constitución realizada en 1994 expresamente habla “de reconocer los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, en la práctica, los gobernantes continuaron plantados sobre el conflicto, especulando con la conciencia de mucha gente que cree que los huarpes son un componente del pasado remoto que hacía tiempo había dejado de existir. Tampoco existía una visión ajustada a cómo es la tenencia de la tierra en la zona de Lavalle. Por un lado, títulos fraguados, obtenidos por el derecho de usucapion, de ahí la cantidad de superficies privadas superpuestas. Por otro lado, títulos legítimos sobre tierras ocupadas que hablan de una forma de distribución que tiende a verse más como propiedad comunitaria, sin alambrados, pero que en rigor tienen sus límites.

Cuando le tocó gobernar, Roberto Iglesias dio instrucciones al fiscal de Estado para que impulsara la inconstitucionalidad de la ley 6.920. Dicha ley había sido toda una conquista porque ordenaba la restitución de más de 700.000 hectáreas al pueblo huarpe. Recién en 2008 la Corte declaró su constitucionalidad y dio vía libre a la expropiación.

Después, cuando fue el turno de Julio Cobos, este les dijo muy claramente a los representantes de las comunidades que podrían hablar de cualquier cosa menos del asunto de las tierras.

Finalmente, Celso Jaque le dio un viraje a la historia. Por primera vez el reconocimiento de las tierras a los huarpes forma parte de los intereses generales del Estado. El día que firmaba un decreto de adjudicación de 72.000 hectáreas al Pueblo Huarpe Milcallac, Celso Jaque pidió perdón en nombre del Estado. Dijo que se disculpaba por no haber comprendido esta historia a lo largo de 200 años.

Es cierto que este gesto ha sido muy cuestionado por dirigentes de las comunidades, que por cierto no asistieron al acto de entrega de las 70 mil hectáreas en las Lagunas del Rosario. Lo que plantean básicamente es una crítica por “izquierda” que hace tabla rasa de todo lo actuado por el gobierno nacional, provincial y municipal, esgrimiendo falta de autoridad moral para adjudicarse la bandera de la implementación de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios.

Actualmente hay comunidades aborígenes en 22 provincias y en todas se han planteado problemas similares. En cuanto a las herramientas, Mendoza se maneja mirando un poco la experiencia de Jujuy pero también del Chaco, con una particularidad: desde hace años que existe una ley de Arraigo y se está aplicando. Con lo cual, no sólo se está escriturando a nombre de un pueblo aborigen; también se les está dando derecho sobre la tierra a los que habitan en ellas desde hace más de 50 años, sean o no descendientes de huarpes.

De las 700.000 hectáreas que le pertenecen por derecho al conjunto de las comunidades huarpes –todas inscriptas y con personería jurídica reconocida por el INAI (Instituto Nacional Indígena)–, sólo 120.000 son terrenos fiscales. Lo que es del Estado ya ha empezado a transferirse mediante la modalidad de propiedad comunitaria, pero el grueso del territorio está sujeto a lo que suceda con la expropiación.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por una Comisión Evaluadora de Catastro, se han determinado dos valores para el precio de la tierra a expropiar. Se ha determinado en $ 2,80 la hectárea el precio de la mayor parte del área a expropiar; sólo en algunos lugares el monto se eleva a 100 pesos la hectárea ya que cuentan con algún grado de infraestructura. El monto total de lo que habría de desembolsar el Estado es de dos millones cien mil pesos.

Por otro lado, también hay toda una discusión sobre la cantidad de hectáreas a expropiar porque aún no hay una mensura completa. Serían en principio 660 mil hectáreas, en función del primer perímetro que se estableció en la ley 6.920. Es importante aclarar que el gobierno de la provincia calcula que antes de terminar su gestión dicha expropiación de urgencia le permitirá inscribir los títulos a nombre de la provincia para, a partir de allí, comenzar a hablar con las comunidades para acordar la transferencia. Eso tiene que suceder con las 11 comunidades huarpes inscriptas en el INAI.

Sería la mayor expropiación realizada en el país después del año 1952 en Jujuy. Aquel caso fue histórico. Era la época de Juan Domingo Perón, lo expropiado era ni más ni menos que la finca de Patrón Costas. Sus empleados eran habitantes del campo que no recibían sueldo alguno. Se les cobraba seis meses por el pastaje en el lugar a cambio de que ellos le “prestaran” al patrón seis meses de su trabajo. Instaurada la violencia política luego del golpe de 1955, todo lo actuado volvió a la situación anterior, con una feroz revancha contra esos pueblos jujeños.

Qué pasó en las Lagunas del Rosario. Como parte del proceso de reparación histórica la Comunidad de las Lagunas recibió la escritura de las más de 72.000 hectáreas de terreno fiscal en el distrito lavallino de Lagunas del Rosario. El acto en sí mostró otra cara que es la división entre las comunidades huarpes. A grandes rasgos el debate divide a los que dicen que las tierras son una sola y no se subdivide ni fragmenta, y los que entienden que si bien este concepto es correcto desde el punto de vista de la cultura huarpe, estas comunidades tienen autonomía plena y por primera vez están haciéndola efectiva. De ahí que 150 de 162 familias de las Lagunas del Rosario aceptaron las tierras del Estado. Quedan pendientes 24.000 hectáreas más, sujetas al mismo proceso en la zona de San José.

No sólo eso. También dieron su apoyo a que un terreno fiscal pasara a la órbita de la Dirección General de Escuelas a fin de construir una escuela que se daría en llamar La Posta de los Médanos, a 12 kilómetros de las Lagunas y a 12 de San José. Es importante destacar que las distancias son tan extensas y los asentamientos humanos extremadamente dispersos, que para poder hacer la escuela primaria los chicos deben quedarse a dormir en el albergue. La modalidad escuela-albergue es una modalidad justamente pensada para el desierto. Pero ese tipo de escuela genera desarraigo en los niños, indefectiblemente los pequeños extrañan a sus familias. Por eso, La Posta de los Médanos se construirá en un punto equidistante, facilitará que los chicos vayan y vuelvan en el día de la clase a la casa. Es una cuestión de igualdad de derechos, la que se plantea no sólo la construcción de la escuela, sino también otra obra fundamental para la zona como lo es el acueducto de 270 kilómetros.

Marcelino Azaguate, músico y conocido referente de la comunidad Huentota, opinó que francamente el tema de la autonomía es un gran desafío. “Todavía las comunidades están sometidas o no tienen una voz propia, en parte esto sucede por el paternalismo y también porque indefectiblemente vienen actores de afuera y se autoproclaman representantes.”

“Eso hace que se monopolice la información, la gente termina quedando marginada de los proyectos productivos, de las becas, por ejemplo. Terminan siendo usados, avalando después campañas de desprestigio de otros líderes, en fin. Hay todo un proceso dentro de las comunidades, que a veces lleva a que aparezcan trabas, no precisamente del lado del gobierno.”

¿Hace falta más transparencia entonces? Marcelino Azaguate, responde: “Hace falta entender que desde el año 1994 –cuando se modificó la Constitución– hasta el 2010 hemos estamos dependiendo de decisiones políticas para todo. Ahora en concreto en este tema de la expropiación nosotros no vamos a tener que estar litigando, de eso se va a hacer cargo el gobierno, ellos a nosotros nos informan claramente sobre cómo proceden. Si bien algunos dicen que no es verdad, las cosas son muy claras, no hay nada que ocultar, lo que hacen es confundir a la gente.”

Esta problemática, agregó Marcelino Azaguate, la vienen heredando de generación en generación. “Hemos escuchado varias promesas, pero ahora son hechos. Hechos que terminan con lo que se venía haciendo en la ciudad, esto es, hacer aparecer títulos supletorios y reconocerles derechos a tipos que son abogados o jueces, que porque han hecho una mensura sin siquiera entrar el campo, han tenido algún beneficio. Lo hacían para ponerlos como garantías de créditos hipotecarios, de ahí que cada tanto esas mismas propiedades pasaban a manos grandes compañías como la Fiat o sociedades anónimas.”

Ordenamiento urbano. La política del arraigo y de la reparación a los pueblos originarios tiene como protagonista a las comunidades y al actual director de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, Diego Fernández.

–Siempre se ha dicho que los titulares de las tierras de Lavalle eran gente poderosa o influyente y por eso nunca iba a existir voluntad política de avanzar seriamente en la devolución de las tierras huarpes. ¿Cree que esa fue la verdadera razón por la cual la Fiscalía de Estado se opuso tan firmemente a la expropiación?

–Sobre lo que pasó en el 2001, uno no descarta que hayan habido intereses. Si bien la Fiscalía de Estado es un organismo autónomo, el que la dirige sabe leer la decisión política. Es más, en esa etapa el radicalismo hizo reserva, dijeron que votaban a favor de la restitución por mandato partidario, y quince días después se planteó la oposición. Además, otro precedente es que se le pagó a un privado un monto por la indemnización del bosque Telteca, para convertirlo en una reserva natural, que no se condice con los precios sobre los que nosotros estamos expropiando. Son más altos, claramente.

–Ahora hay otro fiscal de Estado pero ya era adjunto en aquella etapa. ¿No hay razón para desconfiar?

–Hay otra política y creo que se interpreta diferente. Además, el decreto actual de expropiación pasó por Fiscalía de Estado sin ningún tipo de observaciones. En dicho decreto se ordena se efectúe un llamado de publicidad-noticia, según esto, en cada título se inscribe una leyenda que dice que esa propiedad está sujeta a expropiación. Está claro cuál es el andamiaje legal hoy y es claro que cambió la lógica del Estado. Por supuesto que las expropiaciones van a ser conflictivas, pero estamos haciendo lo que había que hacer, dándole instrucciones precisas al fiscal de Estado para que comience a expropiar; además conseguimos los fondos para que se pudiera hacer esta expropiación y hoy tenemos los fondos acreditados en las cuentas, son 2.100.000 pesos, el equivalente del presupuesto anual de la DOADU.

–O sea que el Estado ha dado un vuelco...

–Absolutamente, por eso es que a veces quienes han luchado por la continuidad de las comunidades y sus espacios de pronto hoy a veces te atacan desde un lugar que no se entiende. Para dar un ejemplo, podríamos haber optado por una la modalidad de expropiación administrativa, si nosotros nos hubiésemos sentado uno por uno con los que dicen ser titulares de esas tierras y entrar a negociar discutiendo cuánto se pagaría, pero eso nos podría haber llevado muchos más años. De ahí que optamos por hacer la expropiación de urgencia, que es una medida extrema. Otra decisión política importante que tomamos fue haber entregado las hectáreas de tierras fiscales en función con la consulta con la comunidad. El INAI está en completa sintonía con esto y sienten un orgullo muy especial por esta experiencia de Mendoza.

–Las comunidades no quieren oír hablar de expropiación porque eso sería reconocer que esos dueños de esas tierras tienen la legitimidad en sus títulos, cosas que ellos creen que se debe a un proceso de colonización histórica; ellos entienden que deberían ser ellos los indemnizados…

–Sí, hay un discurso de un núcleo importante de las comunidades que se plantea esto. Me parece bien que la lucha política los encuentre en este debate y crean conveniente ir por más demandas en relación a su derecho humano y concretamente impulsen una ley de propiedad colectiva de la tierra. Nosotros, desde la administración política, tenemos que usar los instrumentos que existen. Cuando uno administra bienes y toma decisiones, uno tiene que saber con qué elementos cuenta. Es como sucede con el 82 por ciento móvil, algunos plantean una política que no se puede llegar a concretar, no importa en realidad eso –que no se pueda concretar– sino ganar una pulseada política en lo que hace a la opinión pública. En este caso creo que sucede algo similar. Yo quisiera ir por un derecho concreto, porque la tierra es la que tiene el Estado o la que hay que expropiar. Y si hay que expropiar se expropia para que esa comunidad tenga la tierra. Me interesa y me preocupa que sea apta y suficiente.

–¿La titularidad de las tierras es en principio un requisito para poder plantear un desarrollo de la zona?

–Es importante para poder arrancar con procesos de reparación desde el Estado. No estoy seguro de que a nivel país estemos en condiciones de ganar esa gran batalla por el derecho humano de los aborígenes, de lo que sí estoy seguro es que sí tengo espalda política para constituir el relevamiento de las comunidades en función de esa tierra apta y suficiente. Y si no es apta o no es suficiente, seguir buscando los mecanismos para que puedan incorporarse otras tierras o se incorpore tecnología para que la tierra que hoy tengan sí sea la suficiente. En avanzar en esto nos va la vida.

–¿Cuál es la posición de Mendoza respecto de un proyecto de ley de propiedad colectiva de la tierra?

–Yo personalmente acepté la moción del presidente del INAI en este sentido porque participo de la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunidad Indígena que creó la Presidenta. Pero no creo que debamos quedar enredados en la discusión. De establecerse ese paso, sería algo verdaderamente revolucionario en la Argentina. Porque entonces sí, cada vez que se plantea cualquier instancia conflictiva, se presenta un amparo que va hasta la Corte Suprema, y entonces sí se instrumenta un derecho humano. Pero debo decir que tengo dudas sobre si un instrumento así, tan fuerte y tan poderoso, tenga posibilidades de ser votado por la mayoría de los legisladores. Creo que de alguna manera está la idea de lograr lo mismo que logró Bolivia, pero yo me pregunto: ¿cuántos años tiene eso de lucha y qué posibilidades tuvo este tema no sólo para incorporarse a la agenda política sino para que fuera factible? ¿Tenemos esa situación en la Argentina? Creo que no. No está todavía en la agenda presente y no está legitimado en muchos lugares de la sociedad, aunque sí hay mucho interés y legítima vocación. He podido comprobar que el interlocutor medio o el funcionario medio del Estado no tienen un compromiso tan fuerte con este tema.

–No habrá que olvidar la frase del fiscal Pedro Sin cuando dijo que “era demasiada tierra para muy poca gente”.

–No sólo eso, dijeron que a mucha gente se le niega tierras para que tenga su terreno, a la clase media, por ejemplo, para poder hacer su casa y entonces cómo era posible que le estén dando tierra a “esa gente”. En varios lugares específicos, importantes medios de difusión, se instaló esa idea.

–No se aprecia las vulnerabilidades de la gente que vive en el Secano, ni que la tierra sin agua no vale nada, ni se toma conciencia del problema de gente que está en constante riesgo de perder lo poco que tiene.

–No se visualiza qué ha venido pasando con las acciones por título supletorio, que es la forma por la cual algunos “avivados” se han hecho de varias tierras. Por eso digo que no hay mejor voluntad política que la que se expresa con hechos. Lo sintetizó Eudes Nievas, presidente de la Comunidad Huarpe Milcallac el día de la firma de la escritura, cuando dijo: “Ahora nadie va a venir a decir que nos podemos quedar o no nos podemos quedar en esta tierra porque esto ya es nuestro”.

–Fue toda una señal de advertencia para mucha gente el que un grupo malayo comprase una gran extensión de tierras al sur de Mendoza. ¿Sigue siendo un peligro este tipo de avances sobre el territorio?

–Lo que pasó en Malargüe no podría pasar ahora. Efectivamente en ese momento hubo puesteros desalojados. Por razones de seguridad y por ser esta un área de frontera, esas hectáreas no debieron haberse vendido. Estos son los debates que todavía tenemos pendientes en la Argentina y que hay que ir resolviendo. ¿Cómo es posible que si no se permite la venta de las áreas de fronteras este grupo extranjero la haya podido comprar en el 2002? En la actualidad el Ministerio del Interior, a través de una resolución, ha modificado el criterio y hoy esa venta no podría hacerse, porque requieren evaluación de impacto ambiental, opinión del municipio y de la provincia. Hoy por hoy, yo me opondría como me opongo cuando hay títulos fiscales sobre los cuales presentan títulos supletorios. Esto no quita que la provincia debió haberse opuesto expresamente de alguna manera en aquel momento. Creo que la sensibilidad es otra, y en el 2002 había una situación de quiebre en el país, que permitía esta cosa de compra masiva de tierras a precio vil donde el que vendía un activo lo hacía por necesidad. Así se compró mucha tierra en la provincia, obviamente los extranjeros fueron favorecidos por la situación del tipo de cambio.

–¿Cómo imagina los contornos sociales de este territorio a futuro, más orgullosos, más seguros?

–Por supuesto que para hacer cosas en esos territorios vamos a tener que ir a preguntarles a ellos. Hay que decir que hemos convenido hacer un plan de manejo para ese lugar, esto está en el mismo decreto de adjudicación. Esto que antes le competía al Estado ahora es comunitario. Se va a aplicar en los lugares públicos, esto es, las lagunas y los bosques teltecas.

–La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de las comunidades originarias a impartir su propia justicia. ¿Qué opinión le merece?

–Esa es una de las discusiones más fuertes que se están dando en este momento, pero yo creo más en lo que se puede dar en la Argentina, porque efectivamente la ONU reconoce esto, pero con argumentos muy parecidos les quiso dar a los que habitan las Malvinas esta categoría. Y no me vas a decir que tengo que confiar en estos criterios... Sí en cambio en los pocos avances que se van dando en la Argentina y en Bolivia, porque esas normas que dicen después no las respetan, y muchos que juegan fuerte en estos debates, hoy abogan por estas cuestiones que están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no es la OEA la que me va a venir a dar órdenes en este tema.

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