¿EL SILENCIO ES SALUD?

La acumulación de clausuras los puso en estado de alerta. Y ante la falta de respuesta, pasaron a la acción. Los músicos se movilizan, con la consigna “No al silencio musical. Sí a la música en vivo”, en medio de un clima de efervescencia.

Por Karina Micheletto

La tragedia del boliche Beara, donde murieron dos jóvenes al caer un entrepiso de durlock, movilizó a las autoridades de la ciudad de Buenos Aires a hacer algo urgente al respecto. Hasta el momento la reacción no apuntó a la revisión del sistema de habilitaciones, a las posibles fallas y corrupciones que puedan quedar en evidencia, ni al cuanto menos curioso hecho de que las nueve inspecciones de las que se jacta el gobierno hayan dado el OK al boliche y al entrepiso en cuestión. Sin tiempo que perder, el Gobierno de la Ciudad optó, en cambio, por enviar un ejército de inspectores a redoblar los esfuerzos en la clausura de locales más pequeños. Las clausuras no obedecen a fallas de seguridad: el único y exclusivo causal es la música en vivo que se toca –y se escucha– en estos locales. Los clausurados no son los boliches: son los escenarios. La situación superó el punto de lo ridículo y también de lo alarmante, el miércoles pasado, cuando la policía irrumpió en el escenario del Café Vinilo en pleno show de Diego Schissi, dando por clausurado el concierto (ver aparte).

La acumulación de clausuras puso en estado de alerta a los músicos, productores y dueños de locales de la ciudad, pero también a un público que demanda su derecho a escuchar un tipo de música que se va quedando sin escenarios, a medida que se cierra un círculo que sólo deja a salvo al mainstream, garantizado en los grandes espacios. El alerta pasó a la acción la semana pasada, al tiempo que saltó de la bronca virtual a la acción real. En pocas horas, músicos y público terminaron organizando vía Facebook una marcha musical que hizo sonar su reclamo frente a la Casa de Gobierno de la Ciudad (ver aparte). Ante la falta de respuesta, una nueva marcha volverá a sonar hoy a las 13 en Avenida de Mayo al 500, con la misma consigna común: “No al silencio musical. Sí a la música en vivo”. El tema ya aglutinó una cantidad de adhesiones y solicitadas, y el inicio de acciones legales al gobierno porteño por parte de la Unión de Músicos Independientes, ante la falta de reglamentación de la ley que crea el Régimen de Concertación para la Promoción de la Actividad Musical, que permitiría la protección y el fomento de la actividad de estos pequeños lugares con música en vivo (ver aparte).

Página/12 reunió a artistas, productores y representantes de las cámaras nucleadas en el Consejo Federal de la Música, todos directamente afectados por una ola de clausuras que, aclaran, perjudica no sólo a los músicos y a su público: también a la cantidad de trabajadores que dependen de la existencia de este tipo de boliches, desde los técnicos hasta los mozos y proveedores. La cantante Liliana Herrero, el músico y productor Fer Isella, la realizadora visual Carla Sanguinetti, la fotógrafa Lula Bauer, los productores y encargados de prensa Carlos Sidoni, Celia Coido, Bárbara Pistoia, Francisco Aquino, los músicos Cristian Aldana (líder de El Otro Yo) y Diego Boris, ambos representantes de la Unión de Músicos Independientes, traen la experiencia del reclamo de la semana pasada. Igual que el dueño del recién clausurado Vinilo, el músico Ezequiel Ordóñez, Ignacio Perotti, dueño de Club de Cultura Plasma, y los hermanos Lucas y Ezequiel Cutaia, también músicos y orgullosos responsables de Thelonious, un local que está cumpliendo diez años como un emblema de la escena del jazz en Buenos Aires. A ellos se suman Hernán Greco y Federico Moya, del Centro Cultural Torquato Tasso, Alejandro Giménez, de Virasoro Bar (al igual que los otros dueños de boliches, integrantes de la Cámara Argentina de Música en Vivo), el presidente del Sindicato Argentino de Músicos Alberto Giaimo, representantes de la Unión de Orquestas Típicas, la Red de Cultura Boedo y de la Federación Argentina de Músicos Independientes, y otros músicos y cantantes como María Estela Monti.

Liliana Herrero plantea el problema en términos simples: esta situación podría evitarse si se reglamentara la ley ya aprobada por la Legislatura, que duerme en algún cajón desde su sanción en marzo del año pasado. “Denunciamos que las promesas de reglamentación nunca se llevaron a cabo, y es evidente que no hay voluntad política para hacerlo. A partir de la muerte de dos chicas en Beara, largaron una embestida de ciento cincuenta inspectores que han salido en la noche cual grupo de tareas de los ’70, a cerrar boliches indiscriminadamente. Han interrumpido conciertos, han cerrado lugares con fajas de clausura. Les han quitado a los lugares los permisos especiales que les habían dado para seguir trabajando, porque la ley no está reglamentada. Los que provocan el daño son los mismos que lo generan: cierran el boliche, y a la vez son los que no reglamentan. Es el huevo de la serpiente.”

“Todos estaríamos de acuerdo en que un lugar se clausure por fallas de seguridad. Pero en estos casos los problemas no son las condiciones del local, que ya han pasado las inspecciones: el tema son los permisos para tocar en vivo. Es claramente una persecución a la música en vivo”, advierte Lucas Cutaia. “Y al clausurar la música, en este tipo de lugares, se está clausurando todo, porque todo lo demás es un complemento de esa actividad. La gente no va a comer, va a escuchar música.” “El Gobierno de la Ciudad entró en un vicio: en lugar de reglamentar los lugares, otorga permisos transitorios, de dos o cuatro meses. Decidió emparchar en lugar de tomar políticas de fondo sancionando leyes para los salones de música”, agrega Nacho Perotti. “Y ahora hasta esos parches se suspendieron de manera arbitraria: ya ni siquiera hay posibilidades de obtener un permiso transitorio.” “No pretendemos que a los funcionarios les guste la música que nos gusta a nosotros, o determinadas expresiones culturales que manejamos. Pero sí que nos den la posibilidad de trabajar con planificación, de tener un horizonte para hacer lo que amamos”, señala Andrés Bamio, dueño del club de música La Forja de Flores. Lo único que ha hecho el gobierno fue llenarnos de incertidumbres, cuando tenían las herramientas para no hacerlo. Después de Beara salen a clausurar escenarios, y yo pregunto: ¿qué escenario se cayó en la ciudad de Buenos Aires?”

Los lugares en alerta ante la posibilidad de una clausura son aquellos que tienen permisos especiales como clubes de música, destinados a un público de menos de trescientas personas; casualmente, los que ofrecen un tipo de música que queda por fuera de los canales de difusión masiva ya fortalecidos por las leyes del mercado. No se trata sólo de “nuevos valores” los que dejan de tener acceso a los escenarios, porque hay consagrados cuyo circuito de trabajo sólo pasa por estos lugares. Es, en definitiva, un corte en la sustancia de la oferta de la ciudad, además de una restricción en la cantidad de esa oferta. “El Gobierno de la Ciudad actúa como si la música fuera peligrosa para la sociedad. Sobre todo la música que no dialoga bien con el mercado”, sintetiza Diego Boris. “Con esa lógica va a inspeccionar lugares. No tiene la misma lógica de inspección con un Gran Rex con Casi Angeles.” El contrasentido se presenta claro: “Si pasás música con bandejas, si actuás, bailás, hacés magia, no pasa nada. Si en ese mismo espacio te ponés a tocar, ahí te pueden clausurar. Como si una guitarra cambiase las condiciones de seguridad del lugar”.

“Esto no nos coarta nuestras expresiones, porque la cultura siempre encuentra lugares para expresarse. Pero sí nos empuja a la clandestinidad: el que ya no tiene un escenario con condiciones dignas donde mostrar lo suyo, recurre a otros espacios donde sí hay problemas de seguridad, fiestas privadas, locales que no están habilitados. Ahí es donde sí pasamos a estar inseguros, en esa clandestinidad a la que nos obligan”, razona Bárbara Pistoia. “Es muy esclarecedor cómo piensa el ingeniero especialista en turismo Hernán Lombardi. Según él, los consumos culturales de los porteños han cambiado, y por eso los clubes de música deberían cambiar. Con esa lógica, los museos que no son masivos deberían cerrar, los clubes de arte, de pintura, el Teatro Colón, que es deficitario en su lógica empresaria. Desde hace cinco años, todos los que formamos parte de esta industria venimos peleando por una ley que regule nuestra actividad. Ya logramos que se sancione, pero mientras tanto, en estos últimos cinco años ya desaparecieron por lo menos cuarenta clubes, incluidos lugares emblemáticos como El Club del Vino, Café Homero, Bar Tuñón o Vaca Profana. Si ahora no logramos que la ley se reglamente, el panorama es complicado.”

Lo que están pidiendo los afectados por las clausuras es, en definitiva, lo mismo que tienen, por ejemplo, los teatros pequeños de la ciudad, con los que sí existe una política de protección. Los músicos, a la hora del mea culpa, aceptan que les ha faltado organización para llegar a la concreción de sus reclamos. “Es que a veces nos cuesta salir de nuestra burbuja y ver qué está pasando alrededor, porque ya de por sí es muy difícil llevar adelante nuestro proyecto personal. Si miráramos más alrededor, nos daríamos cuenta de que los problemas de uno son los problemas de todos”, acepta María Estela Monti. “Los músicos no nos damos cuenta del gran poder que tenemos –concluye Cristian Aldana–. Tenemos el poder de llegar al corazón de la gente. Imagínense a todos los grupos saliendo a la calle a tocar para expresar sus reclamos. O una pared de músicos en cada lugar que quieran cerrar. ¡Algo así sí que va a estar bueno!”.