LOS SICARIOS DE LOS TERRATENIENTES

El asesinato de Cristian Ferreyra dejó al descubierto el hostigamiento que sufren miles de campesinos indígenas para que abandonen sus tierras. Cómo funcionan las patotas de matones a sueldo que trabajan para empresarios.

Por Laureano Barrera y Raúl Arcomano

El campesino indígena Cristian Ferreyra (23) almorzaba con su familia en la casa de su cuñado César Godoy (31), en Campo de Mayo. Es un paraje donde vive la comunidad San Antonio, a 60 kilómetros de Monte Quemado, departamento de Copo, en Santiago del Estero. Son unas 800 familias que se autoabastecen y crían ganado en tierras ancestrales del pueblo lule-vilela, que hoy son el botín de terratenientes que buscan ampliar la frontera sojera. Luego de la comida, los integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (Mocase-VC) harían una asamblea para debatir sobre una denuncia que presentarían en la Dirección de Bosques provincial. El motivo: el desmonte que estaba concretando en esas tierras un empresario santafesino, Jorge Ciccioli, a fuerza de hostigamiento y violencia. Precisamente un rato antes, Ferreyra y Godoy le habían exigido a Mario Abregú, miembro de un grupo de choque, que terminara con el “labrado de postes”. Su hermano Carlos Abregú y Javier Juárez llegaron en moto a la casa de Godoy, que salió del rancho sin presagiar el desenlace. Lo siguieron Cristian y Sergio Ferreyra, su tío.–¡Vos qué te creés con el lote de San Bernardo!–, le dijo Juárez. Llevaba, según el parte de la policía santiagueña, una escopeta calibre 12 colgada del cuello. Así se lo ve en la foto que sacó con un celular la madre de Godoy, y que le costó una golpiza. En la imagen el dedo de Juárez está cerca del gatillo.–¡Y vos también qué te creés!– le contestó Cristian.Las palabras no mediaron más. Juárez cargó la escopeta y le apuntó a Cristian. Disparó. Luego a Godoy. El primer balazo destrozó la arteria femoral de Cristian. Tardaron más de una hora en conseguir una camioneta. Llegó muerto al hospital de Monte Quemado. Cristian estaba casado y era papá de un nene de dos años. Godoy tuvo mejor suerte y hoy se recupera de sus heridas en los muslos. Juárez también forcejeó con Sergio, el tío. Llegó a gatillar el arma, pero ya no tenía cartuchos. Entonces le pegó un culatazo en los ojos y la boca. “Tengo toda hinchada la cara”, cuenta Sergio a Miradas al Sur. Igual el dolor es otro: “Cristian se ha ido y a mí me duele el alma”. El asesino escapó en la moto. Su compañero Abregú cargó el arma, intimidando, y después también desapareció. No por mucho tiempo.El viernes fueron detenidos los cuatro. Javier Juárez, acusado como presunto autor del disparo que mató a Ferreyra. Su hermano Walter y los hermanos Abregú, en cambio, fueron imputados por amenazas. La orden había sido librada por el juez de la causa, Alejandro Fringes Sarría. El magistrado también pidió el arresto de Hugo Juárez y del empresario Ciccioli, que están prófugos. “A Juárez lo corrieron de Tucumán y después de Buenos Aires, por delincuente. Acá, monte adentro, siguió haciendo de las suyas”, relata Ramón, primo de Cristian. Ramón afirmó que Juárez tiene buenos vínculos con Carlos Hazam, el intendente de Monte Quemado. “Fue y le dijo: ‘Acabo de voltearme a dos del Mocase’.” “Esto no es un conflicto aislado, es un plan diseñado con la complicidad del Estado provincial”, agrega a este diario Antenor Ferreyra, abogado del movimiento y conocedor del conflicto por la tierra.

Los ejércitos privados.

El viernes por la mañana, compañeros y familiares sepultaron a Cristian. El suyo es el tercer funeral de un campesino del Mocase. “El año pasado, la policía provincial mató a un militante de apellido Maldonado. Un tiempo antes, durante otra represión policial, a otro integrante de apellido Ferreyra”, enumera Antenor. Otros campesinos murieron en otras provincias resistiendo en sus tierras y defendiendo sus bosques: el diaguita Javier Chocobar en Tucumán, el qom Roberto López en Formosa y Sandra Juárez, mientras una topadora embestía contra su rancho. Pero el crimen de esta semana cambia de signo: las guardias blancas, cuerpos de represión privados de terratenientes y latifundistas, que nunca habían fusilado a un campesino con tanto desparpajo.El de las “guardias blancas” es un fenómeno que se conocía en otros países de América latina, pero que parecía lejano en estas tierras. ¿Por qué se imponen entonces? Norma Giarracca, titular de Sociología Rural e investigadora principal del Instituto Gino Germani de la UBA tiene una explicación: “Fue no hace mucho que llegaron, con la expansión sojera y la necesidad de tierras una vez ocupadas, vía endeudamientos y desplazamientos, las mejores de la región pampeana. En efecto, cuando el precio de la commodity aumentó y ‘la fiebre de la soja’ inundó estos territorios, los inversores comenzaron a buscar con modos nada democráticos el recurso tan deseado. Así comienza la tala indiscriminada de bosques y yungas y el arrebato de territorios a comunidades campesinas e indígenas amparadas por una legislación, que como toda la legislación de los sectores subalternos, es débil y ambigua frente a las interpretaciones de un poder judicial muy conectado con los actores del negocio, como lo han demostrado excelentes investigaciones recientes”, señala a Miradas al Sur.Precisamente de la complicidad del poder judicial se quejan los campesinos. El Mocase ya presentó 220 causas por agresiones en distintos juzgados provinciales. “Son desoídas”, advierte Antenor. Incluso habían denunciado al clan de los Juárez dos veces por atacar contra la FM Pajsachama. La última vez amenazaron a los locutores con armas y tiraron ácidos sobre las consolas. “Sarrías Fringes nunca hizo nada”, subraya Antenor. El poder judicial es el reflejo fiel del poder político. “El proyecto de Ciccioli es el mismo que el del gobernador Gerardo Zamora: desalojar personas y destruir el territorio indígena”, asegura Ramón.

La tierra es nuestra.

"Llevamos más de veinte años de lucha. Es muy triste que por nuestra postura tengamos que pagar tan caro, con la vida de este chango nuestro”, dice Antenor. Como telón de fondo hay voces y bocinazos. Es viernes al mediodía: una centena de campesinos, junto a otras organizaciones sociales, marcharon hacia la Casa de Santiago del Estero en la ciudad de Buenos Aires para exigir el esclarecimiento del crimen de su paisano. Antenor levanta la voz: “La amenaza es fuerte. Pero ni un metro más: la tierra es nuestra”. El Mocase nació hace 21 años y es la organización campesina más importante del norte argentino. Son unas ocho mil familias –casi 40 mil personas– organizadas en treinta regionales. Fueron pioneros en advertir la nocividad del monocultivo sojero que ha ido devastando los bosques nativos –y sus ecosistemas– para ganar superficie cultibable.Para Giarraca, el crimen de Cristian es “una historia que se ha repetido a lo largo de este período de expansión del agronegocio”. “El interrogante que podemos formularnos es: ¿Hay límites a estos hechos que deben avergonzarnos como sociedad que busca afanosamente su democratización? No podemos ser muy optimistas dados los proyectos agrarios anunciados en los últimos tiempos, pues para aumentar a 160 millones de toneladas granarias para el 2020, por más que la biotecnología aporte más semillas transgénicas, la clave reside en la mayor expansión de la frontera de este tipo de agricultura. Es decir: desmontes trampeando cuando las leyes estén correctamente reglamentadas, y prepotencia con poblaciones que tienen otro sentido de lo que significa la tierra y los alimentos. Hay que debatir mucho sobre lo que necesitamos como producción de alimentos el conjunto de los argentinos y no sólo aquellos que sólo corren detrás de ganancias y rentas”.En sintonía con Giarraca, la filósofa y doctora en Ciencias Sociales Maristella Svampa opina ante Miradas al Sur que “los modelos de desarrollo que hoy se están imponiendo (agronegocios, megaminería, emprendimientos turísticos, entre otros) exigen una gran concentración de tierras y producen una reconfiguración de los territorios, lo cual se expresa de modo emblemático en la expansión de las ‘fronteras de explotación’”. Para la investigadora, el resultado es “el avance de una dinámica de despojo o desposesión, que genera un modelo de dominación que abre a un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos. Hoy se minimiza la conexión entre modelos de desarrollo y despojo de tierras, fenómeno que involucra comunidades campesinas e indígenas, y de modo más general, a habitantes de pequeñas y medianas localidades. En este aspecto, el futuro que muestra la Argentina es muy sombrío. Es altamente probable que la dinámica de desposesión se agrave y, con ello, la criminalización y los asesinatos aumenten, ya que se trata de modelos de concentración de tierras que son excluyentes, que no permiten la coexistencia con otras formas de vida”. Svampa también advierte sobre el nuevo proyecto de ley antiterrorista, presentado en el Senado: “La ley derogaría las figuras actuales (ya de por sí objetables), para establecer una agravante figura genérica para cualquier delito. Pretende, ingenua o maliciosamente, que ‘quedan fuera de toda interpretación criminalizante los hechos de protesta social’, siempre que se trate del ejercicio de un derecho constitucional, cuando en realidad el proyecto de ley muestra una clara potencialidad represiva”.A desalambrar. El Mocase-VC denuncia que Ciccioli es un empresario de los muchos que llegaron a Santiago del Estero para ensanchar las fronteras agropecuarias. Compró alrededor de 3.500 hectáreas que incluían la localidad de San Bernardo, a cuyos lugareños aduce haberles comprado sus derechos de posesión. “No fue muy legal: Ciccioli compró unas 1.800 hectáreas de superficie a topar. Nosotros la defendimos, y nos costó la vida de mi primo”, dice Ramón. Unas cuarenta familias siguen resistiendo de manera pacífica. ¿Cómo? El Mocase propone cortar los alambrados de los latifundistas y volver a ocupar las tierras que habitan hace varias generaciones con un modelo de producción familiar. “El campo que compró Ciccioli tiene una escuela pública adentro. Él alambró la escuela, y estos Juárez le dijeron a las madres que si cruzaban el campo para ir a la escuela los iban a matar a balazos”, dice Antenor.Pedro Orieta es abogado de comunidades campesinas. En diálogo con Miradas al Sur, explica que “el hostigamiento a los campesinos es constante”. “En Santiago del Estero la mayoría de los campesinos indígenas no tienen los títulos de las propiedades. Los consiguen a veces, con mucho esfuerzo, a través del ‘derecho veinteañal, el derecho de posesión de la tierra. Pero son pocos los jueces que lo aplican.” El abogado concluye: “Hay una invisibilización de la forma de vida campesina, que sostiene desde hace siglos un modelo productivo que hoy, para el modelo capitalista, no es rentable. Estamos viendo cómo se enfrentan dos modelos. Uno, que resiste. Y otro que se impone a fuerza de balas”.En el último relevamiento sobre la superficie de bosques nativos en el Chaco Argentino –Chaco, Santiago del Estero, parte de Formosa, Salta y Jujuy–, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable da cuenta de la “pérdida de superficie de bosque causada principalmente por el avance de la frontera agropecuaria”. Entre 1998-2002 se deforestaron unas 430 mil hectáreas. La cifra se duplicó en 806 mil entre 2002-2006. Sólo en un año, hasta 2007, se habían devastado 317 mil hectáreas. En diciembre de ese año, la sanción de la Ley de Bosques preveía la suspensión total de los desmontes hasta que cada provincia relevara la superficie boscosa y reviera los permisos. Sin embargo, 136 mil hectáreas fueron desfoliadas ilegalmente. El informe advierte que los lugares donde crecían árboles, las imágenes satelitales detectaban “nuevos cultivos que corresponden a soja”. Santiago del Estero era una de las provincias con mayor índice de desmonte, aunque la mayor parte del cultivo sojero se daba en la zona sur. Hoy lo cubre todo.