domingo, 10 de marzo de 2013

IMPULSO A LA FORMACION CIUDADANA

Los jóvenes y el Estado. La iniciativa oficial de ampliar el derecho a voto a los dieciseis años generó una polémica que reavivó prejuicios generacionales y que dejaron al margen la instancia que se abre en la ampliación de derechos.
 
Por Pablo Galand      
    
El proyecto presentado por los senadores kirchneristas Aníbal Fernández y Elena Corregido para ampliar el voto a los jóvenes a partir de los16 años levantó una inicial polvareda, encerrada en polémicas que surgían desde argumentos estigmatizantes y posicionamientos prejuiciosos por tratarse de una iniciativa oficialista. Que los jóvenes no están preparados para votar, que son fácilmente influenciables por el poder de turno, que es una incongruencia que estén habilitados para votar y no puedan manejar su patrimonio, que el kirchnerismo “está rascando el fondo de la olla” para juntar votos en su plan re-releccionista, que no es el momento oportuno para este tipo de reformas, fueron algunos de las fundamentos utilizados –con menor o mayor sustento– para oponerse a la iniciativa. Sin embargo, pasado el primer tumulto, llegó el momento de la reflexión y voces desde diferentes sectores se manifestaron –con matices– dispuestos a acompañar la propuesta y en algunos casos aportar ideas para ampliar su magnitud.
Más allá de la chicana política, la iniciativa resulta un buen disparador para analizar cuestiones que tienen que ver con la relación entre los jóvenes y las instituciones democráticas. El rol que debe jugar el Estado en la formación ciudadana de un individuo, los canales que habilita ese propio Estado para acompañar y profundizar un proceso de repolitización que se observa entre los jóvenes y adolescentes o la posibilidad de ir acompañando de manera progresiva su proceso de maduración en la adquisición de derechos, son aristas que por ahora permanecen en la periferia del debate por imposición de la pirotecnia política. Sin embargo, resultan mucho más trascendentes e interesantes de analizar. En esa dirección, Miradas al Sur dialogó con una serie de especialistas dispuestos a reflexionar sobre los alcances y efectos de esta iniciativa.
“Por más que a uno le genere cierta desconfianza el contexto en el que se impulsa esta medida, es evidente que se trata de una ampliación de derechos”, sostiene la socióloga Ana Wortman, investigadora del Instituto Gino Germani y especialista en la temática juvenil. “Los argumentos que se escuchan en contra son bastantes reaccionarios y dan cuenta de una sociedad muy tradicional que subestima la capacidad de los jóvenes. Me parece que esta medida consagraría esta repolitización que se observa en los jóvenes, manifestada en los centros de estudiantes y la toma de los colegios. Si bien hay una gran diversidad, yo observo que estamos frente a una generación muy interesante, que expresa formas de participación política originales. No necesariamente tienen que estar encuadradas en partidos políticos sino que se pueden expresar a través de colectivos o agrupaciones culturales que hablan de política y discuten cuestiones que no siempre tienen un criterio partidario”, agrega.
Abraham Gak fue rector del colegio Carlos Pellegrini entre 1995 y 2007 y durante su gestión llevó adelante una reforma curricular orientada a impulsar acciones solidarias en los estudiantes y una renovación frente a las demandas de la sociedad. Desde su punto de vista, la iniciativa de extender el derecho de voto a los 16 años “es una excelente idea”. Entiende que podría tener efectos en la currícula educativa y que mejorará la calidad ciudadana. “La escuela va a tener una responsabilidad adicional: ayudar y permitir que se desarrolle esa aptitud de participación de los chicos en la esfera pública. Uno de los objetivos de la enseñanza media es formar buenos ciudadanos y el voto es una excelente forma. Porque en lugar de pensar en sí mismos están pensando colectivamente. Tratando de resolver solidariamente problemáticas que le interesa a todos y no a uno en particular. De esa manera, vamos a mejorar mucho la calidad de los votantes porque vamos a incorporar un número importante de ellos que no temen al cambio. Por lo tanto, quizás tengamos en el futuro una Argentina menos conservadora de la actual”, asegura.
 
Para esto sí, para esto no. El juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, abrió un eje de debate frente a la propuesta del voto a partir de los 16 años al señalar que existe una “disparidad en cuanto a capacidades”, ya que por un lado el individuo es penalmente responsable desde los 16 años pero recién está facultado para casarse o para contratar a partir de los 18. Por lo tanto, planteó: “O suban la capacidad penal a los 18 o suban la capacidad política a los 16”.
De todos modos, no necesariamente tendría que haber una contradicción. Para el jurista Gustavo Arballo, autor del blog saberderecho.com, “se infiere que la mayoría de edad patrimonial tiene que ser la misma que la penal y la electoral pero esto necesariamente no tiene por qué ser así”, asegura. “De hecho, durante muchísimo tiempo pudieron votar personas que eran menores de edad porque la mayoría patrimonial estaba fijada a los 21 y la electoral a los 18. Lo que va entendiendo el derecho, conforme pasa el tiempo, es que la capacidad no es algo que se adquiere al día siguiente de cumplir determinada cantidad de años sino que puede haber parámetros diferentes. Ese es el concepto de capacidad progresiva. Inevitablemente hay que fijar límites de edad porque sino cada juez al momento de condenar tendría que hacerlo a partir de la madurez que evidencia el acusado. Pero el concepto de mayoría de edad única, uniforme, fijada por el Código Civil, está bastante puesto en disputa por el derecho moderno”, añade.
También las dudas surgen a partir de la maduración que puede tener un adolescente de 16 años para emitir un voto. Desde un prejuicio generacional se han alzado voces señalando lo manipulables que pueden ser las personas en esta etapa de su vida. “No creo que eso suceda. Al contrario, suelen rebelarse contra las imposiciones”, afirma Wortman. “Los jóvenes de hoy piensan, deciden, toman posición con una gran capacidad de autonomía. Es lo que yo observo de presenciar asambleas de estudiantes secundarios. Y si hay sectores que adhieren a determinada construcción política será porque ésta contiene de alguna manera sus demandas”, completa. “Un chico de 16 años es tan manipulable como un de 25, 40 o 60. Si la escuela le provee de conocimientos y el chico los asimila y asume con responsabilidad, seguramente va a poder emitir una opinión fundada”, sostiene Gak.
La caracterización de la manipulación suele venir acompañada de aquella que ve a los jóvenes tan conectados con las nuevas tecnologías en una situación de aislamiento con el “mundo real”. Para Wortman también constituye un prejuicio generacional y una falta de conocimiento del mundo adolescente. “Se ha comprobado a partir de investigaciones que el acceso a las redes sociales va a acompañado de una sociabilización. Muchas veces las utilizan para organizar encuentros colectivos en algún lugar real. Por las redes sociales circula mucha información política. Los blogs y los chat habilitan formas de militancia que quizás sean bastante distintas a las de 30 años atrás pero que aportan ciertos cuestionamientos a la cultura y la sociedad actual”, afirma.
Desde una visión jurídica, las diferencias parecen estar planteadas entre aquellos que entienden que la ley debe impulsar la capacidad de ciudadanía de los jóvenes y los que creen que debe primar su cuidado tutelado. Frente a esta disyuntiva, Arballo plantea que “la idea tutelar para proteger tiene sentido cuando del ejercicio de ese derecho el implicado puede tener consecuencias adversas. Podría considerarse que un chico de 16 años no tiene la suficiente capacidad para celebrar un contrato porque no conoce que es una tasa nominal anual. Por lo tanto, se los protege porque pueden ser afectados en su patrimonio o en su persona. Pero en el derecho a participar de una elección, se está tomando parte de un hecho colectivo donde el voto no va a ser decisivo ni se está asumiendo ningún acto que signifique responsabilizarse por ello”, argumenta. Sin tener una posición definitivamente tomada sobre el asunto, Arballo destaca el efecto multiplicador que puede tener la iniciativa: “Aquel que a partir de los 16 decidió meterse en la cosa pública, el hecho que el Estado lo habilite, lo puede incentivar y reconocer para que más personas de la franja de 16 a 18 años también pasen a estar involucrados en esa misma esfera”, remata.
 
La experiencia brasileña
Brasil es uno de los países en los que los jóvenes que tienen entre 16 y 18 años tienen la opción de votar de manera voluntaria. Este derecho está vigente desde la reforma constitucional de 1988 y se inscribe dentro de una política pública que amplió la participación de los jóvenes en la esfera pública. Ricardo Romero, politólogo de la UBA y especialista en la política brasileña, asegura que por características demográficas, la juventud se ha convertido en un sujeto clave de la política brasileña. “A fines de los ’70, se produjo en Brasil un proceso de baby boom que llevó a que el país pasara de 60 millones de habitantes a 120 millones en menos de diez años. Como fruto de esa explosión demográfica, surgió lo que se llamó el movimiento carapintada, que jugó un rol protagónico en la caída de Collor de Mello, en el año ’92”, asegura.
Para Romero, el voto optativo a partir de los 16 –junto con otras iniciativas públicas– impulsó la participación y la organización de los jóvenes en la política. “En muchas ciudades, desde los 12 años los chicos pueden elegir prioridades presupuestarias en sus municipios”, añade.
Esta institucionalización de la ciudadanía juvenil no garantizó en el caso de Brasil una correspondencia con el oficialismo de turno. “El PT gobierna desde hace ocho años y, sin embargo, no logró establecer una fuerte inserción en los sectores juveniles. Incluso, la Unión Nacional de Estudiantes, una organización con gran capacidad de movilización, está liderada por el Partido Comunista”, indica Romero. A su vez, generó una reformulación de las prácticas políticas. “En los movimientos sociales, más que en los partidos políticos, se ha producido una reorganización de sus estructuras para darles lugar a la juventud. Esto se ve muy claramente en el Movimiento Sin Tierras, en la CUT (la principal central obrera) y en las organizaciones afroamericanas”, remata el especialista.
 
Fuente: Miradas al Sur.

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