viernes, 8 de marzo de 2013

UN BASURAL CLANDESTINO ENVENENA A MARCOS PAZ

En Marcos Paz, desde 1994 funciona el primer horno rotativo de incineración de residuos peligrosos del país. Marcos Martini sociedad anónima, la empresa fundadora, también realizó en el 2000 una ampliación de su planta industrial, inaugurando una nueva área para la recuperación de solventes industriales.
 
 Por Soledad Lofredo         
 
Fue en junio de 1993 cuando la empresa Ecol SA (del Grupo Macri, que se deshace de ella en 2002) propuso al Municipio de Marcos Paz hacer un Centro de Disposición final de residuos peligrosos. Su construcción e instalación fue clandestina: públicamente, le anunciaron a los vecinos que sería una fábrica de pinturas.
A fines 1995, cuando la “fábrica” consiguió la habilitación municipal, una publicación ambientalista hizo público el éxito de la incineración de residuos en la ciudad del árbol. “Así nos enteramos que la supuesta fábrica de pinturas era un incinerador de residuos peligrosos”, dice Ernesto Nicolay, de la Mesa Amplia contra el Incinerador de Residuos Tóxicos Marcos Martini. “Comenzamos la lucha, el primer paso fue informar a la población y a las autoridades de la existencia del incinerador. Hasta los concejales se sorprendían y aseveraban que era una fábrica de pinturas”, cuenta.
Desde ese entonces, vecinos y diversas instituciones, nucleados en redes ecologistas, comenzaron una serie de escraches y actividades culturales reclamando el cierre del incinerador.
Recién a finales del gobierno de Menem, el informe del Programa Materno Infantil y Nutrición (Promin) del Ministerio de Salud registró que Marcos Paz era el municipio de más alta mortalidad infantil de la Provincia. “No nos cabe duda que es el precio de los negocios de Martini”, aseguran diversas organizaciones como No al Incinerador y Fuera Marcos Martini.
Actualmente, la tasa de mortalidad infantil sigue siendo alta. Es por eso que las organizaciones recaban todo tipo de información relacionada con basurales tóxicos. Por ejemplo, el resultado del último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, dió a conocer que “las dioxinas y compuestos similares –como los PCB– incluyen una amplia gama de sustancias tóxicas que se forman durante la combustión de materia orgánica a determinadas temperaturas, lo que ocurre por ejemplo en las incineradoras de residuos (o las cementeras que queman residuos) y durante algunos procesos industriales”.
Además, “la incineración genera micropartículas, cenizas y escorias altamente tóxicas, que luego hay que llevar a vertederos de seguridad”. Si bien estas sustancias no causan problemas inmediatos en la salud, la exposición a largo plazo de personas y animales a las dioxinas y sus derivados puede tener graves consecuencias, incluidos varios tipos de cáncer. Su persistencia y su capacidad de acumulación, principalmente en el hígado y en la grasa, plantea serios problemas ambientales y de salud. Como “son muy volátiles, se pueden encontrar a varios kilómetros del foco de emisión”, sigue el informe. “Estos contaminantes afectan incluso a la calidad de la leche y de los huevos de los animales de los alrededores.”
 
¿Responsabilidad social empresaria? En 1997, vecinos y organizadores descubrieron que el gobierno provincial ya había dado el permiso –y el municipio estaba de acuerdo– para que el mismo grupo empresario instalara en Marcos Paz un “repositorio o basurero de tóxicos” en una cava de varias hectáreas en el barrio El Lucero, supuestamente dedicada al enterramiento de las cenizas del incinerador. Este proyecto aseguraba tener capacidad de contener, también, basuras tóxicas provenientes de diversos puntos del país. “Nos movilizamos y en medio de una gran asamblea con las autoridades de la Provincia y del municipio presentes descubrimos y develamos que la empresa Cedifin (también vinculada al Grupo Macri) había truchado los informes ambientales de una manera muy grosera”, cuenta un vecino. Habían presentado el mismo informe de impacto ambiental que encargaron para el incinerador, siendo que el repositorio no sólo estaba en otro lugar sino que ese terreno pertenecía a otra cuenca hídrica. “Cuando eso ocurrió, el Sonzini –secretario de Política Ambiental en la provincia– debió retirar el proyecto y perdió el puesto el inspector que había avalado los informes”, dijeron a Miradas al Sur desde la Mesa Amplia.
A mediados de 2005, pareció que los vecinos finalmente habían logrado justicia: el Concejo Deliberante de Marcos Paz declaró por unanimidad a la empresa Marcos Martini SA “no grata” para todo el pueblo de Marcos Paz, por ser “responsable de la contaminación a los vecinos de esta ciudad”. Pese a ello, la única respuesta favorable que tuvieron fue cuatro años más tarde, en 2009, cuando el gobernador Daniel Scioli aseguró el traslado del incinerador a otro distrito, que finalmente no se cumplió.
Ese mismo año, aunque meses más tarde, municipio y provincia realizaron un monitoreo a los efluentes gaseosos emitidos por el incinerador, y fueron enviados para su análisis a Brasil. Pero hasta el día de hoy los resultados no son anunciados ni publicados. “No nos dan respuestas: ni del monitoreo, ni de la carta con todos los datos y pedidos que le enviamos al Defensor del Pueblo”, cuenta Nicolay. Aún cuando pudieron conseguir más de ocho mil firmas para pedir el cierre definitivo, el basurero resiste.
Mientras tanto, la empresa celebra desde su web el éxito de su Responsabilidad Social Empresaria. “Destrucción de 3.100 kg de marihuana”, en mayo de 2011, “con la presencia del gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal”, entre otros.
 
Fuente: Miradas al Sur.

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