Carente de ideas, hueco de soluciones y atiborrado de cinismo y pavor, el estupefacto neoliberalismo argentino sólo atina a una cosa: advertir en la avanzada transformadora oficialista una “chavización” del país. Sin embargo, si hemos de comparar la realidad nacional con la de Venezuela de Hugo Chávez, no es el kirchnerismo quien se ha “chavizado” sino más bien la oposición neoliberal es la que se ha “carmonizado”. ¿Carmonizado? Dícese de Pedro Carmona, líder político-ideológico del frente reaccionario que en abril de 2002 derrocó al gobierno de Hugo Chávez Frías, autoproclamándose presidente de la nación. Pero expulsado Carmona (hoy asilado en Bogotá, donde además se desempeña como profesor en economía de la Universidad Sergio Arboleda de la misma ciudad) y repuesta la democracia en el palacio Miraflores, la frustrada y desesperada oposición viene mutando desde entonces en una fuerza política insoportablemente antidemocrática, golpista y desestabilizadora del país entero, sus instituciones, su Constitución y su armonía social. Exceptuando el hecho concreto del golpe de Estado, algo similar sucede con el neoliberalismo en la Argentina desde la resolución 125. En efecto, las similitudes ideológicas, el nivel de las declaraciones y los comportamientos notablemente destituyentes y antidemocráticos entre los representantes del eje sojero-vacuno y el carmonismo venezolano prueban ser un contundente y diario testimonio de la “carmonización” sufrida por la oposición neoliberal al gobierno de la presidenta Cristina Fernández.A propósito, sírvase el lector del siguiente breve repaso a la reciente historia del país caribeño entre diciembre de 2001 a febrero de 2003. Durante este período, la democracia bolivariana sufrió además de un golpe de Estado, una seguidilla de acontecimientos desestabilizadores sin parangón en su historia. Lockout patronales (con un fuerte condimento gremial); saboteos a la principal fuente de recursos económicos del país, la petrolera estatal PDVSA; desabastecimiento de alimentos y combustibles, etc. Entre los primeros disparadores de estos episodios podemos mencionar el lanzamiento del Plan Bolívar 2000, un plan cívico-militar cuya finalidad fue la de activar y orientar la recuperación y fortalecimiento de Venezuela, pero atendiendo a las necesidades sociales de las mayorías excluidas. No obstante la importancia de dicho plan, lo que verdaderamente enfureció a la reacción venezolana fue el giro de 180 grados en la política hidrocarburífera vigente desde hacía décadas. Efectivamente, el gobierno de Hugo Chávez se lanzó no sólo a detener la amenaza privatizadora que pesaba sobre PDVSA, sino a utilizar a la paraestatal como pilar de un modelo redistributivo, popular y revolucionario.Fue así como la incursión de un Estado progresista, o bien, un Estado “social de derecho y de justicia” sobre los intereses más concentrados, reaccionarios y oligárquicos del país, pusieron en pie de guerra a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y a Fedecámaras –la entidad empresarial más poderosa del país que agrupa a las cámaras y federaciones de la producción y el comercio vinculadas a todos los sectores de la economía–. La neutralización de la PDVSA antinacional a través de las remociones de sus altas esferas en febrero de 2002, sumada a los anuncios efectuados por el presidente Chávez sobre la total reestructuración de su plana mayor, el 7 de abril, terminaron colmando el vaso de la insubordinación. De forma coordinada, la CTV y Fedecámaras convocaron a un lockout-gremial dos días después, centrado fundamentalmente en la suspensión absoluta de las actividades de PDVSA para culminar con un golpe de Estado tres días más tarde. Pero la CTV y Fedecámaras no estuvieron solas. Con la ratificación en los hechos del perfil nacional, popular y bolivariano del gobierno chavista, el conservadurismo venezolano respondía aglutinándose en un gran frente opositor. A las organizaciones mencionadas se les adosaron los medios de comunicación privados, los partidos de derecha y la izquierda atrasada, la Iglesia católica, la plana mayor de PDVSA aún en funciones, el sector antinacional de las fuerzas armadas y amplios sectores de la clase media y la totalidad de las más pudientes.La suerte de una Venezuela atrasada o desarrollada, dependiente o soberana estaba totalmente echada. Las fracciones enfrentadas así lo interpretaron y fue por esa misma causa que el gobierno no hizo más que acelerar la transformación socioeconómica y la renovación política del país, advirtiendo en la renta hidrocarburífera la clave de esa transformación. Por su parte y sincrónicamente, la oposición neoliberal también redobló su apuesta. Y embistió. En diciembre de 2002, a pesar de la frustrada intentona de abril y de un presidente que además de popular y bolivariano concitaba un progresivo respaldo de sus pares regionales, la plana mayor de la estatal petrolera, los sindicatos del sector, la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática (coalición de 24 partidos políticos de derecha e izquierda) convocaron a un nuevo lockout-gremial, interrumpiendo el total funcionamiento y la operatividad de la paraestatal petrolera… y del país. Pero como en el golpe de abril, la respuesta cívico-militar entró en acción, puso fin al saboteo.Si bien calificar de “chavización” a la orientación de la política oficial no resiste el menor análisis, esconde un dato sumamente interesante que el neoliberalismo no ha dejado escapar: el kirchnerismo viene lenta pero progresivamente retomando las viejas banderas del peronismo histórico. Como la Venezuela de Chávez, la Argentina de los Kirchner profundiza la nacionalización del sector clave al desarrollo socioeconómico, la industrialización y la justicia social: el agrario. Como en la Venezuela de Chávez desde los inicios de la nacionalización de PDVSA, la oligarquía agro-exportadora, la burguesía “nacional” improductiva y rentista, el oligopolio mediático y la partidocracia neoliberal y aliados de izquierda en la Argentina se han alzado, esto es, se han “carmonizado” como última y única barrera contra el carácter crecientemente popular, nacional y sudamericanista del Gobierno nacional.
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