miércoles, 2 de septiembre de 2009

CHICOS EN CONFLICTO CON LA LEY


Un reciente informe del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, disponible en su página de internet y difundido en parte por La Nación, plantea una serie de problemas, que no por conocidos dejan de conmovernos, y nos replantean reflexiones sobre la responsabilidad del Estado y nuestras propias responsabilidades en la atención y tratamiento de niños y jóvenes en conflicto con la ley o con necesidad de apoyo y protección por situaciones sociales, económicas o familiares . Entre los principales datos, provenientes del informe anual del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (CONNAF) de 2003, que caracterizan la situación, están aquellos que señalan que, para ese año, el 46,6 % de los ingresos o egresos totales de niños y jóvenes (se refiere a 4 programas de 21 existentes en el Consejo que contemplan la internación de los menores, y que incluyeron a 3.298 chicos) fueron internados en institutos. Agregan los investigadores : "Los que más nos preocupan son los chicos internados por motivos asistenciales, porque sabemos que terminan privados de su libertad por razones que tienen que ver con la pobreza, situación que cambiaría con adecuadas políticas públicas." De los chicos internados en institutos de seguridad más del 30% reingresa, luego de una permanencia que en la mayoría de los casos oscila entre 15 y 60 días. Alrededor del 40% inicia una circulación por institutos. Más del 50% son reintegrados a sus casas, donde no siempre encuentran las condiciones para reinsertarse socialmente y aparece un "como si" se solucionara un problema cuando sólo se lo posterga o cronifica al no hacerse efectivos programas de apoyo y contención familiar que tiendan a paliar o solucionar los conflictos que dieron origen a los problemas del niño o del adolescente. Estas estadísticas no nos informan de situaciones referidas al funcionamiento mismo de los institutos, muchos de ellos sobre poblados, como lo declaran las autoridades de la Pcia. de Buenos Aires, con dificultades para la aplicación de programas educativos y formativos, y, en general, para la utilización del tiempo libre; y que para el imaginario colectivo aparecen como escuelas de delincuencia más que recurso de reinserción social y reparación personal, y en donde muchas veces la violencia es una constante perturbadora en la tarea asistencial y reparativa. Los programas que incluyen internación en instituciones de encierro son sólo algunos de los programas que lleva adelante el organismo técnico administrativo nacional. Alrededor de veinte programas alternativos a la internación pueden reconocerse en el CONNAF, que van desde las familias sustitutas hasta libertad vigilada, con alternativas para madres menores de edad, abandonadas o en conflicto con la ley, adictos, chicos en situación de calle, etc. De hecho, por varias razones, estos programas, reconocidos en general como el camino deseable para una atención más humana y efectiva de los chicos, no alcanzan niveles de efectividad y cobertura, pese a que en la Ciudad de Buenos Aires el gobierno local desarrolla programas similares para chicos en situación de calle o preventivos en población con mayor carencia o conflicto. La situación descripta es un síntoma de la relación existente entre niñez y sociedad; no puede ser sólo atribuible a negligencia o falta de voluntad política de los responsables directos, el problema cala más hondo. No es casual que pese al status constitucional de la Convención de los Derechos del Niño se mantuviera hasta la reciente aprobación de la Ley 26.061: DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, el sistema de patronato de menores, sancionada en 1919, que en su momento fuera un régimen progresista, pero que en la actualidad colisionaba con lo estatuido por la Convención, y presente en la Constitución Nacional, y favorecía, pese a no obligarlo, a la internación de menores con pretexto de protección. Es también sintomático reconocer que la mayoría de nuestros pobres son chicos y que la mayoría de los chicos son pobres, hecho este que condiciona sus condiciones de educación, sus niveles de salud y sus crecimientos como personas y ciudadanos. Por otra parte, en nuestra sociedad, es fácilmente detectable un doble discurso de ternura y comprensión hacia la niñez y los jóvenes, y reacciones de "mano dura" frente a potenciales conflictos. Podemos leer en la Carta Pastoral de nuestro Arzobispo: "Frente a esta realidad de nuestros niños y adolescentes aparecen reacciones diversas que se orientan a un acostumbramiento progresivo de creciente pasividad e indiferencia, una suerte de normalidad de la injusticia o, por otra parte, una actitud falsamente normativa y de supuesto bien común que reclama represión y creciente control, que va desde la baja de la edad de imputabilidad penal hasta su forzada separación familiar, en ocasiones sometiendo injustamente al sistema judicial situaciones de pobreza familiar o bien promoviendo una discrecional y abusiva institucionalización." La aprobación de la ley 26.061, DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, completa el marco legal vigente y es, sin duda, un paso adelante en la respuesta social a las necesidades de los niños y los jóvenes, cabe ahora al poder político asumir su responsabilidad en la implementación de políticas públicas que hagan efectiva la realidad deseada por la ley. El lanzamiento del Plan Nacional de Acción por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y el Programa Primeros Años, aunque por el momento sean sólo expresión de deseos, van en esa dirección, al señalar este último como propósito: "Instalar como política Pública el abordaje integral del desarrollo de niños y niñas en su contexto familiar y comunitario"cuyo principal valor aparece en la voluntad de "...lograr que desde todas las áreas de Gobierno y desde la Sociedad Civil se diseñen y articulen las políticas de estado, de modo de garantizar la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y su ejercicio pleno". No es un dato menor destacar que en el reciente Seminario Subregional, sobre implementación de observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño, llevado a cabo en Buenos Aires entre el 28 y el 30 de noviembre pasado, se concluyera que dichas observaciones tienen carácter vinculante en relación a las decisiones de los estados miembros. Cabe a la sociedad asumir sus propias responsabilidades al respecto. En lo que a nuestros niños y jóvenes se refiere, cualquier situación irregular, en términos de satisfacción de necesidad y de ejercicios de derecho, plantea una cadena de responsabilidades que, comenzando en la propia familia, se extiende a su comunidad y a sus instituciones (clubes de barrio, iglesias, escuelas, sociedades de fomento, etc.), se concreta en instancias gubernamentales locales, el municipio, y se expanden hacia los niveles provinciales y nacionales, en sus distintos poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En este contexto, la mejora necesaria e impostergable de los institutos de internación de niños y jóvenes debe estar articulada y, en muchos casos, subordinada a una mejoría de los programas alternativos, en cuanto a vigencia y cobertura de manera de aparecer como recurso extremo en una cadena de responsabilidades y respuestas que, al comenzar en las propias familias, ubica como prioridad una canalización prioritaria de recursos gubernamentales y comunitarios orientados a favorecer el fortalecimiento de las familias, para que, efectivamente, puedan cumplir su papel socializador y educativo. Para finalizar, volvamos a la Carta por la Niñez en dos párrafos que parece oportuno recordar: "Debemos tomar conciencia de que cada chico marginado, abandonado o en situación de calle, con deficiente acceso a los beneficios de la educación y la salud, es la expresión cabal no sólo de una injusticia sino de un fracaso institucional que incluye tanto a la familia como también a sus vecinos, a las instituciones barriales, a su parroquia y a los distintos estamentos del Estado en sus diversas expresiones. Muchas de estas situaciones reclaman una respuesta inmediata, pero no con la inmediatez de las luces de bengala. La búsqueda e implementación de respuestas no emparchadoras no pueden hacernos olvidar que necesitamos un cambio de corazón y de mentalidad que nos lleve a valorar y a dignificar la vida de estos chicos desde el seno de su madre hasta que descansen en el seno del Padre Dios, y a obrar cada día en consecuencia. Debemos adentrarnos en el Corazón de Dios y comenzar a escuchar la voz de los más débiles, estos niños y adolescentes, y recordar las palabras del Señor: "El que recibe a uno de estos pequeños en mi Nombre, me recibe a mí mismo" (Mt. 18: 5); y: "Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre celestial" (Mt. 18: 10). Tanto esas voces como la palabra del Señor deberían conmovernos en nuestro compromiso y en nuestra acción: Nunca la niñez abandonada en nuestra ciudad; nunca la adolescencia y la juventud marginada en nuestra ciudad; ningún cristiano, ninguna parroquia, ninguna autoridad indolente o indiferente frente al vía crucis de nuestras familias y de nuestros niños; ningún egoísmo o interés personal o sectorial menguando el esfuerzo y el compromiso que dilate la necesaria unidad y coordinación para el esfuerzo impostergable e inmediato." Sea la respuesta a este llamado el sendero a construir y transitar para fortalecer la esperanza de una respuesta justa y eficiente para las necesidades y derechos de nuestros niños y jóvenes, y sus familias.

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