El Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes denunciará al Gobierno porteño por violación sistemática de leyes.
Aunque Mauricio Macri prometió que uno de los principales ejes del gobierno PRO sería la inclusión social, durante los primeros 20 meses de su gestión parece que ha sucedido todo lo contrario. De acuerdo con un informe que será presentado hoy en la Legislatura porteña, que cuenta con el apoyo de varias ONG y de los principales bloques opositores, los menores de edad en situación de pobreza han quedado completamente afuera de sus planes y a merced de una puja judicial interminable que cada vez los perjudica más. Según los últimos datos oficiales disponibles, correspondientes a 2008, en Capital hay poco más de tres millones de habitantes sobre sus 202 kilómetros de superficie. De ese total, más de 260 mil viven en la pobreza y otros 110 mil en la indigencia. Sin embargo, la franja más delicada está compuesta por 100 mil menores de 18 años que son pobres y otros 19 mil, menores de cinco, que transitan los años más cruciales de su crecimiento en condiciones de supervivencia inaceptables. Según las últimas estadísticas, hay 45 mil adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, pero la mayor parte del presupuesto para atenderlos está destinado a internarlos. Para cuatro de los cinco representantes de la Legislatura porteña dentro del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA) de la ciudad, en los últimos 20 meses el Estado porteño cada vez tiene menos posibilidades de revertir el sostenido deterioro de la niñez y la adolescencia en condiciones de pobreza. Según el relevamiento realizado por los consejeros Perla Prigoshin, Ana Logiudice, Florencia Elgorriaga y José Machain, la ciudad cuenta con un presupuesto cada vez más dedicado a pagar la internación de los chicos que a mejorar las condiciones sociales para evitar el deterioro socioeconómico que luego los deja al borde del abandono, la desocupación, el consumo de drogas y, en el mejor de los casos, la posterior internación voluntaria o coactiva. De acuerdo con el análisis presupuestario realizado por los consejeros, la partida para financiar la internación de adolescentes vulnerables es diez veces mayor que la prevista para reforzar los vínculos familiares. Las planillas del presupuesto 2009 son elocuentes. Mientras la partida anual “Atención niñez y adolescencia en situación de vulnerabilidad” tiene 76 millones de pesos, la previsión para “Fortalecimiento de vínculos” sólo tiene 7,6 millones. “Eso significa que por cada peso invertido para evitar que los chicos pobres caigan en situaciones de mayor deterioro, la ciudad invierte diez para internarlos y encerrarlos”, explicó José Machain, especialista en infancia y uno de los representantes de la oposición dentro del Consejo. En la actualidad, la ciudad sólo cuenta con dos hogares propios (Casa Puerto y Hogar 26 de Julio) y con otros 100 privados que fueron tercerizados por convenio y cuyos servicios son pagados con los 76 millones que les destinó el presupuesto 2009. Para los consejeros, el problema no es la tercerización, sino las nuevas atribuciones que les dio la ciudad. Aunque se trata de una metodología muy criticada, la tercerización llegó a la ciudad antes del fin del gobierno de Aníbal Ibarra y fue seguida por Jorge Telerman en 2007.
“El problema es que ahora los hogares eligen a quién reciben y a quién no, por eso los chicos más conflictivos terminan a la deriva, institucionalizados en neuropsiquiátricos o sin un destino que los contenga y que les ayude a mejorar”, advirtió un alto funcionario judicial que sigue estos casos muy de cerca.
LOS ANTECEDENTES.
La gota que colmó el vaso ocurrió la semana pasada, cuando este diario reveló la preocupación de la Asesoría General Tutelar porteña “por la permanencia de niños y adolescentes que, a pesar de tener el alta médica, continúan internados en el Hospital Infanto Juvenil “Tobar García” y en el Hospital de Emergencias Psiquiátricas “Torcuato de Alvear”. Al cierre de esta edición y a pesar de un recurso de amparo presentado, los ocho chicos seguían internados y sin posibilidades de externación “por falta de acceso a una política pública adecuada a sus necesidades”, según dijo a este diario Laura Musa, asesora general tutelar porteña. Para los consejeros, “mientras los hogares se reserven el derecho de admisión, existen serios riesgos de que haya cada vez más chicos cronificados”, es decir, sin muchas posibilidades de evitar que el sistema estatal los perjudique en vez de ayudarlos. Para los expertos, “el actual esquema presupuestario para la atención de los chicos vulnerables retorna al viejo criterio del patronato que los separa de sus familias porque provienen de sectores con vulnerabilidad social”. Para todos los consultados, la clave es el fortalecimiento de sus vínculos, porque “es la única alternativa real a la internación”. Según funcionarios, especialistas y fiscales, si no se dedica una mayor parte del presupuesto para mejorar las condiciones de la familia que tiene al chico, será un círculo vicioso que terminará con cada vez más chicos internados. Además de los problemas de presupuesto, el informe también denuncia que el trabajo de los operadores de calle ha sido precarizado, que llegan a cobrar cinco meses después de firmar el contrato y que gran cantidad de sus profesionales fueron removidos sin razón alguna. Para los expertos, el otro factor determinante es la crisis habitacional, ya que la creciente cantidad de desalojos perjudica en gran medida a los menores, cuyas familias después no logran conseguir ni siquiera un subsidio para evitar la calle
Pero la polémica no termina. Aún resta saber qué pasará en la Justicia con el plan piloto de atención para chicos adictos al paco en la Villa 21-24 de Barracas. Aunque el Ministerio de Desarrollo Social ofreció un sistema de internación y atención coactiva para los 100 chicos que están en situación de pasillo, el Ministerio de Salud no se notificó acerca del plan, tampoco destinó a los cinco psicólogos, ni a los cinco médicos ni a la ambulancia que ofreció la comuna para atenderlos. En toda la ciudad, se estima que hay más de 600 chicos en situación de pasillo y, a pesar de las denuncias, cada vez son más. Y, si tienen la suerte de ser atendidos, es posible que corran el riesgo de terminar en ninguna parte.
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