martes, 15 de septiembre de 2009

DEJEN DE GATILLARNOS


La criminalización de niños y adolescentes se ha intensificado en los últimos tiempos. Un informe de Unicef revela que al menos 6000 chicos se encuentran alojados en institutos penales o integran algún tipo de programa de asistencia, en todo el país. En esta nota, Varón Fernandez y Manuel López opinan sobre el encierro, la libertad y la necesidad de escuchar a los chicos.


Los intentos por bajar la edad de imputabilidad de los menores, que en los últimos meses tuvieron eco en los reclamos de algunos sectores altos de la sociedad y lamentablemente, también, desde el poder político, violan sistemáticamente lo establecido por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La misma establece en su artículo 37 que:


a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes


b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda


c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad.


En nuestra provincia, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) reveló en el año 2008 un informe crítico sobre la
situación en el Instituto de Recuperación del Adolescente que se encuentra en Rosario (IRAR), denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (CIDH) Del mismo se desprende que “hoy por hoy el número de chicos detenidos es menor a treinta, pero las condiciones de detención han recrudecido en sus aspectos más negativos. Además queremos remarcar que no se visualizan políticas planificadas de contención y seguimiento para quienes han podido recuperar su libertad.”

El Irar depende actualmente del Servicio Penitenciario de Santa Fe, “quien no solo se ocupa de la seguridad y los traslados, sino que además maneja desayuno, almuerzo, merienda y cena; salidas a los patios; trato con las familias; salidas a los talleres; uso del teléfono, en resumen controla la cotidianeidad del establecimiento en todos sus aspectos. Hechos que como expusiéramos más arriba agrava la situación que motivara nuestra denuncia ante la CIDH.”


En uno de los apartados del informe se denuncia que al 20 de octubre de 2008, “se han agravado los hechos de violencia física y amenazas permanentes a los chicos, mientras los que denuncian estos hechos son maltratados (…) se registraron golpizas colectivas, como la que se produjo el día miércoles 8 de octubre con motivo de la quema de una frazada por parte de los adolescentes, que derivó en el ingreso de la guardia al sector, y que luego de apagar el fuego, “castigó” a los chicos haciéndolos arrodillar, insultándolos a los gritos y golpeándolos. Los chicos nos relatan que fueron rociados con el polvo de los matafuegos, polvo que han estado despidiendo de su cuerpo por varios días”, entre otras denuncias de malos tratos y torturas.


“Los medios dicen que los jóvenes son violentos, roban, pero no dicen nada de que están en el Irar, donde el gobierno no les da ofertas para que los pibes hagan talleres, tengan terapeutas, asistan a la escuela. Están encerrados haciendo nada”, comenta Manuel López. Manuel
integró el grupo de jóvenes La Vagancia de Ludueña. Muchos fueron los pibes que pasaron por allí. “Es duro también ver en la Vagancia a otros jóvenes que pasaron, como por ejemplo Elbio, que está muerto. Tenés un 50% de pibes o talvez menos que pudieron salir, pero tenés otro 50% que están hechos mierda por la droga, en la cárcel. La Vagancia fue como todo”, cuenta Manuel.

“Sabemos que hay pibes menores presos en comisarías, sabemos que hay pibes que son perseguidos por la policía. En el primer número de la revista Tierra de alguien, hice un informe sobre 10 suicidios que hubo acá en Ludueña. Lo relacionaba con la edad de imputabilidad, con los espacios de participación, de formación, cómo son excluidos a partir de vestirse como o de peinarse como. Para nosotros es una forma de seguir siendo espiritualmente sanos creer en los más chicos, seguir trabajando con ellos, poder escucharlos más. Ver cómo podemos canalizar su participación, su pedido, su forma de ver las cosas que tienen, que quieren”, opina, por su parte, Varón Fernández.


Datos


UNICEF, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad Tres de Febrero, publicó el informe “Adolescentes en el sistema penal”, a partir de un relevamiento realizado, durante los meses de agosto a diciembre de 2007, en diferentes dispositivos penales. Se visitaron 72 establecimientos del país que alojan a niños/as, adolescentes y jóvenes con causas penales. al menos un total de 6.294 niños/as, adolescentes y jóvenes están incluidos en algún tipo de dispositivo. El 71% de este total (4.495) se encuentra en programas de tipo alternativo a la privación de la libertad y el 29% restante (1.799), en establecimientos. De los niños/as, adolescentes y jóvenes alojados en establecimientos, el 85% se halla en establecimientos de régimen cerrado (1.525).


Asimismo, la cantidad de establecimientos existentes en el país supera en gran medida el número de programas –119 y 25 respectivamente- y que del total de los establecimientos detectados, más de la mitad posee un régimen de tipo cerrado. El 33% de los establecimientos depende de fuerzas de seguridad y cuenta con escasa o nula injerencia por parte de los organismos jurisdiccionales responsables de la implementación de las políticas de niñez y adolescencia.


El relevamiento arroja dos datos muy importantes. Por un lado, que hay muchas jurisdicciones que carecen de manera absoluta de dispositivos de intervención que no sean de privación de la libertad. Por el otro, que en aquellas jurisdicciones que cuentan con programas o intervenciones no privativos de la libertad, los mismos raramente se constituyen en una verdadera “alternativa” al encierro. Además, se constata que al menos 632 niños/as y adolescentes incluidos en los dispositivos son menores de 16 años. Sólo el 40% de los establecimientos relevados ofrece actividades vinculadas a la formación laboral y el 53% talleres artísticos.


En relación con el tipo de delitos imputados a los niños/as, adolescentes y jóvenes, es importante aclarar que existen grandes dificultades para obtener el dato de manera confiable. Así, se obtuvo información sobre el 75% del total de los niños/as alojados/as. Sobre ese total, los porcentajes indican que la mayor frecuencia recae en los delitos contra la propiedad. Si se suman las categorías delitos contra la propiedad con y sin armas, se obtiene que estos delitos representan el 70% del total de hechos delictivos imputados. De estos delitos, el mayor porcentaje recae en los delitos contra la propiedad sin armas, que representan el 38% del total, mientras que los delitos contra la propiedad con uso de armas representan el 32%.


Otras voces


Desde el interior de Coronda, uno de los penales más grandes de la provincia de Santa Fe, un detenido escribe y produce una de las revistas que alza las voces de la gran mayoría de jóvenes que el sistema condena a penas privativas de la libertad:
Ciudad Interna. Allí, Jorge Crespillo afirma: “nos encontramos en su gran mayoría con adolescentes que vienen con múltiples postergaciones y carencias. La mayoría de ellos en condiciones de vida por debajo de la línea de pobreza. Nacieron en la villa, de la villa a la calle, de la calle a institutos de menores y de ahí a la cárcel. Cuando ingresan son derivados a sectores donde las condiciones de vida son nefastas, impera el ocio, no hay privacidad. Se vive en un insoportable estado de hacinamiento, sin posibilidades de trabajo, educación y asistencia emocional y espiritual. Así la persona se empieza a degradar y nunca podría salir mejor de lo que entró, ni siquiera igual, saldrá peor. Caerá en una sistematización funesta y regresará a la vida libre en esas condiciones, y la cárcel quedará lejos de haber cumplido con su función de resocialización, al contrario, directamente enfrentará al ex convicto con gran parte de la sociedad.”

Desde Ludueña, para Varón Fernandez, la gente que quiere bajar la edad de imputabilidad como Blumberg, “son tipos a los que le juegan otros intereses que tienen que ver con los espacios de poder y con el dinero, a esa gente le pasan otras cosas. A mí me hace mucho mas sano trabajar con los pibes, decirle y demostrarle que hay otra forma de vivir, que no tiene que ver con la televisión, ni con estratos de poder, tiene que ver con que se hagan libres a la posibilidad de soñar, de enfrentarse a un adulto, de decirle lo que sienten.”


Las estadísticas, los informes, las cifras, desnudan una meseta cruel para los jóvenes y adolescentes pobres que actualmente habitan gran parte de los establecimientos penales de Argentina. Y sí continuamos con los datos vemos que esta meseta denuncia que 1,9 millones menores de 18 años no asisten o nunca asistieron a un establecimiento educativo. El 10% de los chicos tienen retrasos en el desarrollo educativo por falta de alimentación en los primeros años de vida. 1,2 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, el 70 % de la juventud se encuentra desocupada o en condiciones de precariedad laboral y 4 de cada 10 desocupados tiene menos de 24 años. “Cuando pienso en lo de la edad de la imputabilidad me duele. Más inocentes que van a entrar a la cárcel. Y los que creen que estos pibes deben estar y morir ahí porque son peligrosos, no se dan cuenta que se están dando una puñalada por la espalda”.

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