sábado, 27 de febrero de 2010

LA FAVELIZACIÓN ANUNCIADA


Las villas de emergencia se multiplican en la ciuidad de Buenos Aires.


“–¿Por qué durante los últimos cinco años, un período de recuperación económica, crecieron las villas?

–El boom inmobiliario que vivió Buenos Aires terminó perjudicando a las personas de menos recursos. Los más pobres no pueden acceder a un crédito y tampoco llegan a pagar un alquiler, o muchos vienen del interior, o son extranjeros y no tienen garantía en Capital. Están condenados a vivir en la informalidad de la casa tomada, de la villa, de los hoteles sociales, que cada vez son menos y más caros”.
Facundo Di Filippo, legislador de la Coalición Cívica, presidente de la Comisión de Vivienda.

“El progresismo y el conservadurismo son indistintos porque para entender las villas hay que caminarlas y si no las caminan nada podrán cambiar”.
Padre José María Di Paola (“Padre Pepe”), de la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé, en la Villa 21-24.

“Hoy la villa es rica, es una inmobiliaria. ¿Por qué una familia tiene toda la casa rentada y vive en un sucucho? Están durmiendo hasta las seis de la tarde y tienen 20 habitaciones alquiladas a 200 pesos cada una. Fijate cuánto es”.
Norma Gutiérrez, puntera vinculada con
el PRO, en el diario Clarín.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 21 villas de emergencia o asentamientos: el asentamiento Morixe, el ex AU7, el de la Reserva Ecológica, Los Piletones, Calacita, calle Zabaleta, Av. Eva, Perón la Villa Dulce y las villas 1-11-14, 3, 6, 13 bis, 15 Ciudad Oculta, 16, 17, 19, 20, 21-24, 26, 31 y 31 bis Saldías. A esta lista tradicional se sumaron, en 2006, 24 nuevos asentamientos precarios con una población estimada en 12 mil personas, mientras que el total de habitantes de villas en la Ciudad Autónoma ascendió de 108.056 en 2001 a 167.500 en 2008, según estadísticas de la Defensoría del Pueblo local. Una población comparable con toda la ciudad capital de Catamarca, por ejemplo, o 20.000 habitantes menos que la capital de Neuquén. “Desde el punto de vista urbano social –escribe María Cristina Cravino en Las villas en la ciudad, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento–, cuatro son los grandes fenómenos que caracterizan la cuestión habitacional en Buenos Aires: en primer lugar las villas; en segundo, las casas o edificios (en varios casos fábricas) ocupados (localizados particularmente en la zona Centro, Abasto, San Cristóbal y Villa Urquiza); en tercer lugar, la población que se alojaba en los hoteles pensión (a cargo del mismo Estado que derivó allí a quienes estaban en emergencia habitacional); y por último aquellos que viven literalmente en la calle”.

La evolución demográfica de las villas de emergencia marca un quiebre evidente durante los años de la dictadura: en 1976 había 28 villas y seis barrios precarios que albergaban a 220.753 personas que fueron erradicados compulsivamente con el proyecto militar de “embellecer” la ciudad. En 1980, la Comisión Municipal de Vivienda sólo registraba 34.554 personas en situación de precariedad.

Según el último “Diagnóstico de la situación social en la Ciudad de Buenos Aires” elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno porteño:

–El 8,4% de la población es pobre (unas 257.930 personas, de acuerdo con la encuesta permanente de hogares, EPH, del INDEC).

–El 3,6% vive en la indigencia: 110.541 personas.

–El 14,6% de los menores es pobre, casi cien mil niños y adolescentes.

Las cifras no bajan y conviven, sin embargo, con un período de crecimiento de la economía y el empleo: coexisten aún en la ciudad situaciones de extrema pobreza con altos niveles de riqueza. El “derrame” es insuficiente, aseguran los economistas; los guarismos de la grieta son superiores a los de los noventa, lo que muestra que la recuperación económica no se tradujo en una recuperación social. El propio ministerio del área concluye en su informe que “el problema de la pobreza no puede ser resuelto exclusivamente con políticas de empleo: con el nivel salarial actual, aun con pleno empleo la pobreza persistiría. Con respecto a la salud, el 22,2% de los porteños no cuenta con ninguna cobertura: ni obra social, ni PAMI, ni prepagas. Los sectores más desatendidos se encuentran geográficamente en el sur de la ciudad, donde también se ubica el 72% de las villas de emergencia.

Segmentada por edades, la pobreza afecta más a los jóvenes: el estudio “La geografìa de la infantilización de la pobreza”, escrito por Claudio Lozano, Tomás Raffo y Ana Rameri, muestra que mientras en la ciudad la pobreza es del 12,5% y la indigencia del 4,9%; en los menores de 18 años la pobreza llega al 23,9% y la indigencia al 10,1%; esto es 342.220 chicos pobres menores de 18 y 147.459 pibes indigentes. Quienes se preguntan por el auge del delito no encontrarán aquí todas las causas pero sí algunas de ellas. En la denominada Zona C de la ciudad (Comunas 4 y 8 La Boca, Barracas, Soldati, Lugano), el 38,6% de los menores es pobre y en la Zona E (Almagro, Boedo, Caballito, Flores, Parque Chacabuco, Villa Crespo, Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas) el 26,6 por ciento.

La tasa de desempleo entre los adolescentes es del 27 por ciento. La desigualdad en los ingresos el ancho de la grieta es atroz: mientras que el promedio de los ingresos familiares per cápita para los hogares con jefatura masculina en la ciudad ascendía en 2006 a $1.155, para el mismo tipo de hogar residente en villas el promedio es un 80% inferior:$229,4.

TODO LO TRANSITORIO SERÁ DEFINITIVO. Al panorama “normal” de las villas instaladas hace décadas se suma el de los eufemísticos “centros transitorios” hoy devenidos en permanentes: el Núcleo Habitacional Zabaleta de Barracas, por ejemplo, nacido durante la dictadura de Onganía para “relocalizar” a los habitantes de diversas villas durante doce meses se transformó en cuarenta años. Allí viven ahora unas 3.000 personas. Algo similar ocurre en el Parque Roca, donde fueron mudados los habitantes de la Villa El Cartón después del incendio de febrero de 2007. Entonces se les prometió una solución definitiva en 120 días.Hoy viven allí más de 1.500 personas.

En Lugano, la Villa 20 convive hace tres décadas con un basurero de chatarra tóxica; está asentada en un predio de 120.000 metros cuadrados que la Policía Federal usa para arrumbar autos viejos. El ingenio popular supo cómo describirlo: lo llaman “El cementerio”. Allí vivían hace tres años unas 17.000 personas, y ahora la cifra supera los 21.000. La misma población que, por ejemplo, habita Pinamar. Los casos por intoxicación se multiplican hace años: el 35,5% de los chicos presenta valores al límite de la sobredosis de plomo en sangre, y el peso de nacimiento es en el 15% de los niños inferior a los dos kilos y medio.

La villa 1-11-14 se llama así por la fusión de las tres villas originales y es una de las más grandes de la ciudad, frente a la cancha de San Lorenzo de Almagro, en el Bajo Flores. La mitad de sus habitantes son extranjeros.

La Villa 31, origen del debate de alto nivel protagonizado esta semana por los estadistas Mauricio Macri y Aníbal Fernández, es una de las más antiguas de la Capital: nació en la década del treinta como Villa Desocupación y ya en el censo de 1934 registraba 2.903 habitantes que se asentaron buscando la cercanía del puerto y las terminales ferroviarias. Allí militó y murió el padre Mugica, y llegó a ser una de las villas más organizadas de la ciudad. Cada uno de sus seis barrios tenía una comisión vecinal (Saldías, Laprida, Comunicaciones, YPF, Güemes e Inmigrantes) y estaban organizados por manzanas y pasillos. La Villa 31 bis está asentada en suelo de Ferrocarriles Argentinos gestionado por el Onabe y la 31 tiene múltiples dueños: la Administración de Puertos, Repsol YPF y la Armada.

El debate ontológico Macri-Fernández comenzó con un espía: el arquitecto Juan Carlos Poli, quien se hizo pasar por fumigador y visitó 26 veces la Villa 31 para hacer un relevamiento y, eventualmente, frenar las construcciones en altura. Poli le cobró 40.000 pesos al ministro de Espacio Público por su trabajo undercover y descubrió unos 600 casos de viviendas con varias construcciones en los pisos superiores.

Muchas de ellas –dijo Poli en su informe– han crecido ocupando zonas de calles y hasta los postes de iluminación pública han quedado dentro de las viviendas. Aunque subrepticia, era la primera intervención del Estado en el caso después de décadas, pero no entraba para instalar servicios públicos, para proveerlos de gas, agua corriente o teléfonos, siquiera para mudarlos a un sitio más humano, sino para destruir su precariedad.

INVESTIGACIÓN: J.L. / LUCIANA GEUNA/ JESICA BOSSI/ CLAUDIO MARDONES

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