"CASTIGOS QUE NO SIRVEN A NADIE"

Claudia Cesaroni, directora adjunta de la Asociación para la Prevención de la Tortura y especialista en los casos de menores en prisión, plantea en La vida como castigo la grave posición del Estado y qué ocultan las condenas a perpetua a adolescentes.

Por Horacio Cecchi

Hace pocos días, durante una conferencia que dio en la Universidad del Comahue, Claudia Cesaroni dijo que “cuando un chico delinque es porque alguien de más edad lo ha usado”. Cesaroni es abogada, trabajó en los equipos de la Procuración Penitenciaria y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, visitando los subsuelos del horror de las cárceles federales. Desde abril pasado reside en Panamá, donde fue elegida como directora adjunta de la Oficina Regional para América latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Recientemente publicó La vida como castigo (Norma), donde relata los avatares de los seis adolescentes condenados a perpetua (uno de ellos murió ahorcado en un suicidio difícil de entender) en Argentina, el único país de América latina que llegó a imponer semejantes condenas a menores de 18. Y se pregunta el porqué de la falta de solución de estos casos, visiblemente fuera de la ley que reconoce el propio país, motivo por el que el Estado argentino está sentado en el banquillo de los acusados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Cuando una chica de 17 años es sometida a explotación sexual, todos entienden que fue arrastrada a esa situación por un adulto. ¿Por qué cuando un chico desde los 12 años o antes queda envuelto en situaciones delictivas se supone que lo hizo porque tomó la decisión o porque es malo?”, se pregunta Cesaroni durante la entrevista realizada por Página/12. Hoy, la pregunta viene a cuento, porque un tribunal definirá si aplica la perpetua solicitada por el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Andrés Zárate a los dos chicos ya condenados por el homicidio de Santiago Urbani, mientras que paradójicamente el adulto de la banda permanece prófugo.

–¿Cómo se interpreta que el Estado, sentado en el banquillo, repita en boca del fiscal Zárate el mismo pedido que lo tiene como acusado en cinco casos más?

–El Estado no sólo está representado por el fiscal sino también por el ministro de Justicia (Ricardo Casal), que no ha dicho nada, el intendente de Tigre (Sergio Massa), que pide la máxima pena. Me parece que también es reflejo de la absoluta inexistencia de estos casos en la agenda pública. Lo que intento con el libro es difundir los casos. Me pasa haber comentado en estos días lo escandaloso del pedido del fiscal (Zárate) y que no genere ninguna reacción, me impresiona. Ninguna crítica pública de quienes están en el tema, que lo conocen, les ha circulado, no hay reacción alguna.

–Más allá de la condena que resulte, ya está pedida...

–Claro, el problema es ése, que el pedido del fiscal sea peor que el de la querella. El fiscal tiene que garantizar la legalidad de todo el proceso, no acompañar el dolor o lo que se expresa en un pedido desproporcionado por parte de la madre, que pide lo que quiera pedir. Ese es otro tema. Pero el fiscal no puede pedir una pena prohibida...

–¿Y cómo es que se reincide en el pedido de una pena prohibida?

–Es que no se ven como casos de violaciones de derechos humanos. El argumento es que no es una pena prohibida. La prisión perpetua es legítima. Pero las penas de perpetua a menores están prohibidas en la Convención de los Derechos del Niño (CDN). El argumento de la Procuración de la Nación usada en el caso Maldonado dice que lo que prohíbe la CDN es la pena de muerte y prisión perpetua sin posibilidades de excarcelación, pero sostiene que en Argentina hay libertad condicional a los 20 años y asimila la libertad condicional con la excarcelación. Pero no es lo mismo la libertad condicional que la excarcelación, que depende de los informes arbitrarios del Servicio Penitenciario, que hay que esperarla durante 20 años, que es una enormidad de tiempo para un adolescente. Y, muy especialmente, porque la pena de prisión tiene que ser aplicada como último recurso y por el plazo más breve que proceda. No es lo que es posible, sino lo que procede, que quiere decir lo que corresponde. Los jueces no tienen opción, están obligados.

–¿Por qué este olvido?

–No creo que sea un olvido. Y no es que se aplica en una multitud de casos, se aplica en casos en particular. Nadie quita trascendencia ni horror ni gravedad a la muerte de un adolescente como es en el caso Urbani, a un adolescente de 21 años. Pero por más grave que sean los hechos que cometan estos adolescentes no se puede hacer cualquier cosa.

–En La vida como castigo sostiene que nadie admitiría que se los fusile.

–Exacto. Ni que se los torture, hay límites, no se están cumpliendo y no son tan difíciles de ver. La Corte en el fallo Maldonado dice que no se pueden aplicar las mismas penas a los menores que a los adultos, por algo están protegidos. De todas maneras, la Corte tomó una decisión que fue a medio camino porque dijo que no se podía, pero no dijo que la perpetua a un menor era una condena inconstitucional.

–¿Por qué con los adolescentes no se ve? ¿Pretenden medidas ejemplarizadoras? Si ya se sabe que no sirven.

–Es el campo que investigo. A determinados chicos de determinados sectores se los sigue viendo como monstruos asesinos. Y los adultos no existen. Estoy planteando un paralelo con los casos de trata y los delitos de índole sexual en este punto: ya no se habla de prostitución infantil porque todos aceptamos que cuando hay un adolescente, un niño, una niña involucrada en un hecho de estas características se habla de explotación sexual infantil. Con una niña menor de 17 años se entiende que no tiene la decisión de dedicarse a la prostitución sino que hay explotación sexual de parte de un adulto. ¿Por qué no se reconoce esto mismo en un adolescente que desde los doce años es llevado al delito y termina cometiendo hechos graves?

–¿Por qué?

–Como en otras cuestiones de política criminal hay una construcción de un sujeto al que se le quita toda humanidad. En los casos de explotación sexual es más fácil ver su rol de víctima. En los casos en que el chico es el que comete un crimen, no digo que se le dé una palmadita en el hombro, pero ¿qué repara enterrar en vida a un adolescente? Está claro que la vida del otro adolescente no la devuelve, pero qué se repara, qué se busca con eso. El debate sobre el rol del castigo, la utilidad de la cárcel, creo que es un debate que hay que darlo. La idea de que con más castigo, con más años de cárcel se resuelve, yo creo que no, y que los sujetos después de estar muchos años en la cárcel han sufrido un enorme deterioro en sus vidas afectivas, personal, y que visto desde un punto de vista miserable, pragmático, no le sirve para nada a nadie. Y no bajan las tasas del delito.

–Pero es algo que ya se sabe, es del sentido común más común el decir que la cárcel es una escuela de delincuencia.

–Eso es lo paradójico. Todo el mundo dice esa frase y sin embargo cuando hay un hecho muy grave, particularmente por las características de la víctima, inmediatamente se resuelve como en el período de Blumberg. Pongamos como ejemplo la cuestión de la ley de medios, del matrimonio entre personas del mismo sexo; bueno, son temas que se debaten mucho, en cambio con Blumberg se fueron votando leyes una detrás de la otra a mano levantada.

–El papel de los medios en esto es fundamental, la construcción del delincuente y la presión a los legisladores.

–Sí y a todos les cuesta poder dialogar con la víctima, porque es muy difícil dialogar con una persona que fue víctima de hechos atroces como la muerte de un hijo. Cuesta desde los medios interpelar las posiciones. Con Blumberg nadie discutía porque se le había muerto un hijo, a la mamá de Santiago Urbani nadie la discute, porque se le ha muerto un hijo, y yo creo que es un error.

–¿Qué le discutiría?

–Que enterrando en vida a un adolescente no se repara su dolor, que es algo tan íntimo que no puedo meterme, no lo puedo imaginar. Pero ellos, cuando se meten en una posición de tanta dureza, notables los abogados que acompañan a estas mujeres, Durrieu y Casanovas, ambos tienen una historia: Durrieu fue subsecretario de Justicia durante la dictadura y Casanovas, ministro de Justicia en el período de meter bala de Ruckauf...

–Quiere decir que no están únicamente como abogados...

–Claro. Tienen una posición ideológica. Por eso, en esta discusión hay que correr el dolor de lado porque estamos discutiendo política criminal. El Estado no puede tener las mismas demandas que las víctimas de un delito, porque tiene que pensar en todos los intervinientes de ese hecho. Por supuesto que hay una víctima indiscutible que es Santiago Urbani, pero hay dos adolescentes a los que se les está proponiendo un castigo que no resuelve nada y que además los entierra en vida. En una de las sociedades mas criminógenas del mundo como la de Estados Unidos existe la pena de muerte y no logra nada. Y entonces qué hacemos. Lo que quiero decir con este libro es que ante determinados hechos graves no podemos seleccionar a unos adolescentes para aplicarles penas ejemplarizadoras con la idea de que otros adolescentes aprendan. Porque no es así. El adolescente que se ve involucrado en delitos en algún momento es llevado por situaciones determinadas de su vida, padeció diversos deterioros y abandonos del Estado a lo largo de su niñez y adolescencia y al momento en que está metido en esa situación no está pensando si le va a tocar 50, 25 o 32 años. Eso es más una especie de placebo, un intento de calmar las demandas de seguridad de algún sector de la población, que resolver algo que claramente no resuelve.