lunes, 27 de agosto de 2012

AZUCAR AMARGO

El comienzo del juicio por la represión de la dictadura y el llamado a indagatoria de Carlos Pedro Blaquier desnudan los vínculos con la Justicia, la jerarquía de la Iglesia y el Poder Ejecutivo jujeño.
 

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Por Martín Granovsky
 
Mientras la Justicia procesa, al fin, a los responsables del terrorismo de Estado en Jujuy y se propone indagar al propietario del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, el gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, parece resuelto a que el juicio no se mezcle con un dato de la realidad: cuenta como uno de sus funcionarios más importantes al socio de un estudio que patrocinó a Ledesma. Se trata de Jorge Noceti, secretario de Turismo y Cultura, que perteneció al estudio Noceti-Frías.
Noceti ya ocupó ese cargo con Walter Barrionuevo, el gobernador del período 2007-2011. Fellner lo mantuvo al asumir en diciembre pasado luego de su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación.
El secretario es hijo de Raúl Octavio Noceti, un abogado rosarino que se radicó en Jujuy, fue cofundador del estudio y se convirtió en el hombre fuerte del peronismo jujeño en la Justicia provincial. Llegó a ser miembro de la Corte Suprema. El 9 de febrero de 1999 sufrió un misterioso atentado. A las 21.30 le dispararon tres balazos en la puerta de su casa, en la calle España 594, de San Salvador de Jujuy. Fue trasladado a Buenos Aires de urgencia en un avión privado. Una bala entró por la sien y le destrozó el globo ocular, pero la afección cerebral fue mínima, según informó en aquel momento el neurocirujano Amelio Castellani, del sanatorio Lavalle, de Jujuy. La información reproducida por Clarín el 11 de febrero del ’99 consignando fuentes policiales señala que, “según el testimonio de los vecinos, en el momento exacto en que se produjo el atentado hubo un corte de luz que dejó esa zona de la ciudad completamente a oscuras. Y no se descarta que los agresores lo hayan provocado”. Noceti falleció el 1º de junio de 2004. Cuando murió, Noceti-Frías Estudio Jurídico pasó al control de su hijo Jorge.
Antes de que la Quebrada de Humahuaca fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, en 2003, grupos de pobladores fueron despojados de sus tierras por abogados que aprovecharon la obvia debilidad de su documentación.
Los chiriguanos, descendientes de guerreros guaraníes que combatieron con los incas y terminaron instalándose en zonas como el oriente boliviano, emigraron a Jujuy durante el siglo XX para trabajar en los ingenios azucareros.
“En Jujuy el poder político no hace nada sin consultar a Ledesma”, dijo a este diario Ricardo Arédez, hijo del intendente de Libertador General San Martín Luis Arédez, secuestrado en 1977 y desaparecido desde entonces. Médico, Luis se había interesado en la salud de los obreros del azúcar en Tucumán. En 1973 fue elegido intendente del pueblo cercano al ingenio Ledesma. El primer punto de su programa era un plan de entrega de tierras de la empresa a los jujeños. La historia no se repite salvo cuando no se resuelve. En julio de 2011, una ocupación en reclamo de tierras derivó en la represión de la policía jujeña, que dejó cuatro muertos.
Adriana Arédez, hija de Luis y hermana de Ricardo, señaló la responsabilidad de Ledesma en lo que definió como “tres genocidios”. El primero, “el robo de tierras a los pueblos chiriguanos”. El segundo, “la participación en el terrorismo de Estado”. El tercero, “la contaminación ambiental”. También incluyó en la trama del poder jujeño a Guillermo Jenefes, actual vicegobernador, ex senador nacional y dueño de medios que, según la hija del intendente secuestrado, “no se preocupan mucho por difundir el juicio sobre la represión”. Y recordó que el obispo a cargo de la diócesis de Jujuy entre 1965 y 1982, José Medina, “presenciaba los interrogatorios de los torturadores”. Medina fue nombrado después vicario castrense. Es el mismo a quien el 2 de abril de 1987 el entonces presidente Raúl Alfonsín tuvo que replicar desde el púlpito porque en su homilía había presentado a la Argentina como un paraíso de drogas y negociados.
Ricardo Arédez dijo que también Fellner trabajó con Frías y Noceti. El gobernador no desmintió sus relaciones con el estudio, aunque la empresa Ledesma a través de Ignacio Duelo, ejecutivo de relaciones institucionales, deslindó por escrito que Fellner haya sido abogado de la firma.

–Cuando Ledesma contrató al estudio de Noceti-Frías, ¿el doctor Eduardo Fellner fue también uno de los abogados?

–No, el doctor Fellner nunca fue abogado de Ledesma.

–¿Cuál era la razón social del estudio mientras estuvo vinculado a la empresa Ledesma?

–Noceti-Frías, que se refiere a Marcelo Horacio Frías, quien nunca fue socio del doctor Eduardo Fellner.

–¿En algún momento se llamó Fellner-Frías?

–El Estudio Noceti-Frías nunca se llamó de otra forma. El estudio que trabajaba con Ledesma era el de Marcelo Horacio Frías y Jorge Noceti. Cuando Jorge Noceti entró al gobierno provincial como secretario de Turismo, dejó de ejercer su profesión de abogado, y por supuesto dejó de ser abogado de Ledesma.
La historia del ataque a Noceti padre no es el único hecho sin esclarecer que hasta hoy ronda en el poder jujeño. Frías, que además es criador de perros, también protagonizó una historia con olor a vendetta o advertencia. Un día todos sus perros aparecieron degollados. La escena de El Padrino en la que Vito Corleone ordena poner en la cama de un productor de Hollywood la cabeza degollada del caballo preferido de éste, es ficción. La historia de los perros de Frías, no.
Como presidente de Ledesma, Blaquier emitió un comunicado el 7 de julio último. “Respecto de las acusaciones que figuran en la causa sobre una posible participación en detenciones ilegales de personas durante el último gobierno militar, quiero manifestar que somos totalmente inocentes y que las evidencias y otros elementos prueban que las imputaciones son falsas y carecen de todo sustento”, dice el texto. Y en alusión a uno de los temas que está bajo pesquisa judicial agrega: “Se nos acusa de haber prestado camionetas de Ledesma S.A.A.I. a las fuerzas de seguridad para la detención ilegal de personas”.
 
Ricardo Arédez dijo a este diario que recuerda haber visto las camionetas “con mis propios ojos”. Añadió que la suya no es una deducción. “No es que me pareció que los móviles eran de la empresa sino que llevaban una inscripción con la marca.”

Fuente: Pagina/12

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