jueves, 23 de agosto de 2012

"EL ESTADO DEBE QUITARLE PODER A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION"

La arquitecta y urbanista brasileña Raquel Rolnik analiza las causas de la crisis de vivienda actual, apunta contra el lobby de las constructoras y propone una política de alquileres sociales subsidiados por el Estado.
 
Por Francisco Yofre
      
En 1985, Brasil vivía su transición democrática y en las villas y asentamientos de San Pablo miles de personas debatían las medidas de inclusión social a tomar por los futuros gobiernos. Las deliberaciones callejeras derivaron en decenas de enmiendas que le dieron forma a la nueva Constitución de 1988, entre las que se destacaba una que reconocía la función social de la tierra urbana y el derecho de los habitantes de las villas a ser integrados a la ciudad plenamente. Lula quedó impactado por el proceso de discusión popular y en 2003, ya en la presidencia, lanzó el Ministerio de las Ciudades para, desde allí, impulsar una política nacional e integral de viviendas. Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista, protagonizó aquellas asambleas paulistas, impulsó la enmienda constitucional sobre vivienda y fue uno de los cerebros creadores del novedoso Ministerio. Hoy es relatora de la ONU y asesora a decenas de gobiernos del planeta acerca de políticas habitacionales. Sus posturas (volcadas en libros y ponencias) se estudian y debaten en las principales universidades del mundo y en los congresos más importantes sobre derechos económicos, sociales y culturales. Afable e inquieta, Rolnik pasó por Buenos Aires invitada por la Comisión Nacional de Tierras y habló con Miradas al Sur: “El primer punto es tener claro que la tierra y la propiedad no son sinónimos. Acceder a la tierra no es lo mismo que acceder a la propiedad. Éste es el problema más serio que subyace en la crisis de vivienda actual. Tradicionalmente, las políticas habitacionales apuntan a resolver la crisis focalizando todo en la construcción de departamentos. Entonces, para promover viviendas de interés social los gobiernos fomentan su construcción donde la tierra es la más barata del mercado. Esto es en la ‘no-ciudad’, donde no está la ciudad, donde no hay oportunidades económicas, culturales y empleo. Esto se debe a que la vivienda que se hace no se corresponde con la idea de ‘vivienda adecuada’”.
La idea de “vivienda adecuada” que propone Rolnik es uno de sus principales aportes que ha hecho desde la ONU y parte de la premisa de ver la cuestión habitacional como un tema “multidimensional”, de acuerdo con la palabra que quiere usar Rolnik.
–Hacer una casa, sus paredes, sus cobijos, es sólo una parte del problema. El derecho a la vivienda adecuada es el derecho a la vivienda como condición básica para una calidad de vida digna. E incluye a la vivienda como un aspecto de la red de derechos humanos básicos que le permite a una persona el pleno ejercicio de los demás derechos: educación, salud, expresión cultural, medio ambiente sano, acceso al empleo. Un tema clave es la ubicación geográfica de esa vivienda social. Uno puede hacer viviendas sociales muy bonitas pero si están ubicadas a decenas de kilómetros de los accesos, y donde las personas no pueden ejercer sus derechos, no es vivienda adecuada... es totalmente inadecuada. Ahí creo que hay dos ausencias de las políticas públicas de muchos países. Una es la carencia de una política de suelo urbano con regulación estatal. Si el mercado es quien asigna el valor del suelo, se condena a los pobres a tener siempre la peor tierra, en áreas inundables, de riesgo. El segundo error común es suponer que la vivienda adecuada está asegurada por el hecho de que una persona tenga una propiedad. Sin embargo, se puede tener una vivienda adecuada sin ser propietario pero gozando de la “seguridad de tenencia”. La propiedad, en todo caso, es tan sólo una de las formas de “seguridad de tenencia”, pero también hay subsidios, alquileres, propiedad colectiva, gestión colectiva de la tierra. Hay una infinidad de posibilidades de dar “seguridad de tenencia” sin que necesariamente una persona tenga que ser “propietaria”.
–Ahí habría una cuestión cultural, donde la idea del techo está atada a una lógica que la ve como patrimonio. Sólo se resolvería la crisis habitacional creando muchos nuevos dueños.
–Es muy fuerte el peso de esa idea patrimonialista y guió muchas de las políticas habitacionales de las últimas décadas. En América latina se cree que “hay que tener un lugar donde caer muerto” y dejarle una propiedad a la descendencia. En realidad, yo no tengo que tener un lugar donde “caer muerto”, sino un lugar donde poder vivir y disfrutar mi vida de manera digna. La idea del “caer muerto” no toma a la vivienda como un derecho humano básico, sino como pura mercancía y activo financiero que se deja a los que vendrán, como una inversión. Y sólo son válidas las formas de tenencia que funcionan como bienes de mercado, relaciones con la vivienda enfrascadas en lo “transaccionable”. Es una idea medular del capitalismo. A partir de los ’80 hubo una construcción hegemónica que ubicaba a la vivienda básicamente como mercancía y se dio una “financiarización” de todo el sector vivienda. En la Argentina, con la destrucción causada por el neoliberalismo, ese traspaso de la vivienda al sector privado y al mercado no se sintió tanto en lo mediático, aunque existió y muy fuerte. Sí se sintió más en el bloque socialista donde se privatizó todo lo que era vivienda. Y también en países capitalistas que tenían una política histórica de vivienda social como los Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones europeos. Fueron deshaciendo y desmantelando sus políticas sociales, privatizando su “parque construido” de vivienda social que había sido edificado a partir de los ’30 y en la post-guerra. Se desmantelaron los subsidios de alquiler, y todo se convirtió en crédito para que la gente compre su casa. Son los famosos “subprime” que estallaron después en una burbuja y un caos financiero que llevó a todo el planeta a una misma crisis económica. Volviendo a la Argentina, históricamente fue un país con un armado de políticas de protección a la vivienda muy fuerte durante el auge del peronismo. Hasta fines de los ’70, más o menos, la Argentina no tenía el problema como sí lo tenía Brasil, Colombia y otros Estados con muchas más villas que aquí. La política actual de la Argentina, a partir de 2003, tiene la idea de una participación directa del Estado en el sector vivienda. Se afirma que el Estado tiene una responsabilidad, se usa plata pública para viviendas. Esto es un punto de partida fundamental.
–¿Alcanza para salir de la crisis habitacional?
–Ahí hay una discusión, y es bueno darla. El actual modelo argentino se basa en la construcción de vivienda completa. Eso está muy bien, quiero recalcarlo. Es un modelo diseñado en dirección a la recuperación económica y esto es clave. Como medida clásica keynesiana para salir de la crisis y promover ocupación rápidamente fue y es muy efectiva. Se ve que la Argentina se recupera y la gente tiene trabajo. El punto es que la construcción de nuevas viviendas no necesariamente tiene que ver con las necesidades habitacionales de la gente, ya que respecto a las necesidades de vivienda hay distintas situaciones. Una cosa es la gente de las villas que tienen el derecho de ver consolidada su situación e integrada al ejido de la ciudad. Otra, muy distinta, son los grupos que no necesariamente necesitan una vivienda completa, ni una propiedad, sino un lugar donde vivir. Y de estos también hay muchos. Entonces, políticas de alquiler y subsidios de alquiler pueden ser útiles dentro de una canasta de opciones que incluso son más baratas para el Estado, ya que significaría menos inversión y mucha más capacidad de respuestas a las necesidades.
–Además, está la herramienta de aplicar fuertes cargas fiscales a terrenos ociosos, que no se usen.
–Desde ya, pero en ese sentido hay algo que no entiendo. En la Argentina hay una cantidad increíble de tierra fiscal, de tierra pública de la Nación, de la Armada, del Ferrocarril, de decenas de instituciones, de la provincia de Buenos Aires. Hay que poner en movimiento a esta tierra para urbanizar, para poder proponer y promover suelo urbanizado bien ubicado, donde la gente tenga asistencia técnica y ayuda para construir su vivienda sola o en cooperativa. Se trata de la producción del hábitat en donde la producción de vivienda es una parte. Pero aquí vi desalojos en tierra pública, o sea que el Estado es el que está desalojando, produciendo gente que no tiene techo. Lo veo contradictorio. Me parece que, en términos de prioridad, considerando las situaciones de extrema precariedad vistas en la Ciudad de Buenos Aires, siendo una de las capitales con mayor PBI de la región, se debería atender a esta necesidad básica. Claro que la capacidad de respuesta es limitada y debe ser progresiva.
Durante su visita, Rolnik habló con funcionarios nacionales, diputados, senadores y movimientos sociales. Más allá de las reuniones, ella quiso ver la situación con sus propios ojos y por eso caminó la Villa 31, la Rodrigo Bueno, el Bajo Flores y viajó hasta Ushuaia para interiorizarse de una serie de desalojos ocurridos allá. Tanto periplo no es casual, ya que uno de los puntos centrales planteados desde la ONU es la importancia estratégica que tiene la participación de las comunidades en la definición de su propio hábitat.
–Hoy lo que marca a un proyecto no son los planos ni los dibujos de los arquitectos, sino la lógica del costo de construcción. Por este motivo, las viviendas sociales son demasiado baratas. Una cuestión fundamental es la adecuación a las maneras de vivir, a la actividad desarrollada, al tamaño de las familias. Por ejemplo, es común que en el territorio popular la vivienda sea también el lugar donde se trabaja, donde el cartonero guarda sus carros. Y eso no se toma en consideración. En una villa, una señora me decía: “Ah, si me ofertan una vivienda de estas nuevas yo no puedo ir, porque yo hago costuras, ¿dónde voy a poner la máquina? En mi casa de acá hago un segundo piso, un tercer piso y ahí meto las máquinas”. Eso es una realidad. Los cartoneros no tienen espacios donde dejar los cartones ni los animales que tiran de los carros. La participación tiene que ver con la organización familiar, cultural y laboral. Ése es el contenido real de una política popular. Sin embargo, impera la lógica “familiarista”, la vivienda para la familia. Como si toda la gente estuviera en pareja. No hay solteros ni casados homosexuales, ni madres solteras con sus hijos, ni hermanos que vivan juntos. Cuando se hace un proyecto, se debe tener en cuenta la situación real y adaptarse a ella. Los arquitectos o planificadores vienen de otros estratos sociales y a veces no tienen en cuenta las necesidades concretas de otros sectores, por eso es clave la participación popular. En la Argentina hay una buena experiencia: las cooperativas autogestionadas, de las cuales hay muchas en la Ciudad de Buenos Aires bajo la ley 341 que provee fondos a las cooperativas. Tienen una experiencia de autogestión de hábitat totalmente participativa. La gente define, gestiona, y produce cosas de buena calidad que demuestran que es posible. Y se paga por estas viviendas la mitad de lo que se paga a las viviendas construidas por las constructoras. Mucha gente autogestionada podría hacer viviendas con más espacio, de mejor calidad si le dieran los montos que les dan a las constructoras. Es el caso de lo que se construyó en Parque Patricios (en referencia al barrio hecho por el Movimiento Territorial de Liberación –MTL–) o el de las Madres de Plaza de Mayo. Como éstos hay muchos buenos ejemplos.
–¿Qué análisis hace respecto al tema del Riachuelo y las relocalizaciones de la gente que vive en el camino de la orilla? Aquí hay mucha polémica sobre este punto.
–Claro, es un tema demasiado complejo. Pero lo que, desde un punto de vista del derecho a una vivienda adecuada, del mandato de un relator de la ONU puede decir es que en el Riachuelo, lo primero que hay que respetar es el derecho a la vivienda cuando se hacen relocalizaciones y reasentamientos y urbanizaciones. Hay que discutir y proyectar junto a la gente y ser transparente. Si hay relocalización, hay que tener muy claro dónde y cómo. Las condiciones tienen que ser mejores que las condiciones de origen. Mi preocupación ante el Riachuelo es básicamente una preocupación de procedimiento, de transparencia, de información, de participación, de planificación con la gente para que la solución sea la mejor posible. Creo que esto no se está haciendo. Lo que vi es que hay poco respeto, poco criterio y mucha politización. Todo se transforma en disputa partidaria, punteros de los partidos, todo el tema de la vivienda está totalmente imbuido de esto. Y esto tiene que ver con la ambigüedad con que el Estado trata el tema de las villas...
–¿Por qué es ambiguo el Estado?
–Porque no determina si las villas van a quedarse o van ser desalojadas, cuáles van a quedarse, cuáles van a desalojar y cuándo. El juego político discrecional que hay allí es perverso. La Ciudad tiene que hacer un debate serio: vamos a consolidar cuáles villas, porque tienen condiciones de consolidación. Hay otras que no se pueden consolidar por razones de seguridad, de riesgo. Correcto, se relocalizan. Pero, ¿dónde, en qué lugar? El problema es que la ambigüedad no se termina ya que es una fuente inagotable de cambios políticos. Es una mercancía política, y por ende son votos para un lado o para el otro según el momento. Éste sería un cambio muy profundo a dar, pero debe ser responsabilidad del Estado resolver esto, el punto es que el Estado tenga poder político para hacerlo.
–¿Por qué no se hace, quiénes se oponen?
–La industria de la construcción históricamente es la que dominó el tema de las políticas de vivienda. El Estado debe salir de un rol de ver qué está bien y qué está mal, para cumplir con un rol mucho más inductor, que promueva la producción del hábitat con el concurso del privado, sí, pero para poder producir ciudades para todos, hábitat para todos. Hoy la industria de la construcción debe ser un componente pero no tiene que dominar, no puede hegemonizar porque si no hace que se invierta totalmente la lógica de la política y nuevamente impera sólo el mercado. A ellos, a la industria de la construcción y sus corporaciones, es a quienes hay que quitarles el poder de decisión que tienen.
 
Fuente: Miradas al Sur

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