jueves, 2 de agosto de 2012

CUANDO LA DESIGUALDAD SOCIAL SE VUELVE UNA ENFERMEDAD CRONICA

La muerte de un vecino en la Villa 31 desnuda las dificultades de los sectores más pobres para acceder al sistema sanitario. La Justicia intimó al gobierno porteño para que reabra centros de salud e intervino al Same.

Por Diego Long.
      
La discusión en torno a la salud pública se mantiene en escena por un período extendido y amenaza con encauzarse hacia el verdadero fondo de la cuestión. La muerte de Humberto Ruiz en la Villa 31, en la que está implicada una ambulancia del Same que se negó a atenderlo sin compañía policial, no constituyó una novedad sino que destapó una olla que no logra ser ocultada por la discusión en torno a la vigilancia en los hospitales y en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) de la Ciudad de Buenos Aires, que ya llevan diez días de paro.
Es tan innegable la sensación de inseguridad de los profesionales de la salud, como la de sorpresa por la decisión de un paro de actividades como medida de fuerza por parte de un sector que no había elegido antes cortar la atención comunitaria, ni por la falta de insumos, ni por el mantenimiento de los edificios, o los despidos de personal o el retraso de más de cinco meses en el pago a los ingresantes. Si no es sorpresiva, al menos la medida es atípica.
“Me interesa dejar en claro con toda sinceridad, algo que estamos hablando mucho en el equipo de salud, y es que no queremos estar como rehenes de decisiones que tienen diferentes objetivos políticos porque tenemos que asegurar el derecho a la salud”, dice María Elena Folini, que dirige el Cesac 15 de San Telmo, una de las excepciones ya que tiene buen mantenimiento. Sin embargo, este Cesac depende del Hospital Argerich, donde la falta de insumos es tema de pelea constante, al igual que el de La Boca, donde Folini reconoce que la ausencia de equipamiento técnico es seria.
La profesional confiesa que ahora “ya lo pudimos pensar como equipo de salud y darnos cuenta de que por más que hubiera medidas gremiales ese centro no iba a parar más, ni a dejar de atender a la población, porque no es una causa justificada”.
Otra alta fuente del Cesac 18 de Villa Lugano también se extraña de la medida de fuerza que empezaron los gremios de Médicos Municipales, la Federación de Profesionales y el gremio pro macrista de empleados municipales, Sutecba, que aún mantiene el paro en soledad, porque “ni siquiera en épocas de la irrupción de la gripe A se pensó en parar, cuando no había insumos y hasta había que hacer vaquitas para comprar barbijos y alcohol”, confiesa a Miradas al Sur.
Lo que volvió inocultable con su muerte Humberto Ruiz, por más despliegue mediático por priorizar la noticia del paro, es la existencia de un sector invisible, con problemas de idéntica invisibilidad.
“Es un problema de larga data, lo vemos con las condiciones de trabajo en los Cesac, con las condiciones de asistencia, las ambulancias no entran a los barrios, la verdad es que este caso de la Villa 31 puso el tema en agenda pero esto pasa todo el tiempo. Las ambulancias no ingresan, y eso no tiene que ver sólo con un tema de seguridad. El Same no tiene un mapa de las villas, cuando entra se pierde, no hay una decisión de tomar en serio uno de los derechos humanos más básicos que es el derecho a la salud”, relata a Miradas al Sur Luciana Bercovich, que es abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), y que remata: “No sé si puede haber algo más inseguro que saber que si yo tengo una emergencia de salud la ambulancia no va a venir”.
Derechos en el barro. La ONG Acij fue la encargada de interponer el recurso de amparo que los vecinos de los distintos barrios decidieron en asamblea. Ello derivó en el llamado a una audiencia pública para este último viernes, en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, a la que los representantes del Gobierno porteño faltaron, sobre todo el titular de la cartera de Salud, Jorge Lemus, quien debía dar las explicaciones. Aunque se hizo presente el procurador General de la Ciudad, Ramiro Monner Sanz, en un clara actitud defensiva, portando el “certificado médico” correspondiente que justificaba la inasistencia del ministro.
El juez Roberto Gallardo, entonces, dio por incumplida la medida cautelar, citó a una nueva audiencia para el lunes de la semana que viene e intimó a la admnistración macrista a que proceda a la “reapertura inmediata de la totalidad de los Centros de Salud”. De los 42 centros de salud que funcionan en villas, barrios o asentamientos, 24 se encuentran cerrados, informaron fuentes de la Asociación de Médicos Municipales. Gallardo también intervino judicialmente al Same y a la Subsecretaría de Atención Integrada de Salud.
En definitiva, más de la mitad de los centros de atención médica de la Ciudad, que los más pobres tienen para acceder a la salud, hoy se encuentran cerrados.
En este marco de emergencia, la resolución del juez asegura que se mandará a buscar al ministro Lemus por la fuerza policial, de no hacerse presente a la próxima cita judicial y le avisó formalmente a Mauricio Macri para que no evadiera la responsabilidad y para que evaluara la “aptitud psicofísica” del ministro puesto que en caso de no responder su funcionario, y no nombrarse a un nuevo representante para el área, la causa recaerá directamente sobre el jefe de Gobierno.
La decisión de intervenir el Same fue celebrada por el propio director del servicio de emergencias porteño, Alberto Crescenti, a pesar de que las escuchas recientes, tomadas en el allanamiento a las oficinas a causa de la muerte de Ruiz, lo muestra ordenando no ingresar al barrio e irse del lugar, si no llegaba la policía.
Crónica y muerte anunciada. La olla a presión que se destapó con el hecho del barrio de Retiro es una pintura cruda de la realidad del acceso desigual de la población a la salud pública, a pesar de ser garantizada por todas las constituciones (nacional, porteña, etc.) y consagrada por infinidad de pactos y compromisos internacionales.
La Acij quedó representando esta causa porque hace más de cinco años que tiene en marcha su programa de Derecho y Construcción Comunitaria en Villas y trabaja acompañando los reclamos por “acceso a derechos de modo igualitario de los habitantes de los barrios, servicios públicos, salud, educación, de un modo igual al resto de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires”. Bercovich afirma que “en estos barrios es donde más se vulneran los derechos humanos básicos de los habitantes y, en una Ciudad como Buenos Aires, que es la urbe con mayor presupuesto del país, es inadmisible que esto suceda”.
Desde la audiencia del viernes, la abogada aclaró que la parte legal no es la única herramienta que utilizan en esa ONG, también hay otras como las presupuestarias, que demuestran cómo los pobres “son discriminados económicamente, no sólo en la salud, también en la distribución de presupuesto, del crédito. Trabajamos también en educar para que la gente de los barrios sepa que lo que está pidiendo no es un favor sino un derecho, es importante que los propios vecinos sepan que lo que están reclamando es un derecho”.
La realidad del GBA. Pero la injusticia no se agota en la ciudad. En la provincia de Buenos Aires, gran parte de las emergencias sanitarias quedan a cargo de los municipios y dependen de la situación económica de ellos o de su cercanía con las luces del centro. Bercovich asegura que en el distrito bonaerense, lo que ocurre es que hay “menos visibilidad, pero también sabemos que hay problemas de acceso a la salud en la provincia y que los canales de reclamo son mucho más débiles”.
La semana que pasó, las agrupaciones gremiales que reúnen a una parte de los trabajadores de la salud bonaerenses en la Asociación de Profesionales (Cicop), atravesó un paro de más de tres días en los 77 hospitales municipales, en reclamo de mejoras salariales. El gremio ratificó la medida de fuerza en reclamo de un aumento del 40 por ciento y decidirá por plebiscito si sus afiliados aceptan o no la oferta del Gobierno provincial, del 26 por ciento.
La historia de nunca sanar. Esta discusión que pareciera haber nacido ayer, se inscribe en la tensión histórica de las políticas nacionales de la salud, que hoy intentan sumar ese ámbito a la discusión en danza sobre el proyecto nacional. La salud pública ha resistido en los márgenes la transformación de sus estructuras, su organización y funcionamiento mantienen intacto el sentido de su despliegue, y se ha recostado en la exacerbación del mercado desde el Consenso de Washington.
En la historia de las políticas públicas en la Argentina, intentos como el del sanitarista Ramón Carrillo, durante los ’40 y los ’50, y de Floreal Ferrara en los ’70 en la provincia de Buenos Aires, sumado a alguna experiencia tímida del alfonsinismo, son los ejemplos que se cuentan de uno de los lados de las veredas donde se disputa cómo debe ser la salud argentina. El lado que se conoce como el de la “salud social” o de los sanitaristas. El otro es de índole privatista, de impulso privado y es regenteado por el mercado. De las farmacias hasta los centros de atención privada.
Para el ex director del Hospital Argerich, por ejemplo, que hoy es funcionario del Poder Ejecutivo en el Ape, Donato Spaccavento, el sistema que a nivel nacional busca abandonar un sector es el sistema que no vela por la salud universal y que deja de lado a los de menos recursos, lo que sólo tiene su explicación en una lógica de mercado. “Es un modelo privatizador, que bancariza a la salud, cuyos proyectos siempre tienen lobbistas, lo que hasta ha llevado a que en un momento se desarme el Ministerio de Salud de la Nación”. El sanitarista señala que “lo primero que hay que hacer es tomar la decisión política e incluir en una agenda la creación de un sistema nacional de salud integrado que priorice fundamentalmente, la promoción integral de la salud, y apunte a la construcción desde lo colectivo social y no a la inversa. La salud no es la ausencia de la enfermedad, sino el equilibrio entre lo social, lo cultural, lo psicológico, lo físico, histórico, económico”.
En la Ciudad, hay un botón de muestra. Las políticas privatistas y descentralizadas en marcha en el área de la Salud porteña son ejemplo del modelo de salud de mercado. Se trata de la antítesis de esta idea de reforma del sistema de salud pública que, además de Spaccavento, es respalda por el centenar de organizaciones que componen el Foro Social de Salud y Ambiente de la Argentina y por la ONG Médicos del Mundo. La reforma no sólo enfrentará las presiones de la corporación médica sino también a los, tal vez, más poderosos intereses farmacéuticos, porque la cosolidación de la producción de medicamentos es una pata fundamental del proyecto.
Varias de las ONG que reclaman una reforma ya tienen experiencia con el Gobierno macrista. En el año 2008, de hecho, elaboraron un comunicado en repudio al veto a la Producción Pública de Medicamentos en la Ciudad, decidido por la administración Pro. El decreto de la jefatura de Gobierno porteña, donde manda el precandidato Horacio Rodríguez Larreta, llevó el número 2135 y determinó la anulación de la posibilidad de la fabricación estatal de fármacos en laboratorios públicos. Médicos del Mundo consideró que esta medida “afecta y va en detrimento directamente de la salud colectiva de la población porteña y de la accesibilidad a los medicamentos esenciales como un bien social”. Hoy son los Cesac los que siguen cerrados y tienen orden judicial de abrir a más tardar mañana. Los medicamentos se ofrecen libremente en múltiples comerciales de televisión, y la automedicación dejó de ser mala palabra, al menos en el imaginario popular. Spaccavento cuenta que la automedicación, directa o indirectamente, causa la muerte de 170 mil personas cada año en el país. El grito de los perjudicados viene de mucho más allá y tuvo que llegar otra vez hasta la tragedia para que el debate dormido se sumara sin desperezos a la marcha que impone el nuevo proyecto nacional. Más vale que todo esto no sea en vano y que la inercia se logre cambiar.

Fuente: Miradas al Sur.

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