lunes, 20 de agosto de 2012

SOBREVIVIR LEJOS DE CASA

Por Exequiel Siddig

La discriminación cultural y el acceso a la Justicia son dos variables que reflejan la mala situación de los inmigrantes en Argentina. A un año de la reglamentación de la Ley de Migraciones, el espíritu de la vieja y xenófoba Ley Videla sigue vigente en hospitales públicos y escuelas.
      
Hace más de medio siglo que la Argentina ha dejado de ser la panacea para los inmigrantes. Hoy es muy difícil ser senegalés, haitiano, dominicana o ucraniano y pretender gozar de todos los derechos de la ciudadanía. De hecho, es muy intrincado conseguir la residencia. A un año de la firma del Decreto 616, la reglamentación a la nueva Ley de Migraciones Nº 25.871 (2004), en la práctica los derechos fundamentales de los extranjeros que viven en Argentina siguen estando regidos muchas veces por la Ley Videla de 1981.
Se ha caminado también por la buena senda, como demuestran los afiches bilingües que desde el año pasado el Ministerio de Salud de Nación promociona en los hospitales públicos según el Plan de Reducción de la Mortalidad Materno Infantil. Son en qom, wichí y guaraní: “Eja póque peteínwe PAP” (¡Hacete un PAP!). También en la zona metropolitana, el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (Cidac) de la UBA ha desarrollado un texto informativo sobre la tuberculosis en quechua, una de las lenguas nativas de los inmigrantes bolivianos.
“Sin embargo todavía sigue habiendo discriminación de ventanilla”, sugiere Lourdes Rivadeneyra, nombrada hace un mes coordinadora del Programa de Migrantes y Refugiadas/os del Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi). “Si te ven cara de peruano o boliviano, te piden el DNI, y como no lo tenés te dicen que no pueden atenderte, cuando en realidad la Ley de Migraciones vigente avala que uno pueda acreditar identidad incluso con el documento del país de origen”.
Rivadeneyra es peruana, llegó a la Argentina hace 18 años. Antes de asumir este cargo, fue coordinadora ad honórem del Foro de Migrantes del Inadi. Muchos atribuyen la autoría a filósofo Flavio Rapisardi de crear esos foros (también de Género, de Discapacidad, etc.) no con especialistas sino con representantes de aquellos colectivos que sufrían discriminación. En el número 1 de los Cuadernos del Inadi, de abril de 2010, Rapisardi afirmaba que “es necesario pensar y promover planes integrales como el Plan Nacional contra la Discriminación que constituye una base fundamental en la materia, en tanto reconoce la diversidad no como instancias aisladas, sino transversalizables por ejes comunes y por sí mismas, superando de este modo la acotada política de las ‘acciones afirmativas’ que si bien a la corta visualizan situaciones de inequidad, a la larga funcionan como meros remedos y mecanismos de selección y control de grupos y sectores excluidos.”
El organismo que conduce Rivadeneyra se propone trabajar sobre todo en torno de dos ejes: la capacitación de los empleados del Inadi y de otros organismos estatales, y el fortalecimiento de las organizaciones de migrantes. El primer objetivo se funda en la xenofobia creciente incentivada a veces por funcionarios públicos de alto rango, como cuando Mauricio Macri despreció a la inmigración limítrofe durante la toma de tierras del Parque Indoamericano del año pasado. “Hay médicos que son de temer –dice Lourdes–. Hace poco, una trabajadora del Ministerio de Salud de Ciudad me contó que una pediatra dijo: ‘¡¿Cómo vas a comparar a mis abuelos con estos negros sucios’?!’”.
Uno de los problemas más acuciantes en términos de discriminación se da en la escuela. En la última década, la inmigración de países mercosureños tiene cara de mujer. Con la devaluación del peso respecto del dólar en 2002, ya no es ventajoso trabajar para mandar dinero al Perú. El Nuevo Sol se cambia hoy a $ 2,7 por cada dólar estadounidense. “La reunificación familiar en Argentina de mujeres peruanas con sus hijos es notable. Ha crecido mucho el número de migrantes niños y adolescentes”, dice Rivadeneyra.
La escuela expresa con elocuencia el problema de los migrantes peruanos en edad escolar. “Hoy el insulto más común es ‘boliviano de mierda’. Si te dicen ‘negro de mierda’ ya no es motivo para agarrarse a trompadas, pero lo otro sí. Hay dos caminos preocupantes que toman estos chicos peruanos. Por un lado, hay un alto índice de deserción escolar secundaria de adolescentes. Por el otro, ante la segregación escolar, muchos chicos dejaron de afirmarse como migrantes y empezaron a violentar a sus compatriotas para ser aceptados en el grupo.”
En nueve escuelas metropolitanas, el Inadi comenzó a trabajar temas de discriminación y racismo en 5º y 6º grados con el programa “Recreando una cultura de igualdad”. Uno de los ejercicios consiste en visualizar que la mayoría tiene padres y abuelos que han migrado. Les ponen dos mapas, uno de Argentina y un mapamundi, “de modo que recién ahí, un chico visualiza fehacientemente cuánto viajó su bisabuelo italiano, por ejemplo.” Otro juego es el “Tribunal de Justicia”, que recrea la situación por la que en 2009 vecinos de San Isidro construyeran un muro para separarse de sus (im)pares de San Fernando. “Unos tiene que defender el barrio ‘Los Álamos’, donde no hay inmigrantes, mientras el otra, ‘La Esperanza’, es un barrio de trabajadores esencialmente inmigrantes. En esa situación, los chicos verdaderamente se escuchan.”

La casa se reserva el derecho de permanencia. Según el informe Avances y asignaturas pendientes en la consolidación de una política migratoria basada en los Derechos Humanos (Cels-Fidh, mayo de 2011), más de 800 mil inmigrantes, en su mayoría de países limítrofes, fueron víctimas de la Ley Nº 22.439 –la Ley Videla de 1981– que los dejó en situación “irregular”. El abogado Diego Morales, uno de los autores del estudio (que se presentará este martes en la Asociación de Abogados Bolivianos), participó por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la Mesa de Negociación del Decreto 616, reglamentario de la nueva Ley de Migración. “Mi experiencia me indica que a ley mala, decisiones judiciales malas y viceversa. Por eso hay que apostar a leyes abiertas y sostener esta nueva ley en Argentina.”
Cuando en 2009 la Corte Suprema falló a favor de la residencia de una persona nacida en China (“caso Ni, I Hsing”), citó casos precedentes en que la misma Corte había protegido a los inmigrantes. La postura del catedrático Gabriel Chausovsky sentó doctrina al separar por primera vez la nacionalidad de los trámites de residencia. “La residencia es una cuestión de hecho; a partir de este fallo se puede probar de cualquier forma, no sólo con un DNI”, explicó Morales el pasado jueves frente al Grupo de Estudios Población, Migración y Desarrollo, que dirige Susana Novick en el Instituto Gino Germani.
Nuevamente, el problema reside en cómo organismos del Estado aplican la ley. La Dirección Nacional de Migraciones logró mantener un “fuero” para el que están especializados. El artículo 35 de la nueva Ley de Migración sigue sosteniendo el “rechazo en frontera”, lo que da un poder discrecional a la Gendarmería para, entre otras cosas, revisar en micros ingresantes a cualquier viajero. “Es el único espacio judicial para el funcionario de frontera que permite eludir el derecho al acceso a una defensa jurídica en todos los niveles, reconocido en el artículo 61”, dice el director del programa Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Cels. Según una fuente del ámbito judicial que pidió reserva, la Dirección de Migraciones, para echar a un extranjero que ha ingresado de manera “irregular” al país, “aduce que todo aquel que entre por un lugar no habilitado puede ser expulsado. La Dirección tenía un acuerdo con una aerolínea para sacar a un senegalés por semana.
Lourdes Rivadeneyra aporta otra información sobre la Dirección de Migraciones. “Convocan a las dominicanas con su pareja argentina, y los separan para hacerles entrevistas de manera inesperada. Les hacen preguntas capciosas a los hombres: ‘¿Vivís con ella?’. ‘No –responden–, porque trabaja cama adentro’. ‘¿Se casó por el DNI?’. ‘Sí, pero porque quería, no porque me pagó’… Ese No y ese Sí, quedan como un escrache, cuando en realidad no comunican ninguna actitud perniciosa para el Estado argentino.”.

Fuente: Miradas al Sur.

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