miércoles, 15 de agosto de 2012

EL BARRIO INVISIBLE

Cómo se vive en la villa que todos ven pero pocos conocen. La Villa 31 de Retiro cuando nadie la ve.

Por Tomas Eliaschev.

Hablar de un barrio de emergencia en la ciudad de Buenos Aires es referirse a la Villa 31. Ubicada en pleno Retiro, no sólo se la divisa desde los pisos más altos de la avenida Libertador, sino que se la ve desde el aire cuando los aviones aterrizan en Aeroparque o se contempla en toda su extensión cuando los trenes se aproximan a la estación cabecera; también se la puede observar de cerca desde los ómnibus de larga distancia que salen y llegan a la terminal. Esta villa es la única ubicada al norte de la avenida Rivadavia, límite simbólico y material entre el norte pobre y el sur rico de la ciudad. En esta villa, el sacerdote Carlos Mugica dejó su huella indeleble. Fue erradicada por la dictadura para luego volver a asentarse en los años ’80. Se trata del asentamiento sobre el que más se ha escrito, hablado y juzgado, pero esta barriada no es más que el reflejo de la megalópolis portuaria y cosmopolita, que con su riqueza siempre atrajo a gentes de todas las latitudes, ya sea del interior argentino o de los países limítrofes.

Las primeras casillas fueron construidas por los trabajadores del puerto en la década del ’30. Pese a los desalojos compulsivos de la dictadura y a las topadoras de Jorge Domínguez en la época de Carlos Menem, la Villa 31 se erige orgullosa, ya inamovible. Y aunque Mauricio Macri arrancó su gestión con la intención de desalojar a sus habitantes, ni siquiera pudo acercarse a tremendo propósito, alentado por los brokers inmobiliarios que apetecen los terrenos. A poco de debutar en la administración porteña tuvo que admitir que –pese a sus deseos– erradicar la Villa 31 implica un operativo de guerra de consecuencias impredecibles. Según pudo comprobar Veintitrés, frente a la catarata de problemas que sufren se consolidó la organización de los vecinos y de sus instituciones. Desde el cuerpo de delegados (son 114 en total) han articulado sus reclamos de vivienda, infraestructura, salud, educación y seguridad.

La muerte de Humberto Ruiz, que falleció el pasado 5 de abril por un ataque de epilepsia y por la ausencia de la ambulancia del SAME, reavivó el debate: para ser escuchados, un grupo de vecinos cortó durante siete horas la Autopista Arturo Illia. Pero no fue el único motivo que tuvo a la 31 en la agenda mediática: el 14 de abril fue desalojado un nuevo grupo de casas que habían sido levantadas en una de las orillas del barrio. Otra noticia enlutó al barrio el 18 del mes pasado, pero tuvo menos difusión: un bebé de dos meses murió en una habitación de la villa: su madre, una inquilina boliviana que no tiene familiares en la ciudad. Según denunciaron los vecinos, nuevamente la atención médica (y la presencia del Estado) brilló por su ausencia.

A dos años del último censo de 2009, en los barrios Güemes, YPF, Inmigrantes, Comunicaciones y Autopista –en que está subdividido el asentamiento– se calcula que viven 9.000 familias, algo así como 30 mil personas, si se suma la villa 31 bis. Las obras realizadas por el gobierno porteño –que pintó de colores variados el frente de algunas casas visibles desde afuera del barrio, y dotó de césped sintético e iluminación a la cancha de fútbol más importante de la villa– contrastan con el hacinamiento y otros severos problemas. Esta revista indagó en el corazón de la villa más importante de la ciudad para conocer su actualidad, sus miedos y sus problemas y entrevistó a tres referentes barriales con distintas opiniones políticas, cada uno delegado de la manzana donde vive.

La cuestión de la falta de atención sanitaria en el superpoblado barrio es una de las problemáticas más acuciantes. “Nadie habla de los chicos que mueren, como murió el bebé el otro día. Falleció por desnutrición, la madre no tenía para darle alimentos, ni para amamantarlo. Era un bebé de dos meses, la madre está deshecha. No tiene laburo”, describe Norma Gutiérrez, salteña y titular de la Asociación Civil Unión de Vecinos de la Villa 31, durante una recorrida por el barrio. Respecto de la muerte de Ruiz, Amalia Aima, una jujeña ligada a la CTA que pasó la mayor parte de su vida en la Villa 31 y es una de las más destacadas dirigentes, critica a la administración de Mauricio Macri: “Lo que dijo el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, y el jefe del SAME, Antonio Crescenti, sobre las agresiones a las ambulancias es mentira. Por eso los delegados lo desmentimos inmediatamente. El Centro de Salud 21 se está cayendo a pedazos. Los profesionales hacen lo que pueden para atender a la gente, atienden hasta en la enfermería o en los pasillos. Pero falta equipamiento, insumos y espacio”.

Aima reivindica al juez Andrés Gallardo, que “ordenó no solamente que se abran los centros de salud sino que se les den los insumos, y también se trabaje en la mejora de todos los centros y se creen más”. Según relata la dirigente, el planteo tiene veinte años. “Venimos pidiendo la ampliación del horario del centro de salud. Si hubiera una guardia permanente se salvarían muchas vidas. No es solamente el tema de que las ambulancias a veces no entran a algunos lugares de la villa. Lo que pasa es que 9.000 familias no se pueden atender en un centro de salud. Tendrían que habilitar otro centro de salud en la 31 bis, hay un galpón donde se podría hacer”, precisa.

Seguridad. Si bien niegan rotundamente que las ambulancias sean apedreadas cuando entran a la villa, la falta de seguridad es uno de los dramas que más afectan a los vecinos. “No hay seguridad porque en realidad a nadie le importa la Villa 31”, se queja Gutiérrez. Consultados sobre la problemática del paco y el narcotráfico, toma la palabra el más joven, Walter Córdoba, militante de Barrios de Pie y estudiante de Trabajo Social en la Universidad Madres de Plaza de Mayo, que afirma que “no hay que generalizar”, pero “es cierto que hay un montón de casos de jóvenes que consumen drogas como el paco, lo que se agrava porque hay una dificultad bastante seria de los jóvenes de poder conseguir trabajo, pero también de poder acceder a la salud y a la educación”. Pero el aspecto más preocupante de la inseguridad es el referido al accionar de las fuerzas de seguridad. “A mi prima, Judith Giménez, la mató un gendarme, cuando ella tenía 16 años. Esto pasó hace tres años, pero hay un montón de casos. Los policías de la comisaría 46, los gendarmes y los de la Prefectura vienen a bailar acá a los boliches del barrio. Se genera un vínculo en el cual siempre la terminamos pagando nosotros, porque los tipos están armados, se ponen borrachos y hay violencia. Lo peor es que gozan de impunidad”, relata Córdoba. El homicida fue enjuiciado pero “le dieron pocos años”, protesta.

“La Justicia para nosotros no existe, está dormida –insiste Gutiérrez–. Denunciamos un montón de veces las cosas que pasan y seguramente están encajonadas en algún lado.” Aima agrega que el caso de Maribel Guerra y de Marisol Lobos, atacadas por un prefecto en 2009, llegó a juicio “gracias a la lucha”. La primera resultó muerta y la segunda perdió un ojo. Pero se lamenta porque el asesinato de Adam Ledesma, el periodista y delegado ultimado por presuntos narcos, “quedó totalmente impune”. “La madre y su mujer están tratando de avanzar, pero la Justicia, como siempre, para nosotros los pobres es lenta. Mucha burocracia y poca resolución”, se queja Aima.

Hacinamiento y vivienda. Para los delegados consultados por Veintitrés, el principal problema es el del hacinamiento. “El barrio no da abasto con el crecimiento que hubo. No hay viviendas ni cloacas que soporten la cantidad de gente que vive acá. Con la electricidad pasa lo mismo que con el agua: tanto en invierno como en verano tenemos cortes. Es imperioso solucionar los temas edilicios y de infraestructura –propone Córdoba–. En la zona del barrio hay muchos terrenos en los cuales se pueden construir viviendas sociales. Tanto la Nación como la ciudad tienen los recursos.” Gutiérrez detalla que “en una parcela de cinco metros por siete pueden vivir cuatro o cinco familias, o sea que en un terreno pueden vivir veinte familias, si edifican para arriba cuatro o cinco pisos”. Y denuncia que “nadie se hace cargo de los inquilinatos, que se enriquecen con la necesidad de los vecinos”. La delegada exige que “terminen de urbanizar la Villa 31, es un sueño que venimos persiguiendo desde que éramos 46 familias, después de los desalojos de la dictadura”.

En relación con las recientes tomas, Córdoba reflexiona que “son la consecuencia de la falta de una política seria de vivienda, es el último eslabón, el más débil de una cadena, de una serie de hechos”. Por eso, puntualiza, el juez Gallardo había intimado al Gobierno de la Ciudad para que cerquen el predio que luego tomaron. “Ya se sabía que estaban organizando una toma que iba a perjudicar la construcción de viviendas sociales. Fue una maniobra política de algunos sectores que están en contra de la urbanización del barrio. Esos sectores lo que buscan es jugar con la necesidad de los vecinos, son grupos que pertenecen al macrismo. Hay una necesidad real de los vecinos y otros que buscan hacer negocios, como en todos lados”, agregó.

Aima recuerda cómo fue creciendo el barrio. “Todo lo que se hizo fue de a poco. Los edificios que tenemos los hizo la gente, no los hizo el gobierno. Las familias crecieron. Quienes vinieron a la villa cuando eran bebés, hoy tienen 30 años, están casados y tienen hijos. ¿Y dónde van a ir a vivir? Si no hay lugar para el costado, ¿a dónde se van a ir? En el año ’91 éramos 1.100 familias, hoy somos 9.000”. Y explica por qué siguen viniendo paraguayos, bolivianos, peruanos, además de oriundos de otras nacionalidades. “Además del crecimiento de las familias, vienen muchas personas de distintos países limítrofes, o de provincias como Salta, Jujuy o Tucumán. No tenían trabajo y se asentaron acá en la ciudad, donde uno encuentra trabajo, un futuro, la posibilidad de que los hijos estudien”, plantea Aima.

A la falta de espacio y planificación, se suma la “usurpación” que, según los delegados, hacen dos empresas de micros de larga distancia. “Flecha Bus y Plusmar son empresas que se declaran pobres para establecerse en la Villa 31 y no pagan agua, ni luz, ni impuestos. Mientras tanto, nosotros seguimos pidiendo espacio para ampliar la salita”, se lamenta Gutiérrez. Estas empresas estacionan sus micros en el lugar, usan agua y luz y no pagan los servicios, como si fueran un indigente más.

“Todo lo que pudimos lograr acá salió a través de la lucha. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo: continuar luchando para que nuestro barrio sea mejor, con viviendas, salud y seguridad para todos”, concluye Aima. Seguramente, la Villa 31 volverá a los titulares de los medios, pero la diferencia es que los vecinos parecen haber encontrado en la senda de la organización la manera de emular los pasos del padre Mugica.

Fuente: Revista Veintitres.

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