Además de criminalizar a los indocumentados, la nueva legislación republicana barre con todas las garantías y llega hasta las escuelas, que se ven obligadas a denunciar a los alumnos que puedan ser deportados. Entra en vigencia la ley antiinmigratoria más dura de la historia.
Por Romina Manguel
El estado de Alabama tiene canción propia, recursos mineros, la historia del algodón escrita en su suelo y, desde hace apenas unas horas, el dudoso mérito de convertirse en el estado con la ley antiinmigratoria más dura que se recuerde. Como otras, criminaliza a los indocumentados. Pero introduce una modificación que hace quedar a su antecesora, la ley de Arizona que a partir del 2010 criminaliza a los indocumentados, como un baluarte del progresismo. A partir de su entrada en vigor, los establecimientos educativos están autorizados (obligados, sugieren los detractores) a solicitar los papeles que comprueben el estatus migratorio de los alumnos.
El gobernador Robert Bentley, republicano de los duros, basó su campaña en promesas vinculadas a lograr a nivel estatal lo que el gobierno federal se negaba a hacer: endurecer las posturas respecto de los inmigrantes ilegales. Asumió en enero de este año y no tardó en cumplir. No hubo lobby político, sanción de la comunidad internacional, pedidos de la Iglesia, presión del presidente Barack Obama ni contención jurídica que evitara que las aspiraciones del gobernador se conviertan en una realidad tangible bajo el nombre HB56, tal el nombre de la ley que barre con todas las garantías. O las que quedaban en pie tras los atentados del 11 de septiembre.
Obama dio pelea en el Congreso y en la Justicia. Y perdió en ambos campos. El fallo de la jueza de distrito Sharon Blackburn, nombrada por el ex presidente George W. Bush en 1991, fue lapidario. Y en 115 páginas sostuvo las partes más polémicas de la ley desestimando los argumentos del gobierno federal.
Así, con la firma de la jueza, la falta de documentación que acredite la residencia legal en Estados Unidos se convierte en un delito criminal que puede ser multado desde 100 dólares hasta treinta días de cárcel. Habla de la “razonabilidad” que deberá tener la policía ante la duda respecto de si la persona detenida no estaba portando los papeles o simplemente nunca los tuvo. Para eso establece la actuación de un juez competente que pueda determinar la nacionalidad. Y de ser un indocumentado entregarlo a las autoridades de inmigración.
Pero esta nueva ley, conocida como “la ley Arizona con anabólicos” por ser todavía más dura que la anterior, llega hasta donde nadie creía que se iban a atrever: las escuelas. Establece que las autoridades educativas deben comprobar la situación migratoria de los estudiantes. Los defensores de la controvertida norma sugieren que se trata de una herramienta más a fin de lograr una radiografía precisa de la situación migratoria en el estado y que de ninguna manera prohíbe a los hijos de los inmigrantes ilegales continuar con la educación en la escuela pública. Pero la realidad concreta se impuso antes que los sofisticados tecnicismos y explicaciones teóricas. A partir de la entrada en vigor de la ley se constató un éxodo de alumnos de los establecimientos educativos ante la amenaza de que, de comprobarse el estatus de ilegal, sus padres pudieses ser perseguidos. A menos de una semana de la entrada en vigor de la HB56, estados vecinos registraron un incremento en la matrícula educativa, producto de la migración interna provocada por la nueva legislación. Los padres eligen no mandar a sus chicos al colegio ante la posibilidad que, frente a una verificación de rutina, los datos lleguen a los agentes de inmigración y toda la familia sea deportada. Todavía se discute el alcance de la ley respecto de la obligatoriedad de las escuelas en cuanto a la verificación del estatuto migratorio del alumnado. ¿Cuándo? ¿Cómo? En principio en la tercera sección del fallo de la jueza se habla del momento de la “matriculación”. Esta tiene lugar cuando se inscriben en el jardín de infantes, escuela primaria o media. Pero si el espíritu de la ley es persecutorio tal como lo denuncian sus detractores, el fallo deja abierta la posibilidad de interpretar la “matriculación” anual, cada vez que comienza un nuevo ciclo lectivo.
Quienes cuestionan la HB56 en general por su carácter inconstitucional y el punto de la educación en particular, aseguran que además de ser un instrumento disuasivo para la concurrencia a las escuelas, entra en flagrante contradicción con el fallo Plyler vs. Doe de la Corte Suprema norteamericana de 1982 que determinó que los inmigrantes indocumentados tienen derecho a la educación pública y gratuita.
Los conservadores del Tea Party aplauden la medida y parte de las encuestas muestran que los centros urbanos donde el desempleo ha golpeado con más dureza son los lugares donde el apoyo a esta ley parece anclar. Parte de la opinión pública consultada parece convencida de que el inmigrante ilegal es en parte responsable de la cada vez más profunda crisis de desempleo. Sin embargo, Barack Obama decidió hacer propio el discurso de los sectores más progresistas, los mismos que lo llevaron a ocupar la Casa Blanca, e instruyó al Departamento de Justicia a que presentara un nuevo recurso de apelación contra la HB56. Aunque Alabama aparece como un escenario más complejo, el año pasado el presidente Obama se anotó una importante victoria jurídica cuando logró en Arizona bloquear los aspectos más duros de la ley inmigratoria similar y pionera en materia de criminalizar la inmigración ilegal.
Si bien el gobernador Bentley celebra, Obama sabe que tiene cierto margen para arruinarle la fiesta. Tras sucesivas presentaciones ante los tribunales, partes de la HB56 todavía permanecen bloqueadas: ninguna autoridad del estado de Alabama puede arrestar indocumentados que soliciten empleo ya sea en compañías privadas o dependencias públicas, ni imputar delito alguno a quienes oculten, alberguen o transporten personas indocumentadas. En este último punto, la presión de la Iglesia fue fundamental. Quedan excluidos de la connotación delictiva los contratos que signifiquen: alojamiento por una noche, compra de alimentos, servicios médicos o aquellos servicios pagos por el inmigrante ilegal y su familia que le permitan regresar a su país de origen.
En el medio surgen acusaciones cruzadas y una zona gris donde las garantías están en juego. Una ironía teniendo en cuenta que esas mismas garantías fueron alguna vez fundacionales e inherentes a la consolidación del sueño americano.
Obama insiste: las leyes de inmigración son competencia del gobierno federal. Del otro lado le retrucan que sólo actúan ante la ausencia de respuestas de ese poder que dice tener la responsabilidad de darlas.
La pelea está dada: en los medios, en el Congreso y en la Justicia. Y todo indica que será la Corte Suprema quien dirima la cuestión. Las sanciones de duras leyes antiinmigratorias se multiplican al ritmo de la crisis económica: Arizona, Georgia, Indiana, Utah y ahora Alabama. Y alguien en algún momento deberá zanjar este conflicto de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Obama es consciente de la situación y por eso declaró que es necesaria y urgente una reforma migratoria, para “evitar que los Estados Unidos se conviertan en un mosaico de 50 leyes migratorias diferentes”. Pero el clima electoral, la cada vez más baja popularidad del presidente y la falta de apoyo de sectores clave parecen imponerle el tema, sí, pero a futuro. En días menos turbulentos.
El gobernador Robert Bentley, republicano de los duros, basó su campaña en promesas vinculadas a lograr a nivel estatal lo que el gobierno federal se negaba a hacer: endurecer las posturas respecto de los inmigrantes ilegales. Asumió en enero de este año y no tardó en cumplir. No hubo lobby político, sanción de la comunidad internacional, pedidos de la Iglesia, presión del presidente Barack Obama ni contención jurídica que evitara que las aspiraciones del gobernador se conviertan en una realidad tangible bajo el nombre HB56, tal el nombre de la ley que barre con todas las garantías. O las que quedaban en pie tras los atentados del 11 de septiembre.
Obama dio pelea en el Congreso y en la Justicia. Y perdió en ambos campos. El fallo de la jueza de distrito Sharon Blackburn, nombrada por el ex presidente George W. Bush en 1991, fue lapidario. Y en 115 páginas sostuvo las partes más polémicas de la ley desestimando los argumentos del gobierno federal.
Así, con la firma de la jueza, la falta de documentación que acredite la residencia legal en Estados Unidos se convierte en un delito criminal que puede ser multado desde 100 dólares hasta treinta días de cárcel. Habla de la “razonabilidad” que deberá tener la policía ante la duda respecto de si la persona detenida no estaba portando los papeles o simplemente nunca los tuvo. Para eso establece la actuación de un juez competente que pueda determinar la nacionalidad. Y de ser un indocumentado entregarlo a las autoridades de inmigración.
Pero esta nueva ley, conocida como “la ley Arizona con anabólicos” por ser todavía más dura que la anterior, llega hasta donde nadie creía que se iban a atrever: las escuelas. Establece que las autoridades educativas deben comprobar la situación migratoria de los estudiantes. Los defensores de la controvertida norma sugieren que se trata de una herramienta más a fin de lograr una radiografía precisa de la situación migratoria en el estado y que de ninguna manera prohíbe a los hijos de los inmigrantes ilegales continuar con la educación en la escuela pública. Pero la realidad concreta se impuso antes que los sofisticados tecnicismos y explicaciones teóricas. A partir de la entrada en vigor de la ley se constató un éxodo de alumnos de los establecimientos educativos ante la amenaza de que, de comprobarse el estatus de ilegal, sus padres pudieses ser perseguidos. A menos de una semana de la entrada en vigor de la HB56, estados vecinos registraron un incremento en la matrícula educativa, producto de la migración interna provocada por la nueva legislación. Los padres eligen no mandar a sus chicos al colegio ante la posibilidad que, frente a una verificación de rutina, los datos lleguen a los agentes de inmigración y toda la familia sea deportada. Todavía se discute el alcance de la ley respecto de la obligatoriedad de las escuelas en cuanto a la verificación del estatuto migratorio del alumnado. ¿Cuándo? ¿Cómo? En principio en la tercera sección del fallo de la jueza se habla del momento de la “matriculación”. Esta tiene lugar cuando se inscriben en el jardín de infantes, escuela primaria o media. Pero si el espíritu de la ley es persecutorio tal como lo denuncian sus detractores, el fallo deja abierta la posibilidad de interpretar la “matriculación” anual, cada vez que comienza un nuevo ciclo lectivo.
Quienes cuestionan la HB56 en general por su carácter inconstitucional y el punto de la educación en particular, aseguran que además de ser un instrumento disuasivo para la concurrencia a las escuelas, entra en flagrante contradicción con el fallo Plyler vs. Doe de la Corte Suprema norteamericana de 1982 que determinó que los inmigrantes indocumentados tienen derecho a la educación pública y gratuita.
Los conservadores del Tea Party aplauden la medida y parte de las encuestas muestran que los centros urbanos donde el desempleo ha golpeado con más dureza son los lugares donde el apoyo a esta ley parece anclar. Parte de la opinión pública consultada parece convencida de que el inmigrante ilegal es en parte responsable de la cada vez más profunda crisis de desempleo. Sin embargo, Barack Obama decidió hacer propio el discurso de los sectores más progresistas, los mismos que lo llevaron a ocupar la Casa Blanca, e instruyó al Departamento de Justicia a que presentara un nuevo recurso de apelación contra la HB56. Aunque Alabama aparece como un escenario más complejo, el año pasado el presidente Obama se anotó una importante victoria jurídica cuando logró en Arizona bloquear los aspectos más duros de la ley inmigratoria similar y pionera en materia de criminalizar la inmigración ilegal.
Si bien el gobernador Bentley celebra, Obama sabe que tiene cierto margen para arruinarle la fiesta. Tras sucesivas presentaciones ante los tribunales, partes de la HB56 todavía permanecen bloqueadas: ninguna autoridad del estado de Alabama puede arrestar indocumentados que soliciten empleo ya sea en compañías privadas o dependencias públicas, ni imputar delito alguno a quienes oculten, alberguen o transporten personas indocumentadas. En este último punto, la presión de la Iglesia fue fundamental. Quedan excluidos de la connotación delictiva los contratos que signifiquen: alojamiento por una noche, compra de alimentos, servicios médicos o aquellos servicios pagos por el inmigrante ilegal y su familia que le permitan regresar a su país de origen.
En el medio surgen acusaciones cruzadas y una zona gris donde las garantías están en juego. Una ironía teniendo en cuenta que esas mismas garantías fueron alguna vez fundacionales e inherentes a la consolidación del sueño americano.
Obama insiste: las leyes de inmigración son competencia del gobierno federal. Del otro lado le retrucan que sólo actúan ante la ausencia de respuestas de ese poder que dice tener la responsabilidad de darlas.
La pelea está dada: en los medios, en el Congreso y en la Justicia. Y todo indica que será la Corte Suprema quien dirima la cuestión. Las sanciones de duras leyes antiinmigratorias se multiplican al ritmo de la crisis económica: Arizona, Georgia, Indiana, Utah y ahora Alabama. Y alguien en algún momento deberá zanjar este conflicto de competencias entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Obama es consciente de la situación y por eso declaró que es necesaria y urgente una reforma migratoria, para “evitar que los Estados Unidos se conviertan en un mosaico de 50 leyes migratorias diferentes”. Pero el clima electoral, la cada vez más baja popularidad del presidente y la falta de apoyo de sectores clave parecen imponerle el tema, sí, pero a futuro. En días menos turbulentos.
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