La Fundación Huésped elaboró una guía con orientaciones para que personas con VIH enfrenten la discriminación en el ámbito laboral y para preservar el derecho a la intimidad y la confidencialidad. Incluye estrategias para hacer valer el derecho a la salud.
Por Pedro Lipcovich
“No sé qué pasó –se pregunta usted–: me tomaron varias entrevistas, ya parecía que me daban el trabajo, me mandaron al examen médico preocupacional y, después, me dijeron que en realidad el puesto se lo habían dado a otro.” Es posible que lo que a usted le pasó responda a la intersección de dos problemas: uno es, en muchas empresas, la práctica de incluir el testeo de sida en el preocupacional y rechazar a los que den positivo sin informarles del verdadero motivo; otro es el hecho de que usted, como no se hizo por su parte el testeo, ignora que está infectado y quizá se entere demasiado tarde. Ambas cuestiones –la discriminación laboral y el hecho de que la mitad de la gente que tiene VIH lo desconoce– se plantearon en la presentación de la nueva guía de prácticas ético-legales sobre el tema, presentada por Fundación Huésped con auspicio de la Dirección de Sida de la Nación.
La Guía de buenas prácticas ético legales en VIH/sida fue elaborada por un equipo coordinado por Ignacio Maglio, titular del Area de Promoción de Derechos de la Fundación Huésped, se publicó con el apoyo de la Dirección de Sida y ETS del Ministerio de Salud de la Nación, de la Embajada de Canadá y de la Fundación Lévi-Strauss. Incluye orientaciones para que las personas enfrenten la discriminación en el ámbito laboral y para preservar el derecho a la intimidad y la confidencialidad de los datos; explica cómo hacer valer el consentimiento informado y señala cuáles son las estrategias judiciales y extrajudiciales para hacer valer el derecho a la salud.
Una primera edición de la Guía se había publicado en 1999, cuando las cosas eran muy distintas: “Tenía un capítulo que afortunadamente perdió actualidad –comentó Maglio–: se refería a los derechos en el final de la vida y la muerte digna: hoy muy poca gente muere de sida, ya que, gracias a los tratamientos de alta eficacia, se ha convertido en una infección controlable”. Pero, para que esos tratamientos puedan concretarse, es necesario que la gente sepa si tiene el VIH. “Hoy se plantea la estrategia llamada ‘Opt-Out’, que el sistema de salud salga a proponer el testeo, en vez de sólo esperar a que las personas vengan a hacérselo”, explicó.
Una sección de la Guía se dedica a “Prevención de la discriminación en el ámbito laboral”. Maglio observó que “la OIT dispuso un repertorio para evitar estas injusticias, que se expresan sobre todo en los exámenes preocupacionales: el análisis no consentido de VIH está prohibido, pero los empleadores le hacen firmar al postulante un consentimiento. Si da positivo, no le informan y le dicen que no le pueden dar el trabajo por cualquier otro motivo. Todos deberían saber que el VIH no impide ejercer ninguna actividad”.
Una de las estrategias posibles parte de advertir que el examen preocupacional corresponde a la última fase de la contratación, cuando el puesto ya ha sido asignado al postulante: si la persona sabe que tiene VIH, enviarle a la empresa una comunicación formal, de modo que, si le niegan el trabajo, de antemano queda indicado por qué.
Claro que, para eso, la persona tiene que conocer de antemano su diagnóstico. Carlos Falistocco –director nacional de sida y ETS– señaló en la presentación que “el 30 por ciento de los varones en general, el 20 por ciento de los hombres que tienen sexo con hombres y el 15 por ciento de las mujeres llegan tarde al diagnóstico, es decir, cuando ya la enfermedad tiende a desarrollarse rápidamente”, lo cual hace “necesaria la promoción del testeo: el sistema de salud debe ofrecerlo cada vez más, y es importante que la gente se concientice sobre la necesidad de testearse”.
Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación, anunció que “estudiamos inaugurar un programa específico para ofrecer patrocinio jurídico en el tema VIH/sida, en la actual noción de que la defensoría pública no debe limitarse a causas penales: debe patrocinar a los sectores vulnerables para lograr que las leyes no sólo existan sino que se apliquen”.
Roberto Durán, presidente de la Red Argentina de Personas Viviendo con VIH/sida, destacó como problema principal “el acceso al trabajo. Estudios recientes muestran que entre el 60 y el 78 por ciento de las personas con VIH no tiene trabajo, lo cual se vincula con el abuso en los exámenes preocupacionales. Entonces, no llegan a ir al médico porque no tienen para el colectivo, o no pueden afrontar los efectos adversos de los medicamentos porque no están bien alimentados”.
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