Chile: Piñera no negocia y fomenta la mano dura. En medio de la ruptura de las negociaciones entre los estudiantes y el gobierno, el pinochetista ex embajador chileno en la Argentina defiende la ley para encarcelar a quienes tomen las escuelas.
Por Romina Manguel
Miguel Otero Lapthrop es un nombre más familiar de este lado de la cordillera, a pesar de haber pasado toda su historia viviendo y trabajando en Chile. Unas pocas semanas en Buenos Aires a mediados del 2010 le alcanzaron para protagonizar uno de los primeros escándalos de la controvertida gestión de Sebastián Piñera. Nombrado embajador y debutando en su rol en la vieja casona de la calle Tagle, Otero recibió al diario Clarín en lo que más tarde calificó como una entrevista relajada. Tal vez demasiado.
–¿Por qué cree que desde afuera miramos tan mal a Pinochet?
–Primero, creo que Pinochet falló en su comunicación social. Y usted puede tener los poderes, pero cuando los ejerce como el Zar de todas las Rusias provoca imágenes muy desagradables para todo el mundo. Además creo que en la vida uno no debe rodearse de incondicionales, es importante tener leales capaces de decir “Usted está equivocado”. Pero en las fuerzas armadas existe una disciplina en la que no se contradice al superior. Y todos los que rodeaban a este señor eran prácticamente de las fuerzas armadas.
–Dígame algo bueno de Allende.
–Era muy simpático, pero en los últimos tiempos lo vi muy confundido, tironeado para todos lados. Estaba abrumado. Chile estaba en un estado de revolución, de guerra civil. Entonces, todos decíamos “va a venir orden”. La gente quería tranquilidad.
Otero no había llegado a terminar la reorganización de los muebles de la embajada, cuando a raíz de estas declaraciones el presidente Piñera decidió relevarlo para evitar el costo político de mantenerlo en el cargo, adelantándose a la reacción de la izquierda chilena y de una enorme parte de la población que no terminaba de digerir la partida de Michelle Bachelet del gobierno. La reivindicación pinochetista no formaba parte del plan de la derecha amable que él llegaba a representar.
Sin embargo, en días calientes, parece no haberse olvidado de él. Reapareció como asesor presidencial, con propuesta de nueva ley y viejas ideas bajo el brazo.
Otero es, junto con el profesor de Derecho Penal Juan Domingo Acosta, uno de los ideólogos del proyecto que incorpora en el Código Penal como nuevas figuras delictuales el saqueo y las tomas de carácter “violento”.
La elección del momento no es casual. En medio de un conflicto que parece perpetuarse, sin una salida consensuada a la vista y cuando, en respuesta a la brutalidad policial y la represión padecida por estudiantes y trabajadores el último 6 de octubre, los estudiantes convocaron a una nueva marcha y paro nacional para el próximo 19.
Reclaman un interlocutor válido para discutir la educación gratuita que se viene postergando desde el mes de mayo, hace ya cuatro meses. Y el gobierno les responde con la dupla Otero-Acosta enviando al Congreso una de las leyes más duras que se recuerde en democracia. Un gesto que desde la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), con Camila Vallejo a la cabeza, interpretan como una nueva provocación y los más moderados, como una torpeza. Las explicaciones de los protagonistas del proyecto, lejos de descomprimir la situación, parecieron un intento de apagar fuego con nafta.
“Lo que se persigue es precisar de una manera clara cuáles son los desórdenes graves, aquellos que no se van a tolerar, y no dejar esto en un limbo y abandonarlos a una interpretación de los jueces. La intención es modernizar la legislación y precisar de manera más clara qué delitos son de verdad atentados contra la tranquilidad pública. En esa línea, se entiende por desórdenes graves aquellos que importan realizar ciertos hechos. Por ejemplo, paralizar o interrumpir servicios públicos, como el agua potable, la electricidad; impedir la circulación por las calles o caminos; atentar contra la autoridad; emplear armas de fuego; causar daño a la propiedad; saquear inmuebles o invadir u ocupar inmuebles.”
En una entrevista con La Segunda de Chile, Acosta intentó sin éxito explicar la decisión de la dupla de presentar este proyecto en este momento: “El tema es que estos delitos se asocian a los desórdenes, porque también la forma de castigarlos es la de castigar el desorden más el atentado adicional. Lo que se hace aquí es castigar únicamente los desórdenes graves cuando importan el uso de violencia y de fuerza, dejando de lado otros desórdenes que no tienen esas características”.
–¿Cómo diferencian las tomas pacíficas y violentas?
–Si se trata de un desorden público con fuerza y violencia que redunda en la toma de una iglesia o establecimiento de manera violenta, por ejemplo, cabe en esa categoría igual que la interrupción de servicios públicos. Pero si es pacífico, no cabe dentro de esta figura, pero sí entre las normas generales sobre usurpación de inmuebles. Si un grupo de personas que altera el orden público fuera de un establecimiento educacional ingresan por la fuerza al mismo, es un desorden público aquí, en España y en cualquier parte del mundo. Y pasa a ser delito en Chile ahora. Distinto es si un grupo de alumnos decide quedarse dentro del establecimiento y lo toman por la vía pacífica.
Los estudiantes no tienen dudas de que esta reforma penal que de repente parece urgente apunta al corazón del movimiento estudiantil y busca amedrentarlos, ante la falta de soluciones. Y las voces detractoras del proyecto no tardaron en hacerse escuchar generando en cuestión de días un nuevo problema para Piñera que sólo suma conflictos que impactan directamente en su debilitada imagen que, post mineros, por primera vez parece repuntar. Poco, pero algo. Según la última publicación de la consultora Adimark, la imagen del presidente subió tres puntos en septiembre y la desaprobación a su gestión bajó otros cinco, lo que lo ubica en un 30 por ciento de aprobación que no está dispuesto a rifar. Por eso tras la –nueva– controversia y tras la ruptura de la mesa de negociaciones, mandó a su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a aclarar la situación de la “cárcel para estudiantes”: “Sólo impulsaríamos la pena de prisión para quienes tomen establecimientos educativos incurriendo en hechos de violencia”.
Pero el ex embajador y actual asesor presidencial Otero Lathrop no se la hace fácil a Piñera y mientras desde La Moneda buscan bajarle el tono, el amigo de Pinochet dobla la apuesta: “Con tres años de cárcel, los estudiantes lo van a pensar dos veces. La ley que impulsa el gobierno chileno le permitirá exigirle a la TV las imágenes de los manifestantes durante las protestas estudiantiles, ya que hay delincuentes y extremistas de izquierda que se infiltran en las marchas para cometer desmanes, causar destrozos y atacar a la fuerza pública”. Y agregó sin dudar que “Carabineros es la única institución de Chile que no tiene derechos humanos. Si usan un palo, los medios hablan de brutalidad policial”.
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