El fiscal Moreno Ocampo analiza llevar a juicio en la Corte Penal Internacional una demanda contra la cúpula del Vaticano por seguir un plan sistemático para encubrir a los curas abusadores alrededor del mundo. Las pruebas y los acusados.
Por Martín Mazzini
Advertencia: La demanda y los documentos contienen información explícita y que los lectores pueden encontrar chocante o perturbadora sobre actos de violencia sexual, especialmente para las víctimas de violencia sexual. La lectura de estos archivos puede desencadenar reacciones emocionales intensas.”
El aviso precede a la denuncia presentada por la Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) en la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. Es el caso por el que el fiscal argentino Luis Moreno Ocampo puede llevar a juicio al papa Benedicto XVI.
La ONG con base en los Estados Unidos, donde tiene más de 10 mil miembros, acusa a la cúpula del Vaticano de cometer crímenes contra la humanidad por haber montado un plan sistemático de encubrimiento de casos de pedofilia. Según la acusación, todos los caminos conducen a Roma.
Los líderes de la SNAP, junto con sus abogados del Centro de Derechos Constitucionales (CCR, en inglés), presentaron una histórica demanda de 84 páginas acusando a los funcionarios del Vaticano de “tolerar y permitir la ocultación sistemática y generalizada de violaciones y delitos sexuales contra personas en todo el mundo”. Acompañaron la denuncia con más de 20.000 páginas de material de apoyo: informes, documentos de política y supuesta evidencia de los crímenes por parte del clero católico contra los niños y adultos vulnerables.
La presentación incluye casos en los que cartas y documentos entre los funcionarios del Vaticano muestran un rechazo a cooperar con las autoridades que investigan estos casos. “El punto de esta demanda es mirar desde una altura mayor –dijo Pam Spees, abogada del CCR, a The Guardian–. Si uno se aleja, ve que las prácticas son las mismas: los denunciantes son castigados; se comprueba la negativa del Vaticano a colaborar con la ley y sus organismos de aplicación. Ves la protección de los sacerdotes, que continúan en el ministerio, y por estas decisiones otros niños son violados y asaltados sexualmente. No se trata sólo de los hechos de abuso sino de la forma en que la Iglesia profundiza el daño, a veces de forma irreparable.”
Miembros de SNAP de Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Estados Unidos viajaron el 13 de septiembre a La Haya para insistir en que la CPI juzgue al Papa, al secretario de Estado Tarcissio Bertone y a otros dos altos funcionarios de la Santa Sede. De acuerdo con el CCR, el Papa, como cabeza de la Iglesia Católica, es el responsable por el abuso sexual de menores por sacerdotes y por el encubrimiento de ese abuso. El grupo argumenta que tiene “una responsabilidad directa y superior” por los delitos de sus subordinados, como ocurre en una cadena de mando militar. Los otros funcionarios denunciados son Angelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio y exsecretario de Estado del Vaticano, y el cardenal William Lavada, director de la Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), encargada de investigar los abusos sexuales en la Iglesia. Benedicto XVI dirigió la CDF cuando era el cardenal Ratzinger.
Megan Petersen, de Minnesota, es una de las dos víctimas estadounidenses cuyos casos fueron incluidos en la denuncia a la CPI. Petersen recibió 750.000 dólares hace dos semanas en un juicio civil contra la diócesis de Crookston: alegó que un sacerdote, Joseph Jeyapaul, la había violado en repetidas ocasiones cuando era una niña. En La Haya, Petersen habló de Jeyapaul: “Era un hombre de Dios, y yo era muy devota, quería ser monja y confiaba en él. Ratzinger es la cabeza de esta organización y estos son sus ovejas, su rebaño. Voy a hacer todo lo posible para que esto no le suceda a otro niño”. Jeyapaul negó el abuso desde la India, donde sigue sirviendo como sacerdote.
La intención de la Red, una entidad sin fines de lucro fundada hace una veintena de años, sin afiliación política ni religiosa –ni antirreligiosa; de hecho muchos de sus miembros son católicos practicantes–, es que Moreno Ocampo abra un caso de oficio. “Altos funcionarios de la Iglesia, incluido Ratzinger, tenían conocimiento o tenían amplios motivos para tener conocimiento de la comisión generalizada de violencia sexual por sacerdotes y otras personas afiliadas a la Iglesia y, o bien optaron por hacer la vista gorda o adoptaron medidas para ocultar tanto los delitos como a sus autores”, afirmó la ONG en una presentación preliminar en mayo pasado. Según el texto, “hay pruebas de que en innumerables casos esos funcionarios obstruyeron los sistemas judiciales nacionales y participaron en la práctica de ‘desplazamiento de curas’: transferir a los delincuentes conocidos a otros sitios en los cuales seguían teniendo acceso a niños o adultos vulnerables”.
“Hay una complicidad muy grande entre el poder eclesiástico y el poder político, económico y judicial que se ha formado durante siglos –opinó Fortunato Malimacci, sociólogo especialista en Iglesia–. Se prestan servicios mutuos. En Estados Unidos, el propio catolicismo norteamericano fue el que reclamó a quien era secretario del Papa, el por entonces cardenal Ratzinger, para que se sancionara a esos sacerdotes. Y lo que sucedió fue que la enorme mayoría de las veces Ratzinger lo ‘encarpetó’, es decir que las denuncias no prosperaron. La política que tuvo el Vaticano fue enviar a los sacerdotes a otro lado, cambiarlos de país.”
La Red asegura contar con testigos dispuestos a dar información sobre casos de ocultamiento que trascienden “fronteras y generaciones”: por eso, pretende que el fiscal los considere delitos de lesa humanidad. Entre los ejemplos que aportó para la evaluación del argentino figuran:
1. Casos en los que funcionarios eclesiásticos tenían conocimiento de que niños en países africanos habían sido agredidos sexualmente e hicieron el cálculo consciente de que no tenían que preocuparse de ello.
2. Casos en los que tenían conocimiento de sacerdotes pederastas que agredieron sexualmente a niños pero los dejaron a cargo de escuelas, orfanatos o iglesias.
3. Un caso en el que un niño fue violado por un sacerdote que, además, lo llevó a Miami para que “atendiera” a otros sacerdotes que viajaron a esa ciudad desde Roma.
4. Un caso en el que tuvieron conocimiento pleno de un sacerdote que facilitó las incidencias para que a una de las víctimas se le pudiese practicar un aborto; luego utilizó métodos anticonceptivos, mientras violaba en serie a niñas jóvenes; y
5. Casos en los que hijos de los indígenas de una región fueron retirados de sus comunidades y colocados en internados u orfanatos donde los sometieron de manera reiterada a violaciones y agresiones sexuales.
La ONG considera que La Haya debe dar curso a la denuncia porque los casos de violaciones y abuso son “un ataque generalizado y sistemático contra una población civil” alrededor del mundo. “Al contrario de lo que a menudo manifiestan los representantes del Vaticano (…) no son situaciones esporádicas cometidas por unas pocas manzanas podridas que se escurrieron por entre la vigilancia estricta del Vaticano. Según lo que ha comentado el Vaticano mismo, se ha sugerido que ‘solamente’ entre un 1,5 y un 5 por ciento de los sacerdotes católicos han participado en el abuso sexual de niños. Según las estadísticas más recientes que ha divulgado el Vaticano, en 2009 había en todo el mundo 410.593 sacerdotes.” Con las cifras de la Santa Sede, la cantidad de curas que han delinquido está entre 6.158 y 20.529.
En 2002 se supo que la diócesis de Boston había encubierto la violencia sexual en su seno durante años. El escándalo fue tal que el Colegio Estadounidense de Obispos Católicos le encargó a la Universidad John Jay College of Criminal Justice un estudio, que se realizó con datos reportados por diócesis, comunidades religiosas y parroquias para el período entre 1950 y 2002. El estudio –que incluye sólo acusaciones de “abuso sexual infantil” que no hayan sido retiradas ni desmentidas– concluyó que entre el 3 y el 6 por ciento de los sacerdotes estadounidenses participaron en abuso sexual contra menores de 18 años. Los porcentajes no varían de una región a otra. De las 10.667 personas que denunciaron abuso, el 17,2 por ciento tiene hermanos o hermanas que también fueron víctimas de abuso sexual. La cifra original de 4.392 denunciados por abuso se amplió los últimos años a 5.948.
Pero los porcentajes son mucho más altos en las diócesis que fueron obligadas a hacer entrega de sus archivos a las autoridades: entre el 8 y el 10 por ciento de los curas están acusados, según el grupo Bishop Accountability.
Como reacción a los abusos de Boston, el Colegio de Obispos sancionó una serie de prácticas de “tolerancia cero” para las acusaciones de violencia sexual: según la norma, los sacerdotes acusados deben ser retirados del sacerdocio mientras se investigan las acusaciones. “El Papa apuesta claramente por la ‘tolerancia cero’ frente a la pederastia, y estas normas lo demuestran”, explicaba hace meses el promotor de Justicia del Vaticano, Charles J. Sciluna. El año pasado, el Vaticano procesó a 432 curas por abuso de niños, dándole curso al 82 por ciento de las denuncias que llegaron a la CDF, según el volumen Actividad de la Santa Sede.
Pero SNAP afirma que la tolerancia sigue siendo moneda corriente: en febrero de 2011, en la diócesis arzobispal de Filadelfia había “37 curas con acusaciones creíbles de pederastia, todos gozando de plena libertad y desempeñando sus funciones sacerdotales con pleno acceso a sus feligreses”. Los miembros del jurado de acusación de Filadelfia afirmaron que “el abuso era de conocimiento de los altos funcionarios de la Iglesia, incluido el cardenal mismo, quienes además lo toleraron y lo ocultaron”.
Las revelaciones de abusos en Alemania, país natal de Ratzinger, Australia, Bélgica, Canadá, Irlanda e Italia demuestran, según SNAP, que las cifras de Estados Unidos marcan un patrón de una práctica extendida. La ONG calcula que la cantidad de víctimas de violencia sexual entre 1981 y 2005 asciende a 100.000: es el período en el cual Ratzinger encabezó la CDF.
Como ni el Vaticano ni los Estados Unidos ratificaron el Estatuto de Roma, que dio forma a la CPI, para aceptar el juicio Moreno Ocampo debería basarse en crímenes cometidos en países que hayan ratificado el tratado pero no hayan iniciado investigaciones judiciales –como Irlanda, México o Perú–, por lo que es incierto qué decidirá. “Es difícil que la denuncia tenga todos los elementos necesarios para ser aceptada –explicó Lucas Barreiro, coordinador de la Maestría de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la UBA–. No tanto por el tipo de crimen (los delitos sexuales pueden ser considerados de lesa humanidad) sino porque el ataque a la población civil tiene que ser política de Estado. Además, la Corte sólo puede investigar si verifica que el Estado que tiene jurisdicción no juzga el caso; debería demostrar que Alemania, Australia, Austria, Bélgica o Italia no pueden o no quieren ejercer justicia.”
“El desafío de la Corte es diseñar las reglas que intenta aplicar, que básicamente dicen que no se puede usar violencia masiva en el ejercicio del poder”, contó hace unos meses Moreno Ocampo a Veintitrés Internacional, y agregó que “los casos tienen que impactar al resto de la humanidad”.
En 2002, en uno de sus últimos casos antes de asumir como fiscal de la Corte Internacional, Moreno Ocampo defendió al padre Julio Grassi en una causa conexa a la de los abusos sexuales. Moreno Ocampo logró que el fiscal de Morón, Adrián Flores, fuera separado de la investigación. Ahora, los avances en la visibilización de los abusos sexuales en la Iglesia pueden ponerlo del otro lado del mostrador.
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Opiniones
“Estimula a las víctimas de América latina”
Por Enrique Stola, psicólogo de Gabriel y Ezequiel, los chicos que denunciaron al padre Grassi
El caso Grassi muestra que el Poder Judicial se somete al poder eclesiástico. ¿Cómo puede ser que un individuo condenado por dos instancias siga en libertad, cuando se sabe que el abuso es algo compulsivo? Ni Von Wernich ni Grassi –dos íconos de la Iglesia– están inhabilitados para ejercer su ministerio. Por eso, la denuncia me parece una excelente medida por parte de víctimas de pedófilos desconocidos o conocidos de la Iglesia, que es una institución homoerótica, donde los hombres se admiran entre sí y las monjas están para servirlos. Y Ratzinger, como Juan Pablo II, es sostenedor de la Orden de los Legionarios de Cristo, cuyo jefe, Marcial Maciel, es un gran abusador y corruptor de niños. La denuncia abre un camino de posible reparación para las víctimas a nivel internacional, no en lo económico, sino psicológicamente. Ayuda a la visibilización: estimula a las víctimas de los países latinos y africanos para hacer denuncias. Acá no existe una institución no gubernamental que les diga a los miembros de la Iglesia que pueden denunciar. El día que exista se van a poder canalizar las denuncias y va a surgir con fuerza la realidad.
Ahora, lo primero que pienso es con qué cara puede actuar Moreno Ocampo, que fue defensor del cura Grassi, apenas saltaron los hechos, junto a su socio, Hugo Wortman Jofre. Además, Moreno Ocampo intervino en la apelación del caso de un violinista del Colón acusado de abusar de sus hijos. ¿Este tipo, defensor de imputados de abuso, va a hacer algo? No creo.
(Testimonio recogido telefónicamente.)
“La iglesia argentina equivocó su camino”
Por José María Poirier, Director de la revista católica Criterio
El tema de los abusos sexuales es gravísimo y su gravedad fue reconocida por el Papa. Es un problema que se arrastraba desde hacía tiempo. El silencio y el ocultamiento no es solución de nada. Lo primero es atender a las víctimas cuando hay una injusticia o perversión de esta gravedad. La defensa de la institución está en segundo plano.
Desde la Santa Sede, trascendió que en los encuentros entre el Papa y las víctimas de los abusos y sus familiares, Ratzinger siempre tiene la actitud de sentirse humillado, pedir perdón para que todo esto no pase más (cosa muy difícil de prever). A diferencia del papado de Juan Pablo II, ahora está habiendo una política de tolerancia cero. El Papa alemán siempre fue más riguroso, muy severo. El clero argentino, la Conferencia Episcopal y figuras destacadas como Bergoglio van en ese sentido. Las instituciones tienen que hacerse cargo de sus flaquezas. El silencio, que fue afín a muchas instituciones, también fue una actitud en el ámbito familiar y social: se optaba equivocadamente por la negación. La psicología ayudó mucho a darles credibilidad a las denuncias que hacen los menores.
La Iglesia argentina equivocó sus caminos con su silencio. Tenemos el caso del padre Grassi y del obispo Storni: uno hubiera preferido que se denuncie a tiempo. En la revista Criterio expresamos nuestra perplejidad con la forma en que actuaban tanto la Justicia como el clero.
(Testimonio recogido telefónicamente.)
Informe: Tomás Eliaschev
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