Hallaron en un centro clandestino en Tucumán restos de quince cadáveres e identificaron al ex senador Vargas Aignasse.
Por Laureano Barrera
Si la muerte no lo hubiera alcanzado exactamente hace veintidós días, el represor Antonio Domingo Bussi cargaría con quince asesinatos más en su retahíla inagotable. La evidencia terminante es el hallazgo hace pocos días de un mínimo de quince cadáveres “esqueletizados y parcialmente quemados” en una fosa común del predio del ex Arsenal Miguel de Azcuénaga, en Tucumán, un centro clandestino de detención donde padecieron su crueldad mesiánica más de mil secuestrados: el sumidero más espeluznante de la provincia azucarera durante los años de la represión ilegal.
Los restos óseos, comunicó el Juzgado Federal N° 1 de Raúl Daniel Bejas, estaban “ubicados en diferentes profundidades y con distintas orientaciones, en la mayoría de los casos dispuestos en relación anatómica”. Significa que los cuerpos fueron descubiertos exactamente como cayeron después del tiro final: en posiciones diferentes, uno encima del otro, varios atados de brazos y piernas, algunos junto a los proyectiles y las vainas que les dieron muerte. Además, se recuperaron retazos de tela y zapatillas que se salvaron del fuego: por los restos de neumáticos y rastros de combustión los antropólogos forenses deducen que se trataba de una fosa de quema.
Las excavaciones en el predio del Ejército, que fueron llevadas adelante por el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (Giaat) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), tienen un origen lejano: se iniciaron en 2005 por orden del Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Mario Racedo, en una causa que investigaba una denuncia de Familiares de Desaparecidos de Tucumán sobre la existencia del centro clandestino del Arsenal y las fosas clandestinas. Sin embargo, por una extraña resolución de la Cámara de Apelaciones provincial, se habían disociado sus propósitos: no tenía como horizonte “investigar las responsabilidades de las personas imputadas” en los delitos, sino “esclarecer la verdad histórica de los hechos acontecidos”.
Las pericias fueron encomendadas al Giaat, pero la aparición de minas antipersonales en el terreno forzó un desminado humanitario que retrasó el sondeo. En mayo de 2009 se sumó al trabajo gente del Eaaf. El 31 de marzo de este año, cerca de un galpón, los forenses encontraron restos óseos calcinados, trozos de madera quemada, cenizas y carbón, junto con restos de alambre, goma y vainas de diferentes calibres. Ante los indicios de uno o varios posibles homicidios, el juez Bejas, que investigaba las responsabilidades penales en el Arsenal, pidió acumularla y el expediente cambió de manos.
Lo primero que encontraron fue una especie de fosa de quema, pero removida por una retroexcavadora, para tapar las huellas, y una pared de las fosas originales. Su relleno tenía restos óseos humanos, pero eran tan pequeños y tan calcinados que dificultaban mucho la identificación. El 25 de noviembre, el día siguiente de la muerte de Bussi, el juez, su secretaria y familiares fueron a visitar el sitio. Cuando se estaban yendo, uno de los obreros detuvo al magistrado: casi reluciente asomaban una pelvis en buen estado, que permite el trabajo de laboratorio. Siguieron excavando más fino, con cucharines, y la fosa se reveló en su completa dimensión: más de una docena de esqueletos articulados, sin los estragos del fuego.
Los restos óseos, comunicó el Juzgado Federal N° 1 de Raúl Daniel Bejas, estaban “ubicados en diferentes profundidades y con distintas orientaciones, en la mayoría de los casos dispuestos en relación anatómica”. Significa que los cuerpos fueron descubiertos exactamente como cayeron después del tiro final: en posiciones diferentes, uno encima del otro, varios atados de brazos y piernas, algunos junto a los proyectiles y las vainas que les dieron muerte. Además, se recuperaron retazos de tela y zapatillas que se salvaron del fuego: por los restos de neumáticos y rastros de combustión los antropólogos forenses deducen que se trataba de una fosa de quema.
Las excavaciones en el predio del Ejército, que fueron llevadas adelante por el Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán (Giaat) y el Equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf), tienen un origen lejano: se iniciaron en 2005 por orden del Juzgado Federal Nº 2 a cargo de Mario Racedo, en una causa que investigaba una denuncia de Familiares de Desaparecidos de Tucumán sobre la existencia del centro clandestino del Arsenal y las fosas clandestinas. Sin embargo, por una extraña resolución de la Cámara de Apelaciones provincial, se habían disociado sus propósitos: no tenía como horizonte “investigar las responsabilidades de las personas imputadas” en los delitos, sino “esclarecer la verdad histórica de los hechos acontecidos”.
Las pericias fueron encomendadas al Giaat, pero la aparición de minas antipersonales en el terreno forzó un desminado humanitario que retrasó el sondeo. En mayo de 2009 se sumó al trabajo gente del Eaaf. El 31 de marzo de este año, cerca de un galpón, los forenses encontraron restos óseos calcinados, trozos de madera quemada, cenizas y carbón, junto con restos de alambre, goma y vainas de diferentes calibres. Ante los indicios de uno o varios posibles homicidios, el juez Bejas, que investigaba las responsabilidades penales en el Arsenal, pidió acumularla y el expediente cambió de manos.
Lo primero que encontraron fue una especie de fosa de quema, pero removida por una retroexcavadora, para tapar las huellas, y una pared de las fosas originales. Su relleno tenía restos óseos humanos, pero eran tan pequeños y tan calcinados que dificultaban mucho la identificación. El 25 de noviembre, el día siguiente de la muerte de Bussi, el juez, su secretaria y familiares fueron a visitar el sitio. Cuando se estaban yendo, uno de los obreros detuvo al magistrado: casi reluciente asomaban una pelvis en buen estado, que permite el trabajo de laboratorio. Siguieron excavando más fino, con cucharines, y la fosa se reveló en su completa dimensión: más de una docena de esqueletos articulados, sin los estragos del fuego.
Aparecidos. En Tucumán, algo más que tierra se removió estas últimas semanas. A la muerte cercana del dictador, a los cuerpos recién aparecidos en las profundidades del Arsenal, se sumó la semana pasada la identificación del ex senador Guillermo Vargas Aignasse. Ironía del destino: el cadáver insepulto y perdido que –allá por el 2003– lo apartó a Bussi de su carrera política –había sido electo intendente de San Miguel de Tucumán– para llevarlo por primera vez tras las rejas con prisión preventiva, el mismo que posibilitó su condena a prisión perpetua en 2008, fue identificado el martes pasado en el Pozo de Vargas, un aljibe de 40 metros de fondo de una estancia privada, diecinueve días después de la muerte de su verdugo.
El senador tucumano fue secuestrado de su casa la misma noche del golpe de Estado, interrogado bajo tormentos y trasladado al penal de Villa Urquiza el 31 de marzo. El propio Bussi le prometió a Marta Cárdenas, cuando lo visitó para pedirle por la vida de su esposo, que nada le iba a pasar. El 6 de abril fue sacado del penal y nunca más se supo de él, hasta el martes pasado. Durante el juicio en el que resultó condenado a reclusión perpetua, el represor mintió que lo habían liberado porque era un perejil y un buchón, y que en el trayecto de la Jefatura a su casa, fueron secuestrados –junto con otro preso– por “un grupo de desconocidos”.
Estas últimas semanas, el que supo ser su feudo –bajo la dictadura y también en democracia– precipitó todos los finales del enterrador: el suyo propio, y la aparición de sus víctimas, que arrojaba como NN en fosas comunes y clandestinas. El Arsenal Miguel de Azcuénaga se reveló como el más grande de todos: un campo de concentración que Bussi y su tropa habían diseñado a imagen y semejanza de los nazis, con barracas para prisioneros, doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. La primera noticia de incineración de cadáveres en ese lugar fue recibida por la Conadep, en 1984.
El gendarme Omar Eduardo Torres contó que el general Bussi, en persona, solía iniciar la matanza con su arma reglamentaria, y cómo lo seguían sus oficiales subalternos disparando a la nuca de las víctimas, atadas y de rodillas, al pie de fosas abiertas a paladas. El trabajo actual de los científicos corrobora este punto: la evidencia hallada en los socavones permite suponer que era ahí mismo donde los ejecutaban. Para borrar las huellas “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”, abundó Torres en su declaración de entonces.
Pero algo falló alguna vez y en una de las catacumbas el fuego dejó inconclusa la faena. Treinta y cinco años después, el trabajo de los antropólogos la pone blanco sobre negro: tras la etapa de laboratorio, quince desaparecidos recuperarán su nombre y su prehistoria, y tendrán tumbas y deudos con algo de paz, y flores. La única pena es que hace exactamente veintidós días que Bussi ya no puede pagar por ellos.
El senador tucumano fue secuestrado de su casa la misma noche del golpe de Estado, interrogado bajo tormentos y trasladado al penal de Villa Urquiza el 31 de marzo. El propio Bussi le prometió a Marta Cárdenas, cuando lo visitó para pedirle por la vida de su esposo, que nada le iba a pasar. El 6 de abril fue sacado del penal y nunca más se supo de él, hasta el martes pasado. Durante el juicio en el que resultó condenado a reclusión perpetua, el represor mintió que lo habían liberado porque era un perejil y un buchón, y que en el trayecto de la Jefatura a su casa, fueron secuestrados –junto con otro preso– por “un grupo de desconocidos”.
Estas últimas semanas, el que supo ser su feudo –bajo la dictadura y también en democracia– precipitó todos los finales del enterrador: el suyo propio, y la aparición de sus víctimas, que arrojaba como NN en fosas comunes y clandestinas. El Arsenal Miguel de Azcuénaga se reveló como el más grande de todos: un campo de concentración que Bussi y su tropa habían diseñado a imagen y semejanza de los nazis, con barracas para prisioneros, doble alambrada perimetral y torres de vigilancia. La primera noticia de incineración de cadáveres en ese lugar fue recibida por la Conadep, en 1984.
El gendarme Omar Eduardo Torres contó que el general Bussi, en persona, solía iniciar la matanza con su arma reglamentaria, y cómo lo seguían sus oficiales subalternos disparando a la nuca de las víctimas, atadas y de rodillas, al pie de fosas abiertas a paladas. El trabajo actual de los científicos corrobora este punto: la evidencia hallada en los socavones permite suponer que era ahí mismo donde los ejecutaban. Para borrar las huellas “se echaba leña, aceite y gomas de automóviles”, abundó Torres en su declaración de entonces.
Pero algo falló alguna vez y en una de las catacumbas el fuego dejó inconclusa la faena. Treinta y cinco años después, el trabajo de los antropólogos la pone blanco sobre negro: tras la etapa de laboratorio, quince desaparecidos recuperarán su nombre y su prehistoria, y tendrán tumbas y deudos con algo de paz, y flores. La única pena es que hace exactamente veintidós días que Bussi ya no puede pagar por ellos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario