La "guerra contra las drogas", entendida como una aproximación que expresa la existencia de una campaña prohibicionista global, ha resultado un fracaso. Todos los indicadores confeccionados con rigor y todos los análisis independientes realizados sin miras dogmáticas corroboran la dimensión de una cruzada errada y contraproducente. Ello no es novedoso. Lo nuevo es que existe un ambiente relativamente propicio para un reevaluación prudente de las prácticas antidrogas en ejecución. La frustración mundial respecto a la lucha antinarcóticos y otras realidades recientes han abierto una ventana de oportunidad para avanzar en un sendero posprohibicionista. Distintos elementos insinúan eso. La crisis financiera y económica global se ha reflejado en una revalorización política del Estado y de su rol regulador: es cada vez más admisible tener un Estado que supervise e intervenga más en un mercado que produce consecuencias devastadoras cuando opera sin control. Asimismo, y a raíz del alcance de la crisis, hay señales sociales que parecen indicar que el lucro desmedido y el despilfarro recursivo ya no son tan bien vistos. Paralelamente, algunas experiencias menos punitivas tienden a mostrar éxitos. Mientras algunos países de la Unión Europea han adoptado formas de facto de descriminalización, Portugal ha aprobado en 2001 una ley que descriminaliza todas las drogas y los resultados parecen promisorios. A su vez, en Estados Unidos los últimos tres presidentes (Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama) consumieron sustancias psicoactivas ilícitas en algún momento de sus vidas, cerca del 40% de la población ha probado marihuana y el actual zar antidrogas, Richard Gil Kerlikowsi, prometió abandonar el lenguaje de la "guerra contra las drogas". En América latina, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia -creada por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo- concluyó que la "guerra contra las drogas" ha sido una "guerra perdida" con graves y negativos efectos para la región. Asimismo, a través de legislación parlamentaria o de fallos judiciales, ha crecido el número de casos en que se despenaliza la posesión de dosis personales de drogas. En ese contexto la decisión de la Corte Suprema de la Argentina en esta materia sólo refuerza una tendencia regional. Así entonces, hay un espacio para aprovechar esta coyuntura. Para ello, resulta importante tener una estrategia tanto crítica como propositiva. Respecto al componente crítico cabe subrayar dos asuntos. Por un lado, reforzar el cuestionamiento al actual régimen global antinarcóticos. El núcleo del argumento debe girar en torno a los costos de la prohibición y el agotamiento del paradigma vigente. Actores estatales y no gubernamentales pueden interactuar remarcando la necesidad de un viraje sustantivo en el frente de los narcóticos. Ante la lucha cultural de quienes defienden la cruzada prohibicionista sólo es posible responder con una voz ética y socialmente sólida sobre la inviabilidad de continuar con la "guerra contra las drogas" y la urgencia de un paradigma más humano.Por otro lado, cabe precisar los límites a seguir en cuanto a las políticas públicas actuales para avanzar en el sendero de una perspectiva más compasiva y menos onerosa. Así, no debieran aplicarse medidas y prácticas que entren en colisión con otros regímenes internacionales; por ejemplo, los de derechos humanos y medio ambiente. Toda política sobre drogas debe ser compatible con las normas y procedimientos acordados en materia de defensa de los derechos fundamentales y protección ambiental. Ahora bien, se trata también de proponer enfoques alternativos razonables. Eso implica pensar y actuar con un horizonte de largo plazo y con esquemas heterodoxos abiertos a proponer y ensayar opciones innovadoras para ir superando, gradualmente, el fenómeno de los narcóticos. En esa dirección, y a los fines de eludir el habitualmente estéril debate entre prohibición o legalización, sugiero la tesis de la regulación modulada: establecer un tipo de regulación específica por droga de acuerdo a los daños que cada una causa. Se trata de desagregar el universo de sustancias psicoactivas ilegales porque no todas las drogas son idénticas en su naturaleza y efecto y diseñar regímenes de regulación especiales. Además, se trata de identificar mecanismos regulatorios en toda la cadena productiva, desde la demanda hasta la oferta. Operar sólo en un eslabón sin operar en todas las fases crearía una situación disfuncional sólo aprovechable por la criminalidad organizada transnacional. Asimismo se trata de que el Estado, individualmente, y la comunidad interestatal, globalmente, asuman un papel decisivo para reubicar el tema donde siempre debió estar; esto es, una cuestión de salud pública en los polos de consumo y de desarrollo desigual en los centros de provisión y tráfico. Finalmente, se trata, también, de abordar y solucionar los problemas estructurales que han permitido que el negocio de las drogas florezca, prospere y se extienda. En buena medida, la mejor política pública antidrogas es una buena política pública en materia de justicia, equidad, salud, derechos humanos, educación y empleo.
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