Más de cuatrocientas mujeres, en su mayoría de Paraguay y de provincias del norte argentino, fueron trasladadas a la ciudad de Santa Rosa a lo largo de los últimos cinco años, para ser explotadas sexualmente en tres prostíbulos, habilitados como whisquerías por la Municipalidad de la capital pampeana, según pudo determinar una investigación preliminar de la Procuración General de la Nación. Las jóvenes están identificadas con nombre y apellido y también los presuntos proxenetas. El organismo tiene abundantes pruebas sobre la existencia de una red de tratantes que operaría esa ruta. La pesquisa fue realizada por el titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), Marcelo Colombo, quien con la información reunida formuló una denuncia en el juzgado federal de Santa Rosa. Según la presentación judicial, el tráfico de mujeres hacia La Pampa habría aumentado significativamente en los últimos dos años y en esa ruta la capital provincial sería, además de lugar de destino, un punto de distribución de las jóvenes hacia otras localidades.
La investigación se originó a partir de un artículo publicado en Página/12 el 22 de marzo, en el que un comisario que se había desempeñado al frente de la oficina de Migraciones de la policía pampeana entre 2003 y 2004 denunció que las autoridades de la fuerza provincial de aquel entonces, en particular el jefe y el subjefe, Ricardo Alberto Baudaux y Juan Domingo Pérez (quienes continúan en sus cargos), obstaculizaron sus intentos por perseguir la explotación sexual de mujeres extranjeras en distintos locales nocturnos de la capital pampeana y sus alrededores.
La denuncia de la Procuración General de la Nación (PGN) fue presentada el 28 de julio ante el juzgado federal de Santa Rosa, a cargo del magistrado Pedro Vicente Zabala, pero su contenido recién trasciende ahora. Zabala es el mismo juez que dictó el primer procesamiento, con prisión preventiva, por el delito de trata de personas en esa provincia, al dueño del cabaret El Rancho, de la localidad pampeana de 25 de Mayo, sobre el cual informó Página/12 un mes atrás. Zabala delegó la causa en la fiscal federal Marta Odasso. Curiosamente, Odasso había archivado rápidamente otras actuaciones iniciadas a partir de las denuncias realizadas por el comisario Hugo Ledesma en un reportaje con este diario. Ledesma acusó a la cúpula de la Policía de La Pampa de supuesto encubrimiento y connivencia con redes de trata de mujeres para explotación sexual.
El fiscal Colombo, a partir de los dichos de Ledesma, decidió rastrear la existencia de la red de tratantes que operaría en la provincia e inició una inició una investigación preliminar, cuyos resultados son el eje de la denuncia, que formuló en la Justicia Federal de La Pampa. La Ufase empezó la pesquisa el 25 de marzo, tres días después de la publicación de la entrevista a Ledesma. No es la única causa que surgió como consecuencia de las revelaciones que hizo el comisario en este diario: otro fiscal de Santa Rosa, Carlos René Ordás, también se interesó por sus denuncias y abrió un expediente que tramita ante el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 5, donde Ledesma ratificó sus palabras y actualmente es querellante.
A LA VISTA DE TODOS
Lo más llamativo es que no fue necesario un arduo trabajo de inteligencia policial para que en la Ufase encontraran claros indicios de la probable presencia de tratantes en la provincia de La Pampa. Si hasta ahora esas pistas no se habían seguido, queda en evidencia, fue por falta de voluntad judicial. El fiscal Colombo se tomó el meticuloso trabajo de leer el libro del municipio de Santa Rosa, donde hasta hace muy poco los proxenetas debían registrar a las “alternadoras” que llegaban para “trabajar” a sus locales. Ese mecanismo, por el cual además las mujeres debían tramitar una libreta sanitaria, se eliminó luego de que el Concejo Deliberante aprobara el 28 de mayo una ordenanza –la primera de ese tipo en el país– que prohibió la habilitación en el territorio de Santa Rosa de nuevas whisquerías, que funcionan como pantallas de burdeles. En esos locales nocturnos, en abierta violación de la Ley de Profilaxis, se explota la prostitución ajena. Una vez que caduquen los permisos vigentes, deberán cerrar. La misma metodología que sirve de aval estatal a una práctica prohibida –como el proxenetismo, que suele estar asociado a otro delito, tipificado recién hace un año como es la trata de personas– se replica en otras localidades de diversas provincias del país. “La categoría de alternadoras es usada para denominar lo que por ley no podría ser nunca clasificado: un registro para la explotación de meretrices”, advirtió la Procuración General de la Nación.
En Santa Rosa hay tres “casas de tolerancia”, habilitadas como whisquerías, en las que “se ejerce la prostitución o se incita a ella”, precisa la denuncia de la Ufase. Los locales son: Jarana, ubicado en la calle Callaqueo y Ruta Nº 35; El Rancho, en la avenida Circunvalación Santiago Marzo 1885, y Privado VIP, en avenida Circunvalación Sur 2200. La presentación judicial da detalles de los nombres de los propietarios o administradores de los burdeles. El titular de El Rancho es el mismo que fue procesado por el delito de trata por otro local en 25 de Mayo. En los tres cabarets, “mujeres de variadas edades y provenientes de distintas provincias (Formosa, Tucumán, Jujuy, Salta, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, entre otras) y del extranjero (Paraguay y República Dominicana, en su mayoría) comercian sexualmente con su cuerpo mientras terceras personas administran y explotan dicha actividad”, describe la denuncia. En menor medida, las jóvenes provienen de la provincia de Buenos Aires y Mendoza. “No puede presentarse más claro que los encargados y propietarios (de los locales) promueven, facilitan y/o explotan la prostitución de mujeres que son traídas de otros lugares y pasan a formar parte de registros públicos oficiales encargados de su control médico vaginal”, advierte la denuncia. Sobre Privado VIP ya hay una causa judicial en curso abierta por trata de personas en el Juzgado Federal Nº 2 de Formosa.
La existencia de los registros oficiales de alternadoras fue revelada por la subdirectora local de Políticas de Género, Mónica Molina, periodista de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, que los descubrió al llegar al cargo, tal como ya informó este diario.
Molina fue convocada por Francisco Torroba (del Frente Pampeano), quien fue elegido tras la destitución del polémico intendente justicialista Juan Carlos Tierno.
De la información del libro de inscripción surge que en los últimos dos años “se ha incrementado de manera considerable” la registración de mujeres provenientes del exterior, en su mayoría de Paraguay, y del norte argentino, por ejemplo, Salta. Desde 2007 hasta marzo de 2009 fueron anotadas como “alternadoras” en el municipio de la capital provincial aproximadamente 34 paraguayas, 6 dominicanas, 24 salteñas, 7 tucumanas, 6 formoseñas, y 11 cordobesas, entre otros orígenes. “La sola circunstancia de que estas mujeres sean procedentes de puntos tan alejados de la ciudad de Santa Rosa constituye una poderosa pauta del alto grado de vulnerabilidad en que se encuentran cuando son recibidas en el lugar de destino para ser explotadas sexualmente”, consideró el fiscal Colombo en su presentación judicial. El titular de la Ufase también analizó los registros migratorios de la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Así pudo establecer cómo llegan al país las jóvenes provenientes de Paraguay: “Ingresan de a dos o más en el mismo transporte público”. En la denuncia se detalla el periplo, como ejemplo, de dos muchachas, cuyas iniciales son V.A.R. y D.C.B., que ingresaron por el cruce fronterizo de Clorinda-Puerto Falcón el 3 de febrero a las 23.39 aproximadamente. Según se desprende de la información remitida por el Escuadrón 16 de Gendarmería Nacional, ambas viajaron en un micro de la empresa Godoy SRL, que realiza el trayecto Asunción-Retiro. El 5 de febrero, dos días después de su ingreso, las dos jóvenes obtuvieron el certificado de antecedentes policiales de la provincia de La Pampa y el certificado de residencia precaria, para finalmente el 6 de febrero –tres días después de su ingreso– registrarse ante la municipalidad de la ciudad y obtener la libreta sanitaria. Así de aceitado era el procedimiento, en el que tres instituciones estatales (policía provincial, Migraciones y la Intendencia) daban su aval para que la primera de ellas fuera explotada en el Privado VIP y la segunda en El Rancho. Las dos presentaron como domicilio el de Ruta 151, El Sauzal, kilómetro 154, de la localidad de 25 de Mayo, en el extremo sudoeste de La Pampa, lugar donde, por otra parte, funcionaría la sucursal de la whisquería El Rancho involucrada en la otra causa penal mencionada más arriba. La denuncia de la Ufase incluye varios ejemplos más, con nombres y apellidos de distintas mujeres registradas luego como “alternadoras”, con la fecha y el lugar por el cual ingresaron al país, y el nombre de la empresa de colectivos en la que viajaron.
Otro dato que llamó la atención del fiscal Colombo es que muchas de esas mujeres brindan el mismo domicilio de residencia en Santa Rosa –que este diario no difundirá para no entorpecer la investigación judicial–, pese a que sus ingresos al país se producen en distinto momento. La dirección no corresponde a un hotel, hostel ni albergue. Cuando el origen de las mujeres es otro sitio de la Argentina, también el procedimiento es similar. En esos casos, “se advierte que llegan a la ciudad dos o más mujeres juntas que provienen de la misma provincia y efectúan en la misma fecha los trámites que exige la ‘burocracia proxeneta’”, enfatiza la denuncia.
La pesquisa de la PGN detectó que en “gran parte” de los casos las mujeres que vienen de otras provincias o países, a diferencia de aquellas oriundas de La Pampa, no renuevan su libreta sanitaria más de una vez o ninguna, “razón por la cual se infiere que permanecerán en la ciudad de tres a seis meses”, de acuerdo con el plazo de duración del control médico, lo cual “podría vincularse con la existencia de un circuito de ‘rotación’ de las mujeres por prostíbulos de distintas localidades o provincias. Además de Santa Rosa, 25 de Mayo junto a la localidad pampeana de Catriel y las neuquinas de Rincón de los Sauces, Añelo, Cutral-Có y Plaza Huincul integrarían una ruta unida por algo más que la explotación de hidrocarburos.
La denuncia de la Ufase toma en cuenta además los testimonios de víctimas de trata que han declarado en los últimos meses en distintas causas penales en las que se investiga ese delito y que brindan “valiosos datos” acerca de cómo fueron “captadas” o “recibidas” y cómo fueron explotadas en los centros de destino de La Pampa. Para el fiscal Colombo hay elementos suficientes para corroborar la existencia de una red que opera “de modo organizado en la captación, traslado, recepción y explotación sexual de mujeres, con destino a la ciudad de Santa Rosa”.
Desde la entrada en vigencia de la Ley 26.364, el 30 de abril de 2008, hasta que la Ufase pidió a la Municipalidad el envío del libro de inscripción de las alternadoras, a fines de mayo de este año, se registraron 61 mujeres provenientes de Paraguay y República Dominicana, localidades pampeanas y otras provincias, fundamentalmente del norte argentino. Para Colombo, todas ellas podrían ser víctimas de esa red de tratantes, “encontrándose –en la actualidad– sometidas a prácticas de explotación sexual”.
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