Cuando los periodistas escriben sobre adolescentes sospechosos de haber participado en algún hecho delictivo, el 65 por ciento de las notas contiene términos peyorativos o discriminatorios, según un estudio realizado, a lo largo de 2008, por el Capítulo Infancia de Periodismo Social, mediante la lectura de 120 mil noticias publicadas “en los 22 diarios más representativos del país”. El término “menor”, empleado a secas, casi como un estigma, sigue siendo “el término peyorativo más común”, aunque también se los presenta como “rateros”, “pibes chorros”, “hampones” o incluso como “pirañas”, si los acusan de cometer hechos sin mayor importancia atacando entre varios a una sola persona. En muchos casos se los condena de antemano, aunque una de cada cuatro de las noticias analizadas –el 25 por ciento del total– fue publicada sin citar fuente alguna. O, en el mejor de los casos, mencionando a “una alta fuente policial”. El informe, al que tuvo acceso Página/12, será presentado hoy, a las 9.30, en el Centro Cultural Rojas, con la presencia, entre otros, de Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema.
En el informe, denominado “El encierro mediático”, se afirma que en la mayoría de los casos las noticias sobre chicos en problemas con la ley “se elaboraron con datos que no fueron contrapuestos con ninguna otra voz o que no dieron cuenta del origen de la información, con estadísticas que no surgen de ninguna investigación hecha en profundidad, con percepciones que se transformaron en titulares, que adquirieron el status de exactitud y que los diarios publicaron sin cuestionarlas ni contrastarlas”.
A partir de esas noticias se elabora un mensaje que afirma que “cada vez más chicos menores de edad cometen delitos”. Para justificar esos dichos, la mayoría apela a “números ‘reservados’, ‘extraoficiales’, testimonios de ‘altas fuentes policiales’ o ‘fuentes judiciales que pidieron reserva’, testimonios y sensaciones de vecinos y expertos”. Los diarios informaron varias veces, en 2008, que “los hechos cometidos por chicos crecieron significativamente”, algo que “no figura en ninguna estadística seria y rigurosa”, y que es “rebatida con números oficiales”.
La oficina de Investigación y Estadísticas Político-Criminales de la Procuración General de la Nación, tomando como base datos de las fiscalías de menores de la ciudad de Buenos Aires, precisó que mientras que en 2007 hubo “3716 chicos acusados y condenados por delitos contra la propiedad, en 2008 ese número fue de 2715”. En ese marco, siempre con la Procuración como fuente, los delitos contra la integridad sexual protagonizados por chicos cayeron de 67 en 2007 a 55 en 2008, mientras que bajaron también, de 25 causas a nueve, las relacionadas con casos de homicidios simples.
Las noticias que vinculan a chicos y chicas con el delito ocuparon el 2,1 por ciento del total de las notas sobre infancia en los diarios monitoreados, cuatro veces más que la cifra (0,4 por ciento) alcanzada en 2007. Por primera vez desde 2004, cuando el Capítulo Infancia de Periodismo Social hizo su encuesta inaugural sobre “Niñez y adolescencia en la prensa argentina”, el tema de la Educación superó, con un 23,5 por ciento, a las notas sobre Violencia, en segundo lugar con un 22,2 por ciento.
En 2008, la agenda mediática estuvo dominada, gran parte del año, por el asesinato del ingeniero de San Isidro, Ricardo Barrenechea, por el que se imputa a un adolescente, y por el debate acerca de la baja en la edad de imputabilidad. En ese marco, sostiene el informe, las tapas y páginas de los diarios dedicadas a hechos que involucran a chicos y chicas se completan con las mismas preguntas: “¿Qué hacer? ¿Qué penas aplicar? Casi siempre con las mismas respuestas: más castigo, más encierros”.
El debate hace foco “en el aspecto penal del problema y no en sus causas sociales”. Ese debate aporta “poco y nada” a buscar soluciones sobre la “real situación de esos chicos”, a tener en cuenta “los derechos y garantías que tienen los chicos para ser juzgados, en los aspectos preventivos del problema, ni en el destino de ellos”.
Entre los ejemplos de términos peyorativos o discriminatorios se mencionan tres ejemplos contundentes:
1 “Cordobecitos rateros atemorizan a víctima”. Así se habla, desde el título aparecido el 5 de marzo de 2008 en un diario de tirada nacional, sobre el caso de unos chicos imputados de robar en una casa en ausencia de sus ocupantes;
2 “Menores patoteros golpearon salvajemente a dos hermanos”. Título de un diario norteño, el 13 de abril de 2008, sobre chicos de entre 14 y 16 años que se pelearon con otros de su misma edad “aparentemente bajo los efectos de estupefacientes”;
3 “Ataque ‘piraña’ contra un gendarme: 8 jóvenes le dan una feroz paliza para robarle”. En este caso, publicado el 4 de abril de 2008 en un diario de tirada nacional, se dice que el calificativo de “pirañas” surge de la “jerga policial” y, aunque todo hace suponer que es un caso aislado, igual el medio se pregunta si se trata de “una nueva modalidad delictiva en el conurbano” bonaerense.
Sobre este punto, el informe dirigido a periodistas y editores de los medios afirma que “es importante para hablar de los adolescentes en conflicto con la ley evitar el uso de términos como ‘menores delincuentes’, ‘joven delincuente’, ‘precoces delincuentes’, ‘menor infractor’. Estos términos están revestidos de un sentido peyorativo que define a los adolescentes a partir de su comportamiento, y refuerzan prejuicios, estigmas y desigualdades sociales”.
Las expresiones más apropiadas, serían, por ejemplo, que son “adolescentes en conflicto con la ley penal”, “adolescentes que cometen delitos” o “adolescentes infractores”, ya que definen la situación en la que se encuentran en lugar de ‘demonizarlos’ o ‘marginarlos’ por su conducta”. También se cuestionan títulos como “Radiografía de los pibes chorros” o infografías en las cuales se muestra a chicos con cierta vestimenta que incluye gorras con visera y posturas que los incriminan sólo por su aspecto.
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