LOS PEREJILES

De las causas por infracción a la Ley de Estupefacientes registradas en la ciudad de Buenos Aires, en menos del uno por ciento de los casos se condenó a alguien; en menos del cinco por ciento de los casos la imputación era por tráfico de drogas, ya que la inmensa mayoría era “tenencia”. Así lo señala una investigación –presentada en el último Congreso Nacional de Sociología Jurídica–, que procesó los (escasos) datos existentes al respecto. El perfil probable del imputado por drogas puede sorprender: joven, de clase media, con estudios secundarios o superiores, con trabajo estable. Los datos no avalan la vinculación entre delito y uso de drogas: el 94 por ciento de los imputados no tenía antecedentes penales y sólo el 11 por ciento había sido detenido en ocasión de otro delito. En rigor, en la mayoría de los casos la captura obedeció “a que la policía sale a cazar consumidores para ‘hacer estadística’”, según graficó uno de los autores del estudio. Este investigador puso en duda que el reciente fallo de la Corte Suprema revierta la situación, ya que “las prácticas policiales no siguen los ritmos de las decisiones judiciales y, además, muchos jueces federales podrán seguir sosteniendo otra línea de jurisprudencia”.

El estudio –“Análisis de la aplicación de la ley 23.737 en la Ciudad Autónoma y la Provincia de Buenos Aires”– fue realizado por Alejandro Corda (docente en la Facultad de Derecho de la UBA) y Pablo Frisch (investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA), en el marco de la Asociación Civil Intercambios; se presentó en el IX Congreso Nacional de Sociología Jurídica.

En dos relevamientos, que totalizan 671 causas en juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires, “los datos se repetían”. En la ciudad de Buenos Aires, el 95 por ciento de las causas había sido iniciadas por la Policía Federal Argentina: “Un 90 por ciento por comisarías, y el cinco por ciento por divisiones especiales”, es decir, no como fruto de investigaciones judiciales. Según explica Alejandro Corda, “la policía, en la medida en que necesita ‘hacer estadística’, sale a cazar consumidores en lugares donde tiene control territorial: los policías saben en qué plazas están los pibes que se juntan a fumar porro; así se genera la ficción de una ‘lucha contra el narcotráfico’”.

Corda –que además es secretario en un juzgado federal– observó que “por más que el detenido sea sobreseído, tuvo que pasar la noche en la comisaría, le quedó registrado el antecedente y los policías de su barrio ya saben que tuvo una entrada por droga”.

Cuando las causas llegaron a los juzgados –continúa la investigación–, “el 70,1 de las imputaciones se consideró tenencia de estupefacientes para consumo personal, el 23,9 por ciento se tipificó como tenencia simple y un 4,7 por ciento como tráfico de estupefacientes”.

En cuanto al estado de las causas, “el 40,6 por ciento se habían sobreseído, el 26,9 por ciento habían sido desestimadas o archivadas, 24,9 por ciento continuaban en trámite; tres por ciento se había suspendido por ‘medida de seguridad curativa’ (tratamientos compulsivos); 0,2 por ciento, suspendidas por ‘medida de seguridad educativa’ y 0,2 por ciento por ‘probation’. Sólo el 0,7 por ciento de los casos terminó en condena.

Según uno de los relevamientos, el 94,02 por ciento de los imputados no tenía antecedentes penales, y el 97,8 por ciento no había estado nunca en la cárcel.

Más de dos tercios de los detenidos tenía menos de 30 años. El 35,7 por ciento tenía entre 21 y 30 años; el 30,7 por ciento, entre 18 y 20; el 13,5 por ciento, entre 11 y 17; el 12 por ciento, entre 31 y 40; el 3,5 por ciento, entre 41 y 50; el 2,2 por ciento, 51 años o más, y para el 2,5 por ciento no constaba la edad.

En cuanto al nivel habitacional, el 30,7 por ciento vivían en departamento y el 22,7 por ciento en casa; sólo el 6,2 por ciento de los detenidos vivían en “villas urbanas o suburbanas” y apenas el 0,5 por ciento en “casas tomadas o abandonadas”; 3,2 por ciento en hoteles o pensiones; 1,5 por ciento en inquilinatos; 1,2 por ciento en “barrios obreros”. El resto, no constaba tipo de vivienda.

Sólo el 8,5 por ciento eran “de-socupados”. El 39,9 por ciento tenía “trabajo permanente”; el 11,7 por ciento, “trabajo temporario”; el 14,7 por ciento eran “estudiantes”; el 1,1 por ciento, “amas de casa”; el 0,2 por ciento, “jubilados”, y el resto no constaba.

El 92,8 por ciento de los apresados eran varones. El 73,3 por ciento eran solteros; 15,4 por ciento, “casados o concubinos”; 2 por ciento, divorciados. El 88 por ciento eran argentinos; el 5,7 por ciento “extranjeros de países limítrofes”; el 2 por ciento, “de países no limítrofes”.

En cuanto al grado de instrucción, siete de cada 10 detenidos tenían nivel secundario completo o incompleto: el 36 por ciento, “secundario incompleto”; el 26 por ciento, “primario completo”; el 17 por ciento, “secundario completo”; 4 por ciento “terciario o universitario completo”; 4 por ciento, “terciario o universitario completo”; 2 por ciento, primario incompleto o “sin estudios”.

El 88 por ciento había sido detenido en la vía pública: los barrios con más cantidad de detenciones fueron Balvanera, Belgrano, Almagro, Flores y Palermo. El 85 por ciento “no había sido detenido en ocasión de la comisión de otro delito”; 11 por ciento “había sido detenido en ocasión de otro delito”; el resto “no constaba”. Sólo el 3 por ciento “tenía armas al momento de la detención”. Respecto de lo incautado, “el 87 por ciento era marihuana o cocaína de menos de cinco gramos; el 5,4 por ciento, entre 5 y 10 gramos; 7,6 por ciento, más de 10 gramos”.

En cuanto a la provincia de Buenos Aires –siempre según datos parciales, los únicos disponibles– “la mayoría de las detenciones se produjeron durante los meses de vacaciones y en general en plazas o playas”; al mismo tiempo, la mayoría de los imputados “se domicilia en zonas marginales, en barrios de características humildes o en zonas de villas miseria o asentamientos periféricos”; también “la mayoría tiene entre 20 y 30 años, concentrándose entre los 20 y los 23”. Y “las justificaciones utilizadas por las fueras de seguridad para la detención se encuentran cargadas de arbitrariedades”.

En el territorio bonaerense, la investigación destaca el cambio producido desde que, a fines de 2005, se traspasó la persecución de delitos de tenencia y pequeño tráfico a la provincia de Buenos Aires, quitándola del ámbito federal y dando participación a la Policía Bonaerense: se produjo “un aluvión de causas de consumidores con pocas cantidades de sustancias prohibidas”.

–¿Se modificará esta situación a partir del reciente fallo de la Corte Suprema? –.

–No creo que las prácticas policiales cambien mucho, porque están arraigadas en otras cuestiones y no siguen los ritmos de las decisiones judiciales. Uno siempre tiene la esperanza de que las fuerzas de seguridad se hagan más democráticas y respondan a los fiscales y los jueces, pero falta coordinación entre los criterios policiales y los de la Justicia –contestó Corda.

“Dentro del Poder Judicial, es posible que el fallo de la Corte incida más, pero muchos jueces federales, especialmente en el interior del país, seguirán sosteniendo otra línea jurisprudencial –estimó Corda–. Está en manos del juez decidir si la conducta del imputado ‘afectó a terceras personas’ e imponer una pena o un tratamiento compulsivo. La decisión puede apelarse y terminará primando el criterio de la Corte, pero mientras tanto la causa seguirá abierta, con los problemas que eso puede traerle al imputado, por ejemplo para conseguir trabajo.”