Los informes que revelan las torturas y vejámenes que sufrieron ex combatientes desmienten a los militares que negaron lo sucedido en 1982. Ahora la Justicia cuenta con pruebas irrefutables sobre lo que pasó en plena guerra.
Por Franco Mizrahi
El lunes 14 de junio se cumplieron 28 años de la rendición argentina en las Islas Malvinas. A casi tres décadas del fin del conflicto bélico las heridas aún siguen abiertas. Y no sólo con los ingleses. Veintitrés tuvo acceso a información nunca antes revelada y la publica en exclusiva. Se trata de un documento oficial del Ejército donde constan las denuncias por torturas que los soldados hicieron contra sus propios superiores al regresar del conflicto bélico, en 1982. Este informe demuestra que las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de los tormentos aplicados a su propia tropa –obligarlos a descalzarse y permanecer con los pies en charcos de agua helada, estaquearlos sobre piso mojado, golpearlos y orinarlos, entre otros vejámenes– y no hicieron nada al respecto.
Estos hechos comenzaron a salir a la luz en el 2007, cuando ex combatientes radicaron la denuncia contra sus oficiales por violaciones a los derechos humanos en el juzgado federal de Río Grande (ver columna). Finalmente, en 2009, la jueza Lilian Herraez consideró que eran crímenes de lesa humanidad y la Cámara de Comodoro Rivadavia lo confirmó. Los acusados apelaron y tuvieron respuesta favorable. El 25 noviembre de 2009, la Sala I de Casación revocó el dictamen al considerar que no podía probarse el carácter colectivo de tales crímenes y que tampoco había existido un ataque sistemático contra la población civil. Así determinó que se trataba de delitos de derecho común y, por lo tanto, habían prescripto; una interpretación muy restrictiva y conservadora en materia de derechos humanos. Como hasta ese momento la causa no contaba con querellantes, uno de los fiscales de Casación decidió que el trámite regresara a Comodoro Rivadavia. Pero la aparición de nuevos testimonios contra la actuación de los militares y la determinación de la Cámara, llevaron al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a asumir la querella. Ahora el proceso deberá seguir el mismo curso: primero se pronunciará la Cámara de Comodoro Rivadavia, luego Casación y, de acuerdo con lo que determine, los querellantes aseguraron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, máxima autoridad regional en la materia.
La información que se publica prueba que el régimen militar cometió torturas y vejámenes tanto en territorio continental como en las islas, que muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas en poco y nada se diferenciaban de los que torturaban en los centros clandestinos de detención.
Consultado por esta revista, el ex combatiente y secretario de relaciones institucionales del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, aseguró: “Al regreso de Malvinas, los militares todavía tenían el poder de amedrentar, eran los dueños de la vida y de la muerte. El Ejército ocultó esta información, como hizo con las listas de los desaparecidos y los documentos de la dictadura y la represión”.
El lunes 14 de junio se cumplieron 28 años de la rendición argentina en las Islas Malvinas. A casi tres décadas del fin del conflicto bélico las heridas aún siguen abiertas. Y no sólo con los ingleses. Veintitrés tuvo acceso a información nunca antes revelada y la publica en exclusiva. Se trata de un documento oficial del Ejército donde constan las denuncias por torturas que los soldados hicieron contra sus propios superiores al regresar del conflicto bélico, en 1982. Este informe demuestra que las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de los tormentos aplicados a su propia tropa –obligarlos a descalzarse y permanecer con los pies en charcos de agua helada, estaquearlos sobre piso mojado, golpearlos y orinarlos, entre otros vejámenes– y no hicieron nada al respecto.
Estos hechos comenzaron a salir a la luz en el 2007, cuando ex combatientes radicaron la denuncia contra sus oficiales por violaciones a los derechos humanos en el juzgado federal de Río Grande (ver columna). Finalmente, en 2009, la jueza Lilian Herraez consideró que eran crímenes de lesa humanidad y la Cámara de Comodoro Rivadavia lo confirmó. Los acusados apelaron y tuvieron respuesta favorable. El 25 noviembre de 2009, la Sala I de Casación revocó el dictamen al considerar que no podía probarse el carácter colectivo de tales crímenes y que tampoco había existido un ataque sistemático contra la población civil. Así determinó que se trataba de delitos de derecho común y, por lo tanto, habían prescripto; una interpretación muy restrictiva y conservadora en materia de derechos humanos. Como hasta ese momento la causa no contaba con querellantes, uno de los fiscales de Casación decidió que el trámite regresara a Comodoro Rivadavia. Pero la aparición de nuevos testimonios contra la actuación de los militares y la determinación de la Cámara, llevaron al Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires a asumir la querella. Ahora el proceso deberá seguir el mismo curso: primero se pronunciará la Cámara de Comodoro Rivadavia, luego Casación y, de acuerdo con lo que determine, los querellantes aseguraron que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, máxima autoridad regional en la materia.
La información que se publica prueba que el régimen militar cometió torturas y vejámenes tanto en territorio continental como en las islas, que muchos de los oficiales de las Fuerzas Armadas en poco y nada se diferenciaban de los que torturaban en los centros clandestinos de detención.
Consultado por esta revista, el ex combatiente y secretario de relaciones institucionales del CECIM La Plata, Ernesto Alonso, aseguró: “Al regreso de Malvinas, los militares todavía tenían el poder de amedrentar, eran los dueños de la vida y de la muerte. El Ejército ocultó esta información, como hizo con las listas de los desaparecidos y los documentos de la dictadura y la represión”.
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