DINOSAURIOS SUELTOS

Quiénes son los represores que esquivan a la Justicia. En los últimos meses, cinco genocidas burlaron los controles y pasaron a integrar la lista de imputados por delitos de lesa humanidad que permanecen prófugos. Los casos paradigmáticos.

 

Por Franco Mizrahi

 

El ex policía Juan Miguel Wolk, jefe del “Pozo de Banfield” –uno de los centros clandestinos de detención más grandes de Buenos Aires durante la última dictadura–, tenía el beneficio de estar arrestado en su domicilio. Su cotidianeidad transcurría en un chalet de la calle Benedetto Croce al 3000, en la periferia de Punta Mogotes, en Mar del Plata. Sin embargo, hace días que el genocida ya no respira el aire húmedo característico de la costa argentina: aunque está acusado por “apropiación de niños, privación ilegal de la libertad y tormentos a más de trescientas víctimas” entre 1976 y 1978, Wolk disfruta de la libertad ilegítima que le brindó una fuga. Una cobardía que lo llevó a integrar la lista de 72 represores imputados por crímenes de lesa humanidad que permanecen prófugos de la Justicia, según el registro de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado. Entre estas decenas de casos se destacan al menos cinco, porque ocurrieron en los últimos seis meses. “Una circunstancia que nos llevó a analizar la posibilidad de hacer un planteo ante la comisión interpoderes y la Cámara de Casación”, adelantó Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, a Veintitrés.

El caso de Wolk es paradigmático. El comisario mayor retirado, de 78 años, ya había estado prófugo y se había hecho pasar por muerto para evadir el banquillo de los acusados en Tribunales. No obstante, gozaba de un arresto domiciliario desde 2009. Alias “El Nazi”, “El Alemán” y “El Ratón”, Wolk percibió el que sería su porvenir cuando la Cámara de Casación –ratificando un fallo de la Cámara Federal– le revocaba el privilegio de estar arrestado en su propia casa. Si bien su abogado apeló la decisión judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la resolución el 11 de abril de este año. El 27 del mismo mes, según consta en la causa, la hija del genocida se presentó en la comisaría para denunciar que su padre “había desaparecido”. Seis días más tarde, su abogado dejó asentado en el expediente que su cliente se había ido sin ropa y sin dinero.

Una de las hipótesis que baraja la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata, que se anotició de la huida de Wolk el 9 de mayo, es que ambas presentaciones ofician de cobertura para disimular la fuga. Por este motivo, la hija de Wolk fue imputada prima facie por la fiscalía por “colaborar en la evasión del prisionero”. Y fue llamada a indagatoria.

“Cuando la hija hizo la denuncia en una comisaría de Mar del Plata –relataron desde la Unidad de La Plata– no dijo que el padre estaba cumpliendo prisión preventiva en la casa. Eso hubiera disparado la búsqueda de un prófugo, situación que recién se da el 3 de mayo. De alguna manera, eso tiende a enmascarar la fuga”.

Una línea de investigación, que sigue Abuelas de Plaza de Mayo, es que la fuga del represor pudo haberse generado por una falla en la comunicación de las diversas instancias judiciales. Según explicaron, mientras la decisión de la Corte de revocar el arresto domiciliario se difundía por el Centro de Información Judicial –el canal oficial de ese poder del Estado–, aún faltaban aproximadamente dos semanas para que la resolución del máximo tribunal llegara al juzgado.

Emanuel Lovelli, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo-La Plata, comentó que evaluaron las fechas y determinaron que “la última constancia efectiva de la presencia de Wolk en su casa es de noviembre del año pasado. Si bien hubo comunicaciones telefónicas posteriores, de Wolk al juzgado, las pudo haber realizado desde cualquier teléfono. Por caso, el 18 de agosto y el 6 de septiembre de 2010, Wolk no contestó los reiterados llamados en su domicilio. En su defensa, argumentó que estaba en la planta alta de su casa, engripado y que por eso no pudo atender los llamados. Una respuesta dudosa”.

Según fuentes judiciales, existe “un antes y un después del caso Wolk”. El ex policía es el primer detenido por crímenes de lesa humanidad que burla a la Justicia platense. “Por esto –continuaron las fuentes– la Unidad Fiscal de La Plata solicitó a los jueces de la jurisdicción que le coloquen custodia policial y le prohíban la salida del país a todos los imputados por crímenes de lesa humanidad que están bajo prisión domiciliaria”. Hasta el momento, las medidas requeridas fueron receptadas por los juzgados de primera instancia de La Plata. No sucedió lo mismo con el Tribunal Oral Federal Número 1 (TOF1), quien juzga actualmente los crímenes del “Circuito Camps”.

Desde la fiscalía informaron que “el martes 5 de junio se presentó un recurso ante Casación penal para que haga lugar al pedido”. Para el TOF 1, con la prisión domiciliaria “los imputados están impedidos de salir hasta la esquina de sus casas”. “La fuga de Wolk, al menos, lo desmiente –se quejan desde la unidad fiscal platense–. Por eso pedimos medidas adicionales”.

En La Plata hay otros casos de represores prófugos pero que nunca fueron apresados desde que se abrieron los juicios. Por caso, en el juzgado federal 1, donde tramita la causa del CCD La Cacha, hay tres prófugos. Se trata del personal civil de inteligencia Teodoro Aníbal Gauto; de Miguel Ángel Amigo, miembro del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), y de Ricardo Von Kyaw, jefe de la central de reunión de Inteligencia. Von Kyaw era el máximo responsable de la reconocida empresa de seguridad Videco hasta su fuga.

A estos se agregan los casos del marino Jorge Vildoza, a quien se sindica como coordinador de los vuelos de la muerte en la ESMA, y al miembro de la Fuerza Aérea Vázquez Sarmiento. Ambos son apropiadores de hijos de desaparecidos y están prófugos de la Justicia desde que comenzaron los Juicios por la Verdad.

Además de estos, desde Abuelas de Plaza de Mayo señalaron la existencia de dos universos de prófugos: “Los que están con prisión domiciliaria (caso Wolk) y los que no tienen medidas de restricción, como el general de brigada retirado del Ejército Eduardo Alfonso”. Ex secretario general de la fuerza durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, Alfonso está imputado por el secuestro de Beatriz Recchia –quien desapareció tras dar a luz en cautiverio y cuya hija fue apropiada– y por la muerte de su compañero, Antonio Domingo García, quien murió durante un operativo realizado en enero de 1977 en Villa Adelina. El militar se sumó a la lista de imputados prófugos a fines de mayo de este año, luego de una sinuoso proceso judicial.

En diciembre de 2008, el entonces juez federal de San Martín, Alberto Suárez Araujo, procesó y detuvo a Alfonso por un fallo de primera instancia que, en agosto de 2009, fue revocado por la Cámara Federal de San Martín, que lo liberó al considerar que el militar “ignoraba” que se iba a realizar un operativo. Entonces se abrió un vacío legal, ya que Alfonso no tenía ningún tipo de impedimento para salir del país debido a que había sido sobreseído parcialmente. La cuestión se complejizó cuando la Cámara de Casación revocó el sobreseimiento: la jueza de instrucción llamó a una nueva indagatoria y ordenó detenerlo. Ahí se verificó que se había ido del país y, al cierre de esta edición, se desconocía su paradero.

“Casación, porque el código lo exige, debió hacer una audiencia para resolver la situación procesal de Alfonso –explicó Iud–. A partir de ese momento, el imputado ya sabe que habrá una resolución sobre su proceso que puede implicar su detención. Sabe que puede haber una decisión en un período muy cercano: Casación tiene un plazo de veinte días para resolver. Fue en ese tiempo, entre la audiencia y la decisión de Casación, que Alfonso se fue a Uruguay. No tenía restricción para salir de la Argentina ni ninguna otra medida alternativa. Para nosotros, hasta que no esté resuelta la causa, los imputados por crímenes de lesa humanidad deben tener garantizada su presencia en el país”.

Otro caso que se sumó a la secuencia de fugas de los últimos meses fue el del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Ángel Junco. El ex miembro de Coordinación Federal estaba prófugo de la Justicia y decidió quitarse la vida el 30 de marzo pasado, arrojándose a las vías del tren, en la estación de Flores. Junco, alias “Ratón”, se suicidó dos días después de que la policía fuera a buscarlo a su casa. El juez Daniel Rafecas lo investigaba por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

Juan Carlos Jesús Benedicto, en cambio, permanece prófugo de la justicia tucumana desde diciembre del año pasado, cuando se escapó del centro psiquiátrico donde se encontraba detenido. El militar está imputado por haber participado de torturas seguidas de muerte a dos mujeres, por lo menos, en el centro clandestino de detención que funcionó en el ex Arsenal Miguel de Azcuénaga. La filial de HIJOS-Tucumán denunció la connivencia de la fuerza de seguridad que debía vigilarlo. El Ministerio de Justicia de la Nación ofrece 100 mil pesos para quien aporte datos útiles sobre su paradero. Y lo mismo sucede con otros treinta genocidas prófugos, con sumas que oscilan entre los 100 mil y los 200 mil pesos.

“La recompensa económica es una muy buena herramienta que, si se usa bien, puede dar buenos resultados. Pero no puede ser la única forma de buscar a los genocidas prófugos –aseguraron desde Abuelas de Plaza de Mayo–. Si tuviéramos un esquema para localizar rápidamente a los imputados cuando se fugan no sería un problema tan grave. Pero las formas que hay para investigar esos escapes son bastantes ineficientes”. 

En el caso de los arrestos domiciliarios, uno de los problemas más graves es que no existe un mecanismo de control adecuado. Explicó Iud: “Algunos jueces consideran que la supervisión de los arrestos domiciliarios corresponde al Patronato de Liberados, una organización creada para verificar las condiciones en que cumplen su pena o se reinsertan en la sociedad las personas liberadas bajo el mecanismo de la libertad condicional. Ese organismo es escogido por algunos jueces para la tarea de verificar que los imputados por crímenes de lesa humanidad cumplan su arresto domiciliario. Pero esto no siempre es así”. 

En su caso, el TOF 5, que interviene en la causa ESMA, resolvió que el Patronato no debe cumplir esa función porque los imputados en esta megacausa no están condenados. A su vez, consideraron que al Servicio Penitenciario Federal tampoco le corresponde esa tarea porque, justamente, los represores están fuera de los penales. “Si consideran que el Patronato no es el organismo adecuado para verificar esta situación –añadió el abogado de Abuelas– deberían enviar a los domicilios a los secretarios de los tribunales; instruirlos a que comprueben si efectivamente los genocidas están detenidos en sus viviendas, con visitas sorpresivas. Eso, claramente, lo pueden hacer los jueces”.

En cambio, en situaciones como las de Alfonso, el problema es más profundo. ¿Hasta dónde se puede restringir la libertad de una persona que no está procesada? “Al ver otras causas –respondió Iud–, notamos que gran parte de los imputados, al poco tiempo de iniciados los procesos judiciales, tienen prohibido salir del país. Lo observamos desde el caso Schoklender hasta la tragedia de Once. En algún punto, también se puede ver que en la Justicia sigue habiendo muchos espacios donde a los presos por crímenes de lesa humanidad se les tienen contemplaciones que no poseen otros imputados”, sentenció.

A medida que los juicios avanzan y los genocidas son detenidos, surgen nuevos vacíos legales. Eso sucedió en el proceso que se le inició al ex juez Otilio Romano. Según el relato de Iud, “nunca nadie pensó que un juez podía fugarse. Pero Romano aprovechó ese vacío para irse del país y frente a eso no se adoptó ninguna medida para evitar que una cosa así vuelva a suceder. Si avanzan las causas de lesa humanidad, donde hay jueces acusados –que los hay y en actividad– puede repetirse la historia”. Otro motivo fundamental que contribuye a la evaluación de Abuelas de Plaza de Mayo: presentar un pedido para que se construya un dique jurídico que ponga fin a tanta impunidad. 

 

Fuente: Revista Veintitrés.