El presidente Mariano Rajoy asegura que se empieza a dejar atrás la crisis social. Mientras tanto, el desempleo alcanza ya a 6,2 millones de personas, lo que constituye un nuevo récord en la perdida de trabajo.
Por Roberto Montoya
“El déficit exterior ha mejorado, las exportaciones han mejorado, la balanza de pagos ya está en superávit, la inversión extranjera ya está entrando en nuestro país, hoy los mercados se comportan mejor, ya nos estamos financiando a unos precios similares a los del año 2010, la prima de riesgo está bien.” Un Rajoy exultante daba esa respuesta a la oposición el miércoles pasado durante la sesión semanal de control al Gobierno en el Parlamento.
Sin embargo, el ciudadano de a pie no ve por ninguna parte esos brotes verdes. Un día después de esas declaraciones tan esperanzadoras del presidente llegaba el balde agua fría. Se publicaba la última Encuesta de Población Activa (EPA) y ésta mostraba que por primera vez España supera los 6,2 millones de desempleados, exactamente 6.220.700 personas, el 27,16% de la población activa, el nivel más alto de los 27 países miembro de la Unión Europea.
De ellos, según esa encuesta oficial, 3,4 millones lleva sin trabajo al menos un año. En el caso de los jóvenes españoles, el índice de desempleo alcanza ya el 57%.
Sólo en el primer trimestre de este año se han destruido 322.300 puestos de trabajo. En 19 de las 52 provincias españolas el desempleo supera el 30%, tres provincias más que un trimestre atrás. En 1,9 millón de hogares no entra salario ni subsidio alguno.
Después de haber prometido hace 15 meses, al llegar al poder, un retroceso significativo e irreversible del desempleo, Rajoy tuvo que admitir que durante su mandato de cuatro años se perderán al menos 1,3 millón de empleos.
Ahora asegura que cuando termine su mandato a inicios de 2016 el índice habrá bajado a 24,8%. De concretarse su previsión, supondría de cualquier forma dos puntos más que cuando llegó al poder.
Sólo 16.634.700 personas trabajan actualmente en España, de una población de 47 millones de personas. Y buena parte de los que cuentan con trabajo han tenido que aceptar la reducción de sus salarios, dejar de cobrar las horas extras y otros complementos.
La reforma laboral aprobada en febrero pasado por el Gobierno gracias a su mayoría absoluta, ha favorecido enormemente los despidos y ha afectado de lleno al empleo público. En el plazo de un año la Administración pública ha perdido 260.000 trabajadores.
“Que el mal dato no ciegue los buenos resultados”, pidió Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización del PP.
La CEOE (confederación de la gran patronal) también salió también a suavizar las alarmantes cifras oficiales. “Sólo se ha destruido el 4,58% de los puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2013, en vez del 4,78% del último trimestre de 2012”, dijo la CEOE, la gran beneficiaria de la reforma laboral y el abaratamiento de los despidos.
Tanto la gran patronal como el Gobierno sienten como una victoria que la troika –el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo– hayan concedido a Rajoy dos años más de plazo para conseguir que el déficit público baje del 10,3% actual al 3% en 2016.
La troika hizo esa concesión para evitar que España se viera obligada a ajustes aún más duros que produjeran “secuelas sociales indeseables”. Pero, al mismo tiempo, impuso al Gobierno Rajoy más recortes del gasto público, lo que, claro está, provocará precisamente esas “secuelas sociales indeseables”.
Y por ello el Consejo de Ministros del viernes pasado se apresuró a mostrar lo bien que cumple esos deberes. Para ello ha anunciado nuevas medidas. Una de ellas es la de prolongar hasta 2015 el aumento “temporal” del IRPF que poco tiempo atrás había asegurado que se aplicaría solo hasta 2014.
Asimismo, el gobierno creará una “comisión de expertos” para estudiar una segunda reforma de las pensiones. Rajoy pretende elevar hasta más allá de los 67 años actuales la edad de jubilación; aumentar igualmente el número de años de cotización, obstaculizar al máximo las prejubilaciones y eliminar el sistema vigente actualmente por el cual las pensiones al menos no perdían su valor, dado que anualmente se aumentaban en función del índice de inflación.
Las nuevas previsiones y medidas anunciadas han sido rechazadas frontalmente por las grandes centrales sindicales, que han convocado a los ciudadanos a salir masivamente a la calle el próximo 1º de mayo. Este jueves pasado unos 2.000 jóvenes antisistema convocados bajo el lema “Asedio al Parlamento” intentó derribar el doble muro de vallas que protege la sede del Parlamento, lo que dio lugar a choques con la policía antidisturbios, dejando un saldo de 26 heridos –la mitad de ellos policías.
El 15M, el movimiento de los indignados no respaldó este acto. La soberbia del Gobierno, que no escucha ninguna de las reivindicaciones de la calle, irrita cada vez más.
Medio millar de juristas han reclamado a Rajoy que cambie la Ley hipotecaria que ha permitido cientos de miles de desalojos de viviendas y negocios por no poder pagar las hipotecas a los bancos. No se ha dignado a responder.
El viernes, cinco grandes diarios europeos insertaron entre sus páginas un suplemento titulado “Europa” en el que analizaban la brecha cada vez mayor entre los países del sur y del norte de Europa, los más pobres y los más ricos, la Europa a dos velocidades.
En “Europa” se mostraba cómo la ineptitud de los líderes europeos y la dirección de la UE y del BCE para afrontar la crisis y proteger a sus ciudadanos ha hecho crecer cada vez más el “euroescepticismo” en un amplio sector de la población europea, el sentimiento de que la UE y el BCE, tal como son hoy día, sirven a la banca y el gran capital pero no a los ciudadanos.
Durante años, sólo sectores conservadores del Reino Unido, Finlandia, Letonia y partidos de ultraderecha de Francia, Austria y Holanda se reivindicaban “euroescépticos”. Hoy, la impotencia de los ciudadanos al no poder cambiar las instituciones centrales europeas que rigen en definitiva sus destinos, ha hecho crecer ese sentimiento, especialmente en aquellos países como Grecia, Chipre, Portugal o Francia, que viven en su piel las duras consecuencias sociales de los rescates de sus países.
Sin embargo, el ciudadano de a pie no ve por ninguna parte esos brotes verdes. Un día después de esas declaraciones tan esperanzadoras del presidente llegaba el balde agua fría. Se publicaba la última Encuesta de Población Activa (EPA) y ésta mostraba que por primera vez España supera los 6,2 millones de desempleados, exactamente 6.220.700 personas, el 27,16% de la población activa, el nivel más alto de los 27 países miembro de la Unión Europea.
De ellos, según esa encuesta oficial, 3,4 millones lleva sin trabajo al menos un año. En el caso de los jóvenes españoles, el índice de desempleo alcanza ya el 57%.
Sólo en el primer trimestre de este año se han destruido 322.300 puestos de trabajo. En 19 de las 52 provincias españolas el desempleo supera el 30%, tres provincias más que un trimestre atrás. En 1,9 millón de hogares no entra salario ni subsidio alguno.
Después de haber prometido hace 15 meses, al llegar al poder, un retroceso significativo e irreversible del desempleo, Rajoy tuvo que admitir que durante su mandato de cuatro años se perderán al menos 1,3 millón de empleos.
Ahora asegura que cuando termine su mandato a inicios de 2016 el índice habrá bajado a 24,8%. De concretarse su previsión, supondría de cualquier forma dos puntos más que cuando llegó al poder.
Sólo 16.634.700 personas trabajan actualmente en España, de una población de 47 millones de personas. Y buena parte de los que cuentan con trabajo han tenido que aceptar la reducción de sus salarios, dejar de cobrar las horas extras y otros complementos.
La reforma laboral aprobada en febrero pasado por el Gobierno gracias a su mayoría absoluta, ha favorecido enormemente los despidos y ha afectado de lleno al empleo público. En el plazo de un año la Administración pública ha perdido 260.000 trabajadores.
“Que el mal dato no ciegue los buenos resultados”, pidió Carlos Floriano, vicesecretario general de Organización del PP.
La CEOE (confederación de la gran patronal) también salió también a suavizar las alarmantes cifras oficiales. “Sólo se ha destruido el 4,58% de los puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2013, en vez del 4,78% del último trimestre de 2012”, dijo la CEOE, la gran beneficiaria de la reforma laboral y el abaratamiento de los despidos.
Tanto la gran patronal como el Gobierno sienten como una victoria que la troika –el FMI, la Unión Europea y el Banco Central Europeo– hayan concedido a Rajoy dos años más de plazo para conseguir que el déficit público baje del 10,3% actual al 3% en 2016.
La troika hizo esa concesión para evitar que España se viera obligada a ajustes aún más duros que produjeran “secuelas sociales indeseables”. Pero, al mismo tiempo, impuso al Gobierno Rajoy más recortes del gasto público, lo que, claro está, provocará precisamente esas “secuelas sociales indeseables”.
Y por ello el Consejo de Ministros del viernes pasado se apresuró a mostrar lo bien que cumple esos deberes. Para ello ha anunciado nuevas medidas. Una de ellas es la de prolongar hasta 2015 el aumento “temporal” del IRPF que poco tiempo atrás había asegurado que se aplicaría solo hasta 2014.
Asimismo, el gobierno creará una “comisión de expertos” para estudiar una segunda reforma de las pensiones. Rajoy pretende elevar hasta más allá de los 67 años actuales la edad de jubilación; aumentar igualmente el número de años de cotización, obstaculizar al máximo las prejubilaciones y eliminar el sistema vigente actualmente por el cual las pensiones al menos no perdían su valor, dado que anualmente se aumentaban en función del índice de inflación.
Las nuevas previsiones y medidas anunciadas han sido rechazadas frontalmente por las grandes centrales sindicales, que han convocado a los ciudadanos a salir masivamente a la calle el próximo 1º de mayo. Este jueves pasado unos 2.000 jóvenes antisistema convocados bajo el lema “Asedio al Parlamento” intentó derribar el doble muro de vallas que protege la sede del Parlamento, lo que dio lugar a choques con la policía antidisturbios, dejando un saldo de 26 heridos –la mitad de ellos policías.
El 15M, el movimiento de los indignados no respaldó este acto. La soberbia del Gobierno, que no escucha ninguna de las reivindicaciones de la calle, irrita cada vez más.
Medio millar de juristas han reclamado a Rajoy que cambie la Ley hipotecaria que ha permitido cientos de miles de desalojos de viviendas y negocios por no poder pagar las hipotecas a los bancos. No se ha dignado a responder.
El viernes, cinco grandes diarios europeos insertaron entre sus páginas un suplemento titulado “Europa” en el que analizaban la brecha cada vez mayor entre los países del sur y del norte de Europa, los más pobres y los más ricos, la Europa a dos velocidades.
En “Europa” se mostraba cómo la ineptitud de los líderes europeos y la dirección de la UE y del BCE para afrontar la crisis y proteger a sus ciudadanos ha hecho crecer cada vez más el “euroescepticismo” en un amplio sector de la población europea, el sentimiento de que la UE y el BCE, tal como son hoy día, sirven a la banca y el gran capital pero no a los ciudadanos.
Durante años, sólo sectores conservadores del Reino Unido, Finlandia, Letonia y partidos de ultraderecha de Francia, Austria y Holanda se reivindicaban “euroescépticos”. Hoy, la impotencia de los ciudadanos al no poder cambiar las instituciones centrales europeas que rigen en definitiva sus destinos, ha hecho crecer ese sentimiento, especialmente en aquellos países como Grecia, Chipre, Portugal o Francia, que viven en su piel las duras consecuencias sociales de los rescates de sus países.
Fuente: Miradas al Sur
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