"CAMBIAR EL PARADIGMA DE LA NECESIDAD"

Entrevista a Isabel Ferreira, experta en Necesidades Especiales.

Su discapacidad motriz no le impidió recibirse de abogada ni ejercer como tal. Así lo hizo hasta que fue madre y dejó la profesión. Cuando quiso volver a la actividad, se postuló en varias empresas privadas. No tuvo suerte; siempre surgía algún pretexto que la dejaba fuera de carrera. Un día, se presentó en un laboratorio que pedía traductores. Ella lo era; pero para desempeñar esa tarea que normalmente se realiza desde una silla, le exigieron un insólito requisito: desplazamiento ágil. Entonces, vivió en carne propia la discriminación, recordó que la Constitución porteña asegura un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales y optó por encontrar su lugar en el ámbito público. Por fin, ingresó a la Defensoría del Pueblo, donde comanda el Centro de Atención a Personas con Necesidades Especiales (CAPNE).

¿Qué dificultades enfrenta la persona con necesidades especiales?

Muchas. Hay obstáculos en la vía pública; faltan sistemas de información para personas con discapacidad sensorial; escasean las vacantes escolares; crecen las multas a vehículos con obleas de libre estacionamiento; la oferta de transporte y vivienda accesibles es insuficiente, igual que los alojamientos alternativos para quien carece de familia o no es contenido por ella; el ejercicio de derechos está obstruido por la burocratización administrativa; el índice de desempleo en el sector abruma y por ello, la discapacidad se vincula a la pobreza.

¿Cómo aborda el CAPNE esta problemática?

Para nosotros, la discapacidad afecta toda la vida cotidiana. Por ello, la encaramos de modo interdisciplinario y desde la óptica de los derechos humanos. En ese sentido, nuestras premisas son equiparar las oportunidades y desarrollar medidas afirmativas para que la persona con discapacidad ejerza sus derechos en igual condición que los demás.

Legalmente, ¿cómo estamos en la materia?

La salud y la rehabilitación, la accesibilidad, la educación común o especial, el empleo, las franquicias o estímulos especiales y la seguridad social han sido reguladas desde 1981 y -con el tiempo- se incorporaron nuevos criterios que favorecen la expectativa de cambiar el viejo paradigma que reduce la discapacidad a una cuestión médica.

En ese sentido, ¿cuál es la situación en la Ciudad?

Desde que Buenos Aires es autónoma, el tema adquirió estatus constitucional y generó una vasta labor legislativa. Últimamente, la situación de la persona con discapacidad ocupa mayor espacio en las agendas públicas y profesionales; pero no ocurre lo mismo a nivel masivo y, por ello, carecemos de conciencia social sobre la necesidad de cambiar el paradigma.

¿Son adecuadas las políticas inclusivas?

Hay una profusa normativa que favorece la autodeterminación de la persona con discapacidad y -aunque sea perfectible y no siempre se aplique- brinda recursos para acceder a una efectiva inclusión social. No obstante, la experiencia indica que se deben analizar y aplicar exhaustivamente diversos principios vinculados con la discapacidad para que la inclusión se generalice. Tras la sanción en 2008 de la ley nacional que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hoy debemos hacer realidad sus principios de dignidad, autonomía, autodeterminación, no discriminación, participación plena, accesibilidad física y comunicacional, igualdad entre hombres y mujeres, y respeto a la evolución de las facultades de niños y niñas con discapacidad. Claro que sólo podrán concretarse si media un fuerte compromiso social.

¿Cuáles son los principales aportes de la Convención?

Establece instancias de consulta obligatoria a las personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, a la hora de decidir políticas públicas. Reconoce el derecho a vivir en forma independiente, mediante el desarrollo de ajustes razonables y de los servicios que cada uno requiera según su tipo y grado de discapacidad. Implementa un estricto sistema para aplicar y monitorear a nivel local, nacional e internacional cada una de sus disposiciones. Además, su cláusula federal obliga a que éstas se apliquen en todo el territorio nacional.

¿Qué tarea hay por delante?

Creemos que se requiere mayor difusión del tema, implementar mecanismos inclusivos e incrementar el protagonismo de las personas con discapacidad por sí o a través de sus organizaciones. También es necesario desarrollar actividades con los organismos gubernamentales encargados de implementar las políticas públicas atinentes. Asimismo, consideramos que -dado el compromiso que el país asumió al firmar la Convención- las celebraciones del Bicentenario serían propicias para que en 2010 se organicen actividades que le den visibilidad a un asunto que hace doscientos años era impensable, pero que hoy es parte integrante de los derechos humanos.