Durante 35 años, las políticas de drogas se vieron envueltas en leyes prohibicionistas que pusieron en simultaneidad a un adicto con un narcotraficante. Se olvidaba, así, un derecho fundamental como es el de la salud. La corrupción, la complicidad entre el poder político y el policial demostraron, desde los ’90 en adelante, el daño social que había generado aquello. Sin embargo, el actual Gobierno Nacional impulsó un modelo que sustituyera a ese otro que había obturado la discusión. En eso estuvieron los expertos que hoy conforman la Comisión Nacional de Políticas Públicas de Prevención y Control del Tráfico de estupefacientes, cuya secretaría fue creada por la presidenta Cristina Fernández. En esta entrevista con Miradas al Sur, su directora, Mónica Cuñarro, fiscal, especialista y profesora adjunta de la UBA, habla desde el conocimiento empírico y no para de arrojar datos y propuestas concretas. Cuñarro acaba de publicar el libro La política criminal de la droga, que contiene diez investigaciones realizadas por magistrados, profesionales y especialistas. Realizados sobre la base de diagnósticos, los textos permiten cuantificar la demanda y la oferta de estupefacientes, como primer paso para dar la batalla para implementar políticas adecuadas en materia de drogas.
–¿Cuáles son las razones para el cambio de paradigma?
–En Argentina comenzó la prohibición para consumo en el año 1926 y, salvo en un período de Onganía y Alfonsín con el fallo Bazterrica, el paradigma fue totalmente prohibicionista; a pesar de que hasta fines de la década de los ’80 no había ni consumo problemático de drogas ilegales –estaban reducidas al ámbito bohemio–, ni organizaciones criminales, ni relación entre el narcotráfico y la política, ni nichos de corrupción en las fuerzas y en el poder judicial. A partir de la Ley López Rega, y sin dudas a partir de la 23.737 del ’89 –la primera por pedido de Richard Nixon, y la segunda por un organismo internacional a cambio de un crédito y de una agencia de seguridad– aparecen los fenómenos de desregulación del mercado de medicamentos. Esto se dio por un decreto de Cavallo, firmado por Menem, que permitió que medicamentos que estaban bajo las esferas del control político, lleguen a los ciudadanos sin control. Esto provocó la cultura de la automedicación y del auto botiquín. También la pérdida de control sobre qué consume la población, como analgésicos o algunos derivados de la efedrina o de las anfetaminas. Por otra parte, tuvo incidencia directa en crímenes: el aumento de los delitos de robo de piratas del asfalto, que llegó a ser el segundo luego del robo de electrodomésticos; la aparición de medicamentos sin los componentes que deben tener por falta de control; y el crecimiento de tercerizadores, que primero se combinaron con piratas del asfalto y luego con la distribución de medicamentos inocuos.
–¿Terminan como en el caso de la mafia de los medicamentos?
–En criminalidad compleja, porque logran tener relaciones con el Estado. Muchas veces guardan similitudes en personas físicas o jurídicas con el desvío de precursores químicos, que son las sustancias que necesitan los narcotraficantes para producir drogas de diseño o drogas orgánicas. Un ejemplo es el triple crimen o la empresa Unifarma. No sé de qué manera procesal, pero como magistrada creo que si los fiscales o jueces cruzaran las personas físicas con las jurídicas que tienen todas las causas en las que hay desvíos de precursores químicos, venta de medicamentos caros o crímenes violentos, es muy probable que se de la repetición de empresas y personas que están en la criminalidad económica compleja.
–¿Qué rol juega el paradigma prohibicionista?
–Ese paradigma nos ha engañado al centrar, en los últimos 35 años, la discusión en la tenencia para consumo personal, como si ése fuera el tema más importante. Y esta obturación de la discusión ha impedido que veamos que el problema de las drogas es educativo, social, sanitario y de construcción de ciudadanía. Por otro lado, ha ocultado el narcotráfico, que se llena de estadísticas provinciales y en realidad cuando uno analiza cualitativamente las intervenciones de las policías provinciales se encuentra con que son tactos en la vía pública al voleo, por poca cantidad o pequeño comercio. Muchas veces, los detenidos requisados no son adictos. Puede pasar que su abogado le aconseje decir que no lo es. Así, el Estado se priva de convertirlo en un paciente para la salud. O al revés. Que no sea adicta, diga que sí y evite el proceso penal. Esta interferencia obtura no sólo perseguir al tráfico, que es lo que ordenó la Corte Suprema en el caso Sebastián Arriola, sino también el tema salud. Si hay consumo problemático, es de alcohol y de medicamentos, que conforman el 80 por ciento de los ingresos en las guardias por abuso y tienen una incidencia directa en el delito. El 70 por ciento de estos casos merecen un abordaje sanitario, de convertir al adicto –el 5 por ciento del total– en un paciente. Y, en materia de seguridad, hacer un esquema democrático, sabiendo que en el 70 por ciento de los hechos de criminalidad urbana, el alcohol incide en casi el 8 por ciento. Por otra parte, llenar estadísticas por tenencias para el consumo o pequeño comercio tipo mulas, encubre tráfico, almacenamiento, desvío de precursores por parte de nichos de corrupción, estamentos estatales y organismos policiales que actúan de este modo regulando el mercado. Esto no ocurría antes de los ’90, comienza en esta época.
–¿Cómo inciden las políticas prohibicionistas en América Latina?
–La violencia y el crimen organizado asociado al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves del continente, hoy en clave democrática. Las políticas prohibicionistas han resultado un fracaso, porque no han descendido los niveles de consumo. América Latina sigue siendo el mayor exportador de cocaína y marihuana, y se convierte en los últimos 10 años en un productor de opio y heroína y se está iniciando en la producción de drogas sintéticas. En esa producción, Argentina, Brasil y Chile tienen un papel clave, porque son productores de precursores químicos, los niveles de producción salieron de lugares esnob o bohemios para ser masivos y se expanden siendo los mayores consumidores Europa y América del Norte. Argentina es víctima y actor porque cuando cabe una política en México, Colombia o Perú, tiene un impacto aquí. Con las medidas de Calderón vinieron a Argentina para controlar territorios.
–¿Qué ocurre con la relación política y politización del crimen?
–Lo que más me preocupa son las fuerzas policiales, encargadas de mantener la ley y el orden. Hay un problema de corrupción en funcionarios públicos, nichos de corrupción en el Poder Judicial, en las fuerzas policiales provinciales y en los gobiernos. Las policías deberían tener una orden clara de sus jefes políticos de perseguir al tráfico.
¿Se puede hablar de inconstitucionalidad en el hecho de que todavía se siga persiguiendo al consumidor?–El voto de Fayt dice que es inhumano criminalizar a un adicto. Es decir, concretamente lo está poniendo en clave de derechos humanos porque considera que viola el derecho a la salud, y ese derecho está por encima del derecho a la persecución. Ahora, la Corte Suprema ha hecho su tarea al declarar la inconstitucionalidad, pero además exhortó a los poderes públicos a cambiar la política criminal para perseguir el tráfico. Todo el fallo está en sintonía con los cuatro documentos públicos que produjo la comisión que está asesorando al Gobierno, con profesionales que circunstancialmente coordino.
–¿En qué situación está ese trabajo?
–La Presidenta jerarquizó a la comisión con el Decreto 1.359 del año pasado, que establece una cantidad de competencias en materia de narcotráfico, lavado, delincuencia compleja y corrupción. Enviamos al Poder Ejecutivo sugerencias para cada área del Estado que ahora está haciendo el control de legalidad administrativa. La comisión terminó la primera parte de esa tarea que ya fue exhortada por la Corte Suprema. No hay más opciones. A partir del fallo Arriola, como de los fallos RMJ y Tufano, la corte exhorta a modificaciones legislativas y realizar una cantidad de políticas. El Ejecutivo y el Legislativo deben adecuar sus políticas, porque su deber es cumplir con la ley.
–¿Cuál es el eje de las acciones que entregaron al ministro de Justicia?
–En la ausencia de coordinación. Hay una creencia errónea de que el control es de las fuerzas federales. Y no es así. Cada policía provincial sabe dónde se comercia, dónde se distribuye, y si no lo sabe, el jefe policial debe ser echado. Los políticos deben hacerse cargo.
–¿Qué valor tuvo el decreto de restricción del alcohol?
–Fue muy importante porque el alcohol tiene incidencia directa en el 70 por ciento de los delitos urbanos.
–En el caso de la Ciudad de Buenos Aires no fue así.
–Porque Macri no firmó un decreto réplica. Así, los jóvenes pasan de la provincia a la ciudad. Hay una decisión política de privilegiar el mercado por sobre la salud. Lugares donde está la ley pero el poder político no inyecta dinero. Hay provincias donde no controlan los precursores químicos y eso hay que modificarlo. Argentina no tiene problemas de crimen complejo, pero, sin embargo, hay señales de que comienza a tenerlo. Y las alertas deben estar al máximo.
–¿Cómo define el actual contexto en políticas de drogas?
–Creo que llegó la hora de la salud, la construcción de la ciudadanía y que el Poder Legislativo y Ejecutivo decidan si van a seguir persiguiendo al adicto o van a pasar a la historia siendo transformadores de las políticas de salud e inclusión.
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