Las presiones para mantener la permanencia de los cascos azules de la ONU, que llegaron en el 2004, provienen de la Casa Blanca.
Por Diego M. Vidal
El debate sobre la continuidad de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, ha colocado a los países integrantes de la misma (nueve son de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay) en la disyuntiva de acatar el pedido de permanencia y convertirse definitivamente en una fuerza de ocupación como la caracteriza gran parte de la sociedad haitiana, además de contradecir la reciente resolución aprobada por el Senado local que fijó para octubre de 2012 la fecha de la retirada definitiva de la Minustah de este país caribeño. Las presiones sobre los gobiernos latinoamericanos para mantener las tropas, que llegaron a Haití en el 2004, provienen de la Casa Blanca y abonan las sospechas sobre los verdaderos valores que protege la misión. Si bien su presencia, según la ONU, es “la consolidación de la democracia, del orden y de la integridad territorial”, desde que un golpe militar derrocara al ex presidente Jean Bertrand Aristide, un cable diplomático de Estados Unidos publicado por Wikileaks reveló que la Minustah es “una herramienta indispensable en la realización de intereses básicos de la política del gobierno de Washington”.
Con 14.000 miembros, entre civiles, militares y policías, es considerada la segunda misión en importancia de la Organización de las Naciones Unidas por los 800 millones de dólares de fondos anuales que se le destinan. Su mantenimiento es justificado hasta que el gobierno de Michel Martelly decida el restablecimiento del ejército que disolviera Aristide en 1995 por su historia aberrante de violaciones de los derechos humanos durante las tiranía de los Duvalier, pero las verdaderas intenciones parecen asomar en el verdadero destino de tanto dinero que las arcas del organismo global vuelca sobre Haití por esta vía. Del monto total, una gran porción se licua en cuestiones burocráticas. Sin embargo, la cifra más apetecida es la ayuda económica internacional para la recuperación de Haití, luego del terremoto del 12 de enero de 2010. Más de 1700 millones de dólares, de los que sólo una tercera parte se han hecho efectivos, es el botín más esperado por las innumerables organizaciones no gubernamentales (es el país del mundo con mayor número de ONG por habitante) y, sobre todo, por las empresas contratistas que desembarcaron a la par de los 16.000 marines estadounidenses para la remoción de escombros y reconstrucción de los miles de edificios destruidos por el temblor.
En este mar de desgracias en que se ha convertido la nación que comparte territorio insular con República Dominicana, muchos tienden sus redes. Algunos con mayor altruismo, otros con inocultable ambición monetaria. Incluso, como señaló el obispo católico de Puerto Príncipe monseñor Guire Poulard, hay “una gran invasión de sectas norteamericanas que disponen de muchos recursos”. Mientras esta situación se mantiene sin control, las milicias de la Minustah son vistas con desconfianza y temor por la población. Además de la denuncia por la violación de un joven a manos de soldados uruguayos, se han conocido otras acciones poco claras de estas tropas de pacificación. El profesor de la Universidad de Haití e integrante de la Plataforma Haitiana para la Articulación de Movimientos Sociales, Camille Chalmers, acusó a las fuerzas de la ONU de ser “un aparato militar violento”. Prueba de ello son las operaciones sobre Cité Soleil, un enorme barrio marginal ubicado en la costa norte de la Capital, tierra de bandas armadas y narcotraficantes. En julio de 2005, efectivos de la Minustah dispararon indiscriminadamente sobre el lugar, que fue literalmente acribillado a tiros provocando numerosos muertos y heridos entre la gente que se refugiaba en sus casas. Organismos de derechos humanos registraron impactos de más de 22 mil disparos en las precarias viviendas que componen la barriada y denunciaron que los militares no permitieron la entrada de la Cruz Roja. Kevi Pina, director de Iniciando el Progreso Humanitario en Haití (HIP, por sus siglas en inglés), culpó a la Minustah de actuar en conjunto con la Policía Nacional Haitiana en ejecuciones sumarias y encarcelamientos arbitrarios y que '”en este contexto, es difícil continuar viendo a la misión de la ONU como una fuerza independiente y neutral en Haití”.
Lejos ya los tiempos de los jacobinos negros de la revolución que condujera el esclavo Toussaint L’Ouverture, entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, Haití sufre una enfermedad secular: la miseria y el atraso de millones de haitianos, que hoy se agrava con el rebrote de la pandemia de cólera que provocaron las tropas nepalesas de la Minustah y cobró 6.200 vidas. En este contexto, Chalmers definió que la solidaridad con su pueblo “es ayudar a reconstruir el país, responder a los problemas sociales más angustiosos, pero la presencia de los militares no ayuda a esto. Los objetivos de alcanzar la seguridad y los derechos humanos no han sido alcanzados. Al contrario, pensamos que la presencia de la Minustah constituye una violación del derecho a la autodeterminación del pueblo de Haití”. De hecho, quienes piden el retiro de la misión también esperan que los recursos que se destinaban a su funcionamiento se vuelquen en ayuda efectiva al pueblo haitiano. Por caso, señalan que esa suma equivale a nueve veces más de lo que Naciones Unidas destinó para combatir la propagación del cólera que afectó a 300 mil personas, hacinadas en los campamentos levantados tras el sismo que dejó 1,5 millón de haitianos sin hogar.
Con 14.000 miembros, entre civiles, militares y policías, es considerada la segunda misión en importancia de la Organización de las Naciones Unidas por los 800 millones de dólares de fondos anuales que se le destinan. Su mantenimiento es justificado hasta que el gobierno de Michel Martelly decida el restablecimiento del ejército que disolviera Aristide en 1995 por su historia aberrante de violaciones de los derechos humanos durante las tiranía de los Duvalier, pero las verdaderas intenciones parecen asomar en el verdadero destino de tanto dinero que las arcas del organismo global vuelca sobre Haití por esta vía. Del monto total, una gran porción se licua en cuestiones burocráticas. Sin embargo, la cifra más apetecida es la ayuda económica internacional para la recuperación de Haití, luego del terremoto del 12 de enero de 2010. Más de 1700 millones de dólares, de los que sólo una tercera parte se han hecho efectivos, es el botín más esperado por las innumerables organizaciones no gubernamentales (es el país del mundo con mayor número de ONG por habitante) y, sobre todo, por las empresas contratistas que desembarcaron a la par de los 16.000 marines estadounidenses para la remoción de escombros y reconstrucción de los miles de edificios destruidos por el temblor.
En este mar de desgracias en que se ha convertido la nación que comparte territorio insular con República Dominicana, muchos tienden sus redes. Algunos con mayor altruismo, otros con inocultable ambición monetaria. Incluso, como señaló el obispo católico de Puerto Príncipe monseñor Guire Poulard, hay “una gran invasión de sectas norteamericanas que disponen de muchos recursos”. Mientras esta situación se mantiene sin control, las milicias de la Minustah son vistas con desconfianza y temor por la población. Además de la denuncia por la violación de un joven a manos de soldados uruguayos, se han conocido otras acciones poco claras de estas tropas de pacificación. El profesor de la Universidad de Haití e integrante de la Plataforma Haitiana para la Articulación de Movimientos Sociales, Camille Chalmers, acusó a las fuerzas de la ONU de ser “un aparato militar violento”. Prueba de ello son las operaciones sobre Cité Soleil, un enorme barrio marginal ubicado en la costa norte de la Capital, tierra de bandas armadas y narcotraficantes. En julio de 2005, efectivos de la Minustah dispararon indiscriminadamente sobre el lugar, que fue literalmente acribillado a tiros provocando numerosos muertos y heridos entre la gente que se refugiaba en sus casas. Organismos de derechos humanos registraron impactos de más de 22 mil disparos en las precarias viviendas que componen la barriada y denunciaron que los militares no permitieron la entrada de la Cruz Roja. Kevi Pina, director de Iniciando el Progreso Humanitario en Haití (HIP, por sus siglas en inglés), culpó a la Minustah de actuar en conjunto con la Policía Nacional Haitiana en ejecuciones sumarias y encarcelamientos arbitrarios y que '”en este contexto, es difícil continuar viendo a la misión de la ONU como una fuerza independiente y neutral en Haití”.
Lejos ya los tiempos de los jacobinos negros de la revolución que condujera el esclavo Toussaint L’Ouverture, entre fines del siglo XVIII y comienzos del XIX, Haití sufre una enfermedad secular: la miseria y el atraso de millones de haitianos, que hoy se agrava con el rebrote de la pandemia de cólera que provocaron las tropas nepalesas de la Minustah y cobró 6.200 vidas. En este contexto, Chalmers definió que la solidaridad con su pueblo “es ayudar a reconstruir el país, responder a los problemas sociales más angustiosos, pero la presencia de los militares no ayuda a esto. Los objetivos de alcanzar la seguridad y los derechos humanos no han sido alcanzados. Al contrario, pensamos que la presencia de la Minustah constituye una violación del derecho a la autodeterminación del pueblo de Haití”. De hecho, quienes piden el retiro de la misión también esperan que los recursos que se destinaban a su funcionamiento se vuelquen en ayuda efectiva al pueblo haitiano. Por caso, señalan que esa suma equivale a nueve veces más de lo que Naciones Unidas destinó para combatir la propagación del cólera que afectó a 300 mil personas, hacinadas en los campamentos levantados tras el sismo que dejó 1,5 millón de haitianos sin hogar.
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