“ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada.” Esa frase, situada en el penúltimo párrafo de su comunicado, resume el paso histórico dado por la organización armada separatista vasca. Uno de los tres miembros encapuchados de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en euskera, o Patria Vasca y Libertad) que aparecen en el video difundido por el diario radical vasco Gara, leyó el largamente esperado documento.
La decisión adoptada por esa organización obedece sin duda a dos razones principales. La primera, la durísima persecución policial y judicial que venía soportando desde hace años y que le provocó numerosísimas bajas, al punto de reducirla a un grupo de no más de cincuenta o sesenta combatientes activos.
La segunda razón es la presión para que dejara las armas ejercida sobre la organización por el amplísimo sector abertzale–nacionalismo radical de izquierda vasco– que entendía que hacía mucho tiempo que la lucha armada había dejado de tener sentido.
La gran mayoría de sus presos reclamaron recientemente también en un comunicado el fin del accionar armado.
ETA nació en 1959, del seno de las juventudes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), como una forma de resistencia a la dictadura franquista que había prohibido su lengua, su bandera, su cultura, que había encarcelado y torturado a sus intelectuales. ETA se planteaba la unión no sólo de las tres provincias vascas situadas en territorio español –Alava, Vizcaya y Guipúzcoa– con Navarra, con la que estaban unidas antiguamente, sino también con las colindantes provincias vascas ubicadas en Francia, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa.
Muchas de sus acciones contra personajes clave de la dictadura contaban con la simpatía de una parte significativa de la izquierda, no sólo vasca, sino de toda España.
Pero estamos en 2011, Euskadi, como todas las otras regiones de España, fueron conquistando cada vez más cuotas de autonomía; recuperó su lengua y bandera; tiene su propio gobierno regional, su Parlamento, su Policía, su televisión y un gran peso en la vida económica y política de toda España.
Cada vez que ETA rompió una tregua, esa izquierda abertzale que la arropaba y de la cual se nutría, era castigada electoralmente –llegó a tener el apoyo de más del 15% del electorado vasco– y sus organizaciones sociales, sindicales y medios de comunicación reprimidos. Muchos líderes de esa franja radical están presos acusados de connivencia con la organización armada, a causa de una legislación antiterrorista en la que todo lo que huele a vasco radical de izquierda es considerado con gran arbitrariedad como parte de ETA y castigado con durísimas penas de cárcel.
Se da por seguro que la izquierda abertzale tendrá en Euskadi una de sus mejores votaciones en las elecciones generales del 20 de noviembre.
ETA recuerda y rinde homenaje en su mensaje a sus militantes caídos en choques con la Guardia Civil y la Policía, a sus más de cien exiliados y a sus 709 detenidos, 559 de ellos encarcelados en España y 140 en Francia.
Sin embargo, no dedica ni una palabra a las 829 víctimas mortales que provocó desde 1968, entre las que hubo muchísimos civiles, concejales, diputados, empresarios, periodistas o simples ciudadanos que tuvieron la desgracia de estar en un supermercado, aeropuerto, en una zona turística o en cualquiera de los lugares públicos donde ETA cometió atentados con explosivos en estos 43 años de actividad armada.
A pesar de que la gran mayoría de los españoles festejó el anuncio etarra, esa omisión a las víctimas ha dado lugar a que varias de las asociaciones de víctimas del terrorismo y la derecha parlamentaria sostengan que el anuncio “no tiene ningún valor”. Ese malestar intenta ser capitalizado por el Partido Popular, a quien se da por seguro ganador en las próximas elecciones generales. El PP exige que los etarras pidan perdón a sus víctimas, que entreguen sus armas y anuncien su disolución, sin reclamar absolutamente nada a cambio.
A pesar de que ETA no pone condiciones para su alto el fuego definitivo, en su comunicado “hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto, y, así, la superación de la confrontación armada”.
Esa será una etapa compleja, dura, en la que habrá que discutir sobre desarme y disolución de ETA, pero también de “gestos” hacia los presos y exiliados, tal vez reducciones de penas, aunque se descarta una amnistía generalizada.
Habrá sin duda avances pero también retrocesos, como sucedió con el cese de la actividad armada del IRA y su posterior disolución. Nadie hubiera dicho hace años que el ex número dos del IRA, Martin McGuinness, pudiera ser elegido luego diputado del Parlamento del Reino Unido por el Sinn Fein, considerado el brazo político de esa organización.
McGuinness es ahora uno de los viceprimer ministros de Irlanda del Norte y candidato de esa formación a las elecciones presidenciales de Irlanda que se celebran el próximo jueves 27.
Es precisamente esa experiencia la que llevó ahora al presidente del Sinn Fein, Gerry Adams, a participar en una comisión de mediadores internacionales (Grupo Internacional de Contacto, GIC) que vienen intentando colaborar con el fin de la violencia en España. Junto a Adams participan el abogado sudafricano Brian Curry, Raymond Kendall; ex director de Interpol; Kofi Annn, ex secretario general de la ONU; el suizo Pierre Hazan; el israelí Alberto Spektorowski; la británica Silvia Casale y la norirlandesa Nuala O’Loan.
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