CLAVES PARA PENSAR LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Por Francisco Yofre

Cuatro expertos analizan la nueva forma de abordar las relaciones entre la sociedad y la institución policial en el marco de un paradigma inédito. Qué rol debe cumplir la fuerza y cómo debe ser la formación de los nuevos cadetes.

– Qué es la seguridad democrática? Carlos Arslanian (C. A.): –En primer lugar, hay que aclarar que la seguridad democrática se corresponde con un modelo de Estado que es el Estado democrático, social y de derecho. Para un estado neoliberal la seguridad se refiere a la integridad personal y al disfrute de determinados bienes jurídicos que tienen una tutela penal que remite al funcionamiento de las agencias penales del Estado como la policial, la judicial, la penitenciaria. Eso ha sucedido hasta ahora. Sin embargo, hay una nueva mirada que se va abriendo paso y que va ampliando la cantidad de derechos que se reconocen y amplía el concepto de la seguridad. No solamente se está seguro cuando se protege a alguien de ciertas cuestiones sino cuando además tenemos un Estado que se ocupa de los fenómenos de violencia, de las causas de la violencia y la criminalización de la violencia. Y estos fenómenos tienen que ver con el reconocimiento de otros derechos y en donde el estado da efectividad a la vigencia de estos derechos. Esto permite construir un concepto de seguridad ampliada que es propio de un Estado democrático y social de derecho más allá de la garantía de tener un bien. Ileana Arduino (I. A.): –Yo creo que lo más importante de este concepto es en primer lugar que resalta los procesos históricos que se vienen dando y que están ligados a la historia de la consolidación de un Estado democrático luego de largas dictaduras y cuya construcción es un proceso regional. Aparecen entonces algunos rasgos típicos que legitiman una política de seguridad como democrática. Una de esas notas típicas es la atención multiagencial de las diferentes formas de conflicto donde es un imperativo que la democracia ponga el uso de la fuerza, de la coerción penal, en el lugar de excepción que le corresponde. Otro punto es la conducción civil de la política de seguridad. No hay posibilidades de pensar una política de seguridad democrática si los cuerpos de seguridad son definidos con autonomía de las autoridades políticas soberanamente elegidas. Finalmente, un aspecto clave es el involucramiento directo de la comunidad en el desarrollo de políticas de seguridad, ya sea en el diagnóstico y en la construcción colectiva de soluciones que no reemplazan el rol policial. Participación con capacidad de diagnóstico, control y fiscalización efectiva sobre cómo funcionan las fuerzas de seguridad y las autoridades políticas en relación con la seguridad. A veces uno no encuentra este calificativo de democrático en relación con otras políticas. Uno no dice una política de salud democrática, una política de educación democrática, no. No hay esta necesidad de remarcar. Esto tiene que ver con que se está consolidando el pase de un modelo a otro. Esos tres elementos que dije tienen que consolidarse y de ahí la necesidad de marcar el énfasis, de explicitar. El eje es una política orientada a asegurar derechos atendiendo a que las personas son fines en sí mismos como titulares de derechos y no objetos para la producción de políticas de seguridad. Gastón Chillier (G. CH.): –Yo diría que la cuestión de la seguridad debería ser, en un Estado democrático no autoritario, una condición necesaria. Pero como lo planteaba recién Ileana Arduino, en el contexto histórico de la Argentina esto no ha sucedido. Hubo una transición del modelo de seguridad que separó la seguridad interior de la defensa nacional y se prohibió el uso de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Sin embargo, este Estado democrático no se consolidó o no se desarrolló hasta el presente gobierno, en donde emerge un nuevo paradigma de la seguridad democrática. Se ha heredado un modelo de seguridad que veía al ciudadano como un potencial enemigo durante la dictadura por razones ideológicas y durante la democracia por razones sociales. Los que pueden atentar contra los bienes de un sector de la población son enemigos policiales. Yo creo que hubo un recorrido y llegamos hasta fines del 2009 con el Acuerdo de Seguridad Democrática que justamente trata de debatir la idea de que el único modelo de seguridad se asocia con la violación de derechos y no con su protección. Esta idea de que los derechos estaban en contraposición con la seguridad. La idea es contribuir al debate de un paradigma distinto del manodurismo, que asocia represión con seguridad, por tres razones: porque demostró ser violador de derechos, porque demostró ser profundamente ineficiente y porque se demostró como corrupto. Es necesario que el Estado, las organizaciones, los expertos y los académicos discutan un modelo alternativo. Ahí estamos en la actualidad, incipientemente en la formación de este nuevo paradigma, con la creación por primera vez de un ministerio a escala federal. Igual queda un largo camino para recorrer en el sentido de cómo se le da contenido concreto en término de políticas públicas a este paradigma, que como decía Ileana Arduino es una pugna que trasciende a la Argentina y se da en toda la región. Acaba de terminar la asamblea general de la OEA sobre seguridad ciudadana. Ahí uno puede ver las tensiones donde, lamentablemente, si bien el modelo democrático está emergiendo aún la idea de autonomía de la policía, de falta de controles y de represión como solución, sigue muy fuerte. – Que en algunas universidades aparezca la seguridad ciudadana como disciplina, ¿plasma esta idea, se corresponde con ella? Ana Clement (A. C.): –Claramente y soy muy optimista. La posibilidad de que instituciones educativas como las universidades estemos haciendo una experiencia es clave, generamos una instancia permanente de formación. Como universidad tenemos esa posibilidad de no caer en las instancias de políticas regresivas porque sostenemos la formación democrática como una práctica misma de la universidad. Cuando decidimos el diseño de una licenciatura universitaria en seguridad ciudadana se puso en tensión el aislamiento del mundo académico respecto de su participación y responsabilidad sobre los temas de seguridad y los acontecimientos en las instituciones policiales. Por supuesto que no es algo ya establecido, es un campo en formación. Los académicos siempre tuvimos una participación nula o aislada en las instituciones policiales quienes tenían una formación cerrada, militarizada y beatificada. Nosotros trabajamos como se trabaja en la universidad, con una propuesta a la comunidad y en ese marco con muchos policías que son la mayoría de la matricula en la carrera de Seguridad Ciudadana. Entonces, para nosotros es una enorme responsabilidad, porque la decisión del personal policial de formarse en una universidad nacional donde se pone en blanco y negro su participación, donde se analizan las prácticas de la “maldita policía”, la necesidad de generar la promoción de derechos, el respeto y la participación ciudadana, los impacta de forma interesante, nos pone en un diálogo desde lo académico pero también pone en práctica las ciencias sociales aplicadas. Es una experiencia novedosa, rica, desafiante. Ya tenemos los primeros graduados y nos hacemos preguntas. ¿Qué pasa con ellos cuando vuelven y están en la institución? –¿Cuáles son las primeras medidas vinculadas con la seguridad democrática que deberían tomarse respecto de la formación de los cadetes? C. A.: –El primer punto es terminar con una división absolutamente anacrónica y artificiosa entre suboficiales y oficiales. No puede ser que haya una formación para la gente de leva y rudimentaria y una un poco más refinada para los superiores. Eso, para empezar. En la provincia de Buenos Aires cambiamos esto. Por otra parte, cada modelo de Estado genera un tipo de organización policial. Un Estado autoritario forma una policía napoleónica, vertical, macrocefálica, organizada como una especie de telaraña cuya primera preocupación es la estabilidad del gobernante y el ciudadano queda de lado. Un Estado democrático produce otro tipo de policía, pone en el centro al individuo, al ciudadano. Cuando nosotros entramos en esta fase, a la que aludía también Gastón, de un Estado democrático social de derecho, la primera necesidad es cómo hacemos para que esa policía del Estado autoritario sea funcional a los nuevos objetivos. Una de sus patas es la universidad. La universidad que desde afuera de la corporación le brinde valores que tienen un significado. ¿Qué pasa? La práctica policial genera una cultura paralela, por así decir, a las reglas que da la academia que generan como capas geológicas que van sedimentando y conforman algo verdaderamente pétreo, que es muy difícil de romper. Y no se lo puede romper desde afuera. Tiene que ser roto y modificado con la intervención de los propios operadores y agentes del sistema, porque son los que van a dar el cambio. Para esto hay una infinidad de tareas y una es la universidad. Luego hay que trabajar con programas, como lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, de cambios en la cultura institucional. Estos cambios significan incentivar y motivar a que los propios policías se vuelvan cuestionadores, examinadores de sus desempeños y funcionamiento. Solamente así, con esa mirada crítica, se puede llegar a un modo de rectificación con algún grado de convicción. Si se impone desde afuera y por la fuerza, sin compromiso, sin capacitación duran lo que dura una gestión, un ministro. Una seguridad democrática es una seguridad de la que es responsable un gobierno, un elenco gubernamental, y para que esto sea eficaz el modelo de organización policial no puede ser cerrado como una nuez cuyo cabito es un jefe de policía, que lo cambio cuando no me resulta funcional. Hay que abrir la institución, separar sus componentes, y luego ver cómo encajamos esto bajo el sistema de control de un ministerio que también tiene que tener ciertas definiciones en cuanto a su estructura organizacional. Una cosa es el control estratégico gubernamental y otra es la conducción policial, que sí es policial, que es profesional. Todos estos cambios, estos nuevos vientos que soplan, esta construcción de un nuevo paradigma, son tan arduos que se necesita apoyarlos desde todos lados. Bienvenida la creación del Ministerio de Seguridad. Significa que hay la preocupación de que la seguridad democrática sea cierta. Tenemos un ente con funcionarios que articulan y controlan el funcionamiento de esa policía. Bienvenidas las reformas que tiendan a abrir esas policías, descentralizar esas policías para controlarlas mejor. Bienvenida la participación comunitaria ciudadana, bienvenida. ¿Por qué? Porque esta mirada de seguridad pública –yo la llamaría así–, reivindica el concepto de multiactoralidad. No es solamente un tema de dónde está la policía. También está la comunidad que, como decía Ileana apoya, contribuye y yo diría algo más, hasta ejecuta muchas cosas. Por ejemplo, todo lo referido con problemas de menores en conflicto con la ley penal, los programas de recuperación y de reinserción donde las ONG trabajan en forma directa ejecutando programas. De modo que ése es el grado de intensidad que hoy tiene la multiactoralidad, un proceso muy legitimador de intervención ciudadana. Hoy la noción más fuerte de Estado que se está imponiendo es la de Estado articulador. Por un lado, reivindicar la idea de Estado de bienestar porque es el que de alguna manera garantiza la distribución de bienes, pero por el otro lado la del Estado que articula y recupera poderes que están en la sociedad. Estas grandes líneas, la universidad por un lado, la creación de un ministerio por el otro, los procesos de reforma, la activación social alrededor de estos temas, este concepto de seguridad pública que abarca el aseguramiento de otros bienes, tienen que ver con bajar la cota de la violencia social. I. A.: –En la medida en que uno cambia el paradigma de gestión y de gobierno, los modelos de organización y de conformación de los recursos humanos de las fuerzas de seguridad también deben ser puestos en revisión. A mí me parece, en función de lo que escuchaba, que hay dos cosas que aparecen muy recurrentemente. Una es la estrategia de la articulación multiactoral no sólo en la prevención sino también en otras líneas de definición de políticas públicas. El desarrollo de una política de formación incluso con las mejores intenciones y orientada a la formación democrática no debe quedar encapsulada a la decisión política de la autoridad del Ministerio de Seguridad. Gran parte de las posibilidades de reconvertir democráticamente estas instituciones tiene que ver con que el Gobierno asuma la importancia de la articulación con otras áreas del Estado que saben de educación. Y no al revés. Esta cuestión de la exclusión de las políticas de articulación ancladas en la idea de la especificad de lo policial está muy emparentada también con lo específico del ámbito militar. La policía es un actor clave de esto y el rediseño institucional en materia de formación debe tener en cuenta la propia percepción de los que hoy integran la policía, las expectativas de quienes se acercan es indispensable para asegurar un grado de eficacia en lo que estamos proponiendo. Se debe establecer un lugar de reconocimiento a la vocación y al verdadero interés. En esto me parece que hay dos cosas muy importantes. El plano de las simbologías y los ritos que a veces parecen menores y la jerarquización de algunas instancias de decisión. Si uno ve la estructura del Ministerio de Seguridad, es una cartera que por un lado tiene una política muy fuerte en relación de crear una Dirección de Derechos Humanos, crear en el más alto nivel instancias de control y transparencia y de los sistemas disciplinarios. Pero también hay una Subsecretaría de Bienestar y Gestión de personal policial. Con esto, lo que estoy tratando de decir es que no hay posibilidad de construir un cambio de paradigma que prescinda de llevar una perspectiva de derechos humanos hacia el interior de las fuerzas de seguridad como eje de gestión. No hay posibilidades de pensar fuerzas de seguridad capaces de identificarse con una seguridad orientada a la protección de derechos, una seguridad orientada a la gestión del conflicto y no a la represión si delegamos esa responsabilidad en instituciones en las que puertas adentro las personas son negadas en tanto sujetos de derecho. Esto tiene un grado de complejidad que es importante asumir, porque gran parte del sostén de la distancia que a veces hay entre las prácticas policiales, este falso antagonismo entre seguridad y derechos humanos, tiene que ver entre otras cosas en que aquellos actores que son llamados a intervenir en la práctica cotidianamente, son a su vez sometidos a prácticas excluyentes y negadoras de derecho hacia el interior de las instituciones. Ya sea porque están ancladas en una cultura que hace distinciones que no guardan ninguna relación con la necesidad operativa, como la distinción entre oficialidad y suboficialidad en el caso policial. O porque ponen en aspectos morales o de la vida privada de las personas un peso determinante capaz de afectar la carrera aun cuando eso no guarda relación con el desarrollo profesional. No hay posibilidad de pensar un proceso de reforma en materia de formación escindido de un proceso de reforma institucional que fije con mucha claridad los objetivos políticos institucionales de la intervención, una estrategia de reconocimiento hacia la policía. La academia y los actores estatales con responsabilidad de construir una cultura institucional democrática y de calidad para los funcionarios policiales, que son civiles pero vienen de una cultura militar, deben pensarlos como funcionarios y como trabajadores. G. CH.: –Por supuesto que el tema de formación es fundamental como forma de promover valores democráticos en la currícula y demás. Sin embargo, yo soy un poco escéptico de en que eso lo resuelva todo. Siempre fui escéptico de la idea del curso de derechos humanos como una acción afirmativa en las academias policiales que transforman a los policías en policías democráticos y demás. Como decía Ileana Arduino, tanto y más importante que eso, la necesidad de profundizar valores democráticos tiene que ver con internalizar o tener políticas para que los policías incorporen o sean beneficiarios de políticas que garanticen sus propios derechos. Un ejemplo muy concreto, que se habló acá de esta visión muy militarizada y vertical. Nosotros tuvimos una causa en el Cels, en los ’90, donde tres oficiales denunciaban al jefe de la Comisaría 50ª en Flores porque el esquema de la comisaría se basaba en recaudar de todas las actividades legales e ilegales de Flores, y para demostrar eficacia detenía arbitrariamente algo así como cinco mil personas al mes, muchas travestis, prostitutas y jóvenes, y para eso inventaba procedimientos. C. A: –Bueno, ni hablar la masacre de Ramallo, el caso más paradigmático en ese sentido. G. CH: –Pero lo interesante es que la denuncia de estos oficiales, que fueron al Cels y nosotros los patrocinamos, era porque ellos empezaron a oponerse a estas prácticas de corrupción violatorias de derechos. El comisario y toda la cúpula empezaron a ejecutar sobre ellos lo que denominaban terrorismo administrativo, o sea sanciones absolutamente arbitrarias sin ningún tipo de defensa. Los hacían trabajar 24 horas y después los mandaban a la cancha a hacer adicionales o cualquier cuestión nimia la incluían en su legajo, hasta que fueron dados de baja. Operaba el sistema disciplinario de la Ley de Personal de la Policía de 1976, cuya normativa es característica de gobiernos autoritarios, para operar como defensa de este modelo. O sea, a los que se oponen los corremos. Por eso, promover valores democráticos hacia adentro es justamente que los propios miembros de las instituciones de seguridad sean defendidos en sus derechos y no sean víctimas de este tipo de abusos autoritarios. Hay una o algunas experiencias interesantes, la sindicalización es una discusión pero en Perú hay un debate sobre la creación de una defensoría para los policías, un ombudsman para ellos, defensores de derechos de los policías. Los miembros de las instituciones policiales deben tener derechos, procedimientos disciplinarios que respeten el debido proceso, su defensa, que no sean arbitrarios. No largarlos a la calle sin información y exponerlos. La idea por la cual los obligaban a actuar reglamentariamente todo el tiempo, incluso estando de franco con sus familias, que es cuando se producen más muertes de policías. Entonces me parece que hay todo un desarrollo en la línea de que se planteaba antes de que cualquier reforma se debe operar con una decisión política externa liderada por gobiernos, funcionarios políticos, pero también en donde las instituciones y sus miembros sean protagonistas de esa reforma. Queda claro que para cualquier éxito de un modelo democrático de seguridad es indispensable aplicar procesos de reforma no sólo de la Federal, sino de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre todo, y también de las 24 policías de las provincias del país, que tienen toda esta herencia de un modelo autoritario. A. C.: –El respeto de una propuesta democrática de formación necesita tiempo. Los procesos de formación están siendo todavía cíclicos y necesitamos tener un espacio prolongado como todo proceso formativo requiere. Un niño ingresa a la escuela a los seis años, pero desde los tres está en un proceso de institucionalización. Cuando la maestra jardinera le dice: “A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar¨, establece una práctica de responsabilidad. De ahí en adelante. Si nosotros pretendemos que la formación de un cadete se circunscriba al año o a los dos años que tiene como práctica, estamos pidiendo demasiado. Si la práctica instrumental cubre todo el tiempo en el disciplinamiento físico, estamos formando una persona con una tendencia por lo menos circunscripta a un modelo de respuesta X. Esa formación debe ser equilibrada. Tiene que poder pensar. Tiene que poder anticiparse a situaciones donde él está en peligro, el propio personal, el policía está en peligro. Debe tener una práctica para poder cuidarse a sí mismo y poder cuidar a los demás. Esto requiere tiempo, requiere reflexión, requiere marcos para la acción. Alguien va a ser suboficial de aquí para siempre y tiene sólo seis meses de formación, y aquel que va a formar el cuerpo elitista de la toma de decisiones tiene dos años. Y pretendemos que en dos años puede estar preparado para definir políticas de seguridad. No es así. La formación inicial requiere de tiempo, de continuidad, de equilibrios, de la construcción del respeto hacia sí mismo, que comprenda que es un promotor de derechos y también requiere del reconocimiento que es una función y es un funcionario que está en servicio a la comunidad. Recuperar el lugar del que sirve y le es reconocido ese servicio. La dignificación. –Resaltaban el hecho de la participación ciudadana en esta nueva forma de abordar la seguridad. Cómo se lleva adelante esta idea. A los foros de vecinos, ¿van personas de barrios humildes, principales víctimas del delito? ¿Es realmente popular esa participación ciudadana? I. A.: –El Estado tiene el deber de asegurar la participación popular. Pero ojo, no es verdad que el modelo autoritario no tuviera un modelo de relación con la comunidad. Las fuerzas de seguridad han tenido históricamente, a través del modelo de la cooperadora, la asociación de amigos y demás, un modo de relación con lo que ellos identificaban como comunidad que en general se condensa en la representación de los sectores hegemónicos de los lugares donde la policía está emplazada. La decisión que toma la Presidenta y la Ministra, si uno ve el modelo de estructura del Ministerio en el área de participación comunitaria, o cuando manda las especificaciones a la política de relaciones con la comunidad, establece específicamente el mandato de representatividad de diversidad en razón de género, de orientación sexual, migrantes, nacionalidades. El desafío es asegurar una representación genuina porque sino nuevamente se corre el riesgo de consolidar políticas de supuesta participación democrática que de democrática tienen muy poco, porque resumen un modelo de relación que asegura la participación de los mismos sectores de siempre que impulsan políticas de neutralización del otro definido como enemigo, que es aquel que está en una situación de vulnerabilidad y que además por la relación histórica que han tenido con la policía, muchos de los sectores más vulnerables –los inmigrantes, los jóvenes de las barriadas– tienen una relación de mucha distancia y de temor. Ese sí es un desafío. Cuando hablamos de participación comunitaria, uno debe ver los dispositivos que el Estado despliega para asegurar diversidad, y precisamente que los sectores más postergados tengan un lugar protagónico, que no han tenido. Para nosotros, la participación no puede estar anclada en el gobierno policial. Así como en ninguna materia la policía gobierna la política de seguridad, mucho menos debe gobernar la relación con la comunidad. Y gran parte de los modelos de participación que hasta ahora hemos visto, han depositado la conducción de la relación con la ciudadanía en la policía. El Gobierno ha tomado una decisión tajante. El Estado debe ofrecer garantías y condiciones de participación con la posibilidad efectiva de que puedan involucrarse desde un lugar alejado de las construcciones mediáticas. De un lugar que les provea elementos y capacidad crítica que puedan enriquecer la política y el desarrollo de escuelas de participación. También es una política que el flamante Ministerio de Seguridad está tomando. Ayer comenzó a funcionar la primera de ellas para la Zona Sur. Instancias de formación destinadas, precisamente, no a entendidos ni a autopostulados de entendidos, sino a asegurar la participación de vecinos y vecinas, en explicitar cuáles son los elementos que construyen una decisión en materia de seguridad. En dónde uno explicita el método. Es muy importante que la participación esté ajustada a un método. Porque si limitamos la participación comunitaria a una estrategia de contacto ocasional, asambleario, más o menos catárquico, el tipo de información que ahí se produce no tiene ninguna capacidad de informar a la política pública. Nosotros queremos una participación con método, centrada en las organizaciones, que no excluya a los vecinos, pero que les reconoce a las organizaciones sociales un lugar protagónico, con un método de diagnóstico, de monitoreo. Esto es lo que permite que aquello que los vecinos dicen en la mesa de Soldati, de Ciudad Oculta, de Floresta o de Villa Ortúzar sea una información que sube a la Ministra y pueda ser sistematizada y comparada con otras fuentes de información como la estadística, el informe policial, el análisis técnico que uno pueda proveer sobre determinadas cosas. C. A: –A mí me parece que las participaciones o intervenciones que deben interesar es la de quienes conforman grupos vulnerables. En estos momentos de empoderamiento y de participación ciudadana, tienen que estar presentes los habitantes de las villas. En primer lugar son los más victimizados por los delitos. De modo que un buen diseño de participación ciudadana tiene que abrir estos espacios en los lugares más indicados y tener un diseño, como hicimos en la provincia con los foros vecinales. No se trata de decir: “Les voy a reconocer a ustedes derechos de audiencia, los vamos a escuchar…” No, no. Se trata de estar permanentemente articulando desde el poder con los distintos sectores populares que se integran en organizaciones. G. CH: –Hay que partir de la base de que los sectores populares son los que más sufren la inseguridad. Hay una cosa muy perversa en la cual son estigmatizados como los causantes de la inseguridad, en el sentido de la relación pobreza- delincuencia que todo el tiempo se azota en los medios. Pero también está la idea de que la única política progresista para la seguridad es una política social y que apunte sobre la pobreza. Tampoco es cierto. Entonces me parece que cualquier idea de participación comunitaria tiene que necesariamente partir de la idea de equidad. Probablemente las personas de Barrio Norte, de Palermo, están en condiciones de participar en mejores condiciones que las personas de sectores de villas o conurbano bonaerense alejado. Tiene que ver con una policía que está, que tiene presencia en los barrios, pero no son la policía, es el Estado, digamos, una presencia sistemática en los lugares. El modelo de una seguridad democrática también reformula la idea de ¿en qué consiste la participación comunitaria en una política democrática? Muy distinta a la otra asociada a la idea de la participación como buchones, digamos, como informantes de la policía, y más asociada a los que tienen un contacto con la policía sin la mediación del Estado. Digo, sin la mediación de los funcionarios civiles. –Una de las primeras medidas fue poner más policías en la calle. Hubo críticas de sectores progresistas, ya que alimentaría la percepción de que si no hay un policía en la calle se vive inseguro ¿Qué opinan? C.A.: –Hay que separar dos conceptos: el dato objetivo del delito y el fenómeno del miedo al delito, que es subjetivo. Este segundo fenómeno es muy mensurable, por eso, se han inventado las encuestas de victimización que permiten conocer el sentimiento que tiene esa persona respecto del riesgo que puede sentir de ser víctima de un delito. Es curioso, pero mucha gente que confiesa no haber sido victima de un delito en los últimos 3, 4 ,5 años o tal vez nunca diga que tiene miedo de ser víctima de un delito, refleja que de este miedo también se tiene que encargar el poder. El Gobierno no se debe encargar solamente de que a la gente no le pasen las cosas, sino de que mejore su calidad de vida, dándole garantías de distinta naturaleza. Un modo simbólico fuerte, es la presencia policial, porque precisamente se asocia en el imaginario colectivo con un mayor grado de eficiencia por esa presencia. Atiende a esa circunstancia, y está bien hacer esto. Porque yo creo que el Estado y el Gobierno se tienen que hacer cargo de los dos factores, que inciden por igual. Además tiene que ver con un enorme trabajo de neutralizar a los medios de comunicación, que por lo general generan alarma social y escandalizan. Neutralizar esto es una tarea ciclópea. Me acuerdo cuando nos volvían locos con el tema del secuestro extorsivo. Pasaba un secuestro extorsivo y todos decían que “no se puede vivir”, qué sé yo. Vino un representante de Colombia, a hablar sobre secuestro; lo trajimos a la Argentina. Y empezó a las carcajadas, se reía cuando veía los datos nuestros. Decía: “Pero, nosotros tenemos 40 por día, 50”. Nosotros teníamos uno, en un mes. Entonces, hay que tener un trabajo político importante, y en eso son esenciales los foros, la participación comunitaria es clave porque racionaliza la demanda popular ya que la gente empieza a entender de qué se trata. Y entonces en vez de pedir más y más policías, cuando la gente conoce que la media internacional de policías por habitantes es 260 cada 100.000 y uno dice que uno tiene una cosa más o menos parecida, entonces la gente se ordena. Uno de los problemas más graves que tiene un hombre de gobierno es cuando recibe esa brutal demanda de la comunidad y que está llena de consignas tipo Blumberg, fortalecimiento de las leyes penales, etc., todo un discurso patético, inútil e incoherente. ¿Qué tiene que hacer el que recibe esto, tan fuerte de la comunidad? Primero tiene que decodificar la demanda. No debe salir corriendo a ver cómo logra mandar leyes que después las exhiba como éxitos gubernamentales. La demagogia populista es lo peor que nos puede pasar en materia penal. La segunda cuestión es que a través de la participación ciudadana y con las escuelas, que nosotros armamos también en la provincia de Buenos Aires, le brindás a la participación ciudadana reflexión, claves, elementos de trabajo para que todo esto, de alguna manera, vaya dispersándose por la comunidad. I.A.: –Respecto de la mayor policía en la calle, concretamente en el caso de la ciudad de Buenos Aires, incorporamos 2.000 efectivos más a la calle. Había una carencia estructural, con pocos policías en la calle, que tiene que ver con el modo de organización de las comisarías y finalmente una concentración de recursos en tareas más administrativas en detrimento del despliegue operativo. Lo que no es legitimo, ni serio y la comunidad rápidamente lo advierte es cuando uno hace un despliegue policial absolutamente cosmético. Y acá vuelve el tema de la participación. Si quienes se relacionan con la policía y definen qué es seguro y qué no son las cámaras de comerciantes, uno tendrá un dispositivo policial de determinadas características. Distinto será, si toda la comunidad es la que plantea los distintos niveles de conflicto, de delito. También hay situaciones que afectan la dimensión subjetiva de la seguridad, que tienen que ver con la iluminación, el no pase de transporte público, en fin, un conjunto de circunstancias en las que uno podría decir: “Acá no pasa nada”, pero es un lugar que genera dudas y entonces está la obligación de gobernarlo. Y con respecto a esta cuestión es clave la dimensión subjetiva de la seguridad, que demanda y mucho, de gestión cotidiana. Por ejemplo. La semana pasada nosotros venimos de una semana en la que estuvimos todo el tiempo con: “Secuestros en Balvanera, cerca de la Facultad de Psicología de jóvenes estudiantes para trata”. Pero la realidad es que no hubo ni un caso. Ni uno. –¿Fue puro fantasma? I. A.: –Absolutamente. Ahora, qué cosas encontramos. Que en agosto del 2010, el mismo relato, exactamente el mismo relato, ocurrió en José C. Paz y terminó con una comisaría incendiada. El mismo relato venía unos días antes de algunos lugares de la provincia con los mismos elementos, la Trafic blanca, un joven que se baja. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es denunciar los casos que nos han llegado, hemos puesto en funcionamiento los mecanismos, pero también con los actores institucionales, la Universidad, el colegio Mariano Acosta. Hemos hecho reuniones convocando al Ministerio Público, a la Oficina de Asistencia a la Trata, y les hemos dicho: “Nosotros necesitamos denuncias concretas”. Porque estos fantasmas distraen recursos del Estado. Ahora si no hubiéramos estado un día entero haciendo reuniones, gestionando, seguramente hubiéramos tenido una corrida con esta noticia. Por eso digo, hay una gran parte de la tarea cotidiana que tiene que ver con gestionar sobre la base de situaciones muy endebles. Y nos obliga a explicitar estas situaciones, en las que encontramos estas curiosas coincidencias en la construcción de la realidad a través del relato mediático. El mayor problema de estos discursos tiene que ver con que afecta la calidad de vida de la gente, pero además algunas cosas sí pueden estar sucediendo y uno está distrayendo recursos sobre una realidad que no existe. G. CH.: –Esta idea de la presencia policial, yo la pondría en un contexto más amplio. Presencia del Estado a la hora de operar sobre la prevención del delito, por un lado, pero también en la protección de derechos por el otro. Muchas veces esa idea del miedo, aun en los sectores populares, está asociada a la violación de derechos o a la falta de accesos al Estado. Un ejemplo paradigmático. El Cels participa como querellante en la causa Arruga en La Matanza, que condensa de una manera siniestra lo terrible y el temor que genera la presencia policial en determinados lugares del conurbano bonaerense. Donde la policía opera como articuladores del delito, donde usan a los pibes para robar. La desaparición de Arruga muestra patrones y prácticas y ahí la responsabilidad trasciende lo policial. Luciano Arruga desapareció hace dos años y a esta altura tiene responsabilidad el gobierno provincial. Si sigue sin esclarecerse llegará a instancias internacionales. Claramente es el contraejemplo de lo que debería ser la presencia del Estado en una política de seguridad dentro de una concepción democrática. A. C: –Definitivamente el Estado debe conducir y garantizar la participación equitativa. También debe garantizar la participación de todas las agencias, que garanticen o promuevan la seguridad de las personas. No se puede trabajar estrictamente en función del uniforme policial en la calle. Cuando se pide enfáticamente la presencia policial, es porque hay ausencia de otras garantías y de otras agencias y de otros Ministerios. Así que coincido en que la multiagencialidad es un lugar importantísimo. También creo que hay una gran diferencia entre la capacidad que están teniendo los gobiernos locales y también los ministerios respecto de la información. Es muy desigual esa capacidad que tienen respecto de la información que promueven los medios, que son constructores en su mayoría de una percepción desequilibrada del peligro, del miedo. Es menos del cinco por ciento el delito cometido por menores, o sea es muchísimo más bajo de lo que se dice y que genera sensación. El miedo se promueve. C. A.: –A propósito de lo que dice Ana, debemos manejar la información, y no consumir la que producen los medios de comunicación, que son los que están construyendo hoy la realidad criminológica. Y a eso apunta una iniciativa que tomamos en el ámbito del acuerdo para la seguridad democrática, de creación de observatorios de la violencia y del delito. Los observatorios tienen por objetivo compilar toda la información sensible. Información sensible es aquella con la que se construyen los índices de desarrollo humano. Porque cuando en un lado determinado se cierra una fábrica, que da de trabajar a 4000 personas y nosotros advertimos que al poco tiempo de ocurrir eso empiezan fenómenos de violencia creciente. Entonces tengo allí una alerta temprana. G. CH.: –Hace poco cuando el Ministro de justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, dijo que un descarrilamiento en José León Suárez fue orquestado por la gente del barrio a propósito para afanar, tomó sólo la versión policial. Eso en escala mayor, digamos, es en lo general lo que se hacía con las estadísticas de la policía. El Estado producía o diseñaba políticas en función de la estadística de la Federal, la Bonaerense, las otras policías. I. A: –Yo quiero agregar algo acerca de esto. En el desarrollo de una política nueva de apuesta institucional tan fuerte nadie puede desconocer la importancia del desarrollo público de una política de información. Todo reconduce a esto a las posibilidades de conducir efectivamente desde el gobierno político. No sólo con la producción de información estadística y desarrollo de metodologías como la del observatorio. Con otras formas de diálogo entre distintos niveles de información y optimizar la funcionalidad de los sistemas de inteligencia criminal. Y que además deben estar distinguidos de otros niveles de información para que puedan construirse como fuentes que informan finalmente procesos de decisión y de construcción de políticas. Y bueno en ese sentido el diseño que el Ministerio tiene una apuesta importante en el desarrollo de un área de producción y análisis de la información para así tomar las decisiones apropiadas más allá del aspecto subjetivo.